DOCUMENTO CONPES 4040 DNP DE 2021
(Bogotá, agosto 09 de 2021)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL CONPES
PACTO COLOMBIA CON LAS JUVENTUDES: ESTRATEGIA PARA FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD
Departamento Nacional de Planeación
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Ministerio del Interior
Ministerio de Justicia y del Derecho
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Ministerio de Salud y Protección Social
Ministerio del Trabajo
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio de Educación Nacional
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Ministerio de Cultura
Ministerio del Deporte
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Iván Duque Márquez
Presidente de la República
Marta Lucía Ramírez Blanco
Vicepresidenta de la República
| Daniel Palacios Martínez Ministro del Interior | Marta Lucía Ramírez Blanco Ministra de Relaciones Exteriores |
José Manuel Restrepo Abondano Ministro de Hacienda y Crédito Público | Wilson Ruiz Orejuela Ministro de Justicia y del Derecho |
Diego Andrés Molano Aponte Ministro de Defensa Nacional | Rodolfo Enrique Zea Navarro Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural |
Fernando Ruíz Gómez Ministro de Salud y Protección Social | Ángel Custodio Cabrera Báez Ministro del Trabajo |
Diego Mesa Puyo Ministro de Minas y Energía | María Ximena Lombana Villalba Ministro de Comercio, Industria y Turismo |
| María Victoria Angulo González Ministra de Educación Nacional | Carlos Eduardo Correa Escaf Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible |
| Jonathan Tybalt Malagón González Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio | Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
| Ángela María Orozco Gómez Ministra de Transporte | Angélica María Mayolo Obregón Ministra de Cultura |
| Guillermo Herrera Castaño Ministro del Deporte | Tito José Crissien Borrero Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación |
Alejandra Carolina Botero Barco
Directora General del Departamento Nacional de Planeación
Daniel Gómez Gaviria Subdirector General Sectorial | Amparo García Montaña Subdirectora General Territorial |
Resumen ejecutivo
La juventud en Colombia afronta desafíos y problemáticas de carácter multidimensional en su curso de vida que limitan su vinculación como agentes de desarrollo político, económico, social, ambiental y cultural en el país. Los jóvenes se desenvuelven principalmente en cinco entornos: hogar, educativo, laboral, comunitario y de espacio público y digital. En dichos entornos se identifican obstáculos que no favorecen efectivamente su desarrollo integral y por ende limitan sus potencialidades. Durante el periodo que transitan de la adolescencia a la juventud enfrentan sus primeros obstáculos: el 18 % de los jóvenes viven en hogares en pobreza multidimensional. En la fase de su desarrollo en el entorno educativo se ven afectados por barreras de tipo económico: el 28,8 % de los jóvenes urbanos entre los 17 y 21 años y el 22,8 % de los jóvenes rurales en este rango de edad no asisten a un establecimiento educativo por carencia de recursos; además, tienen una baja valoración de la educación, dado que el 32,1 % de los jóvenes entre los 14 y 16 años manifiesta poco interés por el estudio (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2019).
En el entorno laboral ven truncadas sus posibilidades de insertarse a un empleo o a proyectos de generación de ingresos debido a los limitados resultados en lograr una formación práctica y pertinente, a la carencia de enfoque de juventud en los servicios de empleo, ausencia de experiencia laboral y falta de condiciones para el desarrollo de emprendimientos. En el entorno comunitario se ven afectadas las posibilidades de desarrollo por una baja oferta de espacios pertinentes para atraer la población joven a actividades deportivas, recreativas o culturales. A las bajas condiciones de sus entornos, se suman las afectaciones en la salud mental (Organización Mundial de la Salud (2020), malos hábitos alimenticios y bajo empoderamiento en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
En particular, los jóvenes enfrentan tres principales barreras que se desarrollan en este documento. La primera está relacionada con las inequidades en las oportunidades para el desarrollo de capacidad de agencia y construcción de proyectos de vida; la segunda se refiere a las barreras para el pleno goce de derechos; y la tercera a la frágil gobernanza institucional para el desarrollo integral y el ejercicio de la ciudadanía de la población juvenil.
Para solucionar las problemáticas mencionadas, este documento promueve el desarrollo de líneas de política a nivel nacional para la juventud que permiten: (i) fortalecer las competencias y trayectorias de vida de la población joven del país con el fin de generar mayores capacidades y oportunidades para esta población; (ii) eliminar las barreras de inclusión y equidad que enfrentan los jóvenes para el goce efectivo de los derechos, y (iii) fortalecer la gobernanza institucional para impulsar el desarrollo integral de la juventud y su ejercicio de participación.
Los tres objetivos específicos que desarrolla este documento CONPES toman en consideración los espacios de diálogo y escucha activa realizados en el marco del Pacto Colombia con las Juventudes, además de los distintos espacios de consulta directa y socialización, lo que ha permitido alinear la visión de política con las necesidades territoriales de la juventud colombiana. De otra parte, a través de este documento de política, el país realiza una innovación en la atención de los adolescentes y de los jóvenes a través de Sacúdete, estrategia que, por medio de la formación y acompañamiento basados en metodologías disruptivas, busca el fortalecimiento de habilidades del siglo XXI, el ejercicio de la ciudadanía y la conexión con oportunidades educativas, laborales y en emprendimiento.
Las acciones se desarrollarán en el periodo entre 2021 y 2030 y tiene un costo indicativo de 33,5 billones de pesos. Además, cuenta con la participación y liderazgo del Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Consejería Presidencial para la Juventud, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, el Fondo Nacional de Garantías, el Fondo Nacional del Ahorro, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez (Icetex), la Escuela Superior de Administración Pública, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, la Agencia de Desarrollo Rural, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar.
Clasificación: I10, I20, J24, J58, J62.
Palabras clave: juventud, capital humano, desarrollo, mercado laboral, entorno comunitario, educación, salud, institucionalidad, participación.
TABLA DE CONTENIDO
| 1. INTRODUCCIÓN | 10 |
| 2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN | 14 |
| 2.1. Oportunidades para el desarrollo de la juventud | 15 |
| 2.1.1. Trayectorias educativas completas y pertinentes | 15 |
| 2.1.2. Inclusión productiva de la juventud | 21 |
| 2.2. Marco para el cumplimiento de los derechos de la población joven | 26 |
| 2.2.1. Salud y bienestar de los jóvenes | 26 |
| 2.2.2. Acceso a vivienda digna para la juventud | 29 |
| 2.2.3. Juventud bajo medidas de protección | 30 |
| 2.2.4. Jóvenes víctimas y construcción de paz | 31 |
| 2.2.5. Juventud LGBTI | 33 |
| 2.3. Institucionalidad y participación ciudadana desde la juventud | 34 |
| 2.3.1. Desarrollo normativo e institucional para la juventud | 34 |
| 2.3.2. Participación juvenil y ejercicio de la ciudadanía | 36 |
| 2.4. Justificación | 37 |
| 3. MARCO CONCEPTUAL | 38 |
| 4. DIAGNÓSTICO | 42 |
| 4.1. Inequidades en las oportunidades para el desarrollo de capacidad de agencia y construcción de proyectos de vida | 43 |
| 4.1.1. Trayectorias educativas incompletas para la juventud en zonas urbanas y rurales del país | 46 |
| 4.1.2. Escasas oportunidades de inserción productiva para los jóvenes en Colombia... | 50 |
| 4.1.3. Baja participación juvenil en actividades deportivas, recreativas, artísticas y culturales | 64 |
| 4.2. Juventud con limitaciones para el goce efectivo de sus derechos | 68 |
| 4.2.1. Limitaciones para la realización de los derechos de la juventud | 68 |
| 4.2.2. Déficit en acceso a vivienda | 76 |
| 4.2.3. Bajo goce efectivo de los derechos de los jóvenes bajo medidas de protección | 77 |
| 4.2.4. Riesgo de vinculación de adolescentes y jóvenes en conductas delictivas y limitadas oportunidades para su inclusión social y productiva | 79 |
| 4.2.5. Jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado | 84 |
| 4.2.6. Brechas de inclusión de la juventud en el contexto de la implementación de los Acuerdos de Paz | 85 |
| 4.2.7. Discriminación hacia la juventud LGBTI | 86 |
| 4.2.8. Débil institucionalidad para la atención diferencial de la juventud étnica | 87 |
| 4.2.9. Barreras para la igualdad de oportunidades para la juventud con discapacidad | 89 |
| 4.3. Frágil institucionalidad para el desarrollo integral y el ejercicio de la ciudadanía de la población juvenil | 90 |
| 4.3.1. Debilidad en los sistemas de información y seguimiento de la situación juvenil | 92 |
| 4.3.2. Baja incidencia de los jóvenes en los asuntos públicos a través de las instancias de participación ciudadana | 95 |
| 5. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA | 99 |
| 5.1. Objetivo general | 99 |
| 5.2. Objetivos específicos | 99 |
| 5.3. Plan de acción | 99 |
| 5.3.1. Fortalecimiento de competencias y trayectorias de vida | 100 |
| 5.3.2. Eliminación de las barreras de inclusión y equidad que enfrentan los jóvenes para el goce efectivo de los derechos | 118 |
| 5.3.3. Fortalecimiento de la capacidad institucional para impulsar el desarrollo integral de la juventud y su ejercicio de participación ciudadana | 127 |
| 5.4. Seguimiento | 131 |
| 5.5. Financiamiento | 132 |
| 6. RECOMENDACIONES | 135 |
| ANEXOS | 146 |
| Anexo A. Plan de Acción y Seguimiento (PAS) | 146 |
| Anexo B. La voz de los jóvenes | 147 |
| BIBLIOGRAFÍA | 162 |
ÍNDICE DE GRÁFICOS
| Gráfico 1. Porcentaje de la población que no trabaja y no estudia por edad, 2019 | 44 |
| Gráfico 2. Porcentaje de jóvenes que afirma no asistir a un establecimiento educativo porque no le gusta o no le interesa el estudio por zona | 47 |
| Gráfico 3. Indicadores de empleo de los jóvenes en Colombia 2010 - 2021 | 52 |
| Gráfico 4. Tasa de desempleo total nacional versus tasa de desempleo de los jóvenes en Colombia 2015-202, trimestral | 53 |
| Gráfico 5. Tasa de ocupación juvenil por sexo (porcentaje) 2010-2021(a) | 54 |
| Gráfico 6. Tasa de desempleo juvenil por sexo - 2010-2021 | 55 |
| Gráfico 7. Porcentaje de jóvenes desempleados según nivel educativo 2019-2020 | 56 |
| Gráfico 8. Tasas de empleo inadecuado por competencias y por ingreso por curso de vida en Colombia. I trimestre de 2021 | 57 |
| Gráfico 9. Jóvenes empleados a través del Servicio Público de Empleo como porcentaje del total de jóvenes desempleados en Colombia | 58 |
| Gráfico 10. Factores que obstaculizan la actividad empresarial en Colombia 2019 58 | 58 |
| Gráfico 11. Porcentaje de población sin afiliación al SGSSS por grupos etarios | 63 |
| Gráfico 12. Porcentaje de participación en actividades que realiza fuera de la jornada escolar en jóvenes de 14 a 28 años | 66 |
| Gráfico 13. Actividad física en jóvenes adultos entre 18 y 28 años | 67 |
| Gráfico 14. Tipo de tenencia por edad del jefe de hogar | 77 |
| Gráfico 15. Población en PARD activos a enero de 2021 por momento del ciclo de vida (%) | 78 |
| Gráfico 16. Número de niñas, niños y adolescentes en situación de adoptabilidad | 79 |
| Gráfico 17. Histórico de ingresos al SRPA desde 2007 hasta 2020 | 80 |
| Gráfico 18. Distribución de los principales delitos de ingreso al SRPA desde 2007 hasta 2020 | 81 |
| Gráfico 19. Conocimiento de instancias nacionales reguladas | 98 |
ÍNDICE DE MAPAS
| Mapa 1. Jóvenes ninis de 14 a 28 años | 45 |
ÍNDICE DE TABLAS
| Tabla 1. Actividades realizadas por fuera de la jornada escolar (14 a 17 años) | 65 |
| Tabla 2. Déficit habitacional urbano por edad del jefe de hogar | 76 |
| Tabla 3. Instancias de participación de nivel nacional en las cuales tienen representatividad las juventudes(a) | 96 |
| Tabla 4. Cronograma de seguimiento | 131 |
| Tabla 5. Financiamiento indicativo de la política por entidad | 133 |
| Tabla 6. Asistencia a sesiones de socialización del borrador del Documento CONPES con las Plataformas de Juventud y funcionarios territoriales | 149 |
SIGLAS Y ABREVIACIONES
| ADN | Área de Desarrollo Naranja |
| APS | Atención primaria en salud |
| CIPRUNNA | Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes |
| CNPPJ | Consejo Nacional de Política Pública de la Juventud |
| CNPV | Censo Nacional de Población y Vivienda |
| CONPES | Consejo Nacional de Política Económica y Social |
| DANE | Departamento Administrativo Nacional de Estadística |
| DNP | Departamento Nacional de Planeación |
| ECV | Encuesta de Calidad de Vida |
| ENSIN | Encuesta Nacional de la Situación Nutricional |
| ENUT | Encuesta Nacional de Uso del Tiempo |
| ESAP | Escuela Superior de Administración Pública |
| GEIH | Gran Encuesta Integrada de Hogares |
| ICBF | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar |
| LGBTI | Lesbianas, gais, bisexuales, transexual e intersexuales |
| NARP | Población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera |
| NNA | Niños, niñas y adolescentes |
| Ninis | Ni estudia, ni trabaja |
| ODS | Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| OIT | Organización Internacional del Trabajo |
| OSIGD | Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversa |
| PARD | Proceso administrativo de restablecimiento de derechos |
| PART | Planes de Acción para la Transformación Regional |
| PcD | Población con Discapacidad |
| PDET | Programa de desarrollo con enfoque territorial |
| PISA | Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos |
| PMI | Plan Marco de Implementación |
| PND | Plan Nacional de Desarrollo |
| PNIA | Política Nacional de Infancia y Adolescencia |
| PNSDSDR | Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos |
| RIAS | Ruta Integral de Atención en Salud |
| SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje |
| SGSSS | Sistema General de Seguridad Social en Salud |
| SNCRPA | Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescente |
| SNJ | Sistema Nacional de Juventudes |
| SPA | Sustancias psicoactivas |
| SPE | Servicio Público de Empleo |
| SRPA | Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes |
| SSAAJ | Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes |
1. INTRODUCCIÓN
La juventud colombiana, comprendida entre los 14 y 28 años, representa el 26,1 % de la población total del país (11.519.020 personas), de los cuales el 49 % son mujeres y el 51 % son hombres. En relación con la juventud rural, del total de jóvenes, el 25 % habita en estas zonas y representa el 24 % de su población, lo que equivale a 2,9 millones de personas; de estos el 15 % (441.932 personas) es juventud indígena y el 13 % (367.115 personas) juventud negra, afrocolombiana, raizal y palenquera (NARP), de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2019). Así mismo, el Registro Nacional de Reincorporación indica que, de los 12.768 exintegrantes de las FARC-EP el 19,4 % tienen entre 18 y 28 años. Sobre la juventud en situación de pobreza, según cálculos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 9,4 % se encuentra en pobreza monetaria extrema, 46,9 % en pobreza monetaria y el 18 % presenta pobreza multidimensional[1] (Departamento Nacional de Planeación, 2021).
El país ha expedido un importante número de documentos con lineamientos normativos y de política para la juventud. Como hito inicial se identifica el Documento CONPES 2626 Política Social para los Jóvenes y las Mujeres[2] publicado en 1992 y la Ley 375 de 1997[3] o Ley de Juventud. Otro hito importante, en particular, para la protección integral de niñez y adolescencia, ha sido la expedición del Código de Infancia y Adolescencia establecido por la Ley 1098 de 2006[4]. Además, durante la década de 20102019 se han realizado diferentes esfuerzos para consolidar un marco normativo que incentive y promueva el empleo joven, como la Ley 1429 de 2010[5] o Ley del Primer Empleo, el Documento CONPES 173 Lineamientos para la Generación de Oportunidades para los Jóvenes y la Ley 1780 de 2016[6] o Ley Pro-joven.
Adicionalmente, se ha avanzado en medidas de política de salud para la juventud y el apoyo a la construcción de sus trayectorias de vida. En los últimos años se ha avanzado también en la formulación de estrategias en salud como la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (PNSDSDR) 2014-2021[7] y el Documento CONPES 3992 Estrategia para la promoción de la salud mental en Colombia[8]. Con la expedición de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2021-2028 (PNIA)[9] y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 se avanza en resaltar la importancia de la promoción del desarrollo de capacidades y la construcción de trayectorias de vida de adolescentes y jóvenes para su participación activa como agentes de cambio social, político y cultural, abriendo una agenda para el rediseño programático e institucional en lógica de curso de vida.
No obstante, la juventud en Colombia aún afronta problemáticas multidimensionales en los entornos laborales, educativos, del hogar, digitales, y comunitarios y de espacio público, así como en el ámbito de la salud que obstaculiza sus trayectorias de vida. Por ejemplo, el modelo de protección al adolescente trabajador de Colombia no está integrado a la gestión para el desarrollo integral de los adolescentes y no se conecta con rutas para la gestión del empleo y al acceso a la educación superior (Reina S., 2014). Además, existe una baja apropiación de la Entidades Territoriales de los procesos de orientación socio ocupacional que les permita realizar acompañamiento en los territorios a los docentes y estudiantes brindando herramientas clave para la toma de decisiones y desarrollo de sus proyecto de vida, lo cual tiene implicaciones en el limitado acceso y permanencia de los jóvenes en la educación posmedia y en su posterior vinculación al mercado laboral con mayores y mejores oportunidades.
En este mismo ámbito, se identifica que los jóvenes tienen las más bajas tasas de colocación a través de los servicios de intermediación de empleo (de apenas un 27,9 %) (Servicio Público de Empleo, 2020). Esto se puede explicar por la ausencia de experiencia laboral (Servicio Público de Empleo, 2020) manifestada por el 41 % de los jóvenes que percibe este requisito como una barrera para conseguir un empleo (Departamento Nacional de Planeación, 2018). En este sentido, las medidas para avanzar en una educación más pertinente y con mayor aprendizaje práctico han tenido pocos avances, esto se evidencia en la baja adopción de esquemas como el de formación dual (Ministerio del Trabajo, 2020), sumado al desbalance entre la oferta y demanda laboral, principalmente en los niveles técnico y tecnológico (Olivera, 2020) y los servicios de gestión de empleo sin un enfoque diferencial y de juventud.
Por otra parte, el entorno educativo se ve afectado por la persistencia de barreras que dificultan la culminación de sus trayectorias educativas. De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) de 2019 el 28,8 % de los jóvenes entre los 17 a 21 años en zonas urbanas y el 22,8 % en zonas rurales no asistió a un establecimiento educativo por falta de recursos. Esta situación se ve reforzada por una baja valoración sobre la educación y la formación, ya que el 32,1 % de los jóvenes entre los 14 y 16 años justifica su inasistencia escolar por el poco gusto o interés por el estudio. Esto ha conllevado a una tasa de desescolarización en la educación media mayor al 50 % en los últimos 6 años (Ministerio de Educación Nacional, 2019). También incide el bajo desarrollo de competencias académicas especialmente y de competencias del Siglo XXI[10] con deficiencias principalmente en competencias socioemocionales y aquellas requeridas para la transformación digital.
En cuanto al entorno comunitario y espacio público, se evidencia una baja participación de la población joven en actividades recreativas, deportivas y culturales. Al respecto, se identifica una baja cobertura de beneficiarios en la oferta de servicios para la actividad física, recreación y deporte (Departamento Nacional de Planeación, 2019) y un deficiente estado de las infraestructuras deportivas y culturales (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2015). A esto se suma un bajo interés de los jóvenes en el uso del tiempo libre en actividades culturales como asistir a danza o teatro, practicar algún instrumento musical, o practicar algún deporte (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2015). Por lo anterior, las acciones propuestas en este documento se enmarcan en los objetivos de la Ley 181 de 1995[11] (Ley del Deporte), respecto del fomento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.
En el ámbito de la salud, los jóvenes se ven expuestos a situaciones adversas como las afectaciones en su salud mental y consumo de sustancias psicoactivas (SPA). Esto ocurre debido a: (i) entornos que fomentan experiencias desfavorables y limitan la capacidad de desarrollar su potencial físico y mental en su momento vital actual y posterior (Organización Mundial de la Salud, 2020); (ii) las preferencias y prácticas relacionadas con malos hábitos alimenticios y el acceso a alimentos de baja calidad (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2017; Organización Panamericana de la Salud, 2017); (iii) insuficiente empoderamiento de los derechos sexuales y reproductivos, y (iv) las limitaciones para ejercer los derechos y deberes en salud.
En lo que respecta a la juventud rural, se evidencia la existencia de brechas entre la población joven que habita en zonas urbanas y aquella que habita en zonas rurales. En la mayoría de los casos, estas desigualdades son más profundas para la población joven rural que pertenece a comunidades indígenas o se identifica como negra, afrocolombiana, raizal o palenquera (NARP). Casi el 47 % de la población joven rural se encuentra en condición de pobreza, 1,4 veces la incidencia en esta población que habita en zona urbana. Aún más, el porcentaje de jóvenes rurales que se encuentra en condición de pobreza extrema triplica la proporción de la zona urbana (18,8 % versus 6,8 % en la zona urbana) y en ambos casos se evidencia una incidencia más alta para los jóvenes rurales (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2019). Adicionalmente, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2019 el promedio de analfabetismo de personas de 15 años o más que se encuentran en zonas urbanas se ubica en 3,1 %, mientras que en las zonas rurales esta cifra es del 10,9 %.
Por lo anterior, el presente documento CONPES propone fortalecer el desarrollo integral de la población joven urbana y rural y la construcción de sus proyectos de vida para contribuir a su vinculación como agentes de desarrollo político, económico, social y cultural del país. Cada una de las barreras presentadas son abordadas en este documento CONPES desde un enfoque de curso de vida con el propósito de identificar con mayor claridad aquellos cambios de estado y posición en la condición joven que terminan por limitar sus opciones y elecciones de vida.
2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
La voz de la población joven es cada vez más importante para la toma de decisiones que inciden en el desarrollo de los países. Esto se explica no solo por ser la generación de jóvenes más numerosa de la historia, sino por su creciente interés en contribuir y generar soluciones a las problemáticas que enfrentan sus comunidades. Sin embargo, también esta generación enfrenta dificultades y riesgos que afectan la realización de sus proyectos de vida y el ejercicio de sus derechos. Por esto, desde el PND 2018-2022 se reconoce la necesidad de avanzar hacia una política social moderna, que tenga como prioridad expandir las oportunidades de los jóvenes a través del acceso a formación y a estrategias y programas para su inclusión social y productiva y el goce efectivo de sus derechos. El cumplimiento de los compromisos del PND con la población joven se ha dado de manera simultánea con la apertura de espacios de diálogo y discusión con los jóvenes de todo el país, primero, en el marco de la mesa de diálogo para la construcción de acuerdos para la educación superior pública logrados con los movimientos estudiantiles y profesorales en el año 2018, posteriormente, con la Gran Conversación Nacional[12] y por último, en las diferentes fases de construcción de este documento CONPES, particularmente en las mesas de trabajo y socialización de avances del presente documento CONPES[13] y el Pacto Colombia con las Juventudes. En el caso de las mesas de socialización, se organizó un espacio de participación virtual en el que las personas aportaron sus comentarios, y se realizaron 13 mesas de trabajo con jóvenes (ver Anexo B).
El país ha avanzado en la atención de las necesidades y en la garantía de los derechos que favorecen la inclusión social y económica de la población joven; no obstante, aún persisten retos para lograr avanzar en el acceso y garantía de sus derechos. Desde hace cerca de tres décadas, el país ha venido estructurando un marco normativo para la atención de la juventud y su participación en la vida pública, en el contexto de la consolidación del sistema de protección social y conforme a los avances en las políticas sectoriales relacionadas. Muchos de estos avances se han dado de manera simultánea con la ampliación de la oferta de servicios a toda la población colombiana. Sin embargo, todavía se presentan importantes retos en la gobernanza enfocada al desarrollo integral de la juventud y en la configuración de la oferta pertinente, oportuna y de calidad, que supere las barreras de acceso y contribuya al cumplimiento de los derechos de la juventud y al fortalecimiento de sus competencias. Las problemáticas de la población joven rural, étnica y diversa son mucho más heterogéneas por lo que necesitan ser abordadas de manera integral con un enfoque interseccional, ya que esta población representa realidades heterogéneas caracterizadas, en su mayoría, por la ocurrencia de dinámicas de violencia y el conflicto armado, así como por la presencia de brechas de género, sociales y económicas entre los jóvenes rurales y urbanos.
Esta política parte del reconocimiento de los avances y oportunidades de mejora de iniciativas implementadas en diferentes niveles y sectores con el fin promover el desarrollo integral de los jóvenes. Por ello, a continuación, se describen el propósito, alcances y limitaciones de esas iniciativas, agrupadas en 3 líneas así: (i) avances en la generación de oportunidades para el desarrollo de la juventud (ii) marco para el cumplimiento de los derechos de la población joven y (iii) institucionalidad y participación ciudadana desde la juventud.
2.1. Oportunidades para el desarrollo de la juventud
2.1.1. Trayectorias educativas completas y pertinentes
En materia de educación, se destacan los esfuerzos relacionados con estrategias orientadas a promover la permanencia escolar, el logro de trayectorias educativas completas y el fortalecimiento de la educación media. Programas de transferencias monetarias condicionas como Familias en Acción han sido exitosos a la hora de incentivar la asistencia escolar. De acuerdo con los resultados de la evaluación de impacto del programa de Familias en Acción realizada por el DNP en el año 2019, para los niños, niñas y adolescentes (NNA) que se encuentran en el programa se incrementa en 12 puntos porcentuales (p.p.) la probabilidad de estar matriculado en un establecimiento educativo; en cuanto a la deserción escolar, esta tiene una probabilidad de disminución de 0,8 p.p. en cabeceras municipales, y la probabilidad de transitar a la educación superior de jóvenes que han formado parte del programa en las principales 14 ciudades se incrementa hasta en 12 p.p.
Así mismo, se destacan los esfuerzos por promover la culminación de las trayectorias educativas de los jóvenes del país, de acuerdo con lo planteado en el PND 2018-2022. Para el caso de educación media, se ha avanzado en la implementación del programa de doble titulación en conjunto con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el fortalecimiento de la media técnica agropecuaria y el fortalecimiento de competencias académicas específicas y socioemocionales, así como el apoyo a los procesos de orientación sociocupacional. No obstante, su implementación no ha logrado abarcar a toda la población estudiantil, por lo que aún existe la necesidad de fortalecer los mecanismos existentes y de diseñar nuevos mecanismos que permitan que los currículos cuenten con un mayor grado de pertinencia y flexibilidad (Ministerio de Educación Nacional, 2019).
En educación superior se resalta el avance que ha tenido la cobertura en la última década. Para el 2010 la tasa de cobertura se encontraba en 39,13 % y en 2019 pasó a 52,23 %, lo que significó un crecimiento de 13,1 p.p. Adicionalmente se destacan los esfuerzos por promover el acceso y la permanencia de los jóvenes a programas de educación superior, a través de mecanismos de incentivos a la demanda orientados a población con mayor vulneración socioeconómica. Se han diseñado esquemas de atención diferencial para población con especial protección constitucional y con destacado mérito académico a través de la implementación de fondos especiales y de nuevas líneas de crédito del Icetex, que cuentan con nuevas fuentes de financiación y con subsidios para atender a la población de nivel socioeconómico bajo o población vulnerable[14]. Por otra parte, también se destaca el programa Ser Pito Paga que se creó a partir del PND 2014 - 2018 Todos por un nuevo país[15], y se orientó a estimular a los estudiantes destacados de todo el país para asegurar la continuidad de su proceso educativo en educación superior logrando beneficiar a 39.998 jóvenes. Sin embargo, los cupos financiados a través de este programa no fueron suficientes para la creciente demanda en educación superior; muestra de ello se evidencia en que, de los 475.065 graduados de educación media en el 2018, solo 188.666 lograron acceder a educación superior en 2019. Por lo anterior, se identifica el reto de implementar esquemas que permitan cerrar las brechas en el acceso y lograr que un mayor número de bachilleres, y en particular aquellos con mayor vulneración socioeconómica accedan, permanezcan y se gradúen de la educación superior.
Adicional a lo anterior, con miras a fortalecer el sistema de educación superior público y en cumplimiento de los acuerdos con los movimientos estudiantiles y profesorales del 2018 se incrementó la asignación de recursos para la educación superior pública. El PND 2018-2022 fortaleció la educación superior pública gracias a la asignación de recursos financieros adicionales para funcionamiento e inversión. Estos recursos benefician a la totalidad de IES públicas ubicadas a lo largo del país, con miras a situarlas en una trayectoria incremental de alta calidad y con impacto regional significativo. En el mismo sentido, también se creó el programa Generación E en 2018, el cual busca garantizar el acceso a la educación superior a 336.000 jóvenes durante el cuatrienio, a través de sus componentes de equidad y excelencia; como un hito importante, el programa Generación E a través de su componente de equidad, implementó la gradualidad en la gratuidad en el acceso a educación superior pública para jóvenes con mayor vulneración socioeconómica. Adicionalmente, con el objetivo de fomentar la permanencia, se estableció una articulación con el programa Jóvenes en Acción a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), que tiene como objetivo asegurar trayectorias educativas entre los jóvenes de menores recursos o en situación de vulnerabilidad, al proporcionar incentivos que se entregan directamente a los jóvenes, y con el fortalecimiento de habilidades para la vida. Desde su creación y hasta 2020, Jóvenes en Acción ha atendido 800.329 jóvenes. Por su parte para el primer semestre de 2021 (que corresponde al tercer año de ejecución del programa Generación E) han ingresado por primera vez a la educación superior 208.648 jóvenes, de los cuales 197.618 estudiantes lo han realizado a través del componente de equidad y 11.030 jóvenes en el componente de excelencia. A través del programa se ha cubierto a jóvenes en condición de vulnerabilidad provenientes de los 32 departamentos del país y a junio de 2021 se han beneficiado a más de 63.000 estudiantes provenientes de 719 municipios catalogados como rurales, área rural dispersa o municipio PDET, de este último se atendió a 38.356 jóvenes. Así mismo, el 54 % de los beneficiarios del programa son mujeres, 3 % población indígena y 11 % población víctima del conflicto. Sin embargo, a pesar de que estos mecanismos han logrado impulsar el tránsito a la educación superior y fomentar la permanencia, aún persisten brechas de acceso para la población de más bajos ingresos y para aquella ubicada en zonas rurales donde la oferta educativa es limitada, lo que ha generado que a nivel rural tan solo el 25 % de los graduados de educación media de 2018 lograran acceder a educación superior en 2019.
En el mismo sentido, en atención a los efectos negativos de la pandemia causada por el COVID-19 en las familias, se impulsó la implementación de auxilios de matrícula para la educación superior pública. Durante el 2020 se expidió el Decreto 662 del 14 de mayo de 2020[16], con el cual se creó el Fondo Solidario para la Educación, a través del cual se implementó el auxilio económico para el pago de la matrícula de los jóvenes en condición de vulnerabilidad, en instituciones de educación superior pública. Esta iniciativa permitió beneficiar a los jóvenes ubicados en los estratos 1, 2 y 3 que se encontraban matriculados en pregrado en las IES públicas del país, fomentado su permanencia. Para fortalecer esta medida, el Gobierno nacional ha articulado esfuerzos con los gobiernos locales y con las IES públicas del país.
También se han adelantado iniciativas de orientación socioocupacional. El Ministerio de Educación Nacional implemento la herramienta Buscando Carrera, ejecutada durante el periodo 2014 - 2018, así como la estrategia nacional de orientación socioocupacional Proyecta-T, que se encuentra actualmente en implementación y cuyo objetivo es acompañar a las 96 Entidades Territoriales Certificadas en educación, con el fin de promover la construcción de planes estratégicos de orientación socioocupacional con pertinencia territorial. Adicionalmente, se busca llegar de manera directa a 6.000 docentes, lo cual permitirá ampliar la capacidad instalada de los establecimientos educativos para realizar procesos de orientación socioocupacional y acompañar a 40.000 estudiantes con talleres. Para lograr lo anterior se hace necesario generar esfuerzos adicionales que permitan atender a segmentos específicos de la población como los estudiantes ubicados en las zonas rurales y aquellos con mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica.
De igual forma, se ha impulsado la innovación en las prácticas educativas a partir de las tecnologías digitales. En 2020 se expidió el Documento CONPES 3988 Tecnologías Para Aprender: Política Nacional para Impulsar la innovación en las Prácticas Educativas a través de las Tecnologías Digitales[17], que busca contribuir a mejorar las competencias de estudiantes de educación preescolar, básica y media a través de: (i) un mayor acceso a las tecnologías digitales para la creación de espacios de aprendizaje innovadores; (ii) la mejora de la conectividad a internet de las instituciones educativas oficiales; (iii) la promoción de la apropiación de las tecnologías digitales en la comunidad educativa, y (iv) el fortalecimiento del monitoreo y la evaluación del uso, acceso e impacto de las tecnologías digitales en la educación. La ejecución del objetivo de acceso a las tecnologías digitales de esta política está soportada en mayor medida por el Decreto 2324 de 2000[18], cuyo marco establece el desarrollo del programa Computadores para Educar. No obstante, el alcance de ejecución en materia de dotación actualmente es exclusivo para sedes educativas de educación básica y media, lo cual limita el acceso a tecnologías digitales y terminales en IES. Adicionalmente, a través del Documento CONPES 3975 Política Nacional para la transformación Dígital e inteligencia artificial[19]se definieron lineamientos para fortalecer las competencias del capital humano para afrontar la Cuarta Revolución Industrial y asegurar el recurso humano requerido.
Ahora bien, uno de los habilitadores fundamentales para la innovación educativa en el siglo XXI es la conectividad a Internet. En el marco del Pacto VII por la Transformación Digital del PND 2018-2022, el Gobierno nacional ha avanzado en la definición de políticas orientadas al cierre de la brecha digital en hogares y en sedes educativas. Por medio de la Ley 1955 de 2019[20] se definió la necesidad de ampliar el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones en el país e incentivos para remover las barreras al despliegue de infraestructura. Adicionalmente, a través del Documento CONPES 3968 Declaración de Importancia Estratégica del proyecto de desarrolo, masificación y acceso a Internet nacional, a través de la fase II de la iniciativa de incentivos a la demanda de acceso a internet[21] se busca fomentar la demanda de conectividad en hogares vulnerables, y mediante el Documento CONPES 4001 de 2020 Declaración de Importancia Estratégica del Proyecto Nacional Acceso Universal a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Zonas Rurales o Apartadas[22] se definió como propósito brindar acceso a internet principalmente en sedes educativas de zonas rurales.
Adicionalmente, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación creó el programa Misión TIC 2022 en 2020, que busca formar a 100.000 jóvenes y adultos colombianos en programación, para enfrentar los desafíos de la cuarta revolución industrial. La misión cuenta con dos rutas de aprendizaje. La ruta 1 está dirigida a los estudiantes de establecimientos educativos oficiales de grados 10 y 11 que cuenten con conocimientos básicos en temas de tecnologías de la información y la ruta 2 se dirige a colombianos mayores de 15 años, bachilleres que estén interesados en lenguajes de programación. Para el caso específico de la ruta 1 se espera beneficiar a 10.000 estudiantes de la educación media; no obstante, en consideración de que los cupos se asignan por orden de llegada, existe la necesidad de generar las condiciones necesarias para que los jóvenes con mayor grado de vulnerabilidad puedan acceder a este tipo de beneficio.
Así también, recientemente se han diseñado y aprobado instrumentos que facilitan soluciones educativas flexibles y tecnológicas dirigidas a población en condiciones de difícil acceso y en estado de vulnerabilidad. El Documento CONPES 4023 Política para la Reactivación, la Repotenciación y el Crecimiento Sostenible e Incluyente: Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia[23] incluye compromisos que cobijan a la juventud colombiana en materia de: (i) estrategias de educación ambiental; (ii) implementación de soluciones educativas offline para estudiantes de zonas rurales; (iii) creación de currículos flexibles para estudiantes en estado de vulnerabilidad; (iv) articulación de las instituciones de educación superior con el sector productivo para mejorar la pertinencia de la educación, y (v) creación de un Plan Nacional de Talento en Habilidades Digitales.
Como complemento para avanzar en la consolidación de trayectorias educativas, también se ha avanzado en instrumentos de política pública orientados a desarrollar las capacidades de los jóvenes para la toma decisiones informadas. En 2020 el Documento CONPES 4005 Política Nacional de Inclusión y Educación Financiera[24] estableció acciones en beneficio de los jóvenes en el ámbito educativo, relacionadas principalmente con la inclusión de un eje de educación económica y financiera en la estrategia de orientación socio ocupacional, en la estrategia de doble titulación y en los ecosistemas de innovación para la educación media, de manera que contribuya al desarrollo de sus capacidades para la toma de decisiones informadas para su futuro bienestar económico y financiero.
Finalmente, se han implementado programas dirigidos a fortalecer la educación en el área rural del país dejando de manifiesto la necesidad de ampliación de cobertura y pertinencia de este tipo de iniciativas. En este sentido, la política educativa ha desarrollado desde la última década distintas estrategias para llevar la educación superior a las diferentes regiones del país, con acciones orientadas a la desconcentración y descentralización de la oferta y el cierre de brechas urbano-rurales. Estas estrategias incluyen la creación de los Centros Regionales de Educación Superior (CERES), las Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo (ARED), los proyectos de regionalización de las IES, la promoción de la educación técnica profesional y tecnológica y la educación virtual, y recursos de apoyo al aumento de la cobertura en las IES y fomento a la permanencia y la graduación de los estudiantes. De manera reciente, se realizó la destinación de recursos adicionales para inversión a las IES públicas orientados a apalancar Planes de fomento a la calidad que incluyeran líneas de inversión para fortalecer la regionalización de estas instituciones.
Así mismo desde la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural se fortaleció en el marco del PND 2014 - 2018, el programa Jóvenes Rurales - Acceso a la Educación Superior, buscando mejorar el acceso a educación rural del país mediante créditos subsidiados. Según el último informe del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el programa apoyó con recursos del orden de 51.700 millones de pesos a más de 3.400 jóvenes en sus programas académicos o mediante subsidios de sostenimiento (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2021). Sin embargo, al mes de julio, y según información del mismo ministerio, los convenios atados a este programa no han podido ser finalizados y se tienen tasas de deserción mayores a 30 % de los estudiantes beneficiados, sobre todo en municipios con Programa de desarrollo con enfoque territorial (PDET). Las razones de esta deserción, según el informe del Ministerio, están relacionadas con necesidades económicas de los estudiantes y calidad de la educación. Además, se observan inconvenientes para la entrada de los jóvenes beneficiarios al mercado laboral.
Finalmente, el país realiza actualmente una innovación en la atención de los adolescentes y de los jóvenes a través de Sacúdete. Esta estrategia busca, por medio de la formación y acompañamiento basados en metodologías disruptivas, el fortalecimiento de habilidades del siglo XXI, el ejercicio de la ciudadanía y la conexión con oportunidades educativas, laborales y en emprendimiento. Para ello, se ha creado la Dirección de Adolescencia y Juventud en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través del Decreto 879 de 2020[25].
2.1.2. Inclusión productiva de la juventud
El país ha promocionado el empleo y el emprendimiento juvenil desde la década de los 2000, no obstante, esa promoción ha sido desarticulada y ha tenido un alcance limitado sobre esta población. En 2002 se sancionó la Ley 789[26] que, entre otros, modificó las condiciones del contrato de aprendizaje[27]. Este mecanismo presentó 2 limitaciones: (i) no se vinculaba explícitamente con otros instrumentos para la promoción de la inclusión social y laboral de grupos de jóvenes en condición de vulnerabilidad; y (ii) no contempló la baja disponibilidad de jóvenes con los perfiles y competencias requeridas por las empresas; por esto los empleadores han optado por monetizar sus obligaciones, es decir, dejar de vincular jóvenes aprendices y entregar el dinero al gobierno (Segura, 2016) (Lizarazo Arias, 2017) y (Peña, 2010). De otro lado, en 2006 se expide la Ley 1014, con el objetivo de promocionar a jóvenes emprendedores y sus organizaciones en el país mediante la creación de un marco interinstitucional de fomento y desarrollo de la cultura del emprendimiento. No obstante, este marco interinstitucional todavía debe ser respaldado por una oferta institucional más robusta que articule la participación activa de los jóvenes en estas iniciativas (Ministerio de Educación Nacional, 2012).
Así mismo también se han diseñado instrumentos valiosos de fomento al empleo y a la formalización que aún se desconocen y, por lo tanto, se usan poco. En 2010 se aprobó la Ley 1429 conocida como la Ley de primer empleo, focalizada en jóvenes menores de 28 años. Esta ley tiene por objeto generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse. Si bien la ley ha mostrado avances en sus objetivos poniendo en la agenda institucional el tema de la informalidad laboral, es necesaria una mayor difusión y pedagogía de sus beneficios, teniendo en cuenta que un gran número de empresas la desconocen (Universidad Externado de Colombia, 2012).
Este marco normativo ha sido complementado con instrumentos de política pública como el Documento CONPES 173 Lineamientos para la generación de oportunidades para los jóvenes [29], aprobado en 2014, con el fin de desarrollar lineamientos para la formulación, implementación y seguimiento de una estrategia que propicie una adecuada inserción de los adolescentes y jóvenes en el ámbito socioeconómico. Sin embargo, parte de las limitaciones del Documento CONPES es que a la fecha ostenta compromisos pendientes dentro de los que se encuentran: (i) avanzar en la gestión del empleo desde la adolescencia y; (ii) la conformación del Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud.
Así mismo, iniciativas como el programa de 40 mil primeros empleos[30] demostró la importancia y efectividad de los incentivos para la contratación de población joven en el proceso de inserción laboral de esta. El programa fue una de las principales iniciativas de primer empleo que se han creado en el país y se constituyó en una alternativa efectiva para reducir el desempleo juvenil en la medida en que facilitó la inserción laboral de la población joven sin experiencia laboral y simplificó su transición desde su proceso de formación en los niveles de educación secundaria, técnica o profesional al mundo laboral. El programa logró beneficiar a más de 50.000 jóvenes en el territorio nacional y demostró la importancia que tienen los incentivos a los empleadores para promover la contratación y el acceso de jóvenes a empleos de calidad, así como para promover la continuación de trayectorias de formación de los jóvenes beneficiarios (DNP & Quantil, 2019).
Varias iniciativas han promovido el empleo de población joven sin experiencia laboral. En 2016 se promulga la Ley 1780, también conocida como Ley Pro - Joven, con el fin de promover el empleo y el emprendimiento juvenil. Si bien esta ley sentó unas bases para el diseño y ejecución de políticas de empleo con enfoque diferencial para este grupo poblacional, no profundizó mucho en emprendimiento y creación de nuevas empresas de jóvenes en el país. En 2019 se expidió el Decreto 2365[31] que en cumplimiento del artículo 196 de la Ley 1955 de 2019[32], relacionado con la generación de empleo para población joven entre 18 y 28 años, fijó los lineamientos para que las entidades del Estado puedan contratar a jóvenes sin experiencia laboral[33].
La regulación de las prácticas laborales ha sido otra de las medidas para incentivar la experiencia laboral en los jóvenes. En 2020, se expide la Ley 2043[34] que establece nuevas disposiciones para la regulación de las prácticas laborales como experiencia profesional, y facilitar el acceso al ámbito laboral de aquellas personas que han culminado un proceso formativo, o de formación profesional o de educación técnica, tecnológica o universitaria. La ley reconoce de manera obligatoria como experiencia profesional o relacionada, aquellas prácticas que se hayan realizado en el sector público o privado como opción para adquirir el correspondiente título. En octubre de 2020, se instala el Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud en donde se coordina la priorización de 102 de programas orientados a la empleabilidad y el emprendimiento en el marco de la pandemia por COVID-19.
Del mismo modo, a través de las entidades del sector público se busca facilitar la obtención de experiencia laboral de los jóvenes. Derivado de la Ley Pro-Joven y por medio de la Resolución 0452 de 2021[35], se crea el programa Estado Joven, que propicia prácticas laborales en el sector público, respondiendo a la necesidad de acumulación de experiencia laboral como determinante de la efectividad del proceso de inserción laboral de los jóvenes. Este programa, liderado por el Ministerio del Trabajo en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, tiene por objetivo facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.
Aunque la ley establece la edad mínima de admisión laboral con el fin de proteger a los adolescentes colombianos, buena parte de esta población trabaja en condiciones que amenazan la potenciación de sus proyectos de vida. En cumplimiento del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código de la Infancia y la Adolescencia sancionado en la Ley 1098 de 2006[36] fijan como edad mínima para empezar a trabajar los 15 años. El Código le asigna competencias al Ministerio del Trabajo para regular el trabajo protegido para adolescentes, y su principal logro en la dimensión laboral es proporcionar la existencia de inspectores que realizan las labores de inspección, vigilancia y control del trabajo. No obstante, buena parte de los adolescentes que trabajan están en condiciones peligrosas y con un débil acompañamiento institucional para la transición a la juventud y la potenciación de sus proyectos de vida[37] (Trucco & Ullmann, 2015).
Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural actualmente adelanta iniciativas dirigidas a fomentar la inclusión productiva de la población en condición de pobreza y pobreza extrema que benefician a la población joven del campo colombiano. Dentro de esas iniciativas están: (i) el fortalecimiento de capacidades locales y gestión de conocimiento en jóvenes rurales, a través de programas de capacitación como Técnicos Laborales Agropecuarios y mediante convenio con la fundación del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria (Fundación Panaca); (ii) la financiación a más de 3.400 Planes de Negocios implementados y consolidados de grupos de jóvenes rurales a través del programa Campo Emprende; (iii) financiación para lograr la ampliación del programa Jóvenes en Acción; (iv) focalización de su oferta sectorial en población entre los 18 y 28 años que involucra a pobladores rurales que han sido víctimas del conflicto armado o desplazamiento forzoso, grupos étnicos y otros habitantes del campo en condiciones de pobreza extrema. En cuanto a financiamiento para la juventud rural, desde febrero de 2021 el Banco Agrario de Colombia cuenta con una línea de crédito especial para jóvenes y mujeres rurales con tasas subsidiadas y diferenciadas según el tamaño del productor. Según datos de la entidad, a 31 de mayo de 2021, esta línea ha beneficiado a 2.265 jóvenes, por más de 24 mil millones de pesos.
Así mismo, Colombia ha avanzado en el desarrollo de la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible con el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta política busca orientar el cambio de los patrones de producción y consumo de la sociedad colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la competitividad de las empresas y al bienestar de la población (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2011). Acorde con lo anterior, en cumplimiento del Documento CONPES 3934 Política de Crecimiento Verde[38] y 3918 Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia[39], el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible diseñó y documentó la Estrategia Nacional de Capacitación y Formación de Negocios Verdes con proyección a 2030, en la que se plantea como acción de acompañamiento a los emprendedores que se encuentran en una fase temprana o de ideación una propuesta metodológica para el Emprendimiento Verde e Inclusivo y tiene como principal objetivo el fortalecimiento de capacidades de emprendedores con alto potencial de convertirse en Negocio Verde. A nivel nacional, actualmente se cuenta con 2.581 negocios verdes y sostenibles (NVS) verificados, de los cuales solamente 205 están en la clasificación de asociados entre los 18 - 30 años de edad y de estos, solo 163 clasificados en ruralidad, de acuerdo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En este sentido, el reto para este sector es aumentar la difusión de su servicio de acompañamiento a los emprendedores jóvenes y avanzar en una priorización de NVS en las que se oferten bienes o servicios que generen un impacto ambiental positivo presentados por jóvenes, especialmente en la ruralidad.
Igualmente, el Gobierno nacional bajo el liderazgo del DNP ha avanzado en el diseño de la Política Nacional de Cuidado, en cumplimiento del Pacto de Equidad para las Mujeres del PND 2018-2022, línea "El cuidado, una apuesta de articulación y corresponsabilidad". Teniendo en cuenta que las labores de cuidado recaen principalmente sobre las mujeres, y que en muchos casos son las mujeres jóvenes quienes ven truncadas sus oportunidades de formación, inserción laboral y de construcción de sus proyectos de vida, es necesario avanzar hacia la consolidación de un sistema de cuidado que contribuya a eliminar estas barreras y desventajas que enfrentan las mujeres jóvenes. En ese sentido, la Política Nacional de Cuidado busca priorizar la provisión de servicios de cuidado para las personas con mayores niveles de dependencia y reconocer el ejercicio de los derechos de las personas cuidadoras en el marco de la redistribución del cuidado, la equidad de género e igualdad de oportunidades en Colombia. Entre las principales líneas de acción de la política se encuentran: (i) la reorganización institucional entorno al cuidado; (ii) la transformación de imaginarios y prácticas culturales en torno al cuidado; (iii) la consolidación de mecanismos de financiamiento para la sostenibilidad de la política de cuidado; y (iv) la visibilización y contabilización del cuidado como sector económico.
2.2. Marco para el cumplimiento de los derechos de la población joven
2.2.1. Salud y bienestar de los jóvenes
El bienestar de los jóvenes involucra no solo la atención en salud, que se brinda en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), sino los factores que determinan la aparición de enfermedades. Entre estos factores se encuentran los referidos a los sociales, económicos, culturales, nutricionales y ambientales, entre otros, que inciden en los desenlaces en salud, los cuales están por fuera del ámbito exclusivo del sector salud y se denominan determinantes sociales de la salud. En este sentido, tanto la Ley 1438 de 2011[40], como la Ley 1751 de 2015[41] (Ley Estatutaria de Salud) reconocen la necesidad de considerar la atención en salud a partir de las necesidades de la población. Esta normativa introduce la atención primaria en salud y la intervención de determinantes sociales en salud mediante acciones intersectoriales a ser contempladas en los planes decenales de salud pública y con el seguimiento en un espacio intersectorial denominado Comisión Intersectorial de Salud Pública. Lo anterior, en pro de reducir eventos en salud pública, como los siguientes que afectan a los jóvenes: (i) hábitos de vida poco saludables; (ii) embarazo subsiguiente; (iii) enfermedades de trasmisión sexual; (iv) violencias; (v) consumo de SPA; (vi) problemas mentales; y (vii) suicidio; entre otros (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020; SISPRO, 2020).
Intervenir los desenlaces en salud en los jóvenes no es tarea exclusiva del sector salud, sin embargo, el involucramiento de otros sectores ha sido insuficiente o presenta limitaciones que deben ser atendidas. Lo anterior se evidencia en los informes de avance del Plan Decenal de Salud Pública, en donde la mayoría de las estrategias implementadas para el logro de resultados en salud involucran exclusivamente al sector salud (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019). De otra parte, a la fecha no se cuenta con instrumentos que guíen a los territorios para fomentar la articulación (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018).
Aunque el país ha avanzado en el diseño e implementación de instrumentos que protegen los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, estos aún los desconocen y no ejercen sus derechos en la materia. Entre las principales iniciativas en salud que atienden a la población joven se destacan: (i) la PNSDSDR 2014 – 2021[42]; (ii) la implementación de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes[43] (SSAAJ); y (iii) la expedición en 2012 del Documento CONPES 147 Lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años[44]. La evaluación[45] de estas dos últimas iniciativas evidenció limitaciones relacionadas con: (i) baja cobertura de las estrategias en derechos sexuales y derechos reproductivos a nivel territorial, con presencia de brechas urbano - rurales; (ii) bajos conocimientos y apropiación en derechos sexuales y reproductivos en los entornos hogar y educativo, así como en los adolescentes y jóvenes; y (iii) limitación en la acción intersectorial para transformar barreras e imaginarios culturales sobre sexualidad (Econometría, 2013). Por su parte, en 2015 se aprobó la Estrategia de Atención Integral para Niños, Niñas y Adolescentes con énfasis en prevención del embarazo en la infancia y adolescencia 2015 - 2025; sin embargo, el plan de acción no cuenta con un esquema de seguimiento, lo que ha dificultado el establecimiento de su relación con la reducción del embarazo en la infancia y la adolescencia.
Con fundamento en la Ley Estatutaria de Salud, se expide la Resolución 429 de 2016 mediante la cual se adopta la Política de Atención Integral en Salud (PAIS)[46] que constituye el actual eje orientador y de partida hacia la humanización y la atención integral en salud. Esta política fue la base para la emisión de las rutas integrales de atención (RIAS), en particular la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y la atención materno perinatal (Resolución 3280 de 2018[47]). Esta ruta establece acciones de gestión e intervención para todo el curso de vida, en aspectos como intervenciones en hábitos saludables, salud mental, derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Sin embargo, a la fecha las RIAS se encuentran en implementación en el territorio nacional y se desconocen los resultados de esta estrategia.
Aunque recientemente se han aprobado herramientas de política pública que promueven la salud mental, estas resuelven parcialmente las problemáticas a las que se dirigen. En 2020 se aprobó el Documento CONPES 3992 Estrategia para la promoción de la salud mental en Colombia[48] que, a través del fortalecimiento de entornos sociales protectores, desarrollo de competencias socioemocionales, articulación de la oferta de la salud mental, preparación del talento humano para la identificación y atención oportuna, e inclusión social, busca promover la salud mental en la población colombiana. Aunque este documento de política se encuentra en una etapa inicial de implementación, dada la estimación de su impacto, aún se requiere establecer acciones complementarias dirigidas a los jóvenes que contribuyan a: (i) fomentar las redes familiares y el involucramiento parental; (ii) modificar normas y comportamientos sociales asociados con actitudes violentas y de discriminación, (iii) fomentar oportunidades y redes sociales comunitarias, laborales y educativas que aporten en la consolidación de proyectos de vida significativos[49], y a (iv) fomentar competencias socioemocionales que permitan que los jóvenes se adapten a las nuevas realidades asociadas a la pandemia del COVID-19, entre estas, la virtualidad. Por último, se han adelantado medidas nacionales relacionadas con la consolidación de hábitos saludables, no obstante, no se han especificado intervenciones asociadas al fomento de la actividad física y la alimentación saludable. En el Documento CONPES 4023 se establece la creación de incentivos para la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles y la promoción de los hábitos saludables.
A pesar de las estrategias que se han venido implementado desde el nivel nacional para incrementar la participación de jóvenes en actividades artísticas y culturales, la oferta e implementación en los territorios es limitada con respecto a las demandas de la juventud. La política cultural del país se ha orientado a la creación de oportunidades y condiciones mínimas que permita garantizar a la población colombiana el ejercicio de sus derechos culturales bajo un enfoque territorial y poblacional. En este contexto, se reconocen los esfuerzos del Gobierno nacional en el apoyo a la actividad cultural municipal mediante la financiación de 15.014 proyectos y actividades culturales y la entrega de 2.701 estímulos que hacen parte del Programa Nacional de Estímulos para la financiación de proyectos en diferentes áreas; así mismo, con el ánimo de fortalecer la creación artística y cultural, se han implementado procesos de formación y profesionalización en diferentes áreas, apoyando artistas y gestores culturales mediante licenciaturas, laboratorios de formación en teatro y circo, laboratorios de formación de artes visuales, talleres de escritura creativa en Relata (Red de Escritura Creativa) y escuelas municipales de música, entre otras. Parte de la oferta institucional opera mediante demanda de las entidades territoriales, que en algunos casos no han demostrado interés en su implementación, impidiendo diversificar y ampliar su cobertura, generando problemas de acceso a la oferta pública y una baja participación en este tipo de actividades, lo que hace necesario generar esfuerzos adicionales para poder llegar a grupos poblacionales, especialmente a la población joven del país.
En el sector deportes se ha logrado avanzar en la Estrategia Nacional de Recreación para Adolescentes y Jóvenes y el Programa Nacional de Campamentos Juveniles que contribuyen a la formación integral de esta población. Por su parte, la política deportiva se ha orientado a aumentar la cobertura de la población que accede a la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, enfocando sus esfuerzos en estrategias que aportan a una formación integral de los individuos. Entre estas estrategias se encuentra la Estrategia Nacional de Recreación y el Programa Nacional de Campamentos Juveniles. Así mismo, con el proyecto institucional Talentos Colombia estructurado por el Ministerio del Deporte, se ha posibilitado el acceso a la población juvenil de condiciones morfo fisiológicas y técnicas excepcionales al deporte asociado y de alto rendimiento, con el apoyo y seguimiento de las ciencias aplicadas al deporte, generando así la sostenibilidad futura de la reserva deportiva del país para su participación internacional. Lo anterior se complementa con estrategias de becas por impuestos, motivando la carrera dual de los jóvenes para que adicional a su carrera deportiva se profesionalicen con miras a su retiro. Sin embargo, todavía persisten retos importantes con el fin de lograr beneficiar a un porcentaje mayor de la juventud; por ejemplo, aunque cada vez más departamentos cuentan con escuelas de formación deportiva, aún es necesario ampliar esta oferta a un mayor número de municipios.
2.2.2. Acceso a vivienda digna para la juventud
La política habitacional del país ha establecido mecanismos para profundizar el acceso de los hogares de menores ingresos a una vivienda digna, sin embargo, estas iniciativas no presentaban un enfoque etario. Una de las herramientas ha sido el Subsidio Familiar de Vivienda, establecido por la Ley 3 de 1991[50] como un aporte en dinero otorgado al hogar para facilitar la adquisición de Vivienda de Interés Social; y la cobertura condicionada a la tasa de interés, amparada artículo por el artículo 48 de la Ley 546 de 1999[51] que busca reducir el pago mensual efectuado por el hogar en la amortización del crédito hipotecario o contrato de leasing habitacional. Así, entre el año 2009 y 2020 se lograron avances significativos en la reducción del déficit habitacional urbano que pasó del 22,19 % al 13,06 %, tras una contracción de 9,13 p.p. A pesar de estos avances, se han evidenciado dificultades para el acceso a crédito por parte de los hogares de menores recursos y de grupos poblacionales como aquellos conformados por jóvenes. Frente a lo anterior, la Ley 2079 de 2021[52] estableció mecanismos para reducir los costos enfrentados por el hogar en la amortización del crédito hipotecario y para facilitar el acceso a crédito hipotecario.
Con respecto al primer componente, la Ley 2079 estableció la obligatoriedad del Fondo Nacional del Ahorro de ofrecer tasas de interés en crédito hipotecario y de leasing habitacional inferiores a la de las demás entidades financieras, para la adquisición de VIS siempre y cuando no se afecte la sostenibilidad financiera de la entidad. Así mismo, abrió la posibilidad de extender los plazos de financiamiento de la vivienda. Frente a lo segundo, se estableció la posibilidad de otorgar garantías por el Fondo Nacional de Garantías para respaldar los créditos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda. Por último, mediante el artículo 55 de la referida ley, se estableció que el Gobierno nacional debe crear estrategias para facilitar el acceso a vivienda de la población joven, dentro de los programas de Vivienda de Interés Social (VIS) y no VIS que se encuentra en proceso de implementación.
2.2.3. Juventud bajo medidas de protección
El Código de Infancia y Adolescencia adopta medidas para la protección integral de los NNA. El Código busca garantizar y promover los derechos de los NNA, así como asegurar su restablecimiento ante situaciones de vulneración. Así mismo, los procesos de protección consagrados en el Código son liderados por autoridades administrativas nacionales, esencialmente las defensorías de familia a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y las comisarías de familia a cargo de las entidades territoriales.
El país ha avanzado en la atención a adolescentes en conflicto con la ley, sin embargo, no se han enfrentado los retos relacionados con la multidimensionalidad que caracteriza a los factores que inciden en la vinculación al delito por parte de los jóvenes. En 2009 se expidió el Documento CONPES 3629 Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA): Política de atención al adolescente en conflicto con la Ley[53]. La política estaba orientada a fortalecer la oferta institucional y el recurso humano, para responder a las finalidades y necesidades del SRPA, así como a fortalecer la participación y articulación de todas las entidades que conforman el Sistema. Este documento: (i) permitió la definición de criterios, metodologías y protocolos en temas de atención, infraestructura, procedimientos judiciales, entre otros; (ii) facilitó la capacitación especializada a los diferentes actores del SRPA[54], y (iii) permitió avanzar en el fortalecimiento de la oferta institucional y de recurso humano; así como en la participación y articulación de todas las entidades que conforman el SRPA. Esto último se logró principalmente a través del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SNCRPA), creado mediante el Decreto 1885 de 2015[55]. A pesar de estos esfuerzos institucionales, se ha identificado que los factores que inciden en la vinculación al delito de los adolescentes y jóvenes son de carácter multidimensional y estructural (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2013), siendo necesario afianzar estrategias que permitan generar mayores oportunidades de inclusión social para los adolescentes y jóvenes que ingresan y egresan del SRPA con el propósito de brindar una atención integral a esta población.
A pesar del marco de acción establecido por el Código de la Infancia y la Adolescencia y de la Política de atención al adolescente bajo medidas de protección, los procesos establecidos no garantizan plenamente el restablecimiento de sus derechos[56] ni permiten la existencia de distintas problemáticas, entre ellas, la dificultad de incluir social y laboralmente a los adolescentes que se concentran en protección, y a los jóvenes que no fueron dados en adopción y se hacen mayores de edad estando en protección.
2.2.4. Jóvenes víctimas y construcción de paz
Se han formulado varios instrumentos de política para dar cumplimiento al Acuerdo Final para la terminación del conflicto, en particular en relación con las acciones en beneficio de la población joven. Como fue previsto en las bases del PND 2018-2022, específicamente en el Pacto por la Construcción de Paz, el Gobierno nacional propuso llevar a cabo los mejores esfuerzos para cumplir con lo establecido en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto. Para el cumplimiento de este propósito, se formularon instrumentos de planeación que impulsan acciones en beneficio de la población joven como: el Plan Marco de Implementación (PMI) y los Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), a través de sus Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) y el reciente Documento CONPES 4031 Política Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas[57]. En las bases del PND 2018-2022, en particular en el Pacto por la construcción de paz, el Gobierno nacional incorpora una estrategia para armonizar los criterios de focalización según condición de pobreza y vulnerabilidad de la población víctima con los del resto de la población en el componente de asistencia de la política de víctimas. En esta estrategia se busca atender a las víctimas vulnerables, incluidos los jóvenes, de manera congruente con la focalización que se realiza para la oferta social de toda la población en materia de atención y asistencia, incluyendo derechos como educación y generación de ingresos.
En el PMI las entidades del Gobierno nacional han asumido compromisos en ámbitos como la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección al adolescente trabajador, así como el restablecimiento de derechos con motivo de trabajo infantil.
Igualmente, se impulsa la formación técnica agropecuaria en la educación media y modelos educativos flexibles, las matrículas con gratuidad en establecimientos educativos oficiales en zonas rurales, becas en educación técnica, tecnológica y universitaria otorgadas a la población rural y la formación profesional de las mujeres en disciplinas no tradicionales. Por su parte los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) de los PDET recogen 5.451 iniciativas con marca jóvenes para ser implementadas desde estos programas.
En complemento de lo anterior, el Documento CONPES 4031 incorpora de manera transversal el enfoque de ciclo de vida e incluye acciones diferenciadas para la juventud víctima del conflicto armado. En particular, propone acciones dirigidas a capacitar a adolescentes y jóvenes víctimas del conflicto armado para el fortalecimiento de habilidades del siglo XXI y la construcción de sus proyectos de vida, financiamiento para el acceso y permanencia a la educación superior, acompañamiento a los emprendimientos, proyectos productivos e iniciativas para la generación de ingresos y autoempleo, capacitaciones para el fortalecimiento y construcción de sus proyectos de vida, acompañamiento psicosocial a adolescentes y sus familias víctimas de desplazamiento forzado, entre otras. Si bien este documento CONPES está recientemente expedido, se debe avanzar en la reflexión y articulación con otros instrumentos de política, en particular con enfoque de curso de vida.
2.2.5. Juventud LGBTI
En las últimas décadas se ha desarrollado jurisprudencia para la garantía de los derechos de la población de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) en Colombia. Para población joven se identifican sentencias: (i) contra el acoso y la discriminación[59]; (ii) a favor del respeto a la identidad de género, orientación sexual e identidad de género diversa, en instituciones educativas[60]; (iii) en afirmación de la autonomía de los menores de edad y en reconocimiento de su capacidad para el ejercicio de sus derechos y la autodeterminación de su identidad de género[61]; y (iv) en la no obligatoriedad de exigir la libreta militar a las jóvenes trans[62]; entre otros (Colombia Diversa, 2021).
De igual forma, el país ha avanzado en la garantía de los derechos de la población LGBTI. Con la expedición del Decreto 762 de 2018[63] se expidió la política pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. El plan de acción de la política pública para la garantía de derechos de la población LGBTI plantea algunas líneas relacionadas con la juventud de sectores sociales LGBTI como (i) el acompañamiento a instituciones de educación superior en la implementación de documento de Enfoque e Identidades de Género para los Lineamientos de Política de Educación Superior Inclusiva; (ii) diseño e implementación de mecanismos asociados a la prevención de violencias por discriminación relacionada con la orientación sexual e identidad de género diversa; (iii) velar por el cumplimiento de los mandatos de la Ley 1620 de 2013[64] y de los pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional para el respeto y la no discriminación de la diversidad sexual y de género y (iv) fortalecer la transversalidad del enfoque de género con énfasis en orientaciones sexuales e identidades de género diversa (OSIGD) en los lineamientos y manuales de las modalidades de servicio del ICBF. Sin embargo, la discriminación hacia la población LGBTI sigue siendo un fenómeno latente y en otras temáticas como las de la salud, el trabajo, la cultura existen todavía vacíos en la inclusión de un enfoque de juventud y en la respuesta específica a las necesidades de poblaciones trans.
2.3. Institucionalidad y participación ciudadana desde la juventud
2.3.1. Desarrollo normativo e institucional para la juventud
Existen referentes importantes de política en materia de atención de las necesidades de la población joven, no obstante, su concepto de juventud es limitado y desconoce la perspectiva de curso de vida. En la década de los noventa se expidió el Documento CONPES 2626, con el objeto de brindar condiciones para la incorporación a la vida social de la población entre 12 y 24 años, fortaleciendo su papel como actores del desarrollo y las capacidades institucionales territoriales para la atención de sus necesidades. Este documento partió de una visión de desarrollo humano con una perspectiva multidimensional[65] incluyendo las dimensiones de participación y organización ciudadana. Sin embargo, su mayor limitación es la visión de la juventud que apropia pues se limita a una perspectiva biológica restringida a la edad, considerando como jóvenes sólo a las personas entre 12 y 24 años, sin tener otros criterios en consideración, en particular la perspectiva de curso de vida en la cual el desarrollo integral se da manera diferenciada para cada individuo.
Uno de los principales avances del país en la defensa y garantía de los derechos de los jóvenes es el Código de la Infancia y la Adolescencia, sin embargo, a la población joven aún no se le garantizan totalmente sus derechos. El Código establece las normas sustantivas y procesales para: (i) la protección integral; (ii) la garantía del ejercicio de sus derechos y libertades consagradas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución Política y en las leyes; así como (iii) los lineamientos para su restablecimiento, cuando así se requiera. A pesar de la existencia del Código, la población entre 14 y 18 años aún sufre vulneración de sus derechos y un débil acompañamiento institucional durante los procesos de transición a la juventud y de construcción de sus proyectos de vida. Como avance institucional se relaciona también la creación de la Dirección de Adolescencia y Juventud del ICBF de acuerdo con lo estipulado por el Decreto 876 de 2020[66]. Con esta dirección se da un reconocimiento y mayor promoción a los derechos de los adolescentes y jóvenes, y la necesidad de articular de manera más efectiva la política de juventud con los territorios.
Por otro lado, aunque el país ha avanzado en el desarrollo de instrumentos de política que potencien a los NNA, a la fecha no hay avance en la priorización de sus atenciones, ni en su articulación con la oferta de servicios sociales o en su implementación. Un hito importante fue la expedición en 2018 de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia (PNIA) 2018 - 2030 que busca: (i) promover el desarrollo de capacidades; (ii) construir trayectorias de vida significativas para los NNA entre 6 y 17 años; y (iii) potenciar su capacidad de agencia y protagonismo como agentes de cambio social y cultural. En cumplimiento de lo establecido en la PNIA, se ha avanzado en la construcción de Rutas Integrales de Atención (RIA) organizadas en 5 componentes: (i) bienestar y salud; (ii) educación y formación para la vida; (iii) construcción de identidad, participación y ejercicio de la ciudadanía; (iv) disfrute, exploración y expresión de intereses, vocaciones y talentos; (v) vinculación afectiva y relaciones de cuidado[67]. Un reto importante que estas iniciativas enfrentan es la integración de acciones en la transición hacia la juventud. Aunque las RIA establecen que las atenciones se vinculen hacia la experiencia de la juventud, su propuesta aún carece de atenciones que contribuyan en la transición a ese momento del ciclo de vida.
Mas recientemente, el PND 2018 - 2022 propuso varias estrategias con el fin de promover la inclusión social, económica y política de la juventud. Las principales estrategias incluyen: (i) la transición armónica de la infancia a la juventud; (ii) una apuesta por una educación media con calidad y pertinencia para la población joven colombiana y brindar más oportunidades de acceso a la educación superior, con énfasis en las poblaciones vulnerables, contribuyendo al logro de mayor equidad y movilidad social; (iii) el fortalecimiento de la calidad y pertinencia de la educación acorde con las expectativas de desarrollo social y productivo; (iv) la promoción de la inclusión laboral y productiva de los jóvenes; (v) la implementación de una estrategia dirigida a los jóvenes para el desarrollo de actividades que fortalezcan sus proyectos de vida, las competencias socioemocionales, la innovación y el liderazgo; y (vi) el fortalecimiento de la institucionalidad para favorecer la inclusión social, económica y política de la juventud.
Así, en cumplimiento de lo establecido en el PND 2018 - 2022 se diseña y pone en marcha la estrategia Sacúdete bajo el liderazgo del ICBF y de la Presidencia de la República. Esta estrategia busca cerrar brechas económicas y de conocimiento a través de una metodología de transferencia de conocimientos y entrenamiento para apoyar la construcción de proyectos de vida, así como el desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos locales e impulso a la innovación y la generación de talento humano cualificado (Departamento Nacional de Planeación, 2019). Durante el año 2020, la estrategia benefició 99.830 jóvenes en más de 620 municipios del país. Ahora bien, para el fortalecimiento y consolidación de la metodología Sacúdete, el Gobierno nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron un crédito por un valor de USD 50 millones, para el periodo 2021 - 2024 y que, en su componente político y programático, se articula con las líneas de acción que propone el Documento CONPES 4006 Concepto favorable de la Nación para contratar un empréstito externo con la banca multilateral hasta por USD 50 millones, o su equivalente en otras monedas, destinado a financiar el programa para desarrollar habilidades del siglo XXI en la adolescencia y la juventud colombiana[68].
2.3.2. Participación juvenil y ejercicio de la ciudadanía
La Ley 1622 de 2013[69] establece el marco institucional para garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil, el goce efectivo de los derechos y la adopción de políticas públicas para la población entre 14 y 28 años. Este Estatuto ha permitido avanzar en el reconocimiento de las juventudes como agentes de derecho, incorporando la diferencia y la autonomía juvenil. El Estatuto es considerado el principal instrumento normativo para la juventud en Colombia y establece: (i) el sistema de participación de las juventudes; (ii) el sistema de organización y coordinación institucional en temas de juventud; (iii) los espacios de concertación entre institucionalidad y participación juvenil; (iv) el sistema de información sobre la población joven; y (v) las responsabilidades en el diseño, elaboración y seguimiento de políticas públicas del orden local, distrital, municipal, departamental y nacional.
A pesar de los avances en materia de definición de responsabilidades para la puesta en marcha de instancias de participación juvenil, actualmente se presentan rezagos en su implementación. Con la Ley 1885 de 2018[70], se modificó el Estatuto de Ciudadanía Juvenil para jóvenes entre 14 y 28 años, definiendo los procedimientos y reglas para la elección de los representantes a las instancias de participación y de los diferentes roles establecidos en el Sistema Nacional de Juventudes (SNJ), e integrando de manera más clara las perspectivas étnicas, de género y de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, entre otras, para su conformación. Sin embargo, a pesar de establecer las responsabilidades para cada entidad, la puesta en marcha del SNJ ha presentado retrasos.
Finalmente, el Documento CONPES 3955 Estrategia para el fortalecimiento de la acción comunal en Colombia[71] incluye acciones para motivar la participación ciudadana de los jóvenes en las organizaciones de acción comunal. Entre estos, programas de formación ciudadana y un programa de incentivos. Estas estrategias son relevantes para la renovación generacional de las organizaciones de acción comunal que además, son consideradas como las estructuras sociales y comunitarias de mayor tradición y cobertura geográfica en el país, mediante las cuales es posible trabajar de manera colectiva por el desarrollo del entorno. Sin embargo, como lo indica el mencionado documento CONPES, la participación de los jóvenes en estas organizaciones solo es el 5 % del total de la población comunal, requiriendo mayores esfuerzos para incentivar la participación en escenarios e instancias de participación.
2.4. Justificación
Los antecedentes descritos en las subsecciones anteriores se pueden clasificar en dos categorías con base en su visión de la juventud: políticas sectoriales o políticas y documentos normativos focalizados en problemáticas específicas de esta población. Las políticas sectoriales benefician a los jóvenes en la medida que cumplen con las características objeto de cada política. Este es el caso de la Política de Inclusión y Educación Financiera, la Política para la Reactivación, la Repotenciación y el Crecimiento Sostenible e Incluyente, el SGSSS, la Política Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, la PNSDSDR, la Política de Atención Integral en Salud y la Estrategia para la Promoción de la Salud Mental en Colombia, entre otras. En este caso, se hace necesario avanzar en una reflexión e incorporación de las particularidades de la población joven dentro de las rutas sectoriales de atención, con el fin de responder con mayor pertinencia a las problemáticas diagnosticadas como propias de la juventud.
Por su parte, las normas y políticas focalizadas en problemáticas específicas de la juventud tienen un alcance limitado debido a su lógica sectorial, por lo que es necesario fortalecer vías de articulación que potencien su impacto. Este es el caso de los esfuerzos realizados desde los sectores de educación, empleo, prosperidad social y para la protección de los jóvenes en el marco del SRPA. Aquí, circunscribirse a la lógica sectorial resta alcance a las intervenciones realizadas debido a la dispersión de esfuerzos, lo cual evidencia la necesidad de consolidar compromisos intersectoriales para avanzar en pertinencia y eficiencia. A ese respecto, el Documento CONPES 4006 define los lineamientos generales para la implementación de la estrategia Sacúdete y reconoce los problemas recurrentes de coordinación y articulación entre actores en la atención a la juventud y la necesidad de fortalecer la articulación entre entidades que conlleve mejoras en gestión y resultados. No obstante, se requiere una política complementaria que genere los compromisos y la ruta para avanzar en esta articulación institucional.
Por lo anterior es necesario un documento de política que permita: (i) superar las restricciones de otras políticas de atención a población joven; (ii) avanzar en la incorporación de la juventud en las políticas públicas partiendo de una lógica de curso de vida; (iii) responder a sus vulnerabilidades y retos específicos; y (iv) consolidar los arreglos institucionales necesarios para que lo anterior se materialice.
3. MARCO CONCEPTUAL
Esta sección describe el marco conceptual propuesto en la presente política que asegura que los jóvenes sean considerados como agentes de cambio social, productivo y ambiental. En el país existen desarrollos normativos y de política pública para la atención de la juventud centrados en la permanencia en educación, cualificación y desarrollo de capacidades para el trabajo, participación e incidencia en el ejercicio de sus derechos, y fomento de los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, es importante que la visión de política pública evolucione de una visión sectorial centrada en el cierre de brechas a una visión integral enfocada en la persona, en la que los jóvenes sean considerados por la institucionalidad y la sociedad en su conjunto como agentes de cambio social y productivo y ambiental.
Para desarrollar esta visión se propone abarcar esta política desde un modelo socio- ecológico como el de Bronfenbrenner (1977)[72]. Este tipo de modelos son utilizados para identificar factores que expliquen comportamientos o situaciones complejas, analizándolas desde una interacción recíproca entre el individuo y el ambiente. Lo anterior implica entender que las decisiones o comportamientos adoptados por los individuos dependen de los ambientes en los que estos participan, y a su vez, las decisiones de los agentes influirán en el ambiente en el que se desarrollan. El modelo está organizado en tres niveles: (i) macro, (ii) meso y (iii) micro, niveles en los que incluyen factores que inciden directa o indirectamente en el entorno en que se desarrollan los jóvenes.
El macrosistema o nivel macro del modelo de Bronfenbrenner está relacionado con las políticas, la cultura y los valores, así como con los principios, las creencias, y las normas sociales en las que se desenvuelven los jóvenes y los individuos de su sociedad. Dentro del macrosistema se destaca el entorno político, que corresponde a los procesos de vinculación de los jóvenes a escenarios políticos y de intercambio intergeneracional en la búsqueda de soluciones según sus necesidades, influyendo en la transformación de otros entornos de desarrollo físico, social y cultural. Dado que el entorno político está asociado con la participación comunitaria, su incidencia permite establecer políticas públicas adaptadas a las necesidades territoriales, poblacionales y comunitarias.
Por su parte, el mesosistema o nivel meso comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente. El mesosistema comprende los entornos educativo, laboral, digital, comunitario y de espacio público. El entorno educativo se relaciona con el desarrollo de habilidades en los jóvenes a través de la enseñanza y el aprendizaje, y el entorno laboral está asociado a las oportunidades laborales, generación de ingresos. El entorno comunitario y de espacio público corresponde a los espacios de encuentro e intercambio de pares, de desarrollo cultural y deportivo de los jóvenes. En este entorno se agudizan el intercambio de normas sociales, culturales, políticas, históricas de la sociedad y se forjan lazos afectivos sociales (Estrategia de Entorno Comunitario Saludable, 2018). Por su parte el entorno digital o virtual interactúa de manera permanente con otros entornos de desarrollo, lo que se convierte en un escenario importante para el desarrollo integral en la adolescencia, clave en la implementación de estrategias educativas, laborales, redes de apoyo y cuidado, apoyo social, entre otros. En estos entornos se propende por el desarrollo de competencias socio emocionales y transversales.
Finalmente, el microsistema o nivel micro constituye el nivel más inmediato en el que se desarrollan los jóvenes o las características propias de los adolescentes y jóvenes. En el microsistema se destaca el entorno hogar, entendido como un espacio vital, cohesionado por vínculos consanguíneos o afectivos que vislumbran escenarios de cuidado, protección, tensiones y conflictos, y donde se potencia o mitiga el desarrollo de los jóvenes. Este nivel fomenta el desarrollo de capacidades, autonomía y proyectos de vida individuales de los jóvenes en los ámbitos sociales y comunitarios y de espacio público, que es la base para la búsqueda de su propia identidad (Gaete, 2015) y la conformación de un nuevo núcleo independiente de su familia.
Así mismo, dentro de este modelo también se relacionan dos enfoques, a saber: (i) enfoque de curso de vida; y (ii) enfoque interseccional. El enfoque de curso de vida[73] considera que los jóvenes realizan un recorrido por diferentes roles y posiciones en diferentes contextos, como la escuela, el trabajo, la familia, la migración y la vida de pareja. Estos roles y posiciones se conocen como trayectorias. Durante estas trayectorias cambian de posición, estado o situación dentro de la sociedad, por ejemplo, pueden pasar de ser hijo o hija a cabeza de familia. Estos cambios de roles se conocen como transiciones. Así también, en estas trayectorias y transiciones ocurren momentos significativos favorables o desfavorables conocidos como sucesos vitales, que a su vez inciden en el desarrollo de características, conductas, habilidades o capacidades que son determinantes en los cursos de vida posteriores de los jóvenes; estas habilidades se conocen como ventanas de oportunidad. Finalmente, existen situaciones que se presentan en cursos de vida de etapas previas que influyen en los comportamientos durante la juventud; estas situaciones se denominan efectos acumulativos. (Heckman J. J., 2006).
Por su parte, el enfoque interseccional pone en el centro del análisis las diferencias territoriales, poblacionales y multidimensional del desarrollo. Este enfoque reconoce la existencia de formas de trato desigual injustificados que surgen por sistemas de opresión o discriminación relacionados con el género, raza, etnia, clase, edad, discapacidad y otras construcciones sociales e históricas[74]. A su vez, este enfoque busca darle un contenido temático y programático a los proyectos que se dirijan a esta población. El enfoque interseccional de la juventud permite superar los debates de categorías binarias de análisis[75] y concentrarse en la identificación de brechas que impiden desarrollar trayectorias efectivas de vida (Bucheli, 2019). Bajo esta idea, se plantea un enfoque que reconoce a los jóvenes como agentes de cambio, y no como actores en proceso de construcción o formación que requieren una agenda programática externa que les facilite su proceso de desarrollo como individuos independientes.
El hecho de que los jóvenes sean agentes heterogéneos en características y en sus contextos implica que se reconozcan sus diferencias y vulnerabilidades, pues inciden sobre sus decisiones y trayectoria de la juventud. Esa heterogeneidad de la juventud plantea un reto importante en el diseño de políticas públicas, particularmente por su condición dinámica, que no puede ser entendida sobre los marcos sociodemográficos tradicionales, los cuales dificultan la operatividad y coordinación intersectorial.
Además de los enfoques planteados, se propone la articulación de políticas públicas que incorpore una aproximación multidimensional de desarrollo. Las oportunidades, bienestar y agencia[76] de los jóvenes podrán ser efectivos en la medida que sean considerados explícitamente en la formulación de políticas de bienestar y calidad de vida de la juventud. A manera programática, la inclusión social de la juventud debe procurar superar las políticas que implementan mayoritariamente acciones en los ejes básicos de educación y empleo, incorporando otras dimensiones que son vitales para su inclusión como son las dimensiones asociadas a la salud, la ciudadanía, la cultura, el deporte, la seguridad, el ocio, entre otras (Comisión Económica para América Latina, 2015). El concepto de desarrollo multidimensional supone la articulación institucional y sectorial de la oferta institucional de bienes (Mateo, 2019) y servicios con el fin de atender integralmente las necesidades de esta población.
Dentro de este enfoque multidimensional, un aspecto fundamental es llenar de contenido el propósito de las trayectorias de vida de los jóvenes. Los marcos de política pública contemporáneos reconocen que los jóvenes tienen un papel clave en el desarrollo productivo y transformacional de las sociedades (Hanushek, 2013). En este marco, la posibilidad de vincular más decididamente a los jóvenes en las estrategias de desarrollo del país pasa por la idea de vincularlos en los procesos de innovación y competencias que les permitan, a partir de su propia autonomía, cerrar brechas por medio de la construcción de proyectos de vida sostenibles. La acción de potenciar habilidades del siglo XXI (Mateo, 2019) se enmarca en este propósito.
En ese sentido, se considera vital que la formulación de políticas públicas de juventud tenga presente la inclusión de los jóvenes como actores transformacionales de desarrollo. Una manera de hacerlo es fortaleciendo la relación del Estado con las juventudes a partir de su inclusión como actor clave para el desarrollo presente y futuro de nuestras sociedades, esto puede interpretarse como la adopción de una postura de políticas públicas desde las juventudes y no para las juventudes. En un mundo que gira rápidamente, y requiere soluciones ágiles, flexibles y rápidas para dar solución a problemas cada vez más complejos, interconectados y de rápido cambio social, es importante empoderar a los jóvenes con mecanismos de participación, innovación y cambio social efectivos, en el marco del desarrollo sostenible.
De acuerdo con lo anterior, una política que cumpla con las características descritas anteriormente debería contribuir al desarrollo integral de los jóvenes concibiéndolos como agentes de cambio social, productivo y ambiental. En esa medida, es necesario trascender hacia una visión que busque el desarrollo integral de los jóvenes, lo cual implica comprender el desarrollo como un proceso continuo de los agentes que requiere: (i) reconocer que a todos los seres humanos los cambios le son propios desde la gestación y el nacimiento; (ii) que se mantienen a lo largo de la vida, hasta el envejecimiento, sin limitarse a alguna edad en particular; y (iii) que cualquier edad no puede entenderse totalmente aislada de las edades anteriores o siguientes. A partir de lo anterior, el desarrollo integral se concibe como un proceso multidimensional con expresiones diversas de adaptación frente a los cambios, que trasciende lo lineal y secuencial, y que se caracteriza por la generación de reorganizaciones, avances y retrocesos, frente a las cuales, el ser humano no parte de cero, ni llega a un punto final o específico que sea común a todas las personas (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 2018). Bajo la anterior definición, puede entonces organizarse la acción del Estado para el logro del desarrollo integral, esto a través de la atención integral. Esta puede concebirse como el conjunto de acciones intersectoriales, intencionadas, relacionales y efectivas encaminadas a asegurar que en cada uno de los entornos en los que transcurre la vida de los jóvenes, existan las condiciones humanas, sociales y materiales para garantizar la promoción y potenciación de su desarrollo, teniendo en cuenta las condiciones en el curso de vida tal como lo plantea la Política para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, Ley 1804 de 2016.
Las distintas transiciones en el curso de vida pueden caracterizarse entonces de la siguiente manera: (i) de la exploración a la conquista del mundo, es decir transición de la primera infancia a la infancia; (ii) de la conquista del mundo a la búsqueda de la identidad y el auto reconocimiento o lo que es lo mismo, transición de la infancia a la adolescencia; y (iii) de la búsqueda de la identidad y el auto reconocimiento al ejercicio de la autonomía y de la libertad, o la transición de la adolescencia a la juventud.
4. DIAGNÓSTICO
La población joven representa el 26,1 % de la población total del país, de esta, 49 % son mujeres y 51 % son hombres, y se encuentra concentrada en las zonas urbanas, ya que solo el 25 % habita en las zonas rurales, de acuerdo con el CNPV (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2019). Esta población afronta retos estructurales que limitan su desarrollo, ponen en riesgo el goce efectivo de sus derechos y requiere una evolución institucional para su atención: el 9,4 % se encuentra en pobreza monetaria extrema, 46,9 % en pobreza monetaria y el 18 % presenta pobreza multidimensional[77]. Estos desafíos durante su curso de vida limitan su vinculación como agentes de desarrollo político, económico, social, ambiental y cultural en el país. Las variables donde la juventud presenta más altas privaciones están asociadas a tres dimensiones críticas del desarrollo humano juvenil: empleo, educación y salud. En empleo, el 78,8 % de la juventud hace parte de hogares que tiene privación por empleo informal[78], siendo esta proporción del 92,1 % en la zona rural. En educación, 1 de cada 4 jóvenes presenta rezago escolar (38,6 %), privación que se eleva al 49,4 % de la juventud rural, y en salud, el 16 % de la población joven no cuenta con aseguramiento. A continuación, se presenta un diagnóstico de estas y otras dimensiones complementarias para el desarrollo integral de la juventud desde una perspectiva amplia de bienestar y calidad de vida.
En particular, esta sección realiza un diagnóstico sobre las tres principales barreras que enfrentan los jóvenes en los distintos niveles y entornos (descritos en la sección de marco conceptual) en los que se desenvuelven. La primera está relacionada con las inequidades en las oportunidades para el desarrollo de capacidad de agencia y construcción de proyectos de vida. La segunda está relacionada con las barreras para el pleno goce de derechos de la juventud; y una tercera con la frágil gobernanza institucional para el desarrollo integral y el ejercicio de la ciudadanía de la población juvenil.
4.1. Inequidades en las oportunidades para el desarrollo de capacidad de agencia y construcción de proyectos de vida
Los jóvenes enfrentan importantes inequidades en los tránsitos entre adolescencia y juventud y entre esta última y la adultez en los entornos donde se consolidan sus proyectos de vida: educativo, laboral y comunitario y de espacio público. Estas brechas se profundizan cuando se tienen en cuenta las diferencias territoriales y de género. Frente a esta problemática se observa escasa respuesta para brindar herramientas que consoliden su capacidad de agencia y de generar oportunidades de desarrollo en igualdad de condiciones. Si bien se ha avanzado en la implementación de estrategias que buscan garantizar las trayectorias educativas y laborales, así como generar oferta en el entorno comunitario de cultura y deportes, estas tienen un alcance limitado.
Una problemática particular en el tránsito de la adolescencia a la juventud, que sólo se puede abordar en lógica de atención integral y desde una atención intersectorial es la población que no estudia ni trabaja. Como lo muestra el Gráfico 1, el porcentaje de adolescentes y jóvenes que ni estudian ni trabajan va aumentando progresivamente desde los 12 años, llegando a un 10 % a los 16 años, con un fuerte aumento a los 17 años llegando a 19 %, para alcanzar un 29 % a los 18 años; casi 1 de cada 3 jóvenes de 18 años ni estudia ni trabaja, de tal forma que el 20,8 % de los jóvenes entre 14 y 28 años son ninis. En la ruralidad la situación es más crítica: los ninis llegan a 16 % a los 16 años, 26 % a los 17 años, y 37 % a los 18 años. En la transición de la adolescencia a la juventud este proceso afecta la conformación de trayectorias de vida significativas.
Gráfico 1. Porcentaje de la población que no trabaja y no estudia por edad, 2019
Fuente: DANE con base en ECV (2019).
Aunque el porcentaje de jóvenes ninis es alto en todo el país, esto se profundiza territorialmente según lo muestra el Mapa 1 que corresponde a las zonas que exhiben los mayores porcentajes de ninis. Por departamentos, en Guainía, Vaupés y Vichada más del 40 % de los jóvenes son ninis, en tanto que Bogotá y San Andrés Providencia tienen los menores porcentajes de jóvenes ninis.
Mapa 1. Jóvenes ninis de 14 a 28 años
Fuente: cálculos DNP con datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE (2019).
Con la información disponible, los jóvenes ninis en la ruralidad cuentan con un panorama aún más preocupante[79]. Si bien en departamentos como Cundinamarca, Boyacá y Nariño los porcentajes son más bajos, con 20 % para cada uno, existen otros con altos porcentajes: Guainía (63 %); Vaupés (52,3 %), Vichada (47 %) y Amazonas (46 %).
Los ninis son en su mayoría mujeres que se dedican al hogar y viven en condiciones de mayor pobreza que el resto de los no ninis. La mayoría de los ninis son mujeres (67,8 %), tienen 10 años de escolaridad promedio, y cerca del 45 % están casados o en unión libre. Un 75 % de los jóvenes que ni trabajan ni estudian ya son padres y madres que tienen entre 1 y 2 hijos, y que han desertado del sistema educativo para dedicarse principalmente al cuidado de menores (35 %) y a los oficios del hogar (62 %). Esta situación está asociada al contexto socioeconómicos de los hogares de estos jóvenes, en los que se observa que el 59,4 % de los ninis son pobres (ICBF, 2021). Sin lugar a duda esta problemática que preocupa porque la desocupación juvenil agudiza la transmisión intergeneracional de la pobreza y la desigualdad, y en contextos donde hay presencia de crimen organizado se vincula con la delincuencia y la violencia.
4.1.1. Trayectorias educativas incompletas para la juventud en zonas urbanas y rurales del país
Las trayectorias educativas completas hacen referencia al recorrido que realiza cada estudiante dentro del sistema educativo desde educación inicial y preescolar hasta educación posmedia de manera continua. La consolidación de trayectorias educativas es considerada como uno de los hitos más relevantes para la construcción de los proyectos de vida de los jóvenes. La literatura ha explorado de manera amplia los efectos que tiene la educación sobre la acumulación de ingresos a lo largo de la vida de los individuos y sobre la movilidad social (Patrinos, 2016).
En Colombia persisten limitaciones para el logro de trayectorias educativas completas de la población joven. Estas limitaciones están explicadas, principalmente, por el analfabetismo, y en la educación media por la baja cobertura, la deserción estudiantil, el bajo interés de los estudiantes en sus procesos educativos, y el limitado desarrollo de las competencias académicas y socioemocionales. En cuanto a la educación posmedia, las limitaciones están centradas en las brechas de acceso y permanencia, así como el poco conocimiento y aprovechamiento de las estrategias de orientación socioocupacional por parte de los jóvenes, y la falta de pertinencia de los programas ofrecidos.
En relación con el analfabetismo, aún se identifica una proporción de la población joven como analfabeta[80]. Pese a los esfuerzos históricos realizados por el sector educativo para erradicarlo, según los datos de la GEIH de 2019, el 1,3 % de los jóvenes entre 15 y 28 años son analfabetas. Esta es una problemática que se acentúa en las zonas rurales del país, en donde la tasa de analfabetismo es del 2,8 %.
Sobre educación media, las tasas de cobertura de la población joven del país son bajas. De acuerdo con los datos del Sistema de Matriculas Estudiantil (SIMAT) y las proyecciones de población del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para 2019 la cobertura neta en educación media fue menor al 50 %, es decir, más de la mitad de los jóvenes que de acuerdo con su edad deberían estar matriculados en educación media no estaban asistiendo a los establecimientos educativos. En algunos departamentos como Chocó, La Guajira, Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada esta tasa no supera el 30 %. A las bajas coberturas se le suman los problemas de deserción en educación media: para el mismo período la tasa intranual fue de 2,5 %. Adicionalmente, los datos del Ministerio de Educación Nacional muestran que de cada 100 estudiantes que ingresan a 1o de primaria, solo 44 logran graduarse de grado 11o (Ministerio de Educación Nacional, 2019).
En la educación media, una de las principales problemáticas a afrontar en cuanto a la inasistencia escolar es el poco gusto o interés por el estudio por parte de los jóvenes. Los datos de la ECV 2019 muestran que el 32,1 % de los jóvenes entre los 14 y los 16 años manifiestan que esta es una de las razones principales para no asistir a un establecimiento educativo. Esta problemática adquiere mayor relevancia en las zonas rurales del país, en donde la cifra alcanza el 40,2 % (ver Gráfico 2), lo que refleja la necesidad de contar con una educación media con mayor pertinencia que responda adecuadamente a la realidad y los proyectos de vida de las juventudes rurales.
Gráfico 2. Porcentaje de jóvenes que afirma no asistir a un establecimiento educativo porque no le gusta o no le interesa el estudio por zona
Fuente: DANE con base en ECV (2019)
En lo que respecta a las competencias académicas y calidad de la educación, los jóvenes no cuentan con un nivel de desempeño adecuado y se encuentran rezagados frente a sus pares a nivel internacional. Los resultados de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de 2018[81] muestran que, si bien el país ha mejorado en términos de desempeño respecto a su primera aplicación de la prueba en 2006, los puntajes fueron en promedio menores con respecto a los obtenidos en 2015, principalmente en las áreas de lectura y ciencias (ICFES, 2020). En general, Colombia presenta un atraso de dos años de educación respecto al promedio de países de la OCDE (Bos, Adriana, & Zoldo, 2019). Por sexo, se encuentra que las mujeres tienden a tener resultados menores con respecto a los hombres en las áreas de ciencias y matemáticas. Si bien desde el año 2018, el Ministerio de Educación Nacional ha desarrollado iniciativas para el fortalecimiento de competencias básicas y socioemocionales como el Fondo para la Educación Media (FEM), se requieren acciones complementarias que impulsen este proceso de fortalecimiento; principalmente en grupos poblacionales que presenten un alto nivel de vulnerabilidad.
Para el caso de educación superior, se identifican brechas en el acceso a este nivel educativo que se profundizan por zona geográfica. En los últimos años se han venido implementando mecanismos de incentivos a la demanda para flexibilizar el acceso a educación superior y así aportar a la continuidad de estas trayectorias. Sin embargo, persisten brechas de acceso por nivel socioeconómico y entre zonas urbana y rural; esta última asociada a la falta de oferta suficiente de educación superior en la ruralidad. Según la ECV 2019, del total de jóvenes entre los 17 y los 21 años que residen en zonas urbanas del país, el 28,88 % asocia la inasistencia escolar con la falta de dinero y los costos elevados, mientras que el 24,39 % afirman que no asisten a un centro educativo por la necesidad de trabajar. En el caso de las zonas rurales, dichos porcentajes alcanzan el 22,89 % y el 18,15 % respectivamente.
Asimismo, la permanencia en educación superior tiene un comportamiento diferencial de acuerdo con el nivel socioeconómico del estudiante. Según datos del Sistema para la Prevención de la Deserción en Educación Superior (SPADIES) en 2018, la población ubicada en los estratos 1 y 2 tiene una tasa de deserción 5,2 p.p. por encima de la del estrato 6 y 3,9 p.p. superior a la del estrato 5. Los niveles de formación técnico y tecnológico presentan tasas de deserción muy superiores frente al nivel universitario de 17,4 % frente a 10,8 %, respectivamente.
Otro de los motivos principales para la deserción en educación superior es la falta de orientación socioocupacional (Ministerio de Educación Nacional, 2015). De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, la orientación socioocupacional es una de las herramientas clave para dar continuidad al proyecto educativo de los jóvenes y disminuir el riesgo de deserción. Por esto, para favorecer sus trayectorias educativas, el Ministerio de Educación Nacional ha implementado iniciativas como la Estrategia Nacional de Orientación Socioocupacional Proyecta-T (2018 -2022), cuyo objetivo principal ha sido acompañar a los jóvenes en su proceso de transición a la educación posmedia o al mercado laboral. Sin embargo, aún persisten bajas tasas de tránsito a la educación superior. Tal es el caso de los jóvenes que residen en las zonas rurales del país, en donde la tasa de tránsito a educación superior durante los últimos años se ha mantenido por debajo del 25 %. Por otra parte, la tasa de deserción en la educación superior no ha tenido disminuciones significativas: para 2015 la tasa de deserción se ubicó en 9,0 % y para el 2018 fue del 8,8%, lo que representa una reducción de solo 0,2 pp.
En cuanto a las habilidades para la vida, se observa un limitado desarrollo de competencias socioemocionales en jóvenes. Estas competencias contribuyen a lograr la permanencia en el sistema educativo y la reducción de conductas de riesgo[82] y son necesarias para afrontar exigencias de la vida cotidiana, manejo efectivo de situaciones adversas y cambios comportamentales propios del curso de vida de juventud. El estudio Next Generation Colombia ( British Council Colombia, Universidad de los Andes y Universidad del Rosario, 2018) señala que los jóvenes colombianos carecen de competencias esenciales como lo son la resiliencia, la puntualidad, el autocontrol, el compromiso, habilidades de comunicación, persistencia y tolerancia al fracaso. Particularmente, el estudio establece que solamente el 32,5 % de los jóvenes de zonas rurales y el 42,3 % de los jóvenes de las zonas urbanas reporta una resiliencia alta o muy alta. Adicionalmente, la llegada de la pandemia por el COVID-19 evidenció las falencias asociadas a competencias socioemocionales. Un ejemplo son los cambios en la vida social que debieron enfrentar los estudiantes debido a la adaptación acelerada a los entornos educativos virtuales (Parra, Botero, Castaño, & Sierra, 2020). Además de lo anterior, debido a la limitada implementación de lineamientos técnicos para la formación y promoción de competencias socioemocionales, existe una baja articulación entre las diferentes estrategias provistas por los sectores de educación, salud, trabajo, emprendimiento e inclusión social[83], para potencializar las competencias socioemocionales en los diferentes entornos en los que se desenvuelven los jóvenes.
En cuanto al desarrollo de competencias y habilidades digitales para los requerimientos que demanda la cuarta revolución industrial, Colombia no ha avanzado en el fortalecimiento de estas competencias de cara a las necesidades del sector productivo. En el año 2020, el Estudio de brechas de capital humano en el sector TIC identificó que los cargos con tendencia de crecimiento en términos de demanda son la minería de datos, el Blockchain y los servicios en la nube, que requieren competencias cada vez más específicas (Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 2020). A nivel general, de acuerdo con el Ranking Mundial de Competitividad digital, en la dimensión de capital humano, Colombia ha perdido posiciones desde el año 2016, pasando del puesto 56 al puesto 59 en 2020 (Idm.org, 2020).
El desarrollo de estas competencias requiere del acceso a dotación tecnológica y conectividad a Internet. Aunque se han presentado avances en materia de conectividad en el país, es necesario continuar implementado estrategias de acceso a internet, especialmente en las zonas rurales para apoyar el cierre de la brecha educativa. De acuerdo con la ECV (2019) el 50 % de los hogares colombianos tiene acceso a internet fijo o móvil. No obstante, se presenta una brecha de conectividad en los hogares colombianos entre zonas rurales y cabeceras municipales. El 61,6 % de los hogares ubicados en las cabeceras municipales tiene acceso a este servicio, mientras que en centros poblados y rural disperso esta cifra alcanza solo el 20,7 %.
Existe una brecha de dotación tecnológica en las instituciones de educación superior públicas para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje. De acuerdo con el BID (2000), las herramientas digitales son esenciales para la educación superior y tienen el potencial para facilitar, transformar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje (RedUnete, 2020). A nivel mundial, la pandemia del COVID-19 evidenció la importancia de acelerar la integración tecnológica en la enseñanza universitaria especialmente para el desarrollo de espacios-temporales flexibles (RedUnete, 2020). No obstante, el 27 % de los docentes en Colombia considera la falta de financiamiento y acceso a nuevas tecnologías como los principales retos para esta integración (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020).
4.1.2. Escasas oportunidades de inserción productiva para los jóvenes en Colombia
El problema de la población joven en el mercado laboral colombiano se asocia a barreras de acceso a oportunidades de trabajo decente[84]. Lo anterior se refleja en altas tasas de desempleo juvenil, alta informalidad laboral y baja calidad en el empleo. Estas dificultades se amplifican en poblaciones particulares como las mujeres jóvenes, los jóvenes en áreas rurales y aquellos que únicamente completaron educación secundaria o menos. En particular, dentro de los jóvenes ocupados se identifica una alta insatisfacción laboral principalmente como consecuencia del desbalance entre las necesidades de capital humano por parte de las firmas y la educación recibida por los jóvenes, y la falta de una adecuada formación para el trabajo.
La inclusión productiva de los jóvenes rurales se ve afectada no solamente por deficiencias en el acceso a oportunidades laborales y de emprendimiento sino por brechas de género. Esto implica que las mujeres rurales tengan una carga mayor de labores no reconocidas que les impiden generar ingresos. Según datos de la GEIH 2019, el 58 % de la población joven rural se dedica a actividades agrícolas, mientras que el 42 % lo hace en actividades que no son de carácter agropecuario como el turismo o la minería. Sin embargo, mientras el 8 % de hombres jóvenes en el campo ni estudian ni trabajan, la proporción es cinco veces mayor para las mujeres, es decir del 42 % (RIMISP, 2017).
Escasas oportunidades laborales
La población joven del país enfrenta un bajo acceso a oportunidades laborales. Entre las principales causas se encuentran los bajos niveles y la falta de pertinencia de la formación, falta de coordinación institucional, lento avance de la formación dual, discriminación y carencia de experiencia laboral. Esto se evidencia en un alto nivel de desempleo juvenil que se ha mantenido en tasas por encima del 15 % en los últimos 10 años, alcanzando niveles cercanos al 25 % durante la crisis generada por el COVID-19 (ver Gráfico 3).
Gráfico 3. Indicadores de empleo de los jóvenes en Colombia 2010 - 2021
Fuente: DANE con base en GEIH (2021).
Notas: datos del periodo enero-marzo de 2021.
Específicamente sobre la tasa de desempleo juvenil, esta se ha mantenido en niveles superiores a la tasa de desempleo nacional. En el primer semestre de 2021 la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 15,8 % en promedio, mientras que la tasa de desempleo juvenil se situó en 23,9 % para el mismo período, cerca de ocho p.p. por encima del total nacional (Gráfico 4).
Gráfico 4. Tasa de desempleo total nacional versus tasa de desempleo de los jóvenes en Colombia 2015-202, trimestral
Fuente: DANE con base en GEIH (2021).
Notas: datos del periodo enero-marzo 2021.
El bajo desempeño del mercado laboral juvenil se refuerza por una tendencia al abandono temprano del sistema educativo para acceder a dicho mercado. Idealmente, la población juvenil debería ingresar al mercado de trabajo a una edad más tardía. Sin embargo, como lo señala el DANE, a través de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (2019), desde los 15 años se inicia un proceso de deserción educativa e ingreso temprano al mercado de trabajo. Esto se asocia con la edad mínima de admisión al trabajo protegido en el país. Al cumplir los 15 años el 14 % de los adolescentes ha abandonado la escuela, mientras el 2 % ya trabajaba. Dicha tendencia tiende a empeorar cuando los jóvenes alcanzan los 16 y 17 años de edad.
La población entre 15 y 17 años requiere especial atención para garantizar su acceso a trabajo protegido y priorizar su desarrollo integral. En el año 2019, de acuerdo con la GEIH (2019), 675.000 adolescentes entre los 15 y 17 años trabajaban. De ese total, 302.000 realizaban oficios del hogar por 15 o más horas a la semana, fundamentalmente mujeres, y 373.000 trabajaban fuera de los hogares, principalmente hombres. Los 675.000 adolescentes que trabajan representan el 27 % del total de adolescentes entre los 15 y 17 años del país, y el 65 % de la población en condición de trabajo infantil[85]. Esto se asocia con dificultades en el modelo de protección a los adolescentes trabajadores el cual regula el trabajo protegido[86]. Este modelo no se une a la gestión para el desarrollo integral de los adolescentes y a rutas para la gestión del empleo y al acceso a la educación superior (Reina S., 2014).
Mas crítica aún resulta ser la situación de las mujeres jóvenes en Colombia en términos de empleo. Mientras que la tasa de ocupación de los hombres jóvenes en el país cayó durante el primer trimestre de 2021 a niveles de 51,6 %, la tasa de ocupación de las mujeres jóvenes descendió hasta el 32,4 % en el mismo período. Es decir que, durante este período de referencia, solo 32 de cada 100 mujeres jóvenes estaban ocupadas en el mercado laboral colombiano (ver Gráfico 5).
Gráfico 5. Tasa de ocupación juvenil por sexo (porcentaje) 2010-2021(a)
Fuente: DANE con base en GEIH (2021).
En cuanto al desempleo, durante el trimestre enero-marzo de 2021 para las mujeres la tasa de desempleo juvenil específicamente es 31,3 %, y para los hombres es 18,5%, representando una brecha de 12,9 p.p. (Gráfico 6).
Gráfico 6. Tasa de desempleo juvenil por sexo - 2010-2021
Fuente: DANE con base en GEIH (2021).
Notas: datos del período enero-marzo 2021.
Adicional a los problemas del mercado laboral femenino a nivel nacional, las mujeres en las áreas rurales enfrentan condiciones de trabajo aún más desfavorables debido a la mala distribución de las labores de cuidado y tareas del hogar prominentes en el campo. En los hogares rurales las mujeres desarrollan la mayoría de roles de cuidado, dentro del hogar además de labores agrícolas cuando las circunstancias lo requieren (FAO y Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2021), entre septiembre y diciembre de 2020, la diferencia entre el tiempo dedicado por las mujeres que habitan en el campo frente al tiempo dedicado por los hombres rurales en actividades de trabajo no remunerado es positiva, lo que muestra que las mujeres que habitan en centros poblados y zonas rurales dispersas dedican más horas a estas actividades. Su dedicación de tiempo es en promedio 61 minutos más que los hombres a actividades relacionadas con el suministro de alimentos y 30 minutos más que los hombres a actividades de apoyo a personas del hogar. Este diferencial entre hombres y mujeres rurales implica que las mujeres no cuentan con la misma disponibilidad de tiempo para acceder a la oferta institucional, por lo que es necesario que esta se adapte a estas necesidades de las mujeres rurales.
Para la juventud rural se suman retos adicionales al acceso al empleo que son particulares en este contexto. Según la GEIH, si bien el desempleo juvenil rural es históricamente inferior al urbano, las tasas de inactividad[87] son superiores. En 2019 cerca del 47 % de los jóvenes rurales estaban inactivos, cifra que era de alrededor del 42 % entre los jóvenes urbanos. Estos valores se incrementaron en 2020 a 49 % de los jóvenes rurales y 46 % de los urbanos. Además, los jóvenes rurales muestran desventajas frente a los urbanos puesto que en la ruralidad las actividades agropecuarias y no agropecuarias tienen baja productividad e ingresos precarios, la oferta de trabajos en otros sectores de la economía no es suficiente, y aunque la juventud tiene mayores niveles educativos en comparación con las personas adultas rurales, los niveles continúan siendo bajos frente a sus pares urbanos (RIMISP, 2020).
Al analizar la composición de los desempleados jóvenes según su nivel educativo se encuentra que la mayoría de los desempleados jóvenes únicamente completaron educación media o secundaria. En efecto, en el 2020, del total de jóvenes desempleados, el 68 % contaba con los niveles de formación media y secundaria, incrementándose en 6 p.p. frente a lo registrado en 2019 (Gráfico 7); hecho que podría indicar que los jóvenes deben salir al mercado de trabajo y no pueden continuar sus estudios. Esta situación se repite en menor proporción (12,9 %) por quienes culminan la educación técnica o tecnológica. En contraste, la proporción es considerablemente menor entre los jóvenes que culminan los estudios de posgrado y pregrado, 0,4 % y 6,3 % respectivamente para el mismo período analizado.
Gráfico 7. Porcentaje de jóvenes desempleados según nivel educativo 2019-2020
Fuente: cálculos propios a partir de DANE - GEIH (2020)
Además de lo anterior, se evidencia que alrededor de la cuarta parte de la población joven del país que se encuentra empleada manifiesta estar insatisfecha con su ocupación actual. Es decir, se evidencia un desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo según el nivel educativo de acuerdo con la tasa de empleo inadecuado por competencias y por ingresos[88]. Este indicador se puede interpretar como una medida de la proporción de trabajadores que se siente insatisfechos en la posición ocupacional que tienen actualmente, dado su preparación y experiencia. La población joven entre 22 y 28 años presenta las tasas de empleo inadecuadas más altas tanto por competencias como por ingresos (Gráfico 8).
Gráfico 8. Tasas de empleo inadecuado por competencias y por ingreso por curso de vida en Colombia. I trimestre de 2021
Fuente: Cálculos DNP-DDS-SESS a partir de DANE - GEIH (2021).
El desbalance entre oferta y demanda laboral se debe parcialmente a los problemas de coordinación institucional, así como del desbalance entre necesidades de capital humano por parte del aparato productivo y la formación adquirida por los trabajadores (Olivera, 2020). La brecha entre oferta y demanda laboral por nivel educativo es más amplia para el nivel técnico, donde la demanda de vacantes es casi cinco veces mayor que la oferta. Ahora bien, la falta de pertinencia de la formación que reciben los jóvenes en especial aquellos de las zonas rurales genera este vacío de capital humano con formación adecuada a las necesidades del sector productivo.
Por otro lado, la falta de coordinación institucional se refleja en la falta de un lineamiento oficial que determine de forma comprehensiva los componentes, actores, alcances y límites de la formación del talento humano, profesional integral y la educación para el trabajo y desarrollo humano en Colombia. Esta falta de lineamiento genera una duplicidad de funciones en la política pública encaminada a la gestión del talento humano y la formación para el trabajo entre los ministerios del Trabajo y Educación, el DANE, el SENA y el DPS, incluyendo entre otras la gestión de información, el aseguramiento de la calidad, la rectoría y el diseño e implementación de políticas, (Departamento Nacional de Planeación, 2019), que derivan en un desbalance entre las necesidades de capital humano y la formación adquirida. De esta manera, por ejemplo, el DANE mide a través de la GEIH el descalce entre la oferta y demanda laboral a través del empleo inadecuado, mientras el SENA recolecta una base de datos más detallada a través de su servicio de empleo sin que haya una coordinación entre estas instituciones para compartir información o medir de manera comparable esta problemática.
También existe una debilidad institucional en cuanto a la gestión pública del empleo juvenil. A pesar de los esfuerzos del Servicio Público de Empleo en la inclusión de jóvenes en el mercado laboral colombiano, sólo un 28 % de los jóvenes desempleados logra ubicarse laboralmente a través de la gestión de esta entidad. Si bien el número de jóvenes empleados a través de la red de prestadores del Servicio Público de Empleo ha venido en aumento (Gráfico 9), es necesario incrementar los esfuerzos para ampliar la efectividad del servicio de inclusión laboral para disminuir el desempleo juvenil. Es de señalar que para el año 2019 cerca de 900.000 jóvenes desocupados en el país quedaron al margen de la intermediación laboral que realiza el Servicio Público de Empleo. Además, se debe avanzar en un servicio diferencial con enfoque de ciclo de vida, para responder a las demandas de acompañamiento de la juventud.
Gráfico 9. Jóvenes empleados a través del Servicio Público de Empleo como porcentaje del total de jóvenes desempleados en Colombia
En cuanto a la pertinencia de la formación para el trabajo hace falta una adopción más amplia de los modelos educativos de formación para el trabajo y formación dual.
En efecto, la formación dual, entendida como una modalidad de enseñanza y de aprendizaje que se realiza en dos lugares distintos: la institución educativa y el espacio productivo, como espacios complementarios mediante la implementación de actividades coordinadas permite a los jóvenes acceder a oportunidades laborales que requieren habilidades específicas. El principio fundamental de este modelo pedagógico corresponde a la relación educación- trabajo en la formación profesional, cimentado en los enfoques tecnológico y humanista. En Colombia la formación dual es liderada por el SENA desde el año 2014, y a 2019 ha atendido a 42 empresas, dos gremios y se han formado 4.482 aprendices, en su gran mayoría beneficiarios de grandes empresas de los sectores industrial y comercial. Sin embargo, el modelo presenta deficiencias de cobertura y su alcance regional es limitado. Solo hasta 2019 se realizó el primer proyecto regional de formación dual bilingüe en turismo para el sector hotelero del departamento del Meta, que contó con la participación de 11 empresas de la región[89]. En este sentido, la implementación de programas de formación dual en Colombia ha tenido un avance lento, lo cual se evidencia en la falta de una política intersectorial, la ausencia de estrategias para el relacionamiento con el sector empresarial, así como la carencia de estrategias de divulgación, sensibilización y promoción de la formación dual con el sector productivo (Ministerio del Trabajo, 2020).
Sumado a los retos en formación para el trabajo, los jóvenes participan en los mercados laborales en condiciones desfavorables por la carencia de experiencia laboral.
Esto constituye una de las principales barreras para su empleabilidad y crea un círculo vicioso de empleabilidad y desaliento (Organización Internacional del Trabajo, 2018). El Servicio Público de Empleo ha identificado tres tipos de barreras para la inserción laboral asociadas a la falta de experiencia: (i) barreras individuales, generadas por la ausencia de habilidades, destrezas y conocimientos o dificultades para cumplir requisitos en procesos de selección; (ii) barreras organizacionales asociadas a los requisitos exigidos por las empresas en la búsqueda de perfiles y a mitos o estereotipos construidos por los empleadores, y (iii) barreras del entorno, dadas por el conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, económicos y políticos, que afectan la inclusión laboral de los buscadores de empleo (Servicio Público de Empleo, 2020). En efecto, se observa que el 41 % de los jóvenes desempleados manifiestan como principal obstáculo para conseguir un empleo no tener suficiente experiencia laboral (Departamento Nacional de Planeación, 2019). Además, 9 de cada 10 vacantes registradas en el Servicio Público de Empleo exigen experiencia laboral previa y 5 de cada 10 exigen que esta sea por lo menos de un año (Ministerio del Trabajo, 2018) citado por (Servicio Público de Empleo, 2020). Estas barreras llevan a que las opciones laborales de los jóvenes y en especial de los jóvenes rurales que no continúan la formación se reduzcan a la prestación del servicio militar y se genere un riesgo de ingreso a grupos armados ilegales (Jaramillo Guerra, 2018).
Barreras para el emprendimiento juvenil
En el país hay una serie de barreras sistémicas al emprendimiento juvenil que hace que este tipo de iniciativas sean escasas y tengan muy poco éxito. En primer lugar, hay una brecha importante entre la intención de los jóvenes a la hora de emprender y llegar a culminar dicho emprendimiento con éxito. Segundo, hay una serie de obstáculos y requisitos de difícil cumplimiento que hacen que, a pesar de los programas diseñados para promover el emprendimiento entre los jóvenes, pocos puedan acceder efectivamente a uno de estos programas de apoyo, particularmente en el campo. Tercero, en general hay poco financiamiento para las iniciativas emprendedoras exacerbado en la población joven particularmente gracias a la falta de colateral y garantías para acceder al crédito. Cuarto, hay un alto grado de desconocimiento por parte de los jóvenes acerca de los programas de apoyo al emprendimiento, así como una falta de preparación de los mismos para formar empresa. Por último, existe una desarticulación por parte de los diferentes programas enfocados en apoyar iniciativas emprendedoras, generando una dispersión en los recursos y una debilidad en cuanto al alcance de los mismos.
En términos de emprendimiento se presenta una diferencia importante entre la intención de los jóvenes de emprender y la materialización de ese emprendimiento. De acuerdo con el reporte (Global Entrepreneurship Monitor, 2015), 41 de cada 100 jóvenes latinoamericanos entre 18 y 34 años perciben oportunidades para el inicio de su negocio, sin embargo, solo el 11 % de esta población pone en marcha la idea productiva. De esos jóvenes que inician un negocio, el 8 % resulta ser propietario y logra generar ingresos en un lapso de 3 a 42 meses. Después de este período solamente el 5 % de los jóvenes que se encuentran desarrollando su emprendimiento logra mantenerse en el mercado (Microsoft, OIJ, INCAE, CLACDS, 2016). De acuerdo con el reporte de Global Entrepreneurship Monitor, en Colombia el 42 % de la población emprendedora tiene entre 18 y 34 años; en este grupo el 18,5 % corresponde a emprendedores entre 18 y 24 años y el 22,1 % se ubican entre 25 y 34 años (Global Entrepreneurship Monitor, Colombia, 2019). En efecto, varios indicadores muestran la deficiencia del país en el área de emprendimiento y supervivencia empresarial: Colombia ocupa el puesto 40 entre 56 países en el Índice de condiciones sistemáticas para el emprendimiento (Banco Interamericano de Desarollo, 2016), únicamente 10 % de los emprendimientos que inician su etapa productiva logran ser exitosos, mientras que el 55 % de los nuevos emprendimientos sólo alcanzan el primer año de funcionamiento, el 41 % llega hasta el segundo año, el 31 % alcanza al tercer año y tan solo el 6 % de las nuevas empresas sobreviven más de 3 años y medio.
Los requisitos para el acceso a los programas de emprendimiento en las áreas rurales, así como el limitado acceso a los activos hace que en el país no existan condiciones favorables para crear emprendimientos en estas zonas. El acceso a las ayudas o recursos para el emprendimiento por parte de los jóvenes en la ruralidad se ven limitados por la exigencia de requisitos más restrictivos, cuya asignación se realiza por medio de concursos en donde se da poco peso a factores como el mérito y la motivación (ídem). Adicionalmente, es importante mencionar que para la juventud que habita en zonas rurales y opta por emprendimientos propios, como opción para la generación de ingresos, uno de los problemas centrales es el acceso a la tierra, lo cual esta asociado a problemas para el acceso a crédito, infraestructura y asistencia técnica (Procasur y FIDA, 2014). Según cifras de los programas, Campo Emprende ha beneficiado en su convocatoria de 2020 a 4.536 jóvenes rurales, lo cual representa un 43,2 % del total de los beneficiarios del año[90]. Por su parte, Apoyo a Alianzas Productivas en su convocatoria de 2020 (fase 1) benefició a 1.830 jóvenes rurales, representando el 20 % del total de pequeños productores beneficiados con el programa. Sin embargo, no toda la oferta del sector agropecuario tiene una caracterización de beneficiarios completa que permita establecer el porcentaje beneficiarios que corresponderían a población joven, especialmente en entidades como la Agencia de Desarrollo Rural y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.
Otra dificultad que presentan los jóvenes rurales es un bajo acceso a la propiedad rural. Estudios han mostrado que la tierra es el factor más importante de la producción agrícola, pues sin derechos de acceso a la tierra claramente definidos -tenencia de la tierra- es más difícil llevar a cabo la producción y se debilitan los incentivos a invertir a largo plazo en la tierra con el fin de aumentar su productividad (Munro-Faire, Groppo, Herrera, & Palmer, 2002). De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Tierras, del total de 92.488 personas incluidas en el Registro de Sujetos de Ordenamiento a mayo 31 de 2021, solamente el 9,3% (9.626) son jóvenes rurales, a quienes se han otorgado un total de 120 títulos equivalentes a 265,42 hectáreas.
En efecto, uno de los principales obstáculos para la actividad empresarial en Colombia es la falta de apoyo financiero, problema que se acentúa en la población joven pues se carecen de fuentes específicas de financiación para los emprendimientos liderados por jóvenes. Lo anterior, aunado a que la banca tradicional resulta ser muy restrictiva para aquellas personas que no cuentan con la suficiente experiencia crediticia o con las garantías para respaldar el endeudamiento, como es el caso de la mayoría de los jóvenes. De acuerdo con un estudio sobre la dinámica de la actividad empresarial en Colombia (Global Entrepreneurship Monitor, Colombia, 2019) los dos factores que más obstaculizan el desarrollo empresarial en el país son la falta de políticas gubernamentales para la actividad empresarial y la falta de apoyo financiero, obligando a los jóvenes a buscar inversionistas informales a altas tasas de endeudamiento, familiares, amigos o terceros (Gráfico 10).
Los jóvenes cuentan con pocas habilidades y falta de experiencia para la formación de empresa. Esto incide en la dificultad que tienen para la creación, desarrollo, sostenibilidad y consolidación de los emprendimientos y se refleja en el limitado crecimiento e innovación de sus iniciativas productivas. El 56 % de los colombianos manifiesta que las universidades no están formando emprendedores (Microsoft, OIJ, INCAE, CLACDS, 2016).
Gráfico 10. Factores que obstaculizan la actividad empresarial en Colombia 2019
Fuente: GEM (2020).
Finalmente se presenta una desarticulación entre las iniciativas que buscan avanzar en la creación de emprendimientos ambientalmente sostenibles y la promoción para el acceso de los jóvenes a estas. En cuanto al uso sostenible de la biodiversidad, aunque en Colombia diferentes instituciones han impulsado la bioeconomía, como por ejemplo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desde la perspectiva de los negocios verdes y sostenibles, no hay suficiente articulación entre las entidades, generando iniciativas desintegradas y limitadas que no facilitan que el sector privado se mueva en esta senda (Departamento Nacional de Planeación, 2018) y que los jóvenes aprovechen de manera directa los servicios en esta materia. En este sentido, al revisar la clasificación de asociados entre los 18-30 años de edad actualmente se cuentan con 205 negocios verdes verificados, que se identifican como asociados por jóvenes de los cuales 163 se clasifican en la ruralidad por su relación con la categoría, sector subsector de negocio verde verificado.
Barreras para el aseguramiento de la población joven
Los jóvenes presentan la menor cobertura de afiliación al SGSSS. Las condiciones de inserción laboral de la población joven y las condiciones para el aseguramiento en salud pueden haber generado unas menores cobertura de aseguramiento en salud para este grupo poblacional. De acuerdo con el Gráfico 11, los grupos quinquenales de edad entre los 25 a los 29 y los 20 a los 24 son los que mayor porcentaje de población tienen sin afiliación al aseguramiento en salud del SGSSS, con el 12,2 y 10,8 % respectivamente. Esta situación se explica en gran medida por el mayor desempleo de la población joven. Así mismo, el hecho de ser joven (especialmente aquellos mayores de edad) no constituye una condición específica que permita la afiliación al régimen contributivo (como cotizante o beneficiarios) o al régimen subsidiado del SGSSS. La población joven sin capacidad de pago para acceder al régimen contributivo y que no cumple con las condiciones para acceder al régimen subsidiado no cuenta con mecanismos alternativos de afiliación en salud, que le permitan contar con aseguramiento en salud en su proceso de consolidación de trayectoria de inclusión productiva.
Gráfico 11. Porcentaje de población sin afiliación al SGSSS por grupos etarios
Fuente: Dirección de Desarrollo Social, DNP, a partir de ECV (2019)
Dentro de las causas asociadas a la no afiliación de población joven, algunos estudios regionales han encontrado las relacionadas al desconocimiento en la afiliación al aseguramiento en salud (Berrocal, Lavalle, Petro, Martínez, & Montalvo, 2019). También se ha encontrado como explicación la decisión de los jóvenes encuestados de no realizar los trámites para la materialización de la afiliación (Márquez & Carmona, 2018). Además, en estos estudios se presenta como una de las conclusiones la necesidad de realización de acciones de información, educación y comunicación dirigidas a la población joven en lo relacionado a accesibilidad a servicios de salud.
4.1.3. Baja participación juvenil en actividades deportivas, recreativas, artísticas y culturales
La participación y la inserción de los jóvenes en los entornos comunitarios y de espacio público se da a través de elementos vinculantes con la cultura y el deporte. Esta participación no se da sólo en espacios amplios de esparcimiento, sino como una oportunidad generadora de una construcción social de la identidad colectiva de grupos sociales en contextos particulares (Margulis, 1998). ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. En términos de la participación de los jóvenes en actividades deportivas y culturales, las diferentes encuestas[91] dan cuenta de una baja participación en estas, lo cual podría tener explicación en la escasa oferta e incentivos para un mayor acceso a nivel territorial.
En primer lugar, se evidencia una baja oferta institucional en programas de cultura y deportes. El Ministerio de Cultura fomenta la actividad cultural municipal mediante la publicación de convocatorias anuales del Programa Nacional de Estímulos, programa que busca beneficiar a artistas, creadores, investigadores y gestores culturales, mayores de 18 años[92], apoyando sus iniciativas mediante la entrega de incentivos en diferentes modalidades[93]. Sin embargo, este programa escasamente alcanza a atender el 13 % de los proyectos e iniciativas que se presentan a estas convocatorias en cada vigencia. Así mismo, los procesos de formación orientados a fortalecer la creación artística y cultural en áreas como la danza, la música y las artes escénicas, no cuentan con programas de niveles profesional, técnico y tecnológico que promuevan una mejor cualificación de los gestores culturales.
Segundo, a pesar de la oferta programática que el Ministerio del Deporte ha liderado para fomentar la práctica de la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre, la recreación y el deporte[94], la baja participación en este tipo de actividades depende de factores físicos, sociales y familiares y de decisiones de los jóvenes. La práctica de actividad física en los jóvenes no depende únicamente de la oferta de actividades, sino que está relacionada con factores físicos, sociales y familiares de su propio entorno como los modelos de comportamientos familiares, sociales, sus intereses y gustos. Se evidencia que los jóvenes y adolescentes se enfrentan a problemáticas sociales como el consumo de sustancias psicoactivas, el suicidio, embarazo a temprana edad y, el mal uso del tiempo libre, como se evidencia más adelante en el numeral 4.2 de este documento.
De otra parte, el Ministerio del Deporte ha evidenciado, en desarrollo del programa Escuelas Deportivas, la necesidad de dar respuesta a las nuevas prácticas deportivas y deportes urbanos practicados por los jóvenes. En las mesas participativas del Pacto Colombia con las Juventudes, se ha visibilizado la expectativa juvenil de contar con espacios alternativos para la práctica, fomento y desarrollo de nuevas tendencias deportivas y deportes urbanos. De igual forma, se plantea la necesidad de impulsar las capacidades deportivas de las regiones del país, garantizando la selección de nuevos talentos deportivos; por esto, el Misterio del Deporte creó el Programa Talento Colombia[95], estrategia que permitirá conformar el relevo generacional de los deportistas del país.
La baja oferta institucional podría explicar, en parte, la baja participación de los jóvenes en este tipo de actividades. Lo anterior se refleja, por ejemplo, en la ECV 2019; de la población entre 14 y 17 años solo el 24 % asiste a cursos, prácticas o escuelas deportivas (fútbol, gimnasia, natación, tenis, atletismo, etc.), mientras que solamente el 12 % participa en cursos, talleres o grupos artísticos (música, teatro, danza, pintura, etc.); en ambos casos se encuentran brechas entre población pobre y no pobre en el acceso a dichas prácticas, con claras ventajas por parte de los no pobres (Tabla 1).
Tabla 1. Actividades realizadas por fuera de la jornada escolar (14 a 17 años)
| Actividades | No pobre (%) | Pobre (%) | Total (%) |
| Participa en cursos, talleres o grupos artísticos (música, teatro, danza, pintura, etc.) | 13,0 | 7,3 | 11,8 |
| Participa en cursos, talleres o grupos de ciencia y tecnología (computación, botánica, robótica, etc.) | 4,9 | 2,3 | 4,3 |
| Actividades | No pobre (%) | Pobre (%) | Total (%) |
| Asiste a cursos, prácticas o escuelas deportivas (futbol, gimnasia, natación, tenis, atletismo, etc.) | 26,1 | 17,0 | 24,2 |
| Participa en grupos de estudio | 16,4 | 13,9 | 15,9 |
| Sale al parque | 39,0 | 32,9 | 37,7 |
| Lee libros | 40,5 | 35,0 | 39,3 |
| Juega | 51,2 | 63,5 | 53,8 |
Fuente: cálculos DNP con datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE (2019)
De igual forma, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo de 2017 muestra que la actividad a la que más tiempo dedican los jóvenes entre 14 y 28 años en su tiempo libre es a asistir a bares, sitios de baile, fiestas o eventos de amigos o familiares, seguido por ir al cine, teatro, danza o música, actividades que ocupan un segundo lugar a la que más tiempo destinan. Otras actividades a las que se les dedica menos tiempo son: (i) leer libros, revistas o periódicos, (ii) practicar algún instrumento musical, o (iii) practicar algún deporte, bailar, hacer yoga (Gráfico 12). Así mismo, la Encuesta de Consumo Cultural de 2016 muestra que solamente el 7,7 % de la población nacional asistió a cursos o talleres en áreas artísticas y culturales, y el 8,6 % realizó alguna práctica cultural.
Gráfico 12. Porcentaje de participación en actividades que realiza fuera de la jornada escolar en jóvenes de 14 a 28 años
Fuente: DANE con base en la ENUT (2017).
Respecto de la participación en actividades deportivas de los jóvenes, la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) (2015) muestra una baja participación de esta población en actividades físicas; esta encuesta pregunta por la actividad física desarrollada a jóvenes adultos entre 18 y 28 años, en los últimos 7 días; sus resultados evidencian que solamente el 23 % de los jóvenes participan en actividades como caminar por lo menos 10 minutos continuos, por recreación, deporte, ejercicio o en su tiempo libre. Así mismo, se encuentra que solamente el 23 % realiza actividades físicas moderadas y el 25 % realiza actividades físicas vigorosas en su tiempo libre (Gráfico 13). Lo anterior se considera riesgoso por cuanto la falta de actividad física puede llegar a generar la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. Al respecto, la OMS recomienda que, en el caso de los adolescentes (13 a 17 años) desarrollen una actividad física de moderada a vigorosa durante 60 minutos diarios por 7 días a la semana; en mayores de 18 años se recomienda realizar actividad física moderada en tiempo libre por lo menos 150 minutos por 7 días o actividad física vigorosa al menos 75 minutos por 7 días.
Gráfico 13. Actividad física en jóvenes adultos entre 18 y 28 años
Fuente: ENSIN (2015)
Otra de las situaciones que puede afectar la participación de jóvenes, especialmente de las mujeres, en actividades deportivas, son las situaciones de violencias de género que enfrentan. Se han evidenciado situaciones de discriminación y violencia de género en la práctica del deporte, como por ejemplo las denuncias por acoso sexual y laboral, presentadas por varias de las jugadoras de la Selección Colombia Femenina Sub-17 en contra de su director técnico y de su preparador físico (Defensoría del Pueblo, 2019). Lo anterior llevó a que la FIFA, junto con la Conmebol, publicaran un comunicado en el que rechazan los actos de violencia contra la mujer en el fútbol femenino sucedidos en Colombia y se creara un Pacto por la Protección de los niños y las mujeres en el deporte colombiano (Gobierno de Colombia, 2019).
4.2. Juventud con limitaciones para el goce efectivo de sus derechos
En esta sección se abarcan 7 problemáticas que explican algunas limitaciones para el goce efectivo de los derechos a los jóvenes y se constituyen en barreras en la construcción de trayectorias de vida significativas. Un primer reto importante es la limitación al cumplimiento de los derechos en salud de la juventud que afectan no sólo su desarrollo, sino que están asociadas con la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles en la adultez y vejez. Se identifica también que la población joven presenta un déficit de acceso a vivienda de manera generalizada; y de manera particular, se identifican grupos poblacionales de jóvenes con mayores barreras para la realización de sus derechos: los jóvenes bajo medidas de protección en institución del ICBF y aquellos que hacen parte del SRPA, jóvenes en riesgo de reclutamiento forzoso, la población joven que desarrolla sus proyectos de vida en contextos de construcción de paz, la juventud LGTBI y aquella en condición de discapacidad y la juventud étnica.
4.2.1. Limitaciones para la realización de los derechos de la juventud
En este apartado se presenta un análisis de los modos y condiciones que inciden en la aparición de enfermedades crónicas no trasmisibles. Para este análisis se debe tener presente que el Estado debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los jóvenes, entre los que se encuentra el derecho a la salud. Esto implica garantizar el goce efectivo de este derecho a través de la promoción de condiciones que mejoren la salud y el bienestar de las poblaciones y limite su deterioro. Las cuatro principales causas que inciden en la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles que se explican a continuación son: (i) hábitos de vida poco saludables; (ii) la influencia de los entornos a través de experiencias desfavorables que limitan el desarrollo integral de los jóvenes; (iii) el insuficiente empoderamiento de derechos sexuales y derechos reproductivos; y (iv) las limitaciones para el acceso y atención en salud de los jóvenes.
Hábitos de vida poco saludables que inciden en la aparición de enfermedades crónicas no trasmisibles
En la juventud colombiana se han identificado hábitos de vida poco saludables que pueden repercutir en la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles en los cursos de vida de adultez y vejez. Estos hábitos están relacionados con la baja actividad física, el exceso de tiempo en pantalla[96], el inicio temprano de consumo de SPA y la alimentación poco saludable en la población adolescente y joven. Según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (2015), solo 13,4 % de la población entre 13 a 17 años y 22,5 % entre 18 a 64 años cumplen las recomendaciones de actividad física establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)[97]. Así mismo, se identificó que 76,6 % de las personas entre 13 y 17 años y 56,2 % entre 18 a 64 años tienen exceso de tiempo en pantalla (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). De otra parte, la edad promedio de inicio de consumo de alcohol es de 14 años, de tabaco es 13 años y sustancias ilícitas de 14 años, es decir un inicio muy cercano al inicio del curso de vida de juventud (Observatorio de Drogas de Colombia, 2019).
Con respecto a hábitos alimentarios, se registra un alto consumo de azúcares, grasas saturadas y sodio/sal en la población joven del país. La ENSIN 2015 encontró un alto consumo de alimentos con alto contenido de azúcares, grasas saturadas y sodio/sal, entre ellos, el consumo de paquetes[98] en la población joven, que corresponde a 82,7 % de la población entre 13 y 17 años, y 51,3 % entre 18 y 64 años. El consumo de estos alimentos y bebidas es mayor en las cabeceras municipales (82,9 % y 87,4 % respectivamente) con respecto a las áreas rurales (82 % y 79,8 % respectivamente) (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015).
Una posible causa del alto consumo de alimentos poco saludables podría relacionarse con modelos dietarios establecidos en los diferentes entornos de desarrollo que determinan preferencias alimentarias en los jóvenes. Por ejemplo, en el entorno escolar se evidencia que los estudiantes tienen libre acceso en la adquisición de productos comestibles ultra procesados[99] (Red Papaz, 2018). Con respecto al entorno hogar, se identificó que el gasto de los hogares está basado en un mayor nivel de calorías y menor calidad nutricional a un menor precio (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016)
Otra posible causa del alto consumo de estos alimentos se relaciona con un bajo interés en la información nutricional de los productos. En un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud, se identificó que son pocas las personas que buscan información nutricional (cantidades de sodio, azúcar, grasas saturadas, entre otros) en los productos empaquetados, y las personas que lo realizan son profesionales en nutrición, o personas con diagnósticos de enfermedades crónicas o sus familiares (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020, pág. 25). Otra posible razón corresponde a la manera en que se presenta la información nutricional (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020). Según un estudio realizado en población universitaria en Medellín, se encontró que para atraer la atención de este tipo de consumidores se debe diseñar información nutricional directa, precisa, y en una ubicación de baja densidad (Alzate, Castrillón, & Castillo, 2015).
El consumo de productos procesados está relacionado con la aparición de enfermedades crónicas. Los alimentos con altos contenidos de sodio están relacionados con un aumento del 30 % en la probabilidad de presentar hipertensión (Organización Panamericana de la Salud, 2017). El consumo de grasas trans puede generar un aumento del 23 % de riesgo de enfermedad cardiovascular (Cabezas Z, Hernández T, & Vargas Z, 2016), y el consumo de altos contenidos de azúcares se asocia con aumento de peso, obesidad y caries dental (Organización Mundial de la Salud, 2015). De ahí la importancia de disminuir el consumo excesivo de alimentos con contenido de grasas saturadas, trans, azúcares libres u otros, y el fomento de alimentación saludable en la población joven con el fin de reducir la probabilidad de enfermedades crónicas en cursos de vida posteriores. Esto se debe a que este tipo de enfermedades son de progresión lenta y adquirir hábitos alimenticios saludables desde edades tempranas permitiría reducir la probabilidad de incidencia de estas enfermedades en cursos de vida posteriores.
Entornos que fomentan experiencias desfavorables y limitan el desarrollo de los jóvenes
Los diferentes entornos de desarrollo pueden fomentar experiencias desfavorables y limitar el desarrollo mental y social de los jóvenes afectando sus trayectorias de vida. Entre las experiencias desfavorables se podrían resaltar aquellas asociadas a la violencia y discriminación. Con respecto a la primera, en el entorno hogar, 39 % de la violencia intrafamiliar y 44 % de la violencia de pareja se presentó en jóvenes entre 14 y 28 años, estas violencias fueron ejercidas en su mayoría por el padre, los hermanos, y el compañero o excompañero permanente. En el entorno comunitario y de espacio público, el 46 % de la violencia interpersonal en los jóvenes se relaciona con riñas en la vía pública, calle y viviendas (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forences, 2019). Con respecto a situaciones de discriminación, en el entorno educativo, 67,6 % de los adolescentes entre 12 y 17 años y 25,7 % de las personas entre 18 a 44 años se ha sentido discriminada o rechazada. Además, el sentimiento de rechazo en la población entre 18 y 44 años ha sido ejercido en un 25,6 % por la familia (entorno hogar), 45,5 % en el trabajo (entorno laboral) y 24,6 % en la calle (entorno comunitario y de espacio público) (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). Los fenómenos de violencia y discriminación son cíclicos, y la presencia de violencia y rechazo en diferentes entornos de desarrollo, especialmente el familiar, es determinante para el comportamiento del adolescente y joven en otros entornos (Departamento Nacional de Planeación, 2020).
Las relaciones más cercanas, los contextos comunitarios y la estructura social pueden normalizar conductas violentas y discriminatorias que generan efectos negativos en la salud y bienestar de los jóvenes. Las relaciones cercanas corresponden a los lazos cercanos que los jóvenes mantienen con la familia, pares, compañeros y pareja (Organización Mundial de la Salud, 2019); por ejemplo, en el entorno hogar, el 27,1 % de los jóvenes entre 12 a 17 años y 14,5 % entre 18 y 44 años presentan disfunción familiar moderada y severa[100]. La disfunción familiar refiere a que el núcleo familiar genera comportamientos y conductas inapropiadas asociadas, entre otras, a demostrar y expresar afecto, compartir tiempo, solución de conflictos y participación en decisiones familiares. Esta a su vez se encuentra relacionada con resultados negativos tales como consumo de sustancias psicoactivas, embarazos no planeados, enfermedades de trasmisión sexual y trastornos depresivos (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015).
En los contextos comunitarios se establecen relaciones y comportamientos en los entornos educativos, laborales y comunitarios y de espacio público que influyen en conductas violentas o rechazo hacia ciertos grupos poblacionales. Por ejemplo, en 2019, 46,4 % de violencia interpersonal se presentó en jóvenes en mayor medida en las cabeceras municipales, cuyo hecho principal fue riñas en la vía pública, calle y viviendas, cuando realizaba actividades de desplazamiento de un lugar a otro (47,6 %), las cuales son ejercidas en mayor parte por personas conocidas y miembros de las fuerzas armadas (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forences, 2019).
De manera trasversal, la estructura de la sociedad[101] contribuye a crear un clima que alienta a normalizar social y culturalmente la violencia y discriminación y genera barreras para conocer experiencias por fuera del entorno de desarrollo del joven. La normalización social de la violencia y discriminación se evidencia en la Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). Con respecto a roles de género, se identificó que los adolescentes justifican que el esposo golpee a su mujer si ella sale sin decirle, discute, se niega tener relaciones sexuales, tiene sospecha de infidelidad o si descuida sus hijos. Además, expresan que las mujeres deben tolerar la violencia para mantener una familia unida. Es de anotar que en las mesas técnicas desarrolladas con los jóvenes se evidenció la percepción de discriminación hacia grupos vulnerables tales como habitantes de calle, LGTBI, entre otros.
Por otro lado, los comportamientos y vínculos establecidos en los entornos de desarrollo generan interinfluencias que intervienen en las decisiones de vida, en el bienestar y en los desenlaces en salud de los jóvenes con tendencias a repetir situaciones desfavorables (Comisión Económica para América y el Caribe, 2000). Así, la influencia de las personas cercanas y su entorno, y el bajo conocimiento de otro tipo de situaciones y experiencias positivas influyen en las decisiones de trayectorias de vida; es de anotar que estas situaciones fueron confirmadas en las mesas de construcción del presente documento CONPES desarrolladas con los jóvenes. Estas decisiones a su vez pueden desenlazar efectos negativos en salud como exacerbar problemas o afectaciones de salud mental[102], el inicio temprano en el consumo de SPA[103], embarazo adolescente y hasta el suicidio, que ha venido en aumento entre los jóvenes en los últimos años, sobre todo en poblaciones vulnerables[104] (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020). Es relevante mencionar que, aunque se requiere un estudio sobre las causas y efectos del consumo de SPA, este se considera un posible factor de riesgo para la presencia de accidentabilidad vial, conductas de riesgo que afectan los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, conductas delictivas y en el aumento de la probabilidad de abuso y dependencia de este tipo de sustancias en población vulnerable.
Finalmente, frente al relacionamiento entre la ciudadanía, en particular de los jóvenes con las fuerzas militares, se evidencia una disminución de la opinión favorable a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En el marco del Estudio de Estabilidad Sociopoiítica y Bienestar en Colombia 2013 - 2018, se realizó un levantamiento de información realizado por la Unión Temporal Ivamer - Gallup, en la cual se encuestaron a jóvenes de 15 años en adelante, a los que se les preguntó frente a la confianza ciudadana por esta institución. Se encontró que las Fuerzas Militares se posicionaron como la primera institución en la que los entrevistados expresaban tener mayor confianza. No obstante, Gallup Poll de Ivamer (2020) encontró que para el 2020, se observó una caída porcentual considerable en la opinión favorable hacia las Fuerzas Militares, pasando de un 85 % a un 48 % y, por su parte, la imagen de la Policía Nacional decreció en 35 puntos porcentuales desde abril a junio del mismo año.
Insuficiente empoderamiento de derechos sexuales y reproductivos
La población adolescente y joven presenta un insuficiente empoderamiento de derechos sexuales y derechos reproductivos[105]. Esto fue evidenciado en la evaluación de la estrategia Servicios Amigables para Adolescentes y Jóvenes (Econometría, 2013), donde se identificó que los jóvenes solo ingresan a estos servicios posterior al inicio de relaciones sexuales. Otro resultado muestra que las personas participantes en esta estrategia presentan un bajo conocimiento en temáticas asociadas a salud sexual y reproductiva, sin embargo, son mayores comparados con los adolescentes y jóvenes que no ingresan a estos servicios. Sumado a lo anterior, se identificó que las mujeres jóvenes presentan dificultades y barreras en el acceso a métodos anticonceptivos especialmente métodos de larga duración, donde 19,3 % de las mujeres entre 15 y 19 años tienen necesidades insatisfechas en anticoncepción[106] (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015).
Existen causas estructurales asociadas al bajo empoderamiento de derechos sexuales y derechos reproductivos. Algunas de estas causas estarían asociadas a características socioeconómicas, en la medida en que las mayores tasas de fecundidad se presentan en departamentos con mayores indicadores de pobreza tales como Arauca, Chocó, La Guajira y la Región Amazónica (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014; Ministerio de Salud y Protección Social, 2020). Así mismo, el bajo nivel educativo es otro factor estructural. El Análisis de Situación de Salud (2020) encontró que las mujeres sin educación o con educación primaria tienen en promedio más de tres hijos comparado con las personas con educación secundaria o superior que tienen entre 1 y 2.
También existen razones asociadas al bajo desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores de los derechos sexuales y reproductivos en la población joven, que pueden generar relaciones sociales y sexuales irrespetuosas que afectan su propio bienestar y el de los demás[107]. Entre las razones se encuentran el bajo conocimiento y apropiación en derechos sexuales y reproductivos en los entornos hogar y educativo, donde más del 90 % de mujeres y hombres entre los 14 y 29 años reporta nunca haber participado en actividades de educación de la sexualidad en el año previo a la entrevista (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). Así mismo, en el entorno educativo se identificó que menos del 21 % de las instituciones educativas cumplen con su obligación de garantizar el derecho a la Educación Integral en la Sexualidad (UNFPA, 2020). Los estereotipos e imaginarios culturales promueven prácticas asociadas a la violencia de género; se ha identificado que los adolescentes aprueban que los hombres: (i) sean quienes decidan cuándo tener sexo; (ii) definan la necesidad de una mayor cantidad de relaciones sexuales, y (iii) tengan más de una pareja por parte de ellos (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018).
Ahora bien, existen múltiples efectos asociados al bajo empoderamiento de los derechos sexuales y reproductivos. El primero es el embarazo adolescente. La tasa de fecundidad se encuentra en 53,8 por cada 1.000 personas en la población entre 15 a 19 años y 2,2 por 1.000 entre 10 y 14 años (Ministerio de Salud y Proteción Social, 2020). También la presencia de embarazos subsiguientes: entre el 17 % y 20 % de las mujeres en el rango de edad 15 a 19 años han tenido un segundo embarazo en su adolescencia (Ministerio de Salud y Proteción Social, 2020). Otro efecto es la violencia de pareja que se presentó, en 2019, en el 48 % de los jóvenes (23.542); de estos el 89,9 % de las víctimas fueron mujeres (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forences, 2019). En línea con lo anterior y considerando los efectos negativos de la pandemia por COVID-19, existe la probabilidad de aumento en las necesidades insatisfechas en anticoncepción, con incremento de embarazos no deseados, abortos inseguros y muertes maternas asociadas (UNFPA, 2020).
Otro efecto se encuentra relacionado con la incidencia de enfermedades de trasmisión sexual. En 2019 el 25,3 % de los casos de VIH notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (Sivigila) se presentó en personas entre 15 y 24 años; es decir, aproximadamente 1 de cada 4 casos notificados se reportaron en adolescentes y adultos jóvenes en Colombia, especialmente en aquellos que pertenecen a poblaciones como habitantes de calle, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas privadas de la libertad, o en centros de responsabilidad penal, usuarios de drogas inyectables, adolescentes y jóvenes que pertenecen a grupos LGBTI y personas en situación de prostitución (Universidad CES, 2019).
Limitaciones para el cumplimiento de derechos y deberes en salud en los jóvenes
Se han identificado limitaciones en los servicios de salud para lograr la atención integral en salud y humanización de los servicios según las necesidades de los jóvenes. La atención integral en salud incluye la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación, como parte de los derechos en salud de las poblaciones desde un modelo de Atención Primaria en Salud (APS). La APS requiere una reorientación de los servicios de salud desde los derechos en salud que contemple las necesidades sociales, económicas, culturales, entre otros, que influyen en los desenlaces de salud de las poblaciones, incluidos los jóvenes (Instituto Suramericano de Gobierno en Salud, 2015). Así, la evaluación de servicios amigables para adolescentes y jóvenes (2013) identificó que la atención se encuentra centrada en la prestación de servicios, limitando abarcar factores psicosociales y socioeconómicos. Estos servicios de atención a jóvenes no estaban adaptados, ni evolucionan según sus necesidades. Adicionalmente la cobertura de estrategias como servicios amigables y centros de escucha no llega a todas las entidades territoriales. En las mesas realizadas con los jóvenes para la construcción de este documento de política (Anexo B), se refirieron a limitaciones de ingreso a servicios de salud debido a vulneración de la privacidad, comunicación y trato digno del personal de salud.
En las mesas desarrolladas con los jóvenes se identificó que si bien existen documentos de política que promueven el acceso a servicios de salud de la población en general, se requiere que estos servicios se adapten a las necesidades de las poblaciones de acuerdo con su curso vital. Es de recordar que desde la primera infancia y con énfasis en la adolescencia y juventud se debe promover estilos de vida saludable para la prevención de enfermedades en cursos de vida posteriores. Así mismo, este curso de vida es una etapa de transición en la cual se experimentan cambios, se promueve la independencia y se adquieren retos para la vida.
Por otro lado, se desconoce el porcentaje de jóvenes que acceden a servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad del SGSSS, y la adherencia a comportamientos saludables posterior a las intervenciones en salud. Si bien los actores del SGSSS realizan gestión de riesgo individual por medio de la protección específica de factores de riesgo y detección temprana de enfermedades en el joven (Resolución 3280 de 2018[108]), se desconoce el porcentaje de acceso de los jóvenes colombianos a estos servicios. Así mismo, aunque la RIA de promoción y mantenimiento de la salud y la RIA de atención materno - perinatal establecen procedimientos y consultas específicas para el curso de vida de juventud, actualmente no se cuenta con datos que permita reconocer la adherencia de los jóvenes posterior a las intervenciones en salud, entre otras cosas, en la adaptación de comportamientos saludables. El acceso a servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, y el fomento a la adherencia de hábitos saludables permitiría aportar al cumplimiento a mediano y largo plazo de los ODS asociado a la reducción de la mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, diabetes y cáncer, embarazo en adolescente, mortalidad por causas externas, tasa de violencias, incluida las de género, entre otros.
4.2.2. Déficit en acceso a vivienda
La política de vivienda del país requiere nuevos desarrollos para cerrar el déficit habitacional persistente, en particular, en la población joven. En años recientes, la política
habitacional del país se concentró en generar mecanismos para facilitar el acceso a una vivienda nueva en propiedad a través de la asignación de subsidios en dinero y del otorgamiento de coberturas a la tasa de interés. Este enfoque permitió avances importantes en la reducción del déficit habitacional urbano, lo cual se evidenció en la disminución de 9,13 p.p., entre los años 2009 y 2020, tras pasar del 22,19 % al 13,06 % de acuerdo con las estimaciones realizadas a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)[109]. No obstante, dichas estimaciones muestran que cerca de 1,6 millones de hogares urbanos aún viven en situación de déficit habitacional.
Los hogares urbanos con jefes jóvenes presentan un mayor déficit habitacional que aquellos donde el jefe es mayor de 28 años. Para aquellos cuyo jefe de hogar tiene 28 años o menos, se observa que el déficit habitacional asciende al 20,16 %; porcentaje que resulta alto al compararlo con el 12,16 % de aquellos cuyo jefe de hogar tiene más de 28 años (Tabla 2), demostrando que persiste un reto importante en materia de política habitacional para la juventud.
Tabla 2. Déficit habitacional urbano por edad del jefe de hogar
Fuente: DNP (2021) con base en GEIH 2020.
La vivienda no constituye un activo para la población joven. Así mismo, si bien en
Colombia el 35,7 % de los hogares urbanos habitan en una vivienda propia, este porcentaje desciende al 6,2 % en el caso de aquellos donde el jefe del hogar tiene 28 años o menos (Gráfico 14). Lo anterior puede estar asociado a una reciente inserción de los jóvenes al mercado laboral, su posible falta de historial crediticio y una menor capacidad de generación de ahorros, que impide su acceso al mercado hipotecario formal dificultando su acceso a una vivienda.
Gráfico 14. Tipo de tenencia por edad del jefe de hogar
Fuente: DNP (2021) con base en GEIH 2020.
4.2.3. Bajo goce efectivo de los derechos de los jóvenes bajo medidas de protección En el entorno institucional[110] se encuentran adolescentes y jóvenes que ingresaron a un espacio de protección debido a una vulneración de derechos que obligó a una autoridad administrativa a abrir un proceso de restablecimiento de derechos (PARD)[111]. Como lo señaló la línea A Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia del Pacto III del PND 2018 - 2022, la institucionalización de niñas, niños y adolescentes y en algunos casos la pérdida del derecho a tener una familia impacta negativamente la salud mental, así como la inclusión social y productiva en la juventud. Adicionalmente, parte importante de las niñas, niños y adolescentes que no son dados en adopción llegan a la mayoría de edad sin una familia, y con dificultades para consolidar sus proyectos de vida.
El 70 % de la población que tiene un PARD es adolescente o joven[112]. De esta población, el 14 % corresponde a quienes se hicieron mayores de edad en una institución de protección (Gráfico 15) y, en consecuencia, requiere de acciones particulares para su inclusión social al egresar de estos espacios.
Gráfico 15. Población en PARD activos a enero de 2021 por momento del ciclo de vida (%)
Fuente: ICBF (2021).
Los NNA en situación de adoptabilidad con mayor edad cuentan con menores opciones de ser adoptados y tener una familia, siendo más crítica esta situación, en la adolescencia (Gráfico 16). Por su parte, quienes tienen una situación de discapacidad o tienen hermanos[113], son adoptados con menor frecuencia y por tanto su situación es aún más difícil. En definitiva, se requiere de un marco de acción específico para responder a los mayores obstáculos que enfrentan los jóvenes institucionalizados para el goce efectivo de sus derechos.
Gráfico 16. Número de niñas, niños y adolescentes en situación de adoptabilidad
Fuente: ICBF (2021).
4.2.4. Riesgo de vinculación de adolescentes y jóvenes en conductas delictivas y limitadas oportunidades para su inclusión social y productiva Los factores que inciden en la vinculación al delito de los adolescentes y jóvenes son de carácter multidimensional y estructural. Se ha identificado que existen debilidades en los entornos protectores[114] de los jóvenes y adolescentes, lo que aumenta el riesgo de vinculación en el delito y el ingreso al SRPA. Así mismo, hay falencias en la inclusión social y productiva de quienes ingresan y egresan del Sistema, lo que obstaculiza la construcción de un proyecto de vida significativo y en el marco de la legalidad.
A pesar de los esfuerzos realizados en materia de atención, se ha identificado que la oferta de políticas públicas dirigidas a los NNA no es suficiente para garantizar la construcción de proyectos de vida significativos[115]. Esto genera que se vean obligados a acercarse al delito como un modelo de vida; esto se refleja en el número de adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA (Ministerio de Justicia y del Derecho, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y UNODC, 2020). En el país, los adolescentes y jóvenes entre 14 y 18 años que han cometido conductas punibles y que son aprehendidos en flagrancia o mediante orden judicial son vinculados al SRPA. Según las cifras reportadas por el ICBF, el número de ingresos promedio al SRPA entre el 2016 y 2020 ascendió a 16.125 adolescentes y jóvenes, siendo el 2020 la vigencia con menos ingresos. Esta reducción se explica, entre otras circunstancias, por las medidas adoptadas con ocasión a la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica por la COVID-19 (Gráfico 17).
Gráfico 17. Histórico de ingresos al SRPA desde 2007 hasta 2020
Fuente: ICBF (2021)
En relación con las sanciones, desde el 2007 a 2020 han sido sancionados en el SRPA 85.786 adolescentes y jóvenes, principalmente por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto o hurto calificado (Ministerio de Justicia y del derecho; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; Fiscalía General de la Nación; Policía Nacional; UNODC, 2020, págs. 22-23). En el Gráfico 18 se evidencia la distribución histórica de los principales delitos de ingreso, siendo importante precisar que los delitos más comunes varían por tipo de modalidad[116].
Gráfico 18. Distribución de los principales delitos de ingreso al SRPA desde 2007 hasta 2020
Una de las causas de la mayor vinculación de adolescentes y jóvenes al delito está relacionada con la desprotección e inestabilidad de los entornos sociales, familiares, digital y comunitarios y de espacio público en los que se desarrollan. De esta manera, estos entornos inciden en las posibilidades de ser víctima de uso[117] o instrumentalización[118] para la comisión de delitos por parte de grupos delictivos organizados (GAO).
Existen factores específicos que aumentan el riesgo de que los NNA infrinjan la ley y cometan delitos. Un informe de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos (2018) definió que las variables que facilitan la vinculación de los NNA en la comisión de delitos incluyen: (i) residencia en entornos en donde el delito o la pertenencia a los grupos delincuenciales organizados (GDO) es uno de los pocos o el único medio de ingresos económicos; (ii) situación de abandono; (iii) consumo de SPA o cercanía con el consumo de amigos o familiares; (iv) pertenencia a hogares monoparentales; (v) deserción escolar y otras dificultades en el entorno académico.
Se ha evidenciado que existe correlación entre el entorno social de los adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA y el conflicto armado. Esta relación puede evidenciarse en la Encuesta nacional de caracterización de la población vinculada al SRPA[119]. Los resultados de la encuesta arrojaron que 21,61 % de los adolescentes y jóvenes encuestados se identificó como víctima del conflicto armado, siendo el desplazamiento forzado (14,32 %) el principal hecho victimizante; mientras que el 20,63 % afirmó que alguno de sus familiares pertenecía a grupos armados (Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, 2019). En relación con la presencia de grupos violentos en el barrio o lugar donde se desarrolló su niñez, se concluyó que los vendedores de droga (72,87 %), pandillas (53,87 %) y bandas organizadas (51,12 %) representan los principales grupos de riesgo. Finalmente, sobre su experiencia personal, el 12,35 % de los adolescentes y jóvenes encuestados manifestaron haber pertenecido a bandas criminales y el 12,17 % a pandillas violentas (Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, 2019).
Existe una correlación entre la vulneración de derechos de un NNA ante la que se hace necesario aplicar medidas de protección[120] y la comisión de delitos. Esto se evidencia en los resultados de la Encuesta nacional de caracterización (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2019), donde se logró establecer que el 30,8 % de los adolescentes y jóvenes encuestados[121] recibieron atención por el ICBF de manera previa al ingreso del SRPA en modalidades de restablecimiento de derechos, dadas las problemáticas de consumo de SPA (11,2 %), hurto (2,8 %) y abandono o negligencia (2,6 %).
Otra causa asociada a la vinculación de los adolescentes y jóvenes al delito son las limitadas oportunidades en las dimensiones individual, educativa, cultural y artística, productiva, social y familiar de los adolescentes y jóvenes del SRPA, lo cual incide en su efectiva inclusión social. Según datos de la mencionada encuesta (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2019), en la dimensión educativa se pudo evidenciar que el 82 % de los encuestados no había logrado terminar la educación media y el 61 % no había culminado la educación básica. De otra parte, dentro del grupo de adolescentes y jóvenes que no se encuentran estudiando, se encontró que las principales razones para no estudiar corresponden al hecho de tener que trabajar (15 %), falta de cupos en las instituciones educativas (12,7 %) y falta de gusto o desinterés por los temas (11,1 %).
Las debilidades en el entorno familiar pueden incidir en el riesgo de comisión de delitos. Siguiendo los datos del ICBF (2019), el 11,9 % reportó tener hijos y dentro de esta población el 35,9% eran menores de edad y solo el 35,5% manifestó vivir con sus hijos. Finalmente, respecto de la dinámica familiar percibida el 68,6% describió tener una familia amorosa, el 15,6% indicó tener una familia conflictiva y el 3,1% manifestó que su entorno era de una familia maltratante (Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, 2019).
Algunas sanciones podrían agravar la situación de los adolescentes y jóvenes que hacen parte del SRPA. Las sanciones privativas de la libertad han adquirido un peso importante entre las impuestas en el SRPA, lo que afecta la finalidad pedagógica del proceso e incide en el desarrollo de los adolescentes y jóvenes. Se ha identificado que la infraestructura de los centros de atención especializada (CAE) se asemeja a la arquitectura carcelaria, lo cual afecta la protección y garantía de sus derechos (Ministerio de Justicia y del derecho; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; Fiscalía General de la Nación; Policía Nacional; UNODC, 2020, pág. 22). Durante el periodo 2007 a enero de 2020 las sanciones más aplicadas en el SRPA han sido: (i) libertad vigilada (25,8 %); (ii) reglas de conducta (22,5 %); y (iii) privación de la libertad (21,3 %). La privación de la libertad desde una corta edad genera que el individuo pierda su entorno natural, afianza la desvinculación familiar, el desarraigo social y aumenta las posibilidades de reiteración de conductas contrarias a la ley penal (Sarmiento, 2016). Además, según la Encuesta nacional de caracterización de la población vinculada al SRPA (2019) la población bajo medidas privativas presentó mayor prevalencia de intentos de daño auto infligido (22,03 %), respecto de quienes se encontraban en modalidades no privativas (14,6 %).
La principal consecuencia de las insuficientes oportunidades para los adolescentes y jóvenes que ingresan y egresan del SRPA es la reiteración de la conducta penal. Según cifras del ICBF, entre el 2015 y 2019 en promedio la reiteración alcanzó un 20 %, cifra que para el 2020 se redujo considerablemente teniendo en cuenta el reporte de los años anteriores (ICBF, 2021). Esto evidencia un reingreso constante de adolescentes y jóvenes que ya habían estado en el SRPA y se les había aplicado algún tipo de sanción.
4.2.5. Jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado
El aumento de los casos de reclutamiento en adolescentes y jóvenes en el país ha venido escalando. Para el año 2020 se registraron 100 casos nuevos de reclutamiento ilícito por parte de Grupos Armados Organizados para un total de 230 adolescentes reclutados durante la vigencia (ICBF,2021). En el primer semestre de 2021 el ICBF, acompañado de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Consejería Presidencial para la Juventud, rindieron un informe de denuncia sobre el aumento de casos de intimidación y reclutamiento ilícito que están siendo víctimas los adolescentes y jóvenes del país. El informe señala que el reclutamiento ilícito se ha concentrado en la población adolescente entre 12 y 17 años y jóvenes entre los 18 y 27 años. El 80 % de estas acciones criminales están siendo desarrolladas en zonas rurales, principalmente en los departamentos del Cauca, Caquetá, Putumayo, Antioquia, y Chocó. Asimismo, la Defensoría del Pueblo (2021) establece que para el año 2020 hubo un total de 45 alertas tempranas que advierten el reclutamiento ilícito en más de 238 municipios del país, concentrándose la problemática en los departamentos de Antioquia, Magdalena, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.
La ruta de prevención en protección, prevención urgente y prevención temprana del reclutamiento forzoso sólo atiende a la población joven hasta los 18 años. Una de las principales acciones que ha emprendido el Gobierno nacional ha sido el fortalecimiento de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA), quien, bajo los principios de la acción conjunta (o interinstitucionales), realiza intervenciones en búsqueda de la prevención y protección de este flagelo y para lo cual ha diseñado la Ruta de Prevención en Protección, Prevención Urgente y Prevención Temprana. Una de las dificultades que se encuentran en la operación de esta ruta de atención es que está especializada en los jóvenes victimas con edades de 17 años (2.585) y 16 años (1.914), estableciendo una periodicidad corta en relación con el ingreso y salida del programa. En este sentido, para los jóvenes adultos (18 y 27 años) no está definida una ruta de protección que les permita acceder a servicios y atenciones especializadas. Si bien bajo el marco de la CIPRUNNA hay una ruta de prevención establecida, el rango de edades mantiene un vacío sobre la acción, pues, la atención en prevención y protección sobre estos niños, niñas, adolescentes está a cargo del ICBF. Los jóvenes mayores de edad y víctimas de intimidación o reclutamiento ilícito se exponen a riesgos adicionales al ser ellos mismos los que deben realizar las denuncias o anteponer acciones jurídicas o derechos ante entidades como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Fiscalía General de la Nación, el Departamento de Protección, entre otras.
4.2.6. Brechas de inclusión de la juventud en el contexto de la implementación de los
Acuerdos de Paz
En materia de construcción de paz, los jóvenes excombatientes de las FARC tienen bajas tasas de alfabetización, así como una insuficiente vinculación a proyectos productivos. Según la caracterización del Registro Nacional de Reincorporación de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, el 14% de los jóvenes excombatientes no sabe leer y escribir y el 56,9 % (1.411 personas) no se encuentra vinculado a ningún proyecto productivo. Los jóvenes representan el 18 % de las personas en proceso de reincorporación. De esta población el 57,4 % son hombres, el 32,5 % mujeres y para el 10,9 % no se tiene información con respecto al sexo. Así mismo, el 43,8 % de esta población ya son padres o madres, lo que podría acentuar sus necesidades de generación de ingresos.
En relación con las agendas juveniles en el desarrollo de la Reforma Rural Integral, el ejercicio participativo de los PDET contó con 32.440 jóvenes en la fase de construcción de los PATR. Esto resultó en 5.451 iniciativas para los jóvenes (17 % del total de 32.808 iniciativas incluidas en los PATR). Si bien, el 27 % de estas cuentan con una ruta de implementación activa[122], es preciso que la institucionalidad acompañe la formulación y seguimiento a las políticas de juventud en los municipios PDET para articular sus agendas en la gestión territorial. Los PATR brindan un panorama frente a las principales demandas de los jóvenes de los territorios PDET, estas se refieren a educación, cultura, recreación, formación para el trabajo y desarrollo humano, así 2.869 iniciativas (53 %) propuestas por los jóvenes están relacionadas con educación rural y primera infancia (pilar 4); 879 propuestas son de reactivación económica (pilar 6) y 411 iniciativas están relacionadas con reconciliación, convivencia y paz (pilar 8), iniciativas que proponen el fortalecimiento de las competencias de participación ciudadana, liderazgo, empoderamiento e incidencia de los jóvenes rurales en las agendas públicas de reconciliación y construcción de paz territorial
Por último, el abuso o dependencia de sustancias ilícitas por parte de la población joven requiere un compromiso por parte de la institucionalidad. Según el estudio adelantado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, dentro de la población con abuso o dependencia por sustancias ilícitas representa el 67,7 % corresponde a jóvenes entre 14 y 28 años. Teniendo en cuenta que el punto 4 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera considera que la solución al problema de las drogas aborda el enfoque de salud pública en lugar del punitivo, la atención al consumo dependiente o problemático en jóvenes resulta fundamental, ya que son la principal población en esta problemática.
4.2.7. Discriminación hacia la juventud LGBTI
La juventud de los sectores sociales LGBTI en Colombia afronta situaciones de discriminación en los entornos hogar, educativo, laboral, de salud entre otros, que limitan el pleno goce de sus derechos. De acuerdo con el estudio de Diagnóstico sobre la situación de discriminación de la población LGBTI dichos escenarios de discriminación, que están asociados a imaginarios y roles de género, pueden ser distintos para personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. Señala también que las mujeres y hombres trans suelen ser los grupos con mayor vulnerabilidad frente a las prácticas de exclusión, que derivan en menores oportunidades de participar libremente en la sociedad (Departamento Nacional de Planeación, 2020a).
El entorno hogar puede convertirse en el primer contexto de discriminación hacia los jóvenes con OSIGD, limitando desde muy temprano el pleno ejercicio de sus derechos. La ENDS (2015) identificó que el 23,1 % de las mujeres y 19,1 % de los hombres han visto que personas homosexuales han sido excluidas y marginadas por parte de la familia. Al respecto resalta la Defensoría del Pueblo en el informe defensorial que la población con OSIGD se enfrenta a múltiples formas de violencia en el entorno familiar, principalmente violencia física y psicológica (Defensoría del Pueblo, 2019). Las prácticas discriminatorias en la familia pueden tener importantes impactos físicos, emocionales e incluso sobre el proyecto de vida de los jóvenes (Departamento Nacional de Planeación, 2020a).
Por otra parte, en el entorno educativo, el 33,5 % de los hombres y 30,7 % de las mujeres LGBTI han presenciado hechos discriminatorios a esta población por parte de profesores, compañeros en la escuela, colegio o universidad (Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2015). Así mismo, 23 % de los jóvenes LGBTI evitaron ir a clases por temor al bullying, lo que afectó su rendimiento académico y reportaron sentirse inseguros en sus escuelas debido a su orientación sexual (67 %) e inseguros sobre su expresión de género (55 %). La mayoría de los jóvenes (76 %) escuchó expresiones homofóbicas en los colegios durante el año escolar. Más de un tercio (36 %) de los estudiantes LGBT que participaron en la encuesta informó que evitó usar los baños del colegio; el 23 % evitó asistir a clases de educación física; y el 15 % evitaron estar en el colegio después de clases debido al miedo (Soon, Shahrzad, Florez-Donado, Kittle, & Lin, 2020)
En el entorno laboral, 32,5 % de hombres y 31 % de mujeres presenciaron hechos discriminatorios por parte de jefes y compañeros de trabajo. En particular en el contexto laboral se evidencian situaciones de discriminación que afectan a la población trans. Esto se refleja en la existencia de sesgos en los procesos de selección, el acoso laboral hacia personas con OSIGD y una alta concentración de esta población, especialmente de mujeres trans, en sectores con menor remuneración y alta informalidad (DNP, Diagnóstico discriminaciones contra la población LGBT, 2020). Por último, en el entorno comunitario y de espacio público se han presenciado hechos de discriminación hacia población OSIGD por parte de vecinos (hombres: 33,5 % y mujeres: 30,7 %) y la policía (hombres: 14,8 % y mujeres: 12,6 %) (Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2015).
Por último, una situación importante que se presenta es la falta de participación de las personas trans en los espacios de decisión política. Lo anterior debido a una exclusión estructural y sus condiciones de vida. Su baja incidencia política y escasa participación ciudadana limita el acceso a la garantía plena de sus derechos, afectando sus oportunidades de desarrollo y consolidación de trayectorias de vida significativas. Lo anterior afecta las oportunidades que tienen como seres humanos de desarrollarse adecuadamente y de aportar a la sociedad (Fonseca, 2019).
4.2.8. Débil institucionalidad para la atención diferencial de la juventud étnica
El 29 % de la población que se auto reconoce como perteneciente a alguna etnia tiene entre 14 y 28 años. Según el CNPV de 2018, en el país hay 1.905.617 personas que se auto reconocen como indígenas, distribuidos en 115 pueblos. El peso de la población joven en la población indígena denota su importancia en el marco de los sistemas socioculturales indígenas, dado su protagonismo en la trasmisión de conocimientos y la dinamización del curso de vida de estas poblaciones.
Las brechas en indicadores convencionales de calidad de vida se acentúan cuando se consideran grupos poblaciones específicos al interior de la categoría joven. Este es el caso de la población joven étnica, que tiende a obtener resultados de indicadores de calidad de vida notoriamente por debajo de los resultados promedio de la nación. Sólo el 11,8 % de los jóvenes indígenas alcanzan un título de educación superior, y el grado de informalidad laboral para este tipo de jóvenes alcanza tasas superiores al 91 % (DANE, 2019). En materia de condiciones de vida, el índice de pobreza multidimensional calculado a partir de datos del CNPV de 2018, indica que a nivel nacional el 62,1% de los jóvenes indígenas viven en hogares en pobreza multidimensional. A lo anterior, se suma el alto grado de vulnerabilidad ante las amenazas generadas por el conflicto armado y organizaciones criminales que hacen presencia en sus territorios, lo que se expresa en diferentes formas de victimización y acciones asociadas al reclutamiento forzado.
En materia de coordinación institucional, la poca oferta de indicadores específicos y actualizados dificulta identificar y hacer seguimiento a la situación y problemáticas de la población indígena joven del país. Se evidencia un reducido acceso de los jóvenes indígenas a la oferta institucional diseñada para jóvenes colombianos, lo que puede ser explicado por la ausencia de un enfoque étnico diferencial en las políticas e instrumentos orientados a esta población. Algunos temas de interés para los jóvenes indígenas que requieren un abordaje étnico con el fin de determinar su estado están relacionados con el trabajo infantil y adolescente, acceso a servicios de salud, uso de mínimos jurídicos con relación a las costumbres, identidad y reconocimiento social, entre otros. A esto hay que adicionar la falta de un acompañamiento diferenciado a las organizaciones de jóvenes indígenas existentes por parte del Estado y de sus propias organizaciones, en donde se demarquen instrumentos y herramientas ajustadas a sus propias realidades. Finalmente, la creciente desafección o distanciamiento respecto a sus culturas tradicionales ha llevado a la falta de interés o pérdida de los idiomas y dialectos nativos de los jóvenes indígenas, y en su lugar a adoptar estilos de vida distintos a los tradicionales, dejando por fuera la ejecución de roles propios de sus culturas.
La población joven que se auto reconoce como NARP evidencia brechas en indicadores educativos y laborales, en comparación con jóvenes sin auto reconocimiento étnico. 7,2 % de la población NARP es joven, esto corresponde a una cantidad de 826.821 jóvenes entre 14 y 28 años, según el CNPV 2018. De ese total, el 67,2 % vive en área urbana y el restante 32,8 % en el área rural. Del total de jóvenes NARP, únicamente el 19,3 % ha alcanzado un título de educación superior, ubicándose por debajo del 28,7 % de población joven sin auto reconocimiento étnico que obtiene el mismo tipo de titulación. Con relación a logro educativo, el índice de privación escolar[123] para el año 2018 alcanzó un nivel de 48,8 %, porcentaje por encima del nivel nacional (41 %). En materia laboral, los jóvenes NARP presentan mayores niveles de desempleo. Por ejemplo, 36,2 % de la población no étnica ha trabajado por lo menos una hora en la semana de referencia, mientras que ese porcentaje para los Palenqueros es apenas de 23,5 % y para los Negros, Mulatos, Afrodescendiente, Afrocolombianos es de 27,3 % (DANE, 2019).
Las condiciones de vida de la población joven NARP tienden a ser peores que los de otros grupos poblacionales, especialmente si se tiene una perspectiva multidimensional. De acuerdo con el índice de pobreza multidimensional, el 40,4 % de los jóvenes NARP se encuentra en pobreza multidimensional, en contraste con el 23,1 % de la población joven no étnica a nivel nacional (DANE, 2019).
4.2.9. Barreras para la igualdad de oportunidades para la juventud con discapacidad
Se requiere profundizar en acciones que permitan superar las limitaciones que persisten en la garantía y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, partiendo de los desarrollos normativos que constituyen la Ley Estatutaria 1618 de 2013[124] y el Documento CONPES 166 del mismo año. Según el CNPV 2018, en Colombia el 7,1 % de la población (3.134.137 personas) presentan dificultades para realizar actividades básicas diarias, de las cuales el 4,07 % (1.784.372 personas), reportan tener dificultades en los niveles de severidad 1 o 2 según la escala del Washington Group[126]. A su vez, de los 1.487.354 hogares que manifiestan tener al menos una persona con discapacidad, el 72 % se encuentran en estratos 1 y 2 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2020).
La población con discapacidad (PcD) presenta mayores obstáculos para la realización de sus derechos. El panorama general de la discapacidad en Colombia, de acuerdo con la publicación realizada en 2020 a partir de la información del CNPV y otras fuentes de información, revela aspectos como la inclusión laboral, educativa y cobertura de la seguridad social de las personas con discapacidad PcD, que merece especial atención. De acuerdo con esas fuentes, menos de la mitad de los hombres y mujeres con discapacidad reportaron estar trabajando, 46,3 % y 31,5 % respectivamente; el 17 % de la PcD manifiesta no saber leer y escribir y el 58 % tienen un nivel educativo de primaria o inferior; el 7,1 % de los hombres con discapacidad y 5,4 % de las mujeres no están afiliados a salud; y finalmente el 72,7 % de los hombres y el 77,1 % de las mujeres no cotizando pensión. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2020).
Los entornos donde se desenvuelve la juventud con discapacidad generan exclusión y restringen la consolidación de trayectorias de vida significativas. Así mismo, se destacan dentro de algunos de los resultados de la evaluación de la política pública de discapacidad, situaciones que generan barreras de acceso y exclusión para la población con discapacidad (PcD), en particular para los jóvenes. En educación se evidencian avances, el 58% de los niñas, niños y adolescentes con discapacidad asisten a una institución educativa y se presenta un incremento de 0,9 p.p. en la matrícula de PcD en instituciones educativas de básica y media, al pasar de 1,3 % en 2013 a 2,2 % en 2018. Sin embargo, aún se requieren esfuerzos para adecuar las instituciones educativas a los requerimientos y necesidades para su aprendizaje. De otra parte, se expresó la necesidad de adaptación de la infraestructura urbana y de transporte más accesible para mejorar la movilidad de las PcD, ya que el 30,4 % de las personas con discapacidad considera que el medio de transporte utilizado es inadecuado para sus necesidades (Econometría, 2021)
4.3. Frágil institucionalidad para el desarrollo integral y el ejercicio de la ciudadanía de la población juvenil
Los marcos normativos, institucionales y programáticos no logran operar eficientemente las políticas públicas de juventud para garantizar acciones sostenibles y con contenido transformacional para la población joven. A pesar de que los enfoques con los que se diseñan las políticas de juventud han evolucionado hacia la incorporación de marcos incluyentes, participativos y de corte transformacional, como por ejemplo el Estatuto de Ciudadanía Juvenil[127], en la que el joven es visto como agente de cambio a nivel individual y en su relación comunitaria y de sociedad, en la actualidad aún se evidencia que la institucionalidad y la oferta programática nacional y territorial se encuentran desarticuladas a la hora de propender por el desarrollo integral y el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil, pues no convergen en función a un objetivo de política claro y diferencial. Es recurrente ver situaciones en las cuales la oferta nacional no logra articularse y armonizarse con la oferta territorial, particularmente con aquellas acciones dirigidas a la población joven que son realizadas por gobernaciones y municipios en el marco de sus planes de desarrollo territorial.
Este es el caso, por ejemplo, de acciones nacionales en sectores como educación o empleo que no cuentan con acciones complementarias para la misma población en las iniciativas locales. A lo anterior se suma la misma heterogeneidad existente entre la población juvenil, particularmente en lo que se refiere a su dimensión etaria, poblacional y territorial que hace que la articulación entre la oferta institucional sea compleja. Al final, este contexto dificulta consolidar acciones trasformativas para la juventud y consolidar marcos de política que favorezcan la convergencia y alineación de las políticas.
La clasificación etaria con que se intenta formular acciones diferenciales para la población joven dificulta las competencias y responsabilidades de las distintas instituciones del Estado que formulan y ejecutan acciones dirigidas a esta población. Bajo el enfoque de curso de vida, la clasificación etaria de la población adolescente y joven implica implementar acciones integrales que, reconociendo su momento vital, las particularidades de su proceso de desarrollo, sus interacciones, entornos, situaciones y contextos, generen condiciones favorables para la construcción progresiva de una vida autónoma y significativa[128] en el orden personal y social.
Los asuntos de juventud han sido liderados por diferentes entidades, de acuerdo con sus alcances sectoriales y competencias. Las políticas de juventud han sido coordinadas por distintas entidades a lo largo de su historia. En un primer momento la coordinación estuvo a cargo de Coldeportes (1968), para luego pasar a la Consejería Presidencial para la Juventud, Mujer y la Familia (1990), al Viceministerio de Juventud del Ministerio de Educación (1994) y, más recientemente, a la Consejería Presidencial para la Juventud. Hoy esta coordinación se comparte también con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de la dirección de Adolescencia y Juventud. Esta coordinación se complementa a nivel operativo con los sectores y entidades del orden nacional y subnacional que diseñan e implementan acciones dirigidas a la población joven. Bajo este modelo de coordinación, la multiplicidad de actores ha privilegiado un enfoque sectorial a uno poblacional lo que dificulta no solo la cuantificación de acciones dirigidas a jóvenes, sino también la integración o articulación de la misma oferta al encontrarse políticas o acciones con contenidos programáticos similares, pero no necesariamente complementarios.
La oferta de iniciativas dirigidas a la población joven está desarticulada. Esta dispersión en la oferta institucional se evidencia en acciones, programas y proyectos que, pese a que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los jóvenes en términos de condiciones y acceso, muchas veces desconocen el curso de vida y la necesidad de impactar exclusivamente a la población joven. Esto se debe a la ausencia de una ruta integral de atenciones en temas centrales como la salud, educación y empleo, que dificulta la armonización de políticas y no contribuye al tránsito armónico que se requiere entre la adolescencia y la adultez.
Una de las consecuencias directas de la baja implementación del SNJ ha sido el débil avance hacia políticas coordinadas para la población juvenil. Esto, a su vez, ha retrasado la operación del Consejo Nacional de Política Pública de la Juventud (CNPPJ), lo que ha impedido el avance del trabajo colaborativo y coordinado en políticas de juventud. Sólo hasta el año 2018, mediante la Ley 1885, se consolidaron los términos para la elección de los Consejos, subsanando los vacíos estructurales del Estatuto de Ciudadanía Juvenil en el proceso electoral, e incluso permitiendo al CNPPJ sesionar sin sus miembros, con el fin de dar operatividad al Sistema. Es importante señalar acá que el CNPPJ fue finalmente instalado en el mes de octubre de 2020, con el avance en la priorización de 102 programas orientados a la empleabilidad y el emprendimiento juvenil. De igual modo, se ha avanzado en la conformación tanto de las plataformas locales, municipales y distritales, como en la Plataforma Nacional de Juventud. La dilación en el proceso y operación institucional descrita anteriormente ha obstaculizado la priorización de asuntos juveniles en la agenda pública y el cumplimiento de objetivos estipulados en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil.
4.3.1. Debilidad en los sistemas de información y seguimiento de la situación juvenil
La escasez de información sobre los jóvenes ha promovido la dispersión de la oferta institucional, así como una baja coordinación entre las acciones desarrolladas por el nivel nacional, el departamental y el municipal. Esa baja disponibilidad de información puede caracterizarse como: (i) la baja producción de información sobre el bienestar de los jóvenes colombianos; (ii) la ausencia de un sistema sólido de información que consolide la oferta institucional en materia de juventud y el avance en el cumplimiento del goce efectivo de los derechos en la juventud, y (iii) la falta de mecanismos coordinados de seguimiento y evaluación sobre las metas e indicadores incluidos en los programas y proyectos ejecutados. Esta situación no ha permitido avanzar en el seguimiento de las trayectorias de los jóvenes y en la consolidación de un panorama claro de atención que responda a las necesidades de cada sujeto de intervención.
La información oficial disponible sobre la situación de la población joven no es suficiente para hacer seguimiento adecuado al avance en la implementación de instrumentos de política dirigidos a los jóvenes. Tal es el caso de las 138 políticas territoriales de juventud expedidas con corte al 31 de diciembre de 2018 (Consejería Presidencial para la Juventud, 2020) sobre la mayoría de las cuales no se evidencian acciones de seguimiento ni balance de sus resultados. Los mecanismos de reporte de este tipo de políticas son insuficientes para conocer el estado actual de su avance o ejecución.
Los sistemas de información disponibles para analizar factores y situaciones de riesgo en la población joven se encuentran estructurados a partir de bases de datos que no tienen en cuenta la heterogeneidad de este grupo poblacional. La disponibilidad de información en muchos casos es limitada en todo el nivel subnacional por lo que se tiende a privilegiar ponderaciones o agregaciones nacionales y departamentales dejando por fuera particularidades de interés local que son de gran relevancia para la toma de decisiones en políticas de juventud. La imposibilidad de realizar análisis de subpoblación[130] dentro de la población joven es frecuente, ya que las encuestas disponibles sobre pobreza y condiciones de vida, así como de demografía y población, no cuentan en muchos de los casos con la representatividad necesaria para inferir aspectos relacionados con temas de mercado laboral y trayectorias educativas por edades simples. De la misma manera, no se cuenta con registros administrativos comparables (estandarizados) a partir de los cuales se construyan indicadores a nivel territorial y temático que permita medir condiciones de interés sobre el curso de vida de la población joven.
La disponibilidad de datos sobre la población joven tiene restricciones también de tipo metodológico y de captura de datos. En el primer caso, la información disponible se concentra principalmente en temáticas asociadas a la cobertura y acceso en educación, comportamiento laboral y condiciones de salud. Sin embargo, y considerando una perspectiva multidimensional, la información disponible es limitada en otros dominios de la calidad de vida de los jóvenes, como son los temas de diversidad y género, ambiente y hábitat, cultura, recreación y derechos humanos. Este es el caso de información como el CNPV que registra información sobre ciertos temas de interés de manera general para la población sin especificar preguntas específicas sobre dominios de calidad de vida para la población joven.
Con respecto a la recolección de información, la disponibilidad limitada de datos de corte transversal dificulta el seguimiento al enfoque de curso de vida. Entre este, el seguimiento a procesos de movilidad social y económica. De igual manera, existe un desarrollo limitado en el análisis de datos de tipo cuantitativo y cualitativo que permita entender mejor las situaciones de riesgo que afronta la población joven. En esta misma línea, la consolidación de información para la construcción de un índice de calidad de vida para la población joven enfrenta el impedimento de que las fuentes de información no tienen la misma temporalidad en la recolección de información[131].
Por otra parte, el seguimiento a las inversiones en materia de juventud ha sido muy bajo y disperso. Tres avances se han tenido en este frente, a saber: (i) el cálculo del gasto público nacional en niñez y juventud en 2012 adelantado por el ICBF; (ii) la metodología para medir el gasto público en niñez y juventud en las entidades territoriales desarrollado por la Mesa Técnica Nacional de Gasto Público en niñez; y (iii) la medición de gasto público social en adolescencia y juventud realizada por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y Colombia Joven para el periodo 2012 - 2016. A ese respecto, los principales resultados del análisis de la información de seguimiento mencionada evidenciaron que el gasto público total en adolescencia y juventud llegó a 11,4 billones de pesos en 2016 (gasto específico y ampliado), lo que equivale al 1,3 % del PIB correspondiente a ese año (UNFPA, 2018).
Adicionalmente, el gasto público en adolescencia y juventud ha sido limitado. Dentro de las principales dificultades para la consolidación del gasto público en adolescencia y juventud, y que deben ser tenidos en cuenta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el DNP, el DANE y el Sistema Nacional de Juventudes, el informe Gasto Público en Adolescencia y Juventud del Fondo de Población para las Naciones Unidas (UNFPA, 2018) resalta las siguientes: (i) el gasto público en adolescencia y juventud en Colombia es de los más rezagados en América Latina, en donde los recursos destinados son aproximadamente del 1 %; países como Perú, Chile, Ecuador y Brasil destinan alrededor del 2 % y 3 % del PIB, mientras que países como Argentina, Uruguay y Costa Rica superan el 4 %; (ii) la concentración de los recursos se realiza en obligaciones fundamentales del Estado, como es el caso de educación media y superior, afiliación al sistema de salud y atención a personas víctimas del conflicto; en estos temas, el gasto público para adolescencia y juventud alcanza casi el 80 % del total de los recursos y otros temas tienen presupuestos muy limitados, como es el caso de la promoción del empleo, la participación juvenil, la prevención de la violencia y atenciones dirigidas a jóvenes vulnerables, y (iii) la complementariedad entre niveles de gobierno no es efectiva. Mientras el nivel central concentra sus recursos en un gasto específico, los entes territoriales suelen tener un enfoque de gasto ampliado.
Desde el punto de vista territorial, se identifican bajas capacidades en la generación de información sobre el estado de avance de las iniciativas dirigidas a la población joven. Específicamente, se evidencian falencias en el registro y seguimiento de las actividades realizadas por las organizaciones juveniles en el marco de las plataformas de juventud del SPJ. De manera más particular, se evidencia un débil proceso de registro y monitoreo de organizaciones y plataformas juveniles. A ese respecto, el PND 2014 - 2018 incluyó un indicador de seguimiento a la conformación de plataformas juveniles a cargo del Departamento Administrativo de Presidencia, el cual tenía la meta de desarrollar 563 plataformas durante el cuatrienio y reportó un porcentaje de avance del 221 % (Departamento Nacional de Planeación, 2019). Sin embargo, tras finalizar el período de implementación del PND no se continuó el seguimiento a dichas plataformas. Adicionalmente, actualmente ninguna entidad hace seguimiento a las actividades de las diferentes organizaciones juveniles.
Otra debilidad radica en la desarticulación entre las iniciativas dirigidas a población joven que realizan el sector privado y las agencias de cooperación internacional con las adelantadas por el Gobierno nacional y los gobiernos territoriales. Además, se identifica
una insuficiente sistematización de proyectos y ofertas de estas organizaciones que permita la coordinación de esfuerzos entre diversos actores con el fin de mejorar la calidad de vida de los jóvenes colombianos. La falta de monitoreo y seguimiento a estas organizaciones dificulta el registro tanto de necesidades de acción institucional como avances y cambios generados por su implementación.
Como consecuencia de lo anterior, existe poca alineación entre la agenda programática nacional y las territoriales en materia de juventud. Esto ocurre
particularmente en lo relacionado con la armonización de los sistemas normativos, de programación presupuestaria y de gasto. Más allá de la aplicación de los enfoques conceptuales, la ejecución de iniciativas eficaces para esta población exige ajustar estos marcos de acción en el corto, mediano y largo plazo.
4.3.2. Baja incidencia de los jóvenes en los asuntos públicos a través de las instancias de participación ciudadana
El país ha avanzado en la creación de espacios de participación formal para los jóvenes, no obstante, esos espacios son poco conocidos y con baja participación. Como lo indica el Estatuto de Ciudadanía Juvenil establecido en la Ley 1622 de 2013, la participación de la población joven puede expresarse a través de diferentes mecanismos que comprenden espacios formales reconocidos por la institucionalidad o diferentes acciones colectivas, procesos y prácticas organizativas de los jóvenes que permiten la transformación de su territorio. En ese sentido, el Estado colombiano ha creado una serie de espacios o instancias para garantizar la participación e interlocución formal de la sociedad civil y en específico la participación de esta población a través de representantes gubernamentales que tienen como objeto facilitar su incidencia en asuntos públicos. Sin embargo, a pesar estos desarrollos normativos, las instancias de participación presentan dificultades para vincular a la sociedad y a la juventud en la toma de decisiones (Veeduría Distrital, 2019). Para abordar tales desafíos se presenta a continuación una breve noción de instancia, y se relacionan algunas problemáticas.
Los espacios o instancias de participación pueden ser entendidos como una expresión de la ciudadanía que, gracias a su uso permanente o regular, logran incidir en diferentes niveles de las decisiones relacionadas con el manejo y control de los asuntos públicos
(Fundación Ideas para la Paz, 2021). Las instancias cuentan con diferentes alcances que se determinan a partir de las funciones que se establecen para su conformación; algunas poseen un carácter consultivo, de asesoramiento, de seguimiento o de concertación de las decisiones.
De todas las instancias de participación del orden nacionales vigentes, creadas entre 1992 y 2020, las juventudes o sus delegados tienen representación en al menos 13. La herramienta Clic Participativo del Departamento Nacional de Planeación[132] identifica 122 instancias o espacios reglamentados de participación ciudadana, en las que se abordan temáticas sectoriales y poblacionales y en las cuales, según la conformación establecida por cada ley, los jóvenes podrían acceder y ejercer incidencia en el posicionamiento de sus intereses. En esas instancias de participación en las que los jóvenes pueden ejercer su ciudadanía, se tratan tópicos relacionados con paz, reconciliación, participación efectiva de víctimas, emprendimiento, erradicación del trabajo infantil, entre otras, como se detalla en la Tabla 3. Instancias de participación de nivel nacional en las cuales tienen representatividad las juventudes(a)Tabla 3. No obstante, de esas 122 instancias los jóvenes solamente tienen representatividad en 13.
Tabla 3. Instancias de participación de nivel nacional en las cuales tienen
representatividad las juventudes(a)
Fuente: Dirección de Justicia Seguridad y Gobierno - DNP (2021).
Notas: (a) La tabla relaciona las instancias de participación de nivel nacional, en las cuales existe una alusión explícita en la normatividad para determinar la representación de los jóvenes. Se excluyen aquellas instancias que tienen nivel regional, o aquellas en las cuales se establecen funciones relacionadas con las juventudes, pero no hay un representante de las juventudes en la conformación.
Pese a la existencia y variedad de las instancias de participación descritas, la ciudadanía y las juventudes no conocen de su existencia ni las identifican como espacios para el ejercicio de su participación. Así lo demuestra la encuesta realizada por Fabio Velásquez (2018) para la Fundación Foro Nacional por Colombia y, que indagó por el conocimiento que tienen los ciudadanos sobre estas instancias. Los resultados arrojaron que ninguna instancia es conocida por más del 20 % de los encuestados, sin embargo, es mayor el porcentaje de conocimiento en el segmento poblacional joven comparado con los adultos y los adultos mayores como lo demuestra el Gráfico 19.
Gráfico 19. Conocimiento de instancias nacionales reguladas Porcentaje
Fuente: Fabio Velásquez (2018).
A este desconocimiento de las instancias de participación, se suman las dificultades que ha experimentado la implementación del subsistema de participación de juventudes[133]. Con la expedición de la Ley 1885 de 2018 se planteó subsanar las deficiencias del Estatuto de Ciudadanía Juvenil en materia electoral, fijando como plazo máximo el 01 de marzo de 2020 para la realización de las elecciones, sin embargo, estas fueron suspendidas considerando que la situación provocada por la pandemia de la COVID- 19 en el país, podría afectar el desarrollo del proceso electoral (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2020).
En relación con la participación de los jóvenes en los procesos de gestión ambiental, existe bajo nivel de involucramiento en procesos formales a pesar de la prioridad de la temática para la juventud. En el año 2003 se formuló el Programa Nacional de Promotoría Comunitaria, con el propósito de impulsar la estrategia de Formación de educadores y dinamizadores ambientales contemplada en la Política Nacional de Educación Ambiental. Durante la etapa de evaluación de resultados al finalizar el programa en el año 2007, se evidenció la baja participación de los jóvenes en temas ambientales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020). De los 8.000 ciudadanos que se formaron como promotores ambientales comunitarios sólo el 2 % de la población correspondía a jóvenes entre los 14 a los 26 años de edad, lo que llevó al Ministerio a crear el piloto Jóvenes de Ambiente en la ciudad de Bogotá con el objeto de promover la organización efectiva en las temáticas relacionadas con el medio ambiente, la construcción de ciudadanía y la participación (Jiménez, 2019), que posteriormente y a través del interés de las Corporaciones Autónomas Regionales por el éxito del piloto en la ciudad capital replicaron este proyecto en diferentes departamentos del país.
En resumen, aunque existen instancias de participación para los jóvenes, la interlocución entre el gobierno y esta población para la definición de los asuntos públicos no se considera eficaz. A esto se le suma que, las actuales instancias son desconocidas y las establecidas en el SNJ han experimentado dificultades en su implementación, generando dificultades a la hora de garantizar el ejercicio del derecho a la participación ciudadana y a la interacción entre la ciudadanía y el Estado.
5. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA
5.1. Objetivo general
Fortalecer el desarrollo integral de la población joven urbana y rural y la construcción de sus proyectos de vida para contribuir a su vinculación como agentes de desarrollo político, económico, social y cultural del país.
5.2. Objetivos específicos
OE 1. Fortalecer las competencias y trayectorias de vida de la población joven del país con el fin de generar mayores capacidades y oportunidades para la culminación de trayectorias educativas, el fortalecimiento de habilidades para la vida y del siglo XXI, la generación de ingresos y la apropiación de espacios culturales, deportivos y turísticos.
OE 2. Eliminar las barreras de inclusión y equidad que enfrentan los jóvenes para el goce efectivo de los derechos, en particular los jóvenes con mayores vulnerabilidades.
OE 3. Fortalecer la capacidad institucional del orden nacional y territorial para conseguir articulación sectorial e intersectorial en las actividades dirigidas a la población joven.
5.3. Plan de acción
Este plan de acción se estructura a partir de las consideraciones presentadas en las secciones de antecedentes, justificación y diagnóstico y plantea tres grupos de acciones estratégicas de política: (i) fortalecimiento de competencias y trayectorias de vida, (ii) eliminación de las barreras de inclusión y equidad que enfrentan los jóvenes para el goce efectivo de los derechos, y (iii) fortalecimiento de la capacidad institucional del orden nacional y territorial para conseguir articulación sectorial e intersectorial en las actividades dirigidas a la población joven.
Las acciones de políticas que se presentan buscan dar respuesta a las principales problemáticas de la juventud colombiana con acciones cuya ejecución está previstas hasta 2030. Este plan de acción toma en consideración los insumos proporcionados por la población joven a través de los diversos mecanismos de participación habilitados en el marco de la elaboración de este documento CONPES. La participación de la población joven en la elaboración de esta política ha permitido articular de mejor manera la visión institucional y operativa con las necesidades y prioridades de la juventud en Colombia. El propósito al final ha sido el de avanzar en la consolidación de acciones intersectoriales que permitan el pleno desarrollo integral de la juventud colombiana.
5.3.1. Fortalecimiento de competencias y trayectorias de vida
Las líneas de acción agrupadas en este objetivo de política están encaminadas a garantizar transiciones efectivas durante el curso de vida durante la adolescencia y la juventud. Teniendo en cuenta la situación presentada en la sección de diagnóstico y la información compilada en las sesiones de consulta con la población joven, especialmente en las mesas de participación en los temas de empleo, educación y cultura, se plantean acciones de apoyo estratégico que contribuyan a que los jóvenes colombianos construyan y desarrollen proyectos de vida integrales. Las líneas de acción proponen actividades diferenciales, tanto para jóvenes urbano como rurales, en los temas de educación, educación formativa mixta, transición escuela trabajo, trabajo protegido, inclusión productiva y generación de empleo, desarrollo artístico, cultural y deportivo y generación de entornos protectores.
Línea de acción 1. Fortalecimiento de las trayectorias educativas de los jóvenes en zonas urbanas y rurales del país para el avance en la garantía del acceso, la permanencia, la calidad y la pertinencia de la educación media y posmedia
La educación debe trascender hacia un proceso que potencie el desarrollo integral de los jóvenes y contribuya a generar mayores oportunidades para la construcción de proyectos de vida que los jóvenes valoren, consideren significativos y estén acorde con sus expectativas. Para consolidar esta visión, resulta necesaria la mejora de las condiciones para el acceso, la permanencia, la calidad y la pertinencia de la educación en zonas urbanas y rurales del país.
Esta línea de acción tiene como objetivo estructurar acciones orientadas a reducir aquellas brechas que dificultan el logro de trayectorias educativas completas de los jóvenes. En reconocimiento de las brechas y privaciones existentes en términos de alfabetismo y con el objetivo de avanzar hacia la meta de alfabetización universal de la población colombiana, entre 2021 y 2025, el Ministerio de Educación Nacional aumentará los niveles de alfabetización de la población joven entre 15 y 28 años en articulación con las Entidades Territoriales Certificadas en educación.
Con el objetivo de mitigar la pérdida de interés en los procesos educativos y de impulsar la nivelación de saberes, entre 2021 y 2025, el Ministerio de Educación Nacional diseñará e implementará una estrategia para promover el interés y el tránsito de los jóvenes en la educación media. Esto se realizará a través del fortalecimiento curricular, la doble titulación, el fortalecimiento de la media técnica agropecuaria, así como la articulación y desarrollo de competencias básicas, técnicas y socioemocionales con el fin de mitigar la pérdida de interés en los procesos educativos y promover la nivelación de saberes por parte de los adolescentes y jóvenes.
Entre 2021 y 2025, el Ministerio de Educación acompañará a través de asistencia técnica a las secretarías de educación para la construcción de planes de permanencia, que incorporen acciones para promover la permanencia de los adolescentes y jóvenes en la educación media, de acuerdo con las particularidades de cada territorio y con énfasis en grupos poblacionales vulnerables.
A partir de las dificultades que presentan los jóvenes con vulnerabilidad socioeconómica, el Ministerio de Educación Nacional entre 2021 y 2024 diseñará e implementará estrategias educativas flexibles que faciliten a los jóvenes en condiciones de pobreza, de acuerdo con el Sisbén y aquellos ubicados en zonas rurales y rurales dispersas que cuenten con educación secundaria y media incompleta para que culminen el nivel de educación media.
A partir de la necesidad de mejorar las competencias académicas de los jóvenes que transitan a la educación posmedia, el Ministerio de Educación Nacional, entre 2021 y 2030, diseñará e implementará una herramienta digital pública para el fortalecimiento de las competencias básicas (matemáticas, lenguaje y ciencias naturales), articulado a los estándares de competencias definidos por el ministerio que incluya una versión adaptada para la ruralidad.
Reconociendo las necesidades de la población rural en términos educativos, entre 2022 y 2026, el Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Cultura, Ministerio del Deporte, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, diseñará e implementará una estrategia que promueva el reconocimiento y afianzamiento de intereses, habilidades y talentos en los adolescentes y jóvenes de la básica secundaria y la educación media, en el marco de la Jornada Única. Esto se realizará para el fortalecimiento de sus competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales; la promoción de estilos de vida saludable, la prevención de riesgos psicosociales y la configuración de sus proyectos de vida, enfatizando acciones que favorezcan el acceso de los jóvenes rurales en articulación con la oferta pública y privada disponible en el territorio.
Adicionalmente, entre 2021 y 2026 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mejorará o dotará infraestructura agropecuaria a las sedes de instituciones educativas rurales a nivel nacional a favor de la juventud rural, con la finalidad de incrementar la eficiencia de los proyectos productivos presentes en dichas instituciones. De esta forma, el sector de Agricultura y Desarrollo Rural contribuirá con el fortalecimiento institucional dirigido a jóvenes rurales, apoyando el proceso de tránsito de la educación media a la superior. Lo anterior se hará en articulación con el Ministerio de Educación Nacional.
Para contribuir con una educación más pertinente para los jóvenes rurales, entre 2021 y 2025, el Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural diseñará e implementará una estrategia para fomentar la educación posmedia de jóvenes rurales a partir del fortalecimiento de competencias y/o formación por cualificaciones desde la educación media, la articulación de opciones de financiación y la socialización de procesos de formación complementarios.
Con el objetivo de brindar mayores oportunidades a los jóvenes rurales para la formación en competencias del siglo XXI, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones promoverá el acceso al proceso de formación de la ruta 1 de aprendizaje de "Misión TIC 2022" en jóvenes rurales y en condiciones de vulnerabilidad del sistema educativo oficial, propiciando que sean elegibles para participar en el programa, entre 2021 y 2030. La Misión TIC es un programa que busca formar jóvenes y adultos colombianos en programación, para enfrentar los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial. A través de este programa se busca impulsar en los jóvenes el desarrollo de habilidades en resolución de problemáticas a partir de la programación, trabajo en equipo, perseverancia y ética profesional desde temprana edad.
Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional para el periodo 2022-2025 generará estudios y análisis de tránsito a la educación superior a través de estimaciones desagregadas por caracterización de los estudiantes y territorios, con el propósito de apoyar el seguimiento y la toma de decisiones de política pública de acceso a la educación posmedia.
Asimismo, entre 2022 y 2030, el Ministerio de Educación Nacional y el Icetex implementarán en los mecanismos de financiación del acceso y la permanencia a la educación superior, criterios que focalicen regiones con menores tasas de tránsito inmediato a la educación superior para aportar al cierre de brechas regionales en el acceso de jóvenes a la educación superior.
Adicionalmente, el Ministerio de Educación Nacional durante el periodo 2021 - 2030 aumentará el acceso y fomentará la permanencia de jóvenes vulnerables socioeconómicamente que ingresen a programas de pregrado en IES públicas a través de la financiación del pago del valor de la matrícula y subsidios de sostenimiento con cargo a programas del Ministerio de Educación Nacional y Prosperidad Social, con el fin de potenciar los talentos y capacidades de los jóvenes y contribuir al desarrollo de sus proyectos de vida.
Por otra parte, en reconocimiento de la excelencia académica, el Ministerio de Educación Nacional aumentará el acceso y fomentará la permanencia a la educación superior de jóvenes vulnerables socioeconómicamente y con mérito académico que ingresen a programas de pregrado en instituciones de educación superior públicas y privadas acreditadas o con programas acreditados en alta calidad en IES a través de la financiación del pago de matrícula y subsidios de sostenimiento con cargo a programas del Ministerio de Educación Nacional y otras fuentes que este Ministerio gestionará, con el fin de potenciar los talentos y capacidades de los jóvenes y contribuir al desarrollo de sus proyectos de vida. Esta acción se ejecutará desde 2021 hasta 2030.
Adicionalmente, para el segundo semestre de 2021 hasta el año 2030, el Ministerio de Educación Nacional, en complemento a la estrategia de esquema de gratuidad gradual y teniendo en cuenta los efectos negativos de la pandemia sobre los jóvenes, aumentará el acceso con gratuidad en el valor de la matrícula para estudiantes en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, que cursan programas técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios en las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas del país[134]. Se prevé que este programa se convierta en una política de Estado a futuro[135], manteniendo siempre el objetivo de focalizar a los jóvenes con mayor condición de vulnerabilidad socioeconómica y en concordancia con la duración de los programas académicos seleccionados por los estudiantes.
Igualmente, acogiendo las propuestas presentadas por los jóvenes en los espacios de participación realizados, el Ministerio de Educación Nacional en el periodo comprendido entre 2022 y 2024, implementará estrategias de promoción ante los Consejos Superiores de las IES públicas, para que en el marco de la autonomía universitaria se fortalezcan las estrategias orientadas a mejorar las políticas de admisión diferencial, con el fin de cerrar las brechas en el acceso a educación superior de jóvenes vulnerables y provenientes de zonas rurales.
De igual manera el Ministerio de Educación Nacional entre 2021 a 2025 implementará una estrategia de acompañamiento con las Instituciones de Educación Superior para los jóvenes en educación superior beneficiarios de las estrategias de financiación del pago de matrícula y subsidios de sostenimiento, en aras de potenciar su talento, fomentar la permanencia estudiantil y facilitar la adaptación a la vida universitaria y su futura inserción a la vida laboral.
En el mismo sentido de avanzar en la implementación de la gradualidad en el acceso y la permanencia en la educación superior, la Escuela de Administración Pública (ESAP) durante el periodo 2021-2025 avanzará en la garantía del acceso y la permanencia en la educación superior con un esquema gradual de gratuidad, a jóvenes vulnerables socioeconómicamente y con mérito académico que ingresen a programas de pregrado en Administración Pública en las diferentes sedes territoriales y Centros Territoriales de Administración Pública (CETAP) de la ESAP en todo el país como aporte al desarrollo de sus proyectos de vida y mejorar el desempeño de las entidades territoriales.
Adicional a lo anterior, con miras a brindar alternativas a jóvenes vulnerables o con intereses vocacionales específicos y de especializar la oferta laboral para las entidades públicas a nivel territorial en campos que no han estado cubiertos por la educación superior, la Escuela de Administración Pública durante el período 2021-2024 implementará acciones para ampliar la oferta de programas en áreas relacionadas o complementarias a la administración pública, con el fin de ofrecer alternativas a jóvenes vulnerables o con intereses vocacionales específicos y especializar la oferta de personal requerido por las entidades públicas en campos que no han estado cubiertos por la educación superior, tales como economía pública y administración pública étnica e intercultural.
Además, durante el período 2022-2025, a través de convenios con instituciones de educación superior públicas que cuenten con oferta complementaria a la administración pública, la Escuela de Administración Pública implementará una estrategia para ampliar la oferta de educación superior de calidad en áreas complementarias a la administración pública a través de la implementación de una estrategia interinstitucional de articulación con instituciones de educación superior públicas que permitan, a partir de la suscripción de convenios, el aprovechamiento de las sedes e instalaciones donde funcionan las Direcciones Territoriales y Centros Territoriales de Administración Pública - CETAP- de la ESAP en los diferentes municipios del país, con el objetivo de aportar a la ampliación de cobertura en programas de formación universitaria, el acceso a la educación superior de calidad y el cierre de brechas urbano - rural.
Asimismo, entre 2021 y 2030 se fortalecerán las acciones de incentivos a la demanda lideradas por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez (Icetex), para lo cual se prevé (i) diseñar e implementar una estrategia de guía y apoyo para los potenciales participantes en programas de Icetex en orientación socio-ocupacional en el marco de la estrategia Proyecta T, nivelación de competencias y procesos de financiación, con el fin de promover en los jóvenes la toma de decisiones de acceso a la educación superior basada en información; (ii) diseñará e implementará una estrategia para promover la permanencia y la graduación de los jóvenes beneficiarios del ICETEX, con el fin de apuntar a la culminación efectiva de las trayectorias educativas, y (iii) diseñará e implementará mediante alianzas con entidades expertas en empleo y emprendimiento, un programa que facilite el tránsito a la vida productiva de los jóvenes beneficiarios de los programas desarrollados por Icetex, con el fin de mejorar los índices de impacto de sus actividades y un mayor retorno social y económico de su labor.
Por otra parte, con el ánimo de favorecer el logro de las trayectorias educativas por parte de los jóvenes del país, entre 2021 y 2030, el Ministerio de Educación Nacional diseñará e implementará un mecanismo para fomentar y promover el uso de herramientas de orientación socio ocupacional contempladas dentro de la estrategia Proyecta-T, dirigidas a promover el tránsito a la educación superior o a la oferta posmedia.
En consideración de la necesidad de afianzar el alcance de la oferta del sector educación en jóvenes con vulnerabilidad socioeconómica, entre 2022 y 2025, el Ministerio de Educación Nacional con el apoyo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, identificará de manera articulada entre los sectores de educación e inclusión social, los jóvenes de educación media beneficiarios de los programas de Prosperidad Social que participarían en las estrategias de uso de las herramientas de orientación socio ocupacional y el fomento de competencias socioemocionales, a fin de favorecer sus oportunidades de tránsito a la educación posmedia para el logro de sus trayectorias educativas. Para ello, se realizará un trabajo conjunto con el fin de priorizar aquellos territorios en donde se implementan las acciones de fomento de la educación media y a su vez existen menores tránsitos a la educación posmedia de los jóvenes que hacen parte de los hogares beneficiarios de la oferta del DPS.
Así mismo, entre 2021 y 2022 el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, formulará e implementará una estrategia articulada entre los sectores de educación e inclusión social, a partir del uso de las herramientas de orientación socio ocupacional y el fomento de competencias socioemocionales de ambos sectores, que priorice a los jóvenes beneficiarios de Familias en Acción que obtuvieron su título de bachiller en 2020 y que no lograron un tránsito inmediato a la educación superior. Lo anterior, en consideración a las dificultades que los jóvenes pudieron haber encontrado para acceder a educación superior a raíz de la pandemia causada por el COVID-19.
Con el propósito de definir si las acciones implementadas por diferentes sectores fomentan el desarrollo de las competencias socioemocionales, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), a través de la Consejería Presidencial para la Juventud, entre 2024 y 2025, realizará una evaluación sobre la efectividad de la oferta pública para promover competencias socioemocionales en jóvenes considerando lo dispuesto en la ruta de promoción de competencias socioemocionales.
De igual forma, con el objetivo de consolidar una propuesta de oferta pública pertinente para el fortalecimiento competencias socioemocionales, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Presidencia, a través de la Consejería Presidencial para la Juventud, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Ministerio de Educación Nacional, Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, Ministerio de Cultura, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con el apoyo de otras entidades vinculadas a la Mesa Nacional de Competencias Transversales y Socioemocionales, diseñarán e implementarán un pilotaje de articulación para la implementación de la ruta de promoción de competencias socioemocionales en el curso de vida de jóvenes durante 2021 y 2022.
Adicionalmente, con el fin de fortalecer las habilidades del siglo XXI en los jóvenes del país, de vincularlos a las mega tendencias sociales, culturales y digitales en favor de la innovación y la transformación social; de impulsar ciudadanías juveniles en el marco del ejercicio de los derechos, y de conectarlos oportunidades de educación, empleo o emprendimiento, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, durante el periodo 2021 y 2030, atenderá adolescentes y jóvenes en la Estrategia Sacúdete para la formación en habilidades del sigo XXI y la construcción de sus proyectos de vida.
Adicionalmente, con el fin de aumentar el acceso a las tecnologías digitales en las instituciones de educación superior y reducir la brecha digital, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de Computadores para Educar, con apoyo del Ministerio de Educación Nacional, desarrollarán una estrategia de dotación tecnológica de terminales para instituciones de educación superior públicas, de acuerdo con el modelo de focalización y priorización diseñado, con el fin de aportar a la mejora de las condiciones de calidad de la educación superior pública, así como al cierre de la brecha digital en las regiones. Esta acción iniciará en agosto de 2021 y finalizará en 2030.
De igual forma, con el fin de fortalecer las competencias digitales que requieren los jóvenes para insertarse en la sociedad digital y atender los requerimientos de la 4RI, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través de la Consejería para Asuntos económicos y transformación digital, en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio del Trabajo, y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) elaborará en el marco del Plan Nacional de Talento en Habilidades digitales, un capítulo orientado a jóvenes que impulse el desarrollo de competencias digitales requeridas en el contexto de la 4RI.
Esto incluirá la revisión y mapeo de oferta institucional, programas e iniciativas que se adelantan para el desarrollo de competencias digitales orientados a la población joven. Esta acción iniciará en 2021, y finalizará en 2022.
Por otro lado, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, definirá e implementará una estrategia de estímulos orientados al desarrollo de proyectos audiovisuales, con la finalidad de alfabetizar capital humano joven (18 a 28 años) en las regiones de Colombia, para que adquieran competencias que les permitan ocupar cargos en la industria audiovisual y enriquecer las parrillas de las plataformas digitales de los operadores públicos. Esta acción se llevará a cabo entre 2021 y 2030.
Con el fin de apoyar las estrategias de conectividad que se vienen adelantando en el país y que promueven el cierre de la brecha digital en la educación, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones implementará la estrategia de conectividad a internet y voz móvil de estudiantes de grados 9, 10 y 11 de instituciones educativas públicas y estudiantes de universidades públicas a nivel nacional y SENA como herramienta para continuar con sus programas académicos. Esta estrategia se implementará entre 2021 y 2030.
Por otro lado, para promover el uso de Internet por parte de los jóvenes, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entre 2022 y 2030, diseñará e implementará un modelo de autoformación gratuito en entornos virtuales para jóvenes en contenidos sobre el uso y la apropiación de Internet como oportunidad para (i) fomentar el activismo y la huella positiva en entornos digitales y (ii) fortalecer el desarrollo de habilidades para el autocuidado y el cuidado de otros respecto a los riesgos y delitos en Internet.
De igual manera, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, diseñará e implementará una estrategia de formación y pedagogía social en el uso y la apropiación de Internet, que llega a los diferentes territorios del país para transformar la vida de los ciudadanos. Esta acción comenzará en enero de 2022 y finalizará en diciembre del 2030.
Con el fin de fomentar el desarrollo de competencias digitales para la 4RI, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones destinará en el programa de formación en Ciencia de datos, una convocatoria de cupos específicos para la población joven entre 18 y 28 en Ciencia de datos con el fin de complementar sus conocimientos y experiencia profesional en habilidades 4RI. Cabe mencionar que dentro del programa de formación especializada en Ciencia de datos e inteligencia artificial que ejecuta el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se destinará el 10 % de los cupos para que la población joven entre 18 y 28 años realice esta formación. Este porcentaje de jóvenes debe cumplir la totalidad de los requisitos establecidos en el programa, de lo contrario, los cupos serán asignados a los mejores puntajes en estricto orden. Esta acción se ejecutará entre 2022 y 2030.
Línea de acción 2. Fortalecimiento de los perfiles de la juventud y pertinencia de las oportunidades de inclusión productiva y generación de empleo
Para fortalecer los servicios de gestión de empleo para los jóvenes del país se cuenta con un conjunto de acciones lideradas por diferentes entidades como el Ministerio del Trabajo, entidad que entre los años 2021 y 2023 divulgará instrumentos de política diseñados para incentivar la vinculación laboral de jóvenes menores de 28 años en el sector empresarial. Entre 2021 y 2022 el Ministerio del Trabajo también implementará el incentivo de apoyo al empleo formal para jóvenes menores de 28 años, en el marco del Decreto 688 de 2021 o aquel que lo modifique o sustituya y gestionará la extensión de su vigencia con el fin de vincular jóvenes a empresas del sector productivo. En este sentido este ministerio realizará los esfuerzos necesarios para lograr beneficiar a cerca de 600 mil jóvenes[136] en el marco de este programa de subsidio al empleo, el cual está sujeto a la demanda de los empleadores.
El Servicio Nacional de Aprendizaje, entre el 2021 y el 2026, desarrollará orientación ocupacional a los jóvenes a través de la ejecución de talleres de orientación en temas de manejo del aplicativo, hoja de vida, entrevista y habilidades blandas para fortalecer su perfil ocupacional. Así mismo, desde el 2021 hasta el 2026, implementará la certificación de competencias laborales para los jóvenes como vía de cualificación para verificar y certificar las habilidades, destrezas y conocimientos.
De igual forma, Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, entre 2021 y 2025, adelantará acciones de sensibilización dirigidas a empresarios, empleadores y/o potenciales empleadores para promover la inclusión laboral de jóvenes.
De otra parte, con el objeto de articular la transición de los jóvenes de la etapa educativa al mercado laboral y para lograr una efectiva inserción laboral de los jóvenes, el Servicio Nacional de Aprendizaje entre los años 2021 y 2026 promoverá la continuidad educativa y certificación de los jóvenes con doble titulación por medio del programa de articulación con la educación media, para facilitar su inserción laboral.
Como acciones que contribuyan a facilitar el acceso de los jóvenes rurales a la formación profesional integral, el Servicio Nacional de Aprendizaje, entre 2021 y 2026, diseñará e implementará una estrategia que facilite el acceso de los jóvenes rurales y jóvenes campesinos a la formación profesional integral del SENA.
Con el objeto de fortalecer las competencias y trayectorias de vida que generen mayores capacidades y oportunidades en la juventud, el Ministerio de Trabajo en articulación con el Departamento Nacional de Planeación impulsará la empleabilidad y el desarrollo productivo a través de programas de formación para el trabajo dirigidos a jóvenes entre 18 y 28 años, desempleados y en vulnerabilidad económica, en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y el Subsistema de Formación para el Trabajo como ejes de la política de empleo, a través de la implementación de una estrategia en el año 2022.
En el marco de la estrategia para el desarrollo integral y la gestión del empleo y con el fin de articular acciones en favor de la protección integral de los adolescentes trabajadores,
el Ministerio del Trabajo y la Unidad Administrativa del Servicio Público de empleo, entre los años 2021 y 2022, ajustarán la ruta de empleabilidad para jóvenes entre los 15 y 17 años con énfasis en madres y padres de familia e implementarán un piloto de la ruta. Esta acción buscará la inclusión social y productiva de estos adolescentes y el acceso a oportunidades en educación, trabajo, salud y desarrollo de talentos en arte, cultura, deporte y ciencia y tecnología.
De manera paralela, el Ministerio del Trabajo liderará con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación para el período 2021 a 2023 el desarrollo en el Sistema de Información Integrado para la Identificación, Registro y Caracterización del Trabajo Infantil y sus Peores Formas (SIRITI) el módulo sobre permisos de trabajo para adolescentes trabajadores, interoperable con Registro Social del DNP como mecanismo que busca garantizar los derechos de los menores de edad amparados en la ley, a partir de un registro de permisos de trabajo, y permiten hacer un seguimiento de aquellos sujetos de política.
Asimismo, la protección integral a los adolescentes trabajadores se complementa a través de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo que adelantará acciones para promover el registro de personas de 14 a 17 en el sistema de información del Servicio Público de Empleo. Esta acción se ejecutará entre los años de 2021 a 2030.
Adicionalmente y con el fin de contribuir al reconocimiento, reducción y redistribución del tiempo dedicado a las actividades de cuidado, especialmente el que dedican las mujeres jóvenes, el Departamento Nacional de Planeación incluirá el enfoque de género en el diseño de la Política Nacional de Cuidado que contribuya al reconocimiento, reducción y redistribución del tiempo dedicado al cuidado, especialmente el de las mujeres jóvenes, antes de finalizar 2021.
Con el fin de visibilizar las mayores dificultades de las mujeres jóvenes rurales en acceder a programas de inclusión productiva, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural realizará un documento técnico que contenga la caracterización y recomendaciones de política pública frente a las actividades del cuidado por sexo y género para la juventud rural teniendo en cuenta las particularidades territoriales. El desarrollo del documento en mención iniciará en 2021 y finalizará en 2022.
Además, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural realizará al menos 5 sensibilizaciones anuales en diversidad de género dirigidas a funcionarios (as) de las entidades del sector agropecuario entre 2021 y 2024, lo anterior con la finalidad de construir un espacio de diálogo para el fortalecimiento de habilidades de funcionarios(as) públicos con relación al enfoque de género y el trabajo con población LGBTI en los diferentes territorios a nivel nacional.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural usará mecanismos de capacitación y formación para jóvenes rurales en temáticas vinculadas a la inclusión productiva. Para llevar a cabo este compromiso, plantea realizar informes anuales de los mecanismos de capacitación y formación para jóvenes rurales en temáticas vinculadas a la inclusión productiva. El horizonte de ejecución está comprendido desde el 2021 hasta 2023.
Para la generación de una oferta pertinente de inclusión productiva, se adelantarán acciones orientadas a fortalecer habilidades o capacidades de los jóvenes productores rurales para la generación de ingresos y la promoción del mejoramiento de su calidad de vida. Por lo anterior, la Agencia de Desarrollo Rural desarrollará las siguientes acciones: (i) beneficiar a jóvenes rurales mediante la intervención de las organizaciones de pequeños y medianos productores con el modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización (ii) promover el apoyo a los productores jóvenes rurales a través de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR), (iii) brindar a jóvenes productores rurales servicios de promoción y apoyo a la asociatividad y iv) beneficiar con el Servicio Público de Extensión Agropecuaria a jóvenes productores rurales. Lo anterior se desarrollará desde la vigencia 2021 hasta el año 2025.
Línea de acción 3. Impulso a la formación dual
Con el propósito de articular la oferta educativa y formativa del país a las necesidades sociales y productivas del territorio, el Ministerio del Trabajo en compañía del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) diseñarán e implementarán una estrategia para que las empresas fortalezcan su participación en el desarrollo de la formación en modalidad dual en el país para los años 2021-2023. Esta estrategia fortalecerá los programas de promoción y aplicación de los contratos de aprendizaje, en especial aquellos enfocados a los jóvenes en situación de pobreza, quienes están vinculados en el modelo de protección integral al adolescente trabajador, y en la Ruta Integral de Atención (RIA) de adolescencia y juventud.
Línea de acción 4. Fortalecimiento de las capacidades para la generación de ingresos juvenil
En búsqueda de ofrecer herramientas a los jóvenes para que generen capacidades de emprendimiento que respondan a las diferentes realidades territoriales, intereses asociativos e intereses prioritarios, a continuación, se formulan las siguientes acciones desde diferentes sectores.
Con la finalidad de fortalecer las capacidades de la población joven que habita en el campo colombiano, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se compromete a beneficiar a jóvenes rurales con procesos de inclusión financiera y manejo de la economía y finanzas del hogar y unidad productiva con una temporalidad de ejecución desde 2021 hasta 2026.
Con el objetivo de ampliar las habilidades para el emprendimiento, el Servicio Nacional de Aprendizaje brindará acompañamiento para el fortalecimiento empresarial a emprendimientos de jóvenes rurales en temas como: modelo de negocios, relacionamiento comercial, fortalecimiento organizacional, conexión a fuentes de financiación. Esta acción iniciará en 2022 y finalizará en 2026.
Entre 2021 y 2026 el Servicio Nacional de Aprendizaje también incentivará la participación en el programa formativo Comportamiento Emprendedor para fortalecer el desarrollo de habilidades emprendedoras en los jóvenes. Adicionalmente por medio de otra acción dentro de la misma línea, realizará entrenamientos a los jóvenes para desarrollar capacidades emprendedoras a través de los Centros de Desarrollo Empresarial - SBDS SENA. Lo anterior con el objeto de fortalecer el aporte al desarrollo de habilidades emprendedoras en los jóvenes del país. Esta acción se desarrollará entre el 2021 y 2026.
Por su parte, entre 2021 y 2023 la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura elaborará una base de datos de jóvenes pescadores y acuicultores objeto de la intervención de la oferta institucional en el marco de los pescadores artesanales, acuicultures formalizados y del Programa de fomento. Además, se compromete, entre 2022 y 2026, a realizar informes sobre las jornadas de socialización y sensibilización para jóvenes rurales sobre la normatividad pesquera y de la acuicultura como estrategia para disminuir las infracciones al estatuto de pesca.
Adicionalmente, para mejorar el acceso de los jóvenes rurales a la formalización de la tierra, la Agencia Nacional de Tierras se compromete a implementar, entre 2021 y 2022, un acuerdo que priorice a jóvenes rurales de forma tal que se les dé una mayor puntuación en el marco de los programas de acceso y formalización de tierras rurales, contribuyendo así al mejoramiento de sus proyectos de vida con enfoque rural.
Entre 2021 y 2025 la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas implementará una estrategia de fortalecimiento de capacidades de los jóvenes en familias con procesos de restitución de tierras contribuyendo en la construcción de sus proyectos de vida con enfoque rural.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible asistirá técnicamente a iniciativas productivas de las juventudes con 51% de los criterios de negocios verdes y sostenibles. Por medio del plan de mejora que genera el diagnostico de indicadores que deben fortalecerse en sus unidades productivas en términos ambientales, sociales y económicos. Este proceso se realiza a través del acercamiento de los emprendedores con las Autoridades Ambientales de jurisdicción donde se encuentran ubicadas sus unidades productivas y se dará en el periodo de ejecución del documento CONPES desde el 2022 al 2030, buscando coadyuvar en la disminución de barreras del emprendimiento juvenil y la inclusión productiva juvenil rural.
Adicionalmente, con el propósito de que los jóvenes se acerquen al turismo como una actividad económica para el desarrollo de emprendimientos y generación de ingresos, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, entre 2022 y 2030, brindará capacitaciones a los jóvenes de manera virtual o presencial en temas relacionados con el turismo.
Igualmente, para promover un mayor y mejor uso por parte de la población joven, en relación con la oferta del gobierno relacionada con emprendimiento, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, desarrollará e implementará una estrategia para visibilizar y comunicar la oferta programática en cabeza de iNNpulsa, dirigida a emprendimiento y que dentro de sus potenciales usuarios se encuentran los jóvenes. Esta acción se desarrollará entre 2022 y 2025.
Para dinamizar los emprendimientos solidarios de los jóvenes, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, trabajará en el diseño e implementación de una estrategia para incentivar la cultura asociativa y solidaria que permita fomentar la economía solidaria y el emprendimiento juvenil. Esta acción iniciará en 2021 y finalizará en 2023.
En el marco del capítulo naranja del Programa Nacional de Estímulos[137], el Ministerio de Cultura entregará estímulos anuales de 30 millones de pesos cada uno, mediante la modalidad de becas, para apoyar iniciativas de Laboratorios de innovación para emprendimientos realizados por jóvenes en el marco del capítulo naranja del Programa Nacional de Estímulos. Estos estímulos se entregarán a partir de 2021 y hasta 2030.
Con el fin de que la población joven logre articularse con las iniciativas de las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN), en 2021 y 2022, el Ministerio de Cultura, con el apoyo del DAPRE y el ICBF, diseñará e implementará un plan de trabajo que defina líneas de acción conjuntas en los Centros Sacúdete y las Áreas de Desarrollo Naranja que se encuentran en los municipios de Barrancabermeja, La Ceja, Girardot y Valledupar. Con esta acción se logrará vincular a jóvenes de los municipios mencionados con las iniciativas de las ADN, logrando así procesos de recuperación del tejido social y económico a partir de principios sostenibles que generen empleo creativo mediante la recuperación del patrimonio y las dinámicas culturales de sus territorios.
Como alternativa de desarrollo económico y social de los jóvenes, el Ministerio de Cultura, durante la vigencia 2021-2030, ampliará el número de cupos para que un mayor número de jóvenes se vinculen a los procesos de formación en temas de recuperación del patrimonio y oficios tradicionales, a través de las Escuelas Taller de Colombia. De esta forma, se promoverá el desarrollo de propuestas de emprendimientos en temas de patrimonio y oficios tradicionales.
Adicionalmente, el Ministerio de Cultura, durante el periodo 2021 y 2030, ampliará la participación y focalización de los jóvenes en los procesos de formación en gestión cultural, orientados a la formulación de proyectos culturales como alternativa para promover su desarrollo económico y social.
Finalmente, el Ministerio de Cultura promoverá la participación y focalización de los jóvenes en procesos de formación orientados a la creación de contenidos audiovisuales, sonoros y digitales que involucren la comunicación y la promoción de la diversidad cultural. Esta acción se desarrollarán en el período de implementación de este documento CONPES (2021-2030).
Línea de acción 5. Estrategias para incrementar el aseguramiento en salud de la población joven
Con el fin de promover el aseguramiento de la población entre 18 y 28 años respondiendo a su perfil ocupacional, el Ministerio de Salud y Protección Social a partir del 2022 y hasta 2030 realizará asistencia técnica a las entidades territoriales departamentales para la promoción de la afiliación al aseguramiento en salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud de población joven no afiliada. Esto en el marco del mecanismo de contribución solidaria.
Así mismo, el Ministerio de Salud y Protección Social a partir del 2022 y hasta 2030 diseñará, publicará y actualizará herramientas de sensibilización sobre la importancia de la afiliación y los mecanismos de entrada al aseguramiento del SGSSS dirigida a la población joven. Esto buscará poner a disposición de los jóvenes el mecanismo de contribución solidaria
Línea de acción 6. Mayor participación de los jóvenes en actividades artísticas, culturales, deportivas y recreativas en entornos comunitarios y de espacio público que potencien su desarrollo integral
Esta línea de acción está orientada a fortalecer la participación de los jóvenes en los diferentes entornos comunitarios y de espacio público, entendidos como los espacios en donde se da una mayor participación e inserción en lo social de los jóvenes a través de elementos vinculantes con la cultura y el deporte; estos elementos son generadores de identidad y construcción social de sus propios referentes de participación, al mismo tiempo que permiten el desarrollo de sus capacidades para ser, y desarrollar sus habilidades sociales. De esta forma, se avanzará en el reconocimiento social e institucional de sus expresiones, así como la aceptación social de ellas y la inclusión en el acervo cultural de la nación.
El Ministerio de Cultura habilitará el 10 % de los cupos en el Curso en Línea Masivo y Abierto (Massive Online Open Course - MOOC) que desarrolla la Escuela Internacional Naranja para contribuir en la construir de un modelo de desarrollo en el que la diversidad cultural y la creatividad sean pilares de transformación social y económica. Lo anterior se desarrollará desde el 2021 hasta el 2030.
De igual forma el Ministerio de Cultura generará espacios dirigidos al público joven que promuevan el talento emergente y la circulación de música, artes escénicas, plásticas y visuales, audiovisuales, digitales, multidisciplinarias, entre otras, fortaleciendo para esto los museos como lugares de encuentro y conversación de este grupo poblacional. Lo anterior se desarrollará en el período de implementación de este documento CONPES (2021-2030).
Así mismo el Ministerio de Cultura, con el acompañamiento técnico y formativo de la Estrategia Regional de la Biblioteca Nacional de Colombia, promoverá la participación y priorización de los jóvenes de zonas urbanas y rurales en la creación, fortalecimiento y cobertura de los servicios bibliotecarios y de fomento a la lectura en sus municipios y comunidades; se buscará su vinculación como lectores voluntarios en las bibliotecas públicas municipales o mediadores de las bibliotecas rurales itinerantes. Esta acción se desarrollará en el periodo de implementación de este documento CONPES (20212030).
Con el fin de fortalecer las competencias transversales y socioemocionales de los jóvenes, el Ministerio de Cultura diseñará e implementará lineamientos que contribuyan al fortalecimiento de las competencias transversales y socioemocionales de los jóvenes en los procesos de formación del Ministerio de Cultura. De esta forma, se espera mejorar las habilidades en las relaciones sociales de modo efectivo (capacidad de mantener relaciones basadas en la cooperación, negociar concertadamente la solución a conflictos, entre otras). Esta acción iniciará en 2021 y se implementará hasta 2030.
El Ministerio de Cultura implementará acciones de formación, creación, investigación, producción y circulación desde la danza, la música, la literatura, el teatro y las artes visuales, entre otras, que promuevan la vinculación de jóvenes de los distintos territorios del país a la práctica artística. De esta forma, se espera una mayor participación de los jóvenes en estas prácticas; su ejecución se dará en el periodo de implementación de este documento Conpes (2021 - 2030).También desde el Ministerio del Deporte se desarrollarán acciones que favorezcan la autodeterminación de los jóvenes para el ejercicio libre y autónomo del goce, el descanso y la diversión, así como para la exploración o el perfeccionamiento de sus habilidades, capacidades y potencialidades en el desarrollo de disciplinas y actividades que sean de su interés desde el deporte y la recreación, las cuales se describen a continuación:
El Ministerio del Deporte fomentará una mayor participación de los jóvenes y adolescentes en el programa Campamentos Juveniles; en tal sentido, en el periodo de implementación de este documento CONPES (2021-2030) se ampliará la cobertura de esta población que participa del programa de Campamentos Juveniles, programa que hace parte de la Estrategia Nacional de Recreación.
Así mismo, el Ministerio del Deporte implementará actividades recreativas en los municipios a través de la Estrategia Nacional de Recreación para adolescencia y juventud; de esta forma, en el periodo 2021 a 2030 se implementará esta acción en un mayor número de municipios. Para lo anterior, el Ministerio del Deporte utilizará diferentes criterios de focalización como la priorización municipal presentada por la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA) por Grupos Armados al Margen de la ley y por grupos delictivos organizados, zonas rurales, municipios PDET y municipios con diversidad cultural.
Además, el Ministerio del Deporte implementará procesos de cualificación de los formadores de la Estrategia Nacional de Recreación en adolescencia y juventud a nivel nacional, dejando capacidad instalada en estas zonas. Este proceso iniciará en 2021 y se desarrollará hasta 2030. Estará dirigido principalmente a líderes campistas, promotores y gestores lúdicos, agentes educativos, sociales, comunitarios y maestros vinculados a la estrategia; los procesos de cualificación incluirán la actualización de habilidades requeridas en el talento humano que presta servicios de atención a adolescentes y jóvenes.
Adicionalmente, el desarrollo de las actividades recreativas y deportivas que el Ministerio del Deporte implementa en el territorio nacional a través de las diferentes estrategias y programas de fomento se complementarán con actividades orientadas a fortalecer las competencias socioemocionales de los jóvenes que participan en dichos programas. Para lo anterior, el Ministerio del Deporte, entre el 2021-2030, diseñará e implementará lineamientos que contribuyan al fortalecimiento de las competencias socioemocionales en los programas de la Dirección de Fomento.
De igual forma, desde el Ministerio del Deporte se diseñará e implementará, durante el periodo 2021-2030, procesos de cualificación que fomenten la equidad de género en el marco de la Estrategia Nacional de Recreación para Adolescencia y Juventud con su Programa Campamentos Juveniles, como estrategia de prevención a embarazos en adolescentes y jóvenes.
Como complemento a la acción anterior, el Ministerio del Deporte diseñará e implementará la ruta y los mecanismos de denuncia de violencias de género en el sector del deporte. Estas acciones se desarrollarán durante el periodo 2021-2030.
El Ministerio del Deporte apoyará la detección y desarrollo del talento a nivel local; para lo anterior, seleccionará a jóvenes y adolescentes en el programa de detección Talentos Colombia, apoyando a los jóvenes con potencial deportivo en categorías infantil y juvenil, mediante el trabajo en equipo con las federaciones deportivas nacionales y el desarrollo de estrategias tipo PAD (Proyectos Avanzados de Desarrollo). Esta acción se implementará en el periodo 2021 a 2030 y fomentará el desarrollo local de los deportes que el Ministerio del Deporte identifique como prioritarios o estratégicos, acorde a la vocación deportiva del territorio.
Finalmente, el Ministerio del Deporte diseñará, socializará e implementará lineamientos para el desarrollo de infraestructura recreativa y deportiva para la práctica de nuevas tendencias deportivas y/o deportes urbanos; dichos lineamientos incluirán la caracterización de los escenarios para los entes territoriales y la promoción y desarrollo de infraestructura recreativa y deportiva para estas nuevas prácticas deportivas. La implementación de esta acción se dará, por lo menos, durante el periodo de este documento CONPES (2021-2030).
Por su parte, y con el propósito de acercar e integrar a los jóvenes vinculados a instituciones de educación básica y media del país al desarrollo turístico nacional, a través de procesos de sensibilización, formación y participación que fortalezcan la apropiación de sus territorios, la comprensión de la transversalidad de la actividad turística, la conservación del patrimonio natural y cultural y la profesionalización del sector, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre 2022 y 2030, aumentará el número de Colegios Amigos del Turismo que promuevan la cultura turística en los jóvenes, a través de la implementación de proyectos y de las orientaciones curriculares en turismo.
Finalmente, y con el mismo propósito anterior, entre 2021 y 2030 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo incrementará la cobertura del programa Tarjeta joven, implementado por FONTUR, con el objetivo de consolidar una oferta turística accesible para los jóvenes.
5.3.2. Eliminación de las barreras de inclusión y equidad que enfrentan los jóvenes para el goce efectivo de los derechos.
Las líneas de acción de este objetivo de política están dirigidas a reducir las barreras para la realización de los derechos en salud y habitacionales y las brechas de orden territorial, institucional y socioeconómico presentes en diversos grupos y colectivos dentro de la población joven. En los mecanismos de acción propuestos se plantean diversas acciones afirmativas con el fin de reducir desigualdades de género, socioculturales y económicas, todas estas desigualdades que terminan por afectar el transcurrir vital de etapas de desarrollo venidero en los jóvenes. Este grupo de acciones recoge también las consideraciones expresadas por la población joven durante las mesas de escucha activa y están encaminadas a reducir brechas de tipo diferencial y territorial.
Línea de acción 7. Estrategias para movilizar los determinantes sociales que afectan el desarrollo de la salud de los jóvenes
En primer lugar, con el fin de promover información nutricional en alimentos y bebidas con altos contenidos de grasas trans, saturadas, sodio y azúcares libres, a partir del 2024 y hasta el 2030 el Ministerio de Salud y Protección Social implementará y realizará seguimiento al cumplimiento del acto administrativo asociado al etiquetado frontal de alimentos.
Así mismo, para promover los hábitos de alimentación saludable desde el entorno educativo, desde 2021 hasta 2029, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos Para Aprender, con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional; Ministerio de Salud y Protección Social, implementará acciones para la reducción de consumo de nutrientes críticos en el entorno escolar en el marco del programa de alimentación escolar y la estrategia de estilos de vida saludable, con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social.
Con el fin de aportar a la reducción de la violencia y discriminación en la población joven, el Ministerio de Salud y Protección Social a partir del 2022 y hasta 2030 desarrollará e implementará una estrategia intersectorial para la prevención de la violencia interpersonal, a través de un abordaje multicomponente y de participación social dirigido al desarrollo de las aptitudes para la vida, el aprendizaje social y emocional, la resolución de conflictos y la expresión de emociones de manera constructiva en adolescentes y jóvenes.
La promoción de la salud mental positiva requiere intervenciones en entornos hogar, educativo, laboral y comunitario y de espacio público. Para ello, entre 2022 y 2030 el Ministerio de Salud y Protección Social en conjunto con el Departamento Administrativo de la Presidencia, a través de la Consejería Presidencial para la Juventud, desarrollará e implementará una estrategia de comunicación y educación en salud para la reducción del estigma y de la discriminación hacia la población joven, con enfoque interseccional, especialmente en población LGBTI, discapacidad, consumo de sustancias psicoactivas, habitante de calle, entre otros grupos vulnerables.
Así mismo, la virtualidad se considera una oportunidad para el fortalecimiento de factores protectores que reduzcan desenlaces negativos en salud mental. De esta manera, a partir del 2022 y hasta el 2025, el Ministerio de Salud y Protección Social establecerá orientaciones para el aprovechamiento de la virtualidad como oportunidad para la promoción de la salud mental y el fortalecimiento de factores protectores y para la implementación de estrategias de mitigación de los riesgos de violencias, problemas y trastornos mentales y consumo de SPA que surgen en el escenario virtual.
Entre 2022 y hasta el 2029, el Departamento Administrativo de la Presidencia, a través de la Consejería Presidencial para la Juventud, en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, diseñarán e implementarán una estrategia de redes de apoyo comunitarias alternativas que fomenten en los jóvenes experiencias positivas que aporten a su desarrollo integral y proyectos de vida. Para el desarrollo de esta acción se deberá trabajar de manera conjunta con las entidades territoriales departamentales y municipales para el diagnóstico de redes sociales comunitarias públicas y privadas que influyen en el territorio. Así como identificar las posibles redes comunitarias externas que podrían aportar al desarrollo integral de los jóvenes. Finalmente, la implementación se realizará por medio del diseño e implementación del pilotaje en el territorio según las necesidades de los territorios.
Frente a la intervención de imaginarios culturales en el entorno comunitario y de espacio público, los cuales son una gran limitante para el empoderamiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos en la población joven, el Ministerio de Salud y Protección Social, a partir del 2022 y hasta el 2030, diseñará e implementará una estrategia de comunicación, movilización y participación ciudadana con adolescentes y jóvenes dirigida a la prevención del embarazo subsiguiente, la prevención de la violencia de género y sexual, a través de la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos.
Por otra parte, con el objetivo de promover el pleno ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos en los diferentes entornos que se desarrollan los jóvenes. Desde el entorno educativo, el Ministerio de Educación Nacional con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social, entre el 2021 y 2027 desarrollará e implementará una estrategia integral que promueva el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos dentro del entorno educativo.
En el caso de educación superior, entre 2021 y 2024, el Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo de Salud y Protección Social, implementarán acciones orientadas al fomento de la equidad de género que incluye la promoción de derechos sexuales y reproductivos en articulación con las Instituciones de Educación Superior (IES).
Entre 2022 y 2030, el Ministerio de Salud y Protección Social realizará una estrategia de comunicación coordinada con entidades territoriales de salud y entidades administradoras de planes de beneficios con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos dirigida a incrementar el acceso a métodos anticonceptivos de larga duración para reducir las necesidades insatisfechas en adolescentes y jóvenes tanto del área urbana como rural.
Además, entre 2022 y 2025, el Ministerio de Salud y Protección Social implementará la estrategia de participación y movilización social comunitaria dirigida a la prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual en adolescentes y jóvenes que pertenecen a poblaciones claves (hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH), adolescentes y jóvenes que se encuentran en el sistema de responsabilidad penal, habitantes de calle, usuarios de drogas inyectables, personas de 18 a 29 años en situación de prostitución, adolescentes y jóvenes LGBTI) entre 14 y 29 años de edad.
Con el fin de adaptar los servicios de salud a las necesidades propias del curso de vida de juventud, el Ministerio de Salud y Protección Social, a partir del 2022 hasta el 2030, adaptará e implementará las normas globales de la Organización Mundial de la Salud para mejorar la calidad en los servicios de salud que atienden a los adolescentes y jóvenes en los entornos institucionales, educativos y comunitarios. Lo anterior se realizará a través de las instituciones prestadoras de salud, quienes, además de realizar intervenciones institucionales, realizan intervenciones en el entorno educativo y comunitario.
Así mismo, entre 2022 y 2025 el Ministerio de Salud y Protección Social definirá una estrategia de gestión sectorial para la adecuación de servicios de salud según las necesidades de adolescentes y jóvenes que permita brindar atenciones individuales y colectivas con énfasis en promoción y mantenimiento de la salud.
A partir del 2022 y hasta el 2025, el Ministerio de Salud y Protección Social acompañará a las Entidades Territoriales y otros actores del SGSSS para fortalecer la gestión para la implementación de las Rutas Integrales de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y para Población Materno-Perinatal dirigidas a la población adolescente y joven. Esta acción se realizará con el fin de apoyar la adecuación de servicios de salud según las necesidades de adolescentes y jóvenes.
A partir del 2022 y hasta el 2030, el Ministerio de Salud y Protección Social diseñará e implementará una estrategia de apoyo comunitario en salud dirigida a las Entidades Territoriales de Salud, que incluyan los saberes comunitarios y sus redes de apoyo social que incentive el acceso a la oferta en salud, en el marco de la gestión para la implementación de las Rutas Integrales de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y para Población Materno-Perinatal dirigidas a la población adolescente y joven.
El Ministerio de Salud y Protección Social entre 2022 y 2023 diseñará una estrategia que gestione con los aseguradores, prestadores y entidades territoriales, la atención integral diferencial de adolescentes y jóvenes a través de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y bienestar social universitario, quienes deberán cualificar y entrenar el talento humano en salud según la necesidades de atención de los jóvenes con énfasis en promoción y mantenimiento de la salud y la gestión integral de sus riesgos haciendo uso de los medios de atención mural y extramural que incluya telemedicina y telesalud.
Además, entre 2023 y 2030, implementará en instituciones prestadoras de servicios de salud y bienestar social universitario la estrategia de gestión de la atención diferencial de adolescentes y jóvenes con énfasis en la promoción y mantenimiento de la salud y la gestión integral de riesgos.
Para la promoción de la salud mental, entre 2022 y 2030, Ministerio de Salud y Protección Social brindará directrices y asistencia técnica a las entidades territoriales para el abordaje diferenciado en salud mental de adolescentes y jóvenes en escenarios colectivos, incluyendo los dispositivos comunitarios, como centros de escucha, zonas de orientación escolar y universitarios, laborales, entre otros. Lo anterior, con el fin de adaptar la atención en salud mental según las necesidades de los jóvenes. Además, el Ministerio de Salud y Protección Social en 2022 y hasta el 2030, diseñará e implementará una estrategia para promover y gestionar en los territorios el acceso a los servicios de salud de adolescentes y jóvenes con riesgo o consumo de sustancias psicoactivas en este mismo periodo.
Además, dado que los adolescentes y jóvenes aumentan su interacción con el entorno comunitario, entre 2021 y 2030 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social implementarán la estrategia de movilización social y pedagógica que promueva la salud mental y prevenga los problemas mentales, trastornos mentales, la conducta suicida y el consumo de SPA. La estrategia buscará atender anualmente 1.890 jóvenes buscando un mayor desarrollo de la salud mental y generando herramientas para la prevención de problemas y trastornos mentales, consumo de sustancias psicoactivas y conducta suicida.
Línea de acción 8. Fortalecer el acceso a una vivienda digna a la población joven
Entre 2021 y 2030 el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ofrecerá créditos hipotecarios con tasas preferenciales para la población de entre 18 y 28 años que adquiera una vivienda y que sea ahorradora de la entidad o que deposite sus cesantías en ella, reduciendo el monto de la cuota inicial pagada por el hogar[138].
El Fondo Nacional de Garantías, entre el año 2021 y 2022, ofrecerá garantías crediticias subsidiadas por el Gobierno nacional para facilitar el acceso al mercado hipotecario formal de los hogares jóvenes entre 18 y 28 años, y permitir su adquisición de una vivienda.
Por su parte, entre el año 2021 y el 2030, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio asignará subsidios familiares de vivienda, en el marco del programa Mi Casa Ya, a la población joven de entre 18 y 30 años que cumpla con los requisitos de acceso a los programas de vivienda, facilitando el acceso de la población joven a una vivienda digna.
Línea de acción 9. Fortalecimiento de entornos protectores para mitigar el riesgo de vinculación de los adolescentes y jóvenes al delito
Con el propósito de comprender y atender los factores que inciden en la vinculación de los jóvenes al delito, el Departamento Nacional de Planeación entre 2022 y 2024 diseñará y socializará un modelo de identificación de factores de riesgo y victimización de población de adolescentes y jóvenes, que permita focalizar las estrategias de prevención del delito, bajo un enfoque de derechos y con arreglo al marco normativo internacional y nacional. Este modelo atenderá condiciones y particularidades territoriales para orientar de manera adecuada los esfuerzos institucionales.
De otra parte, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el ICBF, entre el 2021 y 2024, formularán y socializarán los lineamientos de la política nacional para prevenir la vinculación de adolescentes y jóvenes con fenómenos delincuenciales. Estas directrices establecerán la línea de política para abordar la prevención del delito de adolescentes y jóvenes que se encuentren en riesgo de vinculación, tanto en el nivel nacional como territorial.
De otra parte, entre el 2021 y 2030, el Ministerio del Deporte, en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, vinculará a los adolescentes y jóvenes del SRPA en programas y actividades deportivas y recreativas. En ese sentido, con el Programa Campamentos Juveniles de la Estrategia Nacional de Recreación para Jóvenes y Adolescentes se fortalecerán las habilidades y competencias deportivas de la población que se encuentra en el SRPA.
Entre el 2021 y 2022, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar diseñará y socializará orientaciones dirigidas a actores del SNBF y SNJ para el impulso de los proyectos de vida y habilidades del siglo XXI[139] en los jóvenes, en el marco de la Estrategia Sacúdete.
Adicionalmente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar diseñará e implementará una campaña institucional de visibilización y sensibilización para la generación de oportunidades para la construcción de los proyectos de vida de los jóvenes y adolescentes. Esta estrategia se desarrollará durante el 2022 y permitirá impulsar las iniciativas de los jóvenes y promoverá el apoyo a sus proyectos de vida.
Para maximizar las oportunidades de los adolescentes y jóvenes que egresan del SRPA, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar formularán y socializarán estrategias de política en materia de postegreso de los adolescentes y jóvenes que han cumplido su sanción en el SPRA que beneficien la construcción de un proyecto de vida significativo, con el propósito de disminuir la reiteración de la conducta. Estos lineamientos deberán formularse y socializarse con los diferentes actores del SRPA entre el 2023 y 2025.
Adicionalmente, durante el término de la política, esto es desde el 2021 hasta el 2030, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar brindará atención a los adolescentes y jóvenes que se encuentran bajo medidas de protección a través del programa "Mi Familia" para favorecer la construcción de entornos protectores. Esta acción reconoce la importancia de fortalecer los vínculos y capacidades familiares para promover el desarrollo integral de los adolescentes y jóvenes, y entendiendo el rol fundamental de las interacciones familiares en la construcción de entornos protectores y un proyecto de vida significativo.
De otra parte, entre 2021 y 2024, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar diseñará y socializará una estrategia de promoción de las medidas no privativas de la libertad para los actores que intervienen en el proceso del SRPA. Esto con el fin de fortalecer el enfoque pedagógico del SRPA. Se contempla que la estrategia se formule entre el 2021 y 2022, y se socializará con los actores regionales entre el 2023 y 2024. El fortalecimiento de las medidas no privativas de la libertad tendrá como prioridad la apropiación de herramientas de medición de resultado, lo cual permitirá evidenciar las transformaciones a nivel individual y del entorno del adolescente o joven.
Es necesario robustecer el proceso de atención de los adolescentes y jóvenes en el SRPA, especialmente en lo relacionado con la infraestructura física de los centros de atención, por lo cual, en 2021 y 2024, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el acompañamiento técnico del Departamento Nacional de Planeación diseñará, presentará y socializará un proyecto tipo para el fortalecimiento de la infraestructura física del SRPA en modalidades privativas. Este proyecto tipo será un instrumento de gran utilidad para los entes territoriales y entidades del SNCRPA, toda vez que, brindará lineamientos claros en temas de infraestructura y facilitará la garantía de derechos de los adolescentes y jóvenes del SRPA.
Entre 2022 y 2024, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional socializará los lineamientos y herramientas de orientación socio ocupacional generadas desde el sector educación para los adolescentes y jóvenes que ingresan y egresan del SPRA, para favorecer su tránsito efectivo a la educación post media. Esto reconoce que uno de los factores que incide en la efectividad del proceso de inclusión social de los jóvenes, es la formación permanente, y permitirá potencializar las oportunidades de ingresar a la oferta en educación superior.
El Ministerio de Justicia y del Derecho asesorará técnicamente a los comités de nivel departamental y distrital del SNCRPA para promover la implementación de la política nacional de justicia juvenil restaurativa. Para ello el ministerio brindará el acompañamiento técnico a los Comités Departamentales y Distrital, del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes a partir del 2022 y hasta el 2025. Esta actividad contribuirá a con el propósito de abordar de manera adecuada los conflictos que enfrentan los jóvenes y evitar su escalamiento al sistema penal.
Entre 2021 y 2030, el Instituto Colombiano de Bienestar Familia gestionará matriculas académicas para la vinculación y acompañamiento de los adolescentes y jóvenes con medidas de protección vigentes o vinculados al SRPA, ubicados en medio institucional; a educación superior o a procesos de formación para el trabajo y desarrollo humano, en el marco de la iniciativa de Alianzas estratégicas y Proyecto Sueños, para el fortalecimiento de sus proyectos de vida. Lo anterior, facilitará la inclusión social y productiva efectiva de esta población.
Entre 2021 y 2030, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, atenderá a adolescentes y jóvenes en la Estrategia en La Jugada, para promover los derechos y prevenir los riesgos a través de metodologías disruptivas y especializadas para la consolidación de proyectos de vida legales, sostenibles y libres de violencias en el marco del ejercicio de la ciudadanía. Lo anterior promoverá la inclusión de los adolescentes y jóvenes en su entorno comunitario y de espacio público y el ejercicio de sus derechos ciudadanos.
Línea 10. Desarrollar acciones para la incorporación del enfoque de juventud en la implementación del Acuerdo de paz
Desde 2021 y hasta el año 2026, y con el fin de visibilizar la contribución a la estabilidad socioeconómica de los jóvenes excombatientes, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización incluirá en el informe de gestión trimestral de la Agencia Nacional de Reincorporación y de Normalización, el avance correspondiente a la asignación básica mensual otorgada a jóvenes entre 18 y 28 años en proceso de reincorporación.
Por otra parte, la Agencia de Renovación del Territorio acompañará a los Consejos Municipales de Juventud en la formulación y seguimiento a las políticas municipales de juventud en los municipios PDET entre 2022 y 2030 para articular e implementar la política pública de juventud con las políticas e instancias de planeación y participación municipales y departamentales.
Línea 11. Diseñar los instrumentos de política y espacios interinstitucionales para impulsar acciones orientadas a la no discriminación de la juventud de los sectores sociales LGBTI y la garantía de sus derechos en los diferentes entornos
El Ministerio del Interior coordinará el diseño e implementación de una estrategia intersectorial a partir de 2022 y hasta 2030 que promueva las condiciones para la igualdad efectiva, la no discriminación de la juventud de los sectores sociales LGBTI y la garantía de sus derechos en los entornos familiar, educativo, laboral, comunitario y de espacio público, virtual e institucional. Para ello, entre otras acciones, se pondrá en marcha una mesa intersectorial enfocada en las juventudes LGBTI que se articule con la política pública LGBTI y los mecanismos institucionales creados para su implementación.
Línea de acción 12. Participar en la formulación de instrumentos de política pública para los jóvenes en condición de discapacidad que apunten al ejercicio de sus derechos
En las mesas desarrolladas con los jóvenes se identificó la necesidad de generar un espacio de dialogo con los jóvenes con discapacidad para definir líneas de política y acciones que permitan mejorar el acceso salud, educación, trabajo, inclusión social, entre otros. De esta manera, a partir del primer semestre de 2022 y hasta 2030, el Departamento Administrativo de la Presidencia, a través de la Consejería Presidencial para la Juventud y la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad, diseñará e implementará una estrategia de participación juvenil con discapacidad en el proceso de actualización y ejecución en la construcción de la Política Nacional de Discapacidad e Inclusión Social. Esta acción tiene como objetivo la participación de los jóvenes con discapacidad en la caracterización, diagnóstico, concertación de objetivos, y de estrategias que aporten en la actualización de la Política de Discapacidad e Inclusión Social según las necesidades de la población joven con discapacidad.
Línea de acción 13. Diseñar los instrumentos de política pública particulares para los jóvenes pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades NARP que apunten a la reducción de brechas desde los contextos culturales y territoriales propios de estas poblaciones
Durante el segundo semestre de 2021 y hasta finalizar 2023, el Departamento Administrativo de la Presidencia, a través de la Consejería Presidencial para la Juventud, en conjunto con el Ministerio del Interior formulará instrumentos de política pública particulares para los jóvenes pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que apunten a la reducción de brechas desde los contextos culturales y territoriales propios de estas poblaciones. Los instrumentos de política estarán formulados teniendo en cuenta lo acordado en la concertación realizada con la Mesa Permanente de Concertación y el espacio de consulta previa definidos. Estos instrumentos de política permitirán establecer marcos de acción diferenciales con el fin de garantizar derechos esenciales a los jóvenes y definir responsabilidades institucionales en su operación.
Línea de acción 14: Formación a la fuerza pública en promoción y garantía de derechos de niñas, niños y jóvenes
Con el fin de fortalecer el relacionamiento entre la ciudadanía y la fuerza pública, la cual permitirá afianzar la confianza ciudadana y mejorar sus niveles de favorabilidad y legitimidad, entre el año 2021 y 2022, el Ministerio de Defensa Nacional, con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, formará a la Fuerza Pública en promoción y garantía de derechos de niñas, niños y jóvenes, en el marco de la Política de Educación de la Fuerza Pública 2021 a 2026 del Ministerio de Defensa Nacional, con una meta de formación para 16.000 uniformados de las Fuerzas Militares y Policía Nacional.
5.3.3. Fortalecimiento de la capacidad institucional para impulsar el desarrollo integral de la juventud y su ejercicio de participación ciudadana
Este grupo de líneas de acción está enfocado en mejorar la coherencia, eficacia y coordinación de las estrategias, programas y políticas diseñadas para atender a la población joven en Colombia. Se reconoce la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional, trabajar de manera complementaria con las entidades territoriales en la incorporación de las prioridades sectoriales de los jóvenes en los planes y programas territoriales, y mejorar la producción y consolidación información. Las líneas de acción incorporan los insumos proporcionados en las mesas de participación juvenil en donde se planteó la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Juventud, brindar apoyo a las entidades territoriales en los procesos de agendamiento de necesidades y temáticas juveniles, así como brindar apoyo a las organizaciones formales y no formales de juventud en los procesos de participación y liderazgo.
Línea de acción 15. Integración y ampliación de las orientaciones para el desarrollo integral de la juventud
Entre 2021 y 2030, el Departamento Administrativo de la Presidencia, a través de la Consejería Presidencial para la Juventud, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, diseñará e implementará, en el marco del Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud, una ruta integral de atenciones con el objetivo de priorizar acciones encaminadas para el desarrollo integral de la juventud. Esta acción deberá recoger los aprendizajes en el diseño e implementación de la Ruta Integral de Atención a la primera infancia y la Ruta Integral de Atenciones de Infancia y Adolescencia, siguiendo la lógica del enfoque de curso de vida. Para el diseño y construcción de la RIAJ se deberá contar con un documento técnico e institucional que defina el enfoque intersectorial a emplearse en la operación de la RIAJ. A partir del primer semestre de 2023, el Departamento Administrativo de la Presidencia, a través de la Consejería Presidencial para la Juventud, iniciará la implementación de la RIAJ con el concurso de las entidades territoriales.
El Departamento Administrativo de la Presidencia a través de la Consejería Presidencial para la Juventud, en compañía del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Ministerio del Deporte, construirán y adecuarán infraestructura para la puesta en marcha de la Estrategia Sacúdete entre los años 2021 y 2024. Esta infraestructura permitirá fortalecer las habilidades del siglo XXI en los jóvenes beneficiarios a través de espacios lúdicos para el aprendizaje y zonas de encuentro para la creatividad y la co-creación.
El Departamento Administrativo de la Presidencia, a través de la Consejería Presidencial para la Juventud, implementará una estrategia de apoyo o acompañamiento a los gobiernos departamentales y municipales en el diseño e implementación, seguimiento y evaluación de políticas territoriales de juventud basadas en evidencia, con
el objetivo que las acciones propuestas tengan una viabilidad programática y presupuestal tanto en el corto como en el mediano plazo. La estrategia consistirá en la elaboración de herramientas de acompañamiento en la identificación y formulación de políticas públicas. La implementación de esta estrategia dará inició en el segundo semestre de 2021 y se extenderá hasta el año 2030.
Línea de acción 16. Coordinación entre actores para la producción y consolidación de información.
El Departamento Administrativo de la Presidencia, a través la Consejería Presidencial para la Juventud, creará un registro formal de las plataformas de juventud y las organizaciones juveniles a partir de 2022, actualizándose anualmente. El registro permitirá hacer un reporte anual de actividades, evidenciar resultados en la elaboración de los planes de desarrollo territorial, avances en el cumplimiento de los ODS, entre otros, así como las necesidades de fortalecimiento de capacidades para potenciar el impacto de sus actividades. Este registro está orientado a tener información sobre las necesidades y la oferta disponible para las plataformas y las organizaciones y a promover la coordinación entre los diferentes actores del SNJ.
El Departamento Administrativo de la Presidencia a través de la Consejería Presidencial para la Juventud, con apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, diseñará un índice de bienestar de juventud para identificar las principales brechas multidimensionales que enfrentan los jóvenes colombianos, a partir del segundo semestre de 2021 y hasta el 2024. El índice reportará información de bienestar de la juventud de manera anualizada a partir de 2025.
El Departamento Administrativo de la Presidencia a través de la Consejería Presidencial para la Juventud, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a partir del segundo semestre de 2021 y hasta el año 2024, diseñarán una encuesta de bienestar subjetivo de los jóvenes colombianos. Esta encuesta va a permitir recoger información sobre el bienestar de los jóvenes colombianos e informar la toma de decisiones sectoriales.
Con el fin de mejorar la toma de decisiones de política y la complementariedad de acciones entre las distintas instituciones públicas del orden nacional y territorial que brindan servicios a la población joven, el Departamento Administrativo de la Presidencia a través de la Consejería Presidencial para la Juventud diseñará e implementará un nuevo sistema de información que permita dar seguimiento a las políticas y programas diseñados para la atención de la población joven en el país. Este sistema va a contribuir a identificar solapamientos institucionales en términos presupuestales y de estrategia, así como a articular el SNIGCAJ creado por la Ley 1622 de 2013.
El Departamento Administrativo de la Presidencia a través de la Consejería Presidencial para la Juventud, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, diseñarán e implementarán una estrategia de seguimiento, transparencia y difusión del balance de las iniciativas dirigidas a los jóvenes incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo; el Pacto Colombia con las Juventudes; y la oferta de las entidades del orden nacional. Esta estrategia tiene como objetivo realizar verificación al avance de los compromisos realizados en el marco de estos instrumentos de política y realizar rendición de cuentas de orden institucional sobre los efectos en las condiciones de vida de la juventud colombiana. El diseño de la acción comenzará en el segundo semestre de 2021 y su implementación se extenderá hasta 2030.
El Departamento Administrativo de la Presidencia a través de la Consejería Presidencial para la Juventud, diseñará e implementará una estrategia para la coordinación institucional en la implementación de la Estrategia Sacúdete, a partir del segundo semestre de 2021 y hasta 2030. Esta estrategia permitirá ejercer coordinación interinstitucional en la oferta de bienes y servicios provistos por la estrategia Sacúdete, ajuste a los modelos metodológicos propuestos por los operadores del programa y hacer seguimiento a los beneficiarios.
Línea de acción 17. Fortalecimiento a la capacidad institucional para el desarrollo integral y el ejercicio de la ciudadanía la población joven.
El Departamento Administrativo de la Presidencia, a través de la Consejería Presidencial para la Juventud, a partir del primer semestre de 2021 y hasta 2030, diseñará e implementará una estrategia que incentive la participación y representación de los jóvenes en las instancias de participación ciudadana. La estrategia se implementará a partir de 2023 y podrá incluir apoyos para la formación y cualificación, reconocimientos o premios que exalten el liderazgo juvenil, la innovación y buenas prácticas organizativas juveniles, e incentivos financieros que aporten al fortalecimiento de las iniciativas juveniles. La estrategia incluirá en su diseño, el enfoque territorial beneficiando los liderazgos juveniles urbanos y rurales, así como perspectivas étnicas, de género entre otras.
El Ministerio del Interior, diseñará e implementará una estrategia de promoción de información de las instancias de participación formal para la juventud relacionadas con las áreas misionales de la entidad e información general sobre el control social y las veedurías ciudadanas conforme la normatividad vigente, en articulación con el ente rector del Sistema Nacional de Juventud. La acción se ejecutará a partir del primer semestre del año 2022 y hasta 2030. El diseño e implementación de esta estrategia, está orientada a garantizar el ejercicio del derecho a la participación en las instancias de participación y tendrá en cuenta los diferentes enfoques diferenciales que garanticen que el lenguaje utilizado sea inclusivo para las diferentes características de las juventudes y considerar estrategias para los jóvenes en entornos rurales.
La Escuela Superior de Administración Pública diseñará, implementará y evaluará un programa de formación virtual, dirigido a los jóvenes aspirantes a los consejos de juventudes departamentales y municipales. Esta acción iniciará a partir del segundo semestre de 2021 y su implementación se extenderá hasta el 2025. Este programa de formación incluirá contenidos orientados a fortalecer las capacidades de los jóvenes que sean electos para la incidencia en los asuntos públicos y contendrá elementos sobre la estructura y el funcionamiento del Estado, los lineamientos en materia de política pública de juventudes, enfoques diferenciales y territoriales y herramientas que propicien una efectiva interacción en la gestión pública. Los contenidos serán establecidos y ajustados según las necesidades identificadas por las entidades y los resultados que proporcione la evaluación de su implementación.
A partir del segundo semestre de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el apoyo del Departamento Administrativo de la Presidencia, a través de la Consejería Presidencial para la Juventud, programará y desarrollará las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud. Estas elecciones deberán adelantarse cada 4 años. A través de esta acción se busca establecer mecanismos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de los jóvenes con la institucionalidad.
Adicionalmente, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se implementará la Estrategia para el Fortalecimiento de la Participación Juvenil en la Gestión Ambiental y la acción climática en Colombia denominada "Acción Colmena",
con un horizonte de implementación de 2021 a 2030, que busca desarrollar celdas temáticas en los aspectos, sociales, culturales, políticos y de formación en torno al ambiente y el cambio climático, buscando fortalecer la gobernanza institucional para el desarrollo integral y el ejercicio de la ciudadanía de la población juvenil.
Finalmente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar impulsará iniciativas de movilización social para generar procesos participativos de acciones colectivas orientadas a promover, contribuir e impulsar, acciones de prevención y promoción de derechos durante toda la vigencia de este documento.
5.4. Seguimiento
El seguimiento a la ejecución física y presupuestal de las acciones propuestas para el cumplimiento de los objetivos del presente documento se realizará a través del Plan de Acción y Seguimiento (PAS) que se encuentra en el Anexo A. En este, se señalan las entidades responsables de cada acción, así como en sus periodos de ejecución, recursos necesarios y disponibles para llevarlas a cabo, y la importancia de cada acción para el cumplimiento del objetivo general de la política. El reporte periódico al PAS se realizará por todas las entidades incluidas en este documento CONPES y será consolidado según los lineamientos del DNP. Esta política tiene un período de implementación desde 2021 hasta el 2030. Su seguimiento se hará de manera semestral, iniciando su reporte en el corte de diciembre de 2021 y el informe de cierre se realizará con corte al 31 de diciembre de 2030. Lo anterior, se traduce en un total de 19 reportes semestrales para un período de 9 años, tal y como se presenta en la Tabla 4.
Tabla 4. Cronograma de seguimiento
| Corte | Fecha |
| Primer corte | 31 de diciembre de 2021 |
| Segundo corte | 30 de junio de 2022 |
| Tercer corte | 31 de diciembre de 2022 |
| Cuarto corte | 30 de junio de 2023 |
| Quinto corte | 31 de diciembre de 2023 |
| Sexto corte | 30 de junio de 2024 |
| Séptimo corte | 31de diciembre de 2024 |
| Octavo corte | 30 de junio de 2025 |
| Noveno corte | 31 de diciembre de 2025 |
| Décimo corte | 30 de junio de 2026 |
| Décimo primer corte | 31 de diciembre de 2026 |
| Décimo segundo corte | 30 de junio de 2027 |
| Décimo tercer corte | 31 de diciembre de 2027 |
| Décimo cuarto corte | 30 de junio de 2028 |
| Décimo quinto corte | 31 de diciembre de 2028 |
| Décimo sexto corte | 30 de junio de 2029 |
| Décimo séptimo corte | 31 de diciembre de 2029 |
| Décimo octavo | 30 de junio de 2030 |
| Informe de cierre | 31 de diciembre de 2030 |
Fuente: DNP (2021)
5.5. Financiamiento
Para efectos del cumplimiento de esta política las entidades involucradas en su ejecución gestionarán y priorizarán, en el marco de sus competencias, y teniendo en cuenta el Marco de Gasto de Mediano Plazo del respectivo sector, los recursos para la financiación de las estrategias que se proponen. La política, aparte de los costos de funcionamiento que tienen acciones en el documento, tiene un costo total estimado de 33.492.152 millones de pesos. En la Tabla 5 se muestra el costo total por entidad, así como los recursos de las entidades responsables de las acciones contenidas en el Anexo A, que permiten la financiación completa de los costos estimados.
Tabla 5. Financiamiento indicativo de la política por entidad
(millones de pesos)
| Entidad | Costo total |
| Ministerio de Educación Nacional | 22.897.274 |
| Fondo Nacional del Ahorro | 2.554.745 |
| Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 2.140.744 |
| Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 1.591.643 |
| Ministerio de Trabajo | 1.120.734 |
| Servicio Nacional de Aprendizaje | 1.089.554 |
| Registraduría Nacional del Estado Civil | 864.173 |
| Ministerio del Deporte | 383.641 |
| Escuela Superior de Administración Pública | 269.365 |
| Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 168.325 |
| Ministerio del Interior | 115.540 |
| Ministerio de Cultura | 100.960 |
| Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | 73.017 |
| Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez" Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | 35.755 31.441 14.600 |
| Agencia de Desarrollo Rural | 13.514 |
| Ministerio de Salud y Protección Social | 11.106 |
| Agencia de Renovación del Territorio | 5.100 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 3.966 |
| Ministerio de Justicia y del Derecho | 2.420 |
| Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar | 1.972 |
| Departamento Nacional de PlaneaciónUnidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de TierrasDespojadasUnidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | 698 627 622 |
| Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | 309 |
| Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca | 216 |
| Agencia Nacional de Tierras | 90 |
| Total general | 33.492.152 |
Fuente: DNP (2021)
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Ministerio de Defensa Nacional y el Fondo Nacional de Garantías financiarán sus acciones con presupuesto de funcionamiento con costo cero, razón por la cual no se incluyen en la Tabla 5.
6. RECOMENDACIONES
El Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social recomiendan al Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES):
1. Aprobar el Pacto Colombia con las Juventudes: Estrategia para Fortalecer el Desarrollo
Integral de la Juventud planteado en el presente documento CONPES junto con su Plan de Acción y Seguimiento (PAS) contenida en el Anexo A.
2. Solicitar a las entidades del Gobierno nacional involucradas en este documento
CONPES priorizar los recursos para la puesta en marcha de sus estrategias, acorde con el Marco de Gasto de Mediano Plazo del respectivo sector.
3. Solicitar al Departamento Nacional de Planeación:
a. Consolidar y divulgar la información del avance de las acciones según lo planteado en el Plan de Acción y Seguimiento (Anexo A). La información deberá ser proporcionada por las entidades involucradas en este documento de manera oportuna según lo establecido en la Tabla 4.
b. Realizar una evaluación sobre la efectividad de la oferta pública para promover competencias socioemocionales en jóvenes, considerando lo dispuesto en la ruta de promoción de competencias socioemocionales con el acompañamiento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
c. Diseñar e implementar, en conjunto con las diferentes entidades que hacen parte de la Mesa de Competencias Transversales y Socioemocionales, un pilotaje de articulación para la implementación de la ruta de promoción de competencias socioemocionales en el curso de vida de jóvenes, con el objetivo de consolidar una propuesta de oferta pública pertinente para el fortalecimiento competencias socioemocionales.
d. Incluir el enfoque de género en el diseño de la Política Nacional de Cuidado, que contribuya al reconocimiento, reducción y redistribución del tiempo dedicado al cuidado, especialmente el de las mujeres jóvenes.
e. Diseñar y socializar un modelo de identificación de factores de riesgo y victimización de población de adolescentes y jóvenes, que permita focalizar las
estrategias de prevención del delito bajo un enfoque de derechos y con arreglo
al marco normativo internacional y nacional.
4. Solicitar al Ministerio de Educación Nacional:
a. Aumentar los niveles de alfabetización de la población joven entre 15 y 28 años en articulación con las Entidades Territoriales Certificadas en educación.
b. Diseñar e implementar una estrategia para promover el interés y tránsito de los adolescentes y jóvenes en la educación media a través del fortalecimiento curricular de la media, la doble titulación y el fortalecimiento de la media técnica agropecuaria, entre otros.
c. Diseñar e implementar estrategias educativas flexibles que faciliten a los jóvenes en condiciones de pobreza de acuerdo con el Sisbén y aquellos ubicados en zonas rurales y rurales dispersas que cuenten con educación secundaria y media incompleta para que culminen el nivel de educación media.
d. Diseñar e implementar un mecanismo para fomentar y promover el uso de las herramientas de orientación socio ocupacional contempladas dentro de la estrategia Proyecta-T, dirigidas a promover el tránsito a la educación superior o a la oferta posmedia.
e. Implementar en los mecanismos de financiación del acceso y la permanencia a la educación superior, criterios que focalicen las regiones con menores tasas de tránsito inmediato a la educación superior para lograr cerrar brechas regionales para el acceso de jóvenes a la educación superior en conjunto con el Icetex.
f. Aumentar el acceso y fomentar la permanencia de jóvenes vulnerables socioeconómicamente que ingresen a programas de pregrado en IES públicas a través de la financiación del pago del valor de la matrícula y subsidios de sostenimiento con cargo a programas del Ministerio de Educación Nacional y Prosperidad Social, con el fin de potenciar los talentos y capacidades de los jóvenes y contribuir al desarrollo de sus proyectos de vida.
g. Aumentar el acceso con gratuidad en el valor de la matrícula para estudiantes en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, que cursan programas técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios en las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas del país.
5. Solicitar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:
a. Promover el acceso al proceso de formación de la ruta 1 de aprendizaje de la "Misión Tic" en jóvenes rurales y en condiciones de vulnerabilidad del sistema educativo oficial, propiciando que sean elegibles para participar en el programa.
b. Desarrollar, a través de Computadores para Educar, una estrategia de dotación tecnológica de terminales para instituciones de educación superior públicas, de acuerdo con el modelo de focalización y priorización diseñado, con el fin de aportar a la mejora de las condiciones de calidad de la educación superior pública, así como al cierre de la brecha digital en las regiones.
c. Definir e implementar una estrategia de estímulos orientados al desarrollo de proyectos audiovisuales, con la finalidad de alfabetizar capital humano joven (18 a 28 años) en las regiones de Colombia, para que adquieran competencias que les permitan ocupar cargos en la industria audiovisual y enriquecer las parrillas de las plataformas digitales de los operadores públicos.
d. Implementar la estrategia de conectividad a Internet y voz móvil de estudiantes de grados 9, 10 y 11 de instituciones educativas públicas y estudiantes de universidades públicas a nivel nacional y SENA como herramienta para continuar con sus programas académicos.
e. Diseñar e implementar un modelo de autoformación gratuito en entornos virtuales para jóvenes en contenidos sobre el uso y la apropiación de internet como oportunidad para (i) fomentar el activismo y la huella positiva en entornos digitales y (ii) fortalecer el desarrollo de habilidades para el autocuidado y el cuidado de otros respecto a los riesgos y delitos en Internet.
6. Solicitar a la Escuela Superior de Administración Pública:
a. Avanzar en la garantía del acceso y la permanencia de la educación superior con un esquema gradual de gratuidad a jóvenes vulnerables socioeconómicamente y con mérito académico que ingresen a programas de pregrado en Administración Pública en las diferentes Sedes Territoriales y CETAP de la ESAP en todo el país, con el fin de contribuir al desarrollo de sus proyectos de vida y mejorar el desempeño de las entidades territoriales.
b. Implementar acciones para ampliar la oferta de programas en áreas relacionadas o complementarias a la administración pública, con el fin de ofrecer alternativas a jóvenes vulnerables o con intereses vocacionales específicos y especializar la oferta de personal requerido por las entidades públicas en campos que no han estado cubiertos por la educación superior, tales como economía pública y administración pública étnica e intercultural.
7. Solicitar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través de la Consejería Presidencial para la Juventud:
a. Diseñar e implementar, en el marco del Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud, una ruta integral de atenciones con el objetivo de priorizar acciones encaminadas para el desarrollo integral de la juventud y con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
b. Construir y adecuar infraestructuras para la puesta en marcha de la Estrategia Sacúdete con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
c. Diseñar e implementar una estrategia de seguimiento, transparencia y difusión del balance de las iniciativas dirigidas a los jóvenes incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, el Pacto Colombia con las Juventudes, y la oferta de las entidades del orden nacional con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
d. Diseñar e implementar una estrategia de redes de apoyo comunitarias alternativas que fomenten en los jóvenes experiencias positivas y aporten a sus proyectos de vida en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar familiar.
e. Formular instrumentos de política pública particulares para los jóvenes pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que apunten a la reducción de brechas desde los contextos culturales y territoriales propios de estas poblaciones en conjunto con el Ministerio del Interior.
f. Crear un registro formal de las plataformas de juventud y las organizaciones juveniles.
g. Diseñar un índice de bienestar de juventudes que se mida anualmente con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
h. Diseñar una encuesta de bienestar subjetivo de los jóvenes colombianos con una periodicidad de levantamiento de información anual con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
i. Diseñar e implementar una estrategia que incentive la participación y representación de los jóvenes en las instancias de participación ciudadana.
j. Atender a adolescentes y jóvenes en la Estrategia Sacúdete para la formación en habilidades del Siglo XXI y la construcción de sus proyectos de vida con apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
8. Solicitar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar:
a. Atender a adolescentes y jóvenes en la Estrategia En la jugada, para promover los derechos y prevenir los riesgos a través de metodologías disruptivas y especializadas para la consolidación de proyectos de vida legales, sostenibles y libres de violencias en el marco del ejercicio de la ciudadanía.
b. Implementar la Estrategia de movilización social y pedagógica que promueva la salud mental y prevenga los problemas mentales, trastornos mentales, la conducta suicida y el consumo de SPA con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social.
c. Brindar atención a los adolescentes y jóvenes que se encuentran bajo medidas de protección a través del programa "Mi Familia" para favorecer la construcción de entornos protectores.
9. Solicitar al Ministerio del Trabajo:
a. Divulgar instrumentos de política diseñados para incentivar la vinculación laboral de jóvenes menores de 28 años en el sector empresarial.
b. Implementar el incentivo de apoyo al empleo formal para jóvenes menores de 28 años, en el marco del Decreto 688 de 2021 o aquel que lo modifique o sustituya y gestionará la extensión de su vigencia con el fin de vincular jóvenes a empresas del sector productivo.
c. Impulsar la empleabilidad y el desarrollo productivo a través de programas de formación para el trabajo dirigidos a jóvenes entre 18 y 28 años, desempleados y en vulnerabilidad económica, en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y el Subsistema de Formación para el Trabajo como ejes de la política de empleo en articulación con el Departamento Nacional de Planeación.
d. Ajustar la ruta de empleabilidad para jóvenes entre los 15 y 17 años con énfasis en madres y padres de familia y desarrollar e implementar un piloto de la ruta con el apoyo de la Unidad Administrativa de Servicio Público de Empleo.
e. Diseñar e implementar una estrategia para que las empresas fortalezcan su participación en el desarrollo de la formación en modalidad dual en el país en articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje.
10. Solicitar al Servicio Nacional de Aprendizaje:
a. Implementar la certificación de competencias laborales para los jóvenes como vía de cualificación.
b. Promover la continuidad educativa y certificación de los jóvenes con doble titulación por medio del programa de articulación con la media para facilitar su inserción laboral.
c. Brindar acompañamiento para el fortalecimiento empresarial a emprendimientos de jóvenes rurales en temas como: modelo de negocios, relacionamiento comercial, fortalecimiento organizacional, conexión a fuentes de financiación con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación.
d. Incentivar la participación en el programa formativo Comportamiento Emprendedor para fortalecer el desarrollo de habilidades emprendedoras en los jóvenes.
e. Realizar entrenamientos a los jóvenes para desarrollar capacidades emprendedoras a través de los Centros de Desarrollo Empresarial.
11. Solicitar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:
a. Mejorar o dotar infraestructura agropecuaria a las sedes de instituciones educativas rurales a nivel nacional a favor de la juventud rural.
b. Beneficiar a jóvenes rurales con procesos de inclusión financiera y manejo de la economía y finanzas del hogar y unidad productiva.
c. Realizar documento técnico que contenga la caracterización y recomendaciones de política pública frente a las actividades del cuidado por sexo y género para la juventud rural teniendo en cuenta las particularidades territoriales.
d. Realizar al menos cinco sensibilizaciones anuales en diversidad de género dirigidas a funcionarios(as) de las entidades del sector agropecuario.
e. Usar mecanismos de capacitación y formación para jóvenes rurales en temáticas vinculadas a la inclusión productiva.
12. Solicitar a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca:
a. Elaborar base de datos de jóvenes pescadores y acuicultores objeto de la intervención de la oferta institucional en el marco de los pescadores artesanales y acuicultores formalizados y del Programa de fomento.
b. Realizar informes sobre las jornadas de socialización y sensibilización para jóvenes rurales sobre la normatividad pesquera y de la acuicultura como estrategia para disminuir las infracciones al estatuto de pesca.
13. Solicitar a la Agencia Nacional de Tierras Implementar un acuerdo que priorice a jóvenes rurales para la puntuación en el marco de los programas de acceso y formalización de tierras rurales de competencia de la ANT, contribuyendo así al mejoramiento de sus proyectos de vida con enfoque rural.
14. Solicitar a Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas implementar una estrategia de fortalecimiento de capacidades de los jóvenes en familias con procesos de restitución de tierras contribuyendo en la construcción de sus proyectos de vida con enfoque rural.
15. Solicitar a la Agencia de Desarrollo Rural:
a. Beneficiar a jóvenes rurales mediante la intervención de las organizaciones de pequeños y medianos productores con el modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización.
b. Promover el apoyo a los Productores Rurales jóvenes a través de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR).
c. Brindar a jóvenes productores rurales servicios de promoción y apoyo a la asociatividad.
d. Beneficiar con el Servicio Público de Extensión Agropecuaria a jóvenes productores rurales.
16. Solicitar al Ministerio de Cultura:
a. Entregar estímulos anuales por 30 millones de pesos, en la modalidad de becas, para un "Laboratorio de innovación para emprendimientos realizados por jóvenes" en el marco del capítulo naranja del Programa Nacional de Estímulos.
b. Diseñar e implementar un plan de trabajo que defina líneas de acción conjuntas en los Centros Sacúdete y las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) de los municipios de Barrancabermeja, La Ceja, Girardot y Valledupar, de tal manera que la población joven logre articularse con las iniciativas de las ADN en coordinación con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
c. Ampliar el número de cupos para que un mayor número de jóvenes se vinculen a los procesos de formación en temas de recuperación del patrimonio y oficios tradicionales, a través de las Escuelas Taller de Colombia.
d. Ampliar la participación y focalización de los jóvenes en procesos de formación en gestión cultural, orientados a la formulación de proyectos culturales como alternativa para promover su desarrollo económico y social.
e. Promover la participación y focalización de los jóvenes en procesos de formación orientados a la creación de contenidos audiovisuales, sonoros y digitales que involucren la comunicación y la promoción de la diversidad cultural.
f. Diseñar e implementar lineamientos que contribuyan al fortalecimiento de las competencias transversales y socioemocionales de los jóvenes, en los procesos de formación del Ministerio de Cultura.
17. Solicitar al Ministerio del Deporte:
a. Fomentar una mayor participación de los jóvenes y adolescentes en el programa Campamentos Juveniles, programa que hace parte de la Estrategia Nacional de Recreación.
b. Implementar procesos de cualificación de formadores de la Estrategia Nacional de Recreación en adolescencia y juventud a nivel nacional.
c. Diseñar e implementar lineamientos que contribuyan al fortalecimiento de las competencias socioemocionales en los programas de la Dirección de Fomento.
d. Diseñar e implementar procesos de cualificación que fomenten la equidad de género en el marco de la Estrategia Nacional de Recreación para Adolescencia y juventud con su Programa Campamentos Juveniles, como estrategia de prevención a embarazos en adolescentes y jóvenes.
e. Diseñar e implementar la ruta y los mecanismos de denuncia de violencias de género en el sector del deporte.
f. Seleccionar jóvenes y adolescentes en la estrategia de detección Talentos Colombia
g. Diseñar, socializar e implementar lineamientos para el desarrollo de infraestructura recreativa y deportiva para la práctica de nuevas tendencias deportivas y/o deportes urbanos.
18. Solicitar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:
a. Brindar capacitaciones a los jóvenes de manera virtual y/o presencial en temas relacionados con el turismo.
b. Desarrollar e implementar una estrategia para visibilizar y comunicar la oferta programática en cabeza de iNNpulsa, dirigida a emprendimiento y que dentro de sus potenciales usuarios se encuentran los jóvenes.
c. Aumentar el número de Colegios Amigos del Turismo que promuevan la cultura turística en los jóvenes, a través de la implementación de proyectos y de las orientaciones curriculares en turismo.
d. Incrementar la cobertura del programa Tarjeta joven, implementado por FONTUR, con el objetivo de consolidar una oferta turística accesible para los jóvenes.
19. Solicitar al Ministerio de Salud y Protección Social:
a. Diseñar una estrategia de apoyo comunitario en salud dirigida a las Entidades Territoriales de Salud, que incluyan saberes comunitarios y sus redes de apoyo social que incentive el acceso a la oferta de salud, en el marco de la gestión para la implementación de las Rutas Integrales de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y para Población Materno- Perinatal dirigidas a la población adolescente y joven.
b. Diseñar e implementar de una estrategia para promover y gestionar en los territorios el acceso a los servicios de salud de adolescentes y jóvenes con riesgo o consumo de sustancias psicoactivas.
c. Definir una estrategia de gestión sectorial para la adecuación de servicios de salud según las necesidades de adolescentes y jóvenes que permita brindar atenciones individuales y colectivas con énfasis en promoción y mantenimiento de la salud.
d. Desarrollar e implementar una estrategia de comunicación y educación en salud para la reducción del estigma y de la discriminación hacia la población joven, con enfoque intersectorial especialmente en población LGBTI, discapacidad, consumo de sustancias psicoactivas, habitante de calle, entre otros grupos vulnerables.
19. Solicitar al Fondo Nacional del Ahorro ofrece créditos hipotecarios con tasas preferenciales para la población de entre 18 y 28 años que adquiera una vivienda.
20. Solicitar al Fondo Nacional de Garantías, en coordinación con el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, ofrecer garantías crediticias subsidiadas por el gobierno nacional para facilitar el acceso al crédito del mercado hipotecario formal a jóvenes entre los 18 y 28 años.
21. Solicitar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio asignar Subsidios Familiares de Vivienda a la población joven en el marco del programa Mi Casa Ya, previo cumplimiento de los requisitos de acceso.
22. Solicitar al Ministerio de Justicia y del Derecho:
a. Formular y socializar los lineamientos de la política nacional para prevenir la vinculación de adolescentes y jóvenes con fenómenos delincuenciales con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
b. Formular y socializar, en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estrategias de política en materia de postegreso de los adolescentes y jóvenes que han cumplido su sanción en el SRPA que beneficien la construcción de un proyecto de vida significativo.
c. Asesorar técnicamente a los comités de nivel departamental y distrital del SNCRPA para promover la implementación de la política nacional de justicia juvenil restaurativa.
23. Solicitar a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización incluir en el informe de gestión trimestral de la ARN, el avance correspondiente a la asignación básica mensual otorgada a jóvenes entre 18 y 28 años en proceso de reincorporación.
24. Solicitar a la Agencia de Renovación del Territorio acompañar a los Consejos Municipales de Juventud en la formulación y seguimiento a las políticas municipales de juventud en los municipios PDET.
25. Solicitar al Ministerio del Interior diseñar e implementar una estrategia intersectorial que promueva las condiciones para la igualdad efectiva, la no discriminación de la juventud de los sectores sociales LGBTI y la garantía de sus derechos en los entornos familiar, educativo, laboral, comunitario y de espacio público, virtual e institucional.
26. Solicitar al Ministerio de Defensa Nacional formar a la fuerza pública en promoción y garantía de derechos de niñas, niños y jóvenes.
27. Solicitar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:
a. Implementar la Estrategia para el fortalecimiento de la participación juvenil enla gestión ambiental en Colombia - Acción Colmena.
b. Asistir técnicamente a iniciativas productivas de las juventudes con 51% de loscriterios de negocios verdes y sostenibles.
28. Solicitar a la Registraduría Nacional del Estado Civil liderar con apoyo del Departamento Administrativo de la Presidencia, a través de la Consejería Presidencial para la Juventud, la programación y desarrollo de las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud.
ANEXOS
Anexo A. Plan de Acción y Seguimiento (PAS)
Ver archivo de Excel adjunto.
Anexo B. La voz de los jóvenes
En un trabajo articulado entre Departamento Nacional de Planeación y la Consejería de Juventud se han propiciado varios espacios de participación de los jóvenes en las diferentes etapas de construcción de presente documento CONPES. Los espacios de participación con los jóvenes se han desarrollado en tres fases. En una primera fase y con el fin de identificar las principales problemáticas que afectan el desarrollo integral de la juventud se organizaron mesas técnicas con los jóvenes para avanzar en la construcción del árbol de problemas. Durante la segunda fase, se realizaron cinco sesiones para socializar el borrador del documento. El objetivo de estas sesiones fue presentar los principales compromisos de las entidades del orden nacional a los interesados en el documento CONPES y de contar con la retroalimentación de los asistentes a las sesiones para identificar oportunidades para consolidar las líneas de acción e incorporar nuevas acciones. Para la tercera fase se han desarrollado dos procesos en paralelo: la apertura de espacios virtuales de participación liderados por el DNP y los espacios de diálogo en el marco del Pacto con las Juventudes desarrollados en todo el territorio nacional por la Consejería Presidencial para la Juventud y el ICBF.
A. La participación de los jóvenes en la construcción del Pacto Colombia con las Juventudes: Estrategia para fortalecer el Desarrollo Integral de la Juventud.
La participación de los jóvenes en el proceso de elaboración del documento CONPES Pacto Colombia con las Juventudes: Estrategia para fortalecer el desarrollo integral de la juventud inició con la socialización del árbol de problemas, en sesiones virtuales lideradas por la Consejería y el DNP durante los meses de noviembre y diciembre de 2020. Éste fue socializado con las Plataformas de Juventud y organizaciones de jóvenes rurales que hacen parte de la Mesa Nacional de Empleabilidad y Emprendimiento Juvenil Rural, en cuatro bloques temáticos:
- Transiciones: 13 de noviembre con plataformas y 30 de noviembre con jóvenes rurales.
- Entornos: 24 de noviembre con plataformas y 3 de diciembre con jóvenes rurales.
- Salud: 11 de noviembre con plataformas y 9 de diciembre con jóvenes rurales
- Institucionalidad: 19 de noviembre con plataformas y 10 de diciembre con jóvenes rurales.
Tras la consolidación del primer borrador del documento y su revisión por parte del Grupo CONPES, una nueva versión del documento fue publicada el 24 de abril para comentarios de la ciudadanía, en la sección de Documentos CONPES en elaboración de la página web del DNP. El plazo inicial para recibir comentarios fue definido hasta el 5 de
mayo. Si bien este plazo fue ampliado hasta el 12 de mayo, se tuvieron en cuenta comentarios recibidos hasta el 15 de junio.
Durante dicho periodo se recibieron un total de 13 comentarios de diferentes tipos de organizaciones:
- Entidades del orden nacional: 3
- Gobiernos territoriales: 8
- Organizaciones no Gubernamentales: 1
- Asociaciones juveniles: 4
- Jóvenes no pertenecientes a agrupaciones: 2
Estos comentarios fueron recibidos por el Grupo CONPES del DNP y revisados por la
Dirección de Desarrollo Social de la misma entidad.
Adicionalmente, para socializar el primer borrador del documento, se realizaron cinco sesiones abiertas en las que participaron tanto jóvenes de las regiones como funcionarios territoriales, académicos y enlaces de juventud. El siguiente fue el cronograma de reuniones virtuales realizadas:
El 27 de abril de 2021 se desarrollaron las siguientes 3 mesas:
- Plataforma Nacional de Juventud
- Jóvenes rurales que hacen parte de la Mesa Nacional de Empleabilidad y Emprendimiento Juvenil Rural
- Jóvenes, organizaciones y funcionarios de Antioquia, Eje Cafetero, Santander, Norte de Santander y Orinoquía:
28 de abril de 2021:
- Jóvenes, organizaciones y funcionarios de Boyacá, San Andrés, Tolima, Amazonas, Guainía, Vaupés, Guaviare, Putumayo, Caquetá, Huila y
Cundinamarca
30 de abril de 2021:
- Jóvenes, organizaciones y funcionarios de Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar, Chocó, Valle, Cauca, Nariño y Bogotá.
En las sesiones con Plataformas y funcionarios locales participaron más de 300 personas, sin embargo, no todas diligenciaron la lista de asistencia. De acuerdo con la información de los que lo hicieron, hubo participación de 30 departamentos, como se presenta en la Tabla 6.
Tabla 6. Asistencia a sesiones de socialización del borrador del Documento CONPEScon las Plataformas de Juventud y funcionarios territoriales
| Departamento | Nro. de asistentes | Porcentaje |
| Cauca | 29 | 10,1% |
| Antioquia | 23 | 8,0% |
| Atlántico | 20 | 7,0% |
| Santander | 18 | 6,3% |
| Risaralda | 17 | 5,9% |
| Caldas | 15 | 5,2% |
| Chocó | 14 | 4,9% |
| Cundinamarca | 13 | 4,5% |
| Bolívar | 11 | 3,8% |
| Boyacá | 11 | 3,8% |
| Nariño | 11 | 3,8% |
| Norte de Santander | 11 | 3,8% |
| Meta | 9 | 3,1% |
| Arauca | 8 | 2,8% |
| Bogotá D. C. | 8 | 2,8% |
| Quindío | 8 | 2,8% |
| Casanare | 7 | 2,4% |
| Caquetá | 6 | 2,1% |
| Magdalena | 6 | 2,1% |
| César | 5 | 1,7% |
| La Guajira | 5 | 1,7% |
| Putumayo | 5 | 1,7% |
| Valle del Cauca | 5 | 1,7% |
| Huila | 4 | 1,4% |
| San Andrés | 4 | 1,4% |
| Tolima | 4 | 1,4% |
| Córdoba | 3 | 1,0% |
| Sucre | 3 | 1,0% |
| Vichada | 2 | 0,7% |
| Vaupés | 1 | 0,3% |
| Total | 286 | 100,0% |
Adicionalmente, durante esta etapa de consulta se adelantó una campaña de redes sociales invitando a los jóvenes a participar en la construcción del Documento, la cual se desarrolló desde las redes de la Consejería Presidencial para la Juventud y el Departamento Nacional de Planeación.
Más adelante, con el objetivo de desarrollar un tercer espacio de participación ciudadana en el que los jóvenes pudieran ser partícipes de la construcción del CONPES de Juventud, DNP organiza una serie de mesas de trabajo con los jóvenes, apoyado por la Consejería Presidencial para la Juventud. Estas mesas se llevaron a cabo durante 6 días desde el 11 de junio al 7 de julio de 2021 de manera virtual. Se contó con el apoyo en la difusión y convocatoria por parte de Colombia Joven y apoyo en la participación de interprete de señas para las sesiones que lo requerían, gracias a la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad.
Con el fin de recoger ideas de los jóvenes, previo a las mesas, se difundió un formulario de inscripción en donde además de inscribirse a las mesas, los jóvenes tenían la posibilidad de priorizar acciones del CONPES y proponer nuevas acciones. De esta manera, el formulario desplegaba una serie de temáticas agrupadas en cinco grupos las cuales contenían las acciones más estratégicas pactadas en el CONPES, permitiéndoles así priorizar las acciones más relevantes para la juventud. Así mismo, los jóvenes tenían la posibilidad de proponer acciones dentro de estos mismos grupos temáticos. Las temáticas agrupadas eran las siguientes:
1. Educación / Deporte y Cultura
2. Inclusión productiva
3. Salud / Poblaciones vulnerables y enfoque interseccional
4. Institucionalidad y participación juvenil
5. Desarrollo Rural / Construcción de Paz / Ambiente Sostenible
En el camino en respuesta a la solicitud de los jóvenes, se evidenció la necesidad de generar espacios adicionales para tres temáticas adicionales:
1. Ciencia y tecnología
2. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
3. Mujeres jóvenes
En total se recibieron 688 inscripciones de jóvenes de todo el país, contando con participación de 29 departamentos, dentro de los cuales Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca, Cauca y Nariño fueron quienes más representación tuvieron. Adicionalmente, el 55 % de los jóvenes inscritos pertenecía a un colectivo, agremiación o comunidad. En total se obtuvieron 738 priorizaciones de acciones dentro de las cuales el 31% correspondió a los temas de inclusión productiva, 26 % a institucionalidad y participación juvenil y el 21% al conjunto de temas de desarrollo rural, ambiente sostenible y construcción de paz. Por su parte, se recibieron 474 ideas de propuestas nuevas para el documento dentro de las cuales el 20 % correspondió a inclusión productiva, 18 % a participación juvenil y 16 % a desarrollo rural, ambiente sostenible y construcción de paz. De esta manera, se evidencia que este es el conjunto de temas que tiene mayor relevancia para los jóvenes y sobre los solicitaron mayor énfasis en la estrategia.
Una vez finalizado el periodo de inscripción para las mesas, el equipo del DNP procedió a revisar las acciones priorizadas y a elegir una o más acciones propuestas. La elección de la acción propuesta respondió a criterios técnicos. Se evitaba elegir propuestas de estrategias que ya se estuvieran desarrollando o planeando en el documento CONPES o en otros instrumentos de política. Adicionalmente, tampoco se elegían propuestas de acciones que no se pudieran llevar a cabo a través de un documento de esta naturaleza bien fuera por su alcance o entidades responsables.
En total se dio la participación de 347 jóvenes en las 16 sesiones que se llevaron a cabo: dos de educación, una de deporte y cultura, dos de inclusión productiva, dos de salud, una de poblaciones vulnerables y enfoque interseccional, dos de institucionalidad y participación juvenil, una de desarrollo rural, una de construcción de paz, una de ambiente sostenible, una de ciencia y tecnología, una de tecnologías de la información y las comunicaciones y una de mujeres jóvenes. Cada sesión tuvo una duración de 2 horas y en total se discutieron 48 acciones. La participación fue paritaria pues el 53,9% de los participantes fueron mujeres.
De las sesiones se consolidaron las relatorías las cuales fueron sistematizadas de forma que las conclusiones de lo discutido en cada acción quedarán plasmado en una matriz. Esta matriz permitió hacer seguimiento a las acciones de forma más sencilla y darle una trazabilidad desde el momento en que entró al formulario hasta que llegó a plasmarse en el documento CONPES.
Frente a los temas de educación, se discutieron 5 acciones en las 2 mesas. Tres de ellas eran acciones existentes que los jóvenes priorizaron y las otras 2, acciones propuestas por los jóvenes. Una de las acciones existentes acerca del esquema gradual de gratuidad en educación superior pública fue discutida en ambas mesas y a partir de la discusión presentó cambios que están plasmados en el plan de acción. Las otras dos acciones existentes también presentaron ajustes gracias a los aportes de los jóvenes y dieron resultado a más acciones del tema de competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales. En cuanto a las dos acciones propuestas por los jóvenes, se logró incluir una de estas después de ser concertada con el sector. La acción busca implementar una estrategia de promoción ante los Consejos
Superiores de las IES públicas para fortalecer las estrategias orientadas a mejorar las políticas de admisión diferencial con el fin de cerrar brechas de entrada a la educación superior en las zonas rurales.
Frente a los temas de deporte y cultura, se discutieron 4 acciones en total: 2 acciones de cultura y 2 de deporte; una propuesta y una priorizada para cada tema. En cultura se logró realizar ajustes a la acción priorizada por los jóvenes. Esta acción busca garantizar la vinculación y focalización de jóvenes en formación en temas de recuperación de patrimonio y oficios tradicionales. Por su parte, en deporte se mantuvo la acción priorizada que busca implementar la Estrategia Nacional de Recreación en las actividades del programa de Campamentos Juveniles. Adicionalmente, se incorporó al plan de acción la acción propuesta por los jóvenes que busca diseñar e implementar el componente de competencias socioemocionales en los programas de la dirección de fomento del Ministerio de Deporte.
En las mesas de inclusión productiva se discutieron 6 acciones, 4 de ellas priorizadas por los jóvenes y 2 propuestas por ellos. A partir de la discusión, de las 4 acciones priorizadas, todas presentaron cambios y ajustes. Una de ellas plantea registrar y divulgar en la bolsa única de empleo, vacantes que requieren un año o menos de experiencia y las que no requieran experiencia, para así facilitar la inclusión laboral de los jóvenes. Otra de las acciones busca ajustar la ruta de empleabilidad a través de servicios especializados para jóvenes entre los 15 y 17 años con énfasis en jóvenes que son madres y padres de familia. Para esto también se llevará a cabo un piloto y la implementación de la ruta. Las otras dos acciones tratan temas de emprendimiento y de cada una se derivan dos acciones dando lugar a una línea de acción de emprendimiento. A manera de resumen, las acciones están orientadas a desarrollar habilidades emprendedoras, realizar entrenamientos para desarrollar capacidades emprendedoras, incentivar la continuidad educativa y al fortalecimiento de las empresas en su participación en la formación en modalidad dual. Por su parte, una de las acciones propuestas por los jóvenes fue acogida la cual consiste en la divulgación de instrumentos de política diseñados para incentivar la vinculación laboral de jóvenes menores de 28 años en el sector empresarial.
Por otra parte, se desarrollaron 2 mesas de salud en las que se discutieron 5 acciones, 3 existentes y 2 nuevas, propuestas por los jóvenes. Una de las acciones que se discutió en ambas mesas y fue modificada, plantea diseñar y socializar una estrategia de redes de apoyo que permita fomentar experiencias positivas y aportes a los proyectos de vida. Así mismo las otras dos acciones existentes fueron modificadas, una de ellas plantea la atención integral diferencial de adolescentes y jóvenes a través de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y bienestar social universitario, mientras que la otra que también fue ajustada, se deriva en tres acciones. Estas tres acciones hablan acerca de una estrategia integral en derechos sexuales y reproductivos, acciones orientadas a la equidad de género y acompañamiento psicosocial familiar. Por último, las dos acciones propuestas por los jóvenes son incorporadas al documento. Una de ellas se deriva en tres acciones frente a la promoción de la salud mental en jóvenes y la otra se deriva en dos acciones sobre calidad de los servicios de atención integral en salud.
Frente a poblaciones vulnerables y enfoque interseccional se discutieron 6 acciones en total. Frente a la temática de vinculación en el delito por parte de adolescentes y jóvenes se discutieron 2 acciones existentes y 1 nueva. Las dos acciones existentes se ajustaron y plantean realizar un modelo predictor de riesgos y la atención del programa "Mi Familia" a los jóvenes que se encuentran bajo medidas de protección. En cuanto a la acción nuevas, esta fue acogida en el documento. Derivó en dos acciones frente a la orientación socio ocupacional de los jóvenes del SRPA y la orientación de proyectos de vida y habilidades del siglo XXI en el marco de la Estrategia Sacúdete. Por su parte, en cuanto al enfoque interseccional se discutieron 3 acciones, todas propuestas por los jóvenes. De estas se acogió una frente al diseño e implementación de una estrategia intersectorial que promueva las condiciones para la igualdad efectiva, la no discriminación de la juventud de los sectores sociales LGBTI y la garantía de sus derechos.
En las mesas de institucionalidad y participación juvenil se discutieron 4 acciones de las cuales 2 eran priorizadas y 2 propuestas por los jóvenes. Las dos acciones priorizadas fueron ajustadas e incluidas en el documento. Una de ellas plantea la promoción de políticas de juventud basadas en evidencia: la medición de un índice de bienestar de la juventud, la implementación de un trazador presupuestal y la creación de un tablero de control. La otra de las acciones priorizadas plantea el diseño de la ruta de atención integral de atención para la juventud.
En la mesa de desarrollo rural se trataron 3 acciones de las cuales 2 eran existentes y 1 propuesta. Las dos acciones existentes fueron ajustadas después de la discusión con los jóvenes. Una de ellas aborda el desarrollo y formación integral de los jóvenes rurales fomentando el acceso a educación, vivienda y oportunidades laborales y la otra el diseño e implementación de estrategias participativas enfocadas a niños y jóvenes rurales que promuevan el sentido de pertenencia, permanencia y apropiación del campo colombiano. De igual forma en ambiente sostenible se discutieron 3 acciones de las cuales 2 eran priorizadas y 1 nueva. Las dos acciones priorizadas por los jóvenes fueron modificadas y consisten en asistir técnicamente a iniciativas productivas en negocios verdes y sostenibles e implementar la Estrategia para el fortalecimiento de la participación juvenil en la gestión ambiental. Por su parte, en la mesa de construcción de paz se trataron igualmente 3 acciones de las cuales 1 fue ajustada y consiste en implementar una estrategia de fortalecimiento de capacidades de los jóvenes en familias con procesos de restitución de tierras contribuyendo en la construcción de sus proyectos de vida con enfoque rural.
En las mesas de ciencia y tecnología, TIC y mujeres jóvenes se discutieron 3 acciones propuestas por los jóvenes en cada una.
B. Pacto Colombia con las Juventudes
El Pacto Colombia con las Juventudes es un espacio de diálogo y acción entre los jóvenes, el Gobierno Nacional y territorial, la academia, el sector privado, fundaciones, organizaciones y demás actores de la sociedad para construir acuerdos para dar soluciones a los principales retos que la juventud colombiana experimenta en la actualidad. A través de una metodología flexible, que se ajusta a cada uno de los contextos territoriales haciendo uso de un enfoque diferencial, el Pacto está dividido en tres fases de trabajo: la fase Inspira consiste en la instalación de mesas de escucha para conocer y compartir todas las opiniones, ideas y necesidades de los y las jóvenes colombianas en los territorios; la fase Enfoca se dedica a consolidar las ideas recogidas en la primera fase en torno a soluciones específicas para resolver los retos a partir de la innovación y creatividad; y la fase Transforma, tiene como objetivo dar seguimiento, monitoreo y veeduría a la hoja de ruta planteada de cambio en las fases anteriores.
Durante la primera y segunda fase del Pacto Colombia con las juventudes se han desarrollado más de 380 mesas entre los meses de mayo y julio de 2021. En estas mesas han participado más de 11 mil jóvenes, entre quienes están: líderes juveniles, plataformas de juventudes, organizaciones estudiantiles, juveniles, étnicas, comunitarias, comunidad LGBTIQ+, organizaciones de cooperación internacional, instituciones públicas y entes de control.
A conituación<SIC> se muestra la relación de las dos fases de este proceso con las líneas de acción que propone este documento CONPES. Se basa en la voz de los jóvenes, contenida en las relatorías y consolidada en distintos temas de diálogos que materializa su sentir de cambio y propuesta. El análisis de este anexo se consolidó en una matriz de sistematización que relaciona las principales temáticas del diálogo establecidos con la juventud colombiana. Cada tema del diálogo presentado fue categorizado y asociado a las 16 líneas de acciones generales que propone este documento CONPES. El propósito de este anexo consiste en presentar las ideas recogidas en juntas fases del Pacto Colombia con las Juventudes y mostrar el grado de concurrencia con que el Documento CONPES en su plan de acción las contiene.
La primera línea de acción general del CONPES "Fortalecimiento de competencias y trayectorias de vida", responde a problemáticas y necesidades principalmente del sector educativo. Entre los temas principales se encuentran: infraestructura, dotación y servicios, acceso y permanencia, así como cobertura, calidad y oferta educativa adecuada al contexto. Estas necesidades se evidenciaron al manifestar la dificultad de acceso y cupos a la educación básica, media y superior, y expresan que la deserción es producto de la falta de recursos económicos que garantizan la realización del proyecto de vida. Esta acción debe encaminarse a fortalecer la infraestructura educativa, la cualificación docente y la visión de una formación integral. Respecto a las propuestas mencionados por los jóvenes, prima la búsqueda de una infraestructura educativa sostenible, consideran que se debe construir, mejorar y mantener las instituciones educativas de acuerdo con el contexto y al territorio y que sean espacios seguros; con vigilancia y medidas de bioseguridad permanentes. Escuelas comunitarias que contengan en el pensum académico la educación participativa, incluyente y democrática y que se considere reestructurar la metodología pedagógica y didáctica, del modelo académico actual. Enfocada en educación vocacional, de calidad, dinámica y con diversidad de la oferta.
Se necesita desarrollar propuestas para el acceso a la educación de los jóvenes que implementen sistemas de información para garantizar el acceso a la educación con la oferta existente: para jóvenes y para formación docente. Manifiestan que debe haber mecanismos que garanticen las condiciones de acceso y permanencia en el sistema educativo con enfoque diferencial. Hablan de la necesidad de empoderar a los jóvenes desde las instituciones de educación básica y media con el fin de prepararlos para la construcción y desarrollo de sus proyectos de vida, con énfasis en; línea de vida, salud mental, educación rural, acceso a educación superior, etc. Proyectos institucionales que le apunten al acceso, permanencia y graduación de jóvenes mediante ferias de servicios, créditos y cero matrículas para el acceso.
Respecto a la segunda línea de acción general CONPES "Fortalecimiento de los perfiles de la juventud y pertinencia de las oportunidades de inclusión productiva y generación de empleo" las necesidades se orientan hacia la generación de oportunidades y buenas condiciones laborales que permitan a los jóvenes adquirir experiencia. Los jóvenes sienten que no tienen el apoyo de las entidades para avanzar en sus procesos de la vida laboral. Así mismo, expresan la necesidad de fortalecer la selección de cargos de carrera, basados en meritocracia. En las zonas rurales hay menos oportunidades para acceder a empleo y producto del contexto social, consideran que debe haber inclusión de la población migrante hacia un camino productivo. Expresan la necesidad de la creación y promoción de estrategias orientadas a la reactivación económica después de la Emergencia Sanitaria producto de las medidas de aislamiento.
Las propuestas mencionadas en la fase dos, para esta línea de acción general se enfocan hacia la necesidad de promover bancos de hojas de vida, hacia la generación de oficinas para estimular el primer empleo y emprendimiento y hacia una adecuada formación y entrenamiento para la vida laboral y futura. Lo anterior, porque resaltan la importancia de crear oficinas con programas que orienten a los recién egresados hacia entrenamientos y acompañamiento técnico para vinculación laboral: hacia el desarrollo de habilidades blandas para la presentación de hojas de vidas, presentación personal y presentación de entrevistas laborales. En términos de líneas de interés, los programas deben ir enfocados principalmente hacia Inclusión financiera para jóvenes por ejemplo, creando una catedra de emprendimiento en las instituciones educativas que prepare a los jóvenes desde la infancia hasta la adolescencia para desarrollar ideas de emprendimiento. Proyectos que transversalicen el enfoque de género en las políticas como la Casa de la Mujer, promover iniciativas productivos y empresas juveniles, así como también garantizar el acceso, permanencia y graduación de jóvenes rurales.
La tercera línea de acción CONPES "Impulso a la formación dual" fue mencionada en relación al fortalecimiento de las capacidades técnicas y tecnológicas, a la necesidad de que en el territorio se implementen programas que le apunten a la investigación y promoción de semilleros, así como a la actualización de los docentes en temas digitales y tecnológicos. Deben fortalecerse las bibliotecas y los laboratorios a una educación moderna y contextualizada. Así como también, consideran que debe impulsarse la formación virtual y asegurar el acceso a Internet. Expresan que los problemas de conectividad son la principal barrera para la educación. La infraestructura educativa no garantiza la alternancia de la comunidad estudiantil. Respecto a la fase dos, se menciona como prioridad el desarrollo de semilleros para microempresarios, emprendedores y el fomento de la participación de los jóvenes en la industria y agroindustria. Consideran necesario contar con créditos para estos semilleros y contar con apoyo para la formación de planes de negocio, junto a entrega de capitales semilla y formación empresarial.
Las necesidades expresadas con relación a la cuarta línea del CONPES "Fortalecimiento del emprendimiento juvenil", se relacionan con tener más oportunidades para emprender con las condiciones laborales adecuadas, ya que existe la necesidad de acceder a fondos de emprendimiento y contar con el apoyo económico para adelantar proyectos. Manifiestan la necesidad de potencializar el desarrollo de la economía local agrícola, y hacer énfasis en los jóvenes rurales. Debido a la poca oferta laboral, los jóvenes consideran el emprendimiento como una oportunidad. Manifiestan que debe fortalecerse la educación financiera.
Buscan formación en diferentes habilidades para emprendedores juveniles, proyectos con enfoque diferencial que contemple los ciclos de vida, las identidades y cultura diversa, proyectos incluyentes. Requieren formación en educación empresarial, hay una necesidad de fortalecer conocimientos en inventarios, capacidad de lograr punto de equilibrio, administración de recursos, etc. Consideran que las instituciones deben prestar un acompañamiento técnico para el desarrollo de iniciativas, garantizando la sostenibilidad. Para impulsar los proyectos solicitan celebrar convenios público-privados con el fin de apoyar al campesinado, promoviendo la agroindustria mediante préstamos con tasas bajas, así como la efectiva socialización de los mismos a jóvenes interesados. Fomentar la profesionalización y tecnificación de jóvenes campesinos.
En la quinta línea de acción "Estrategias para incrementar el aseguramiento en salud de la población ¡oven", consideran que falta una adecuada infraestructura para acceder a la atención en salud. También le apuntan hacía la necesidad de atender en salud a los jóvenes de manera diferencial, incluyente. Debe haber especial atención a los NNAJ con diversidad funcional y las garantías para la educación. La promoción y prevención de la salud mental debe asegurarse dentro del sistema de salud. El embarazo adolescente es una preocupación, por lo que proponen promover políticas más efectivas de prevención. En cuanto a propuestas los jóvenes se enfocan en la necesidad de crear veedurías permanentes para temas de infraestructura en salud y educación.
En la sexta línea, "Mayor participación de los jóvenes en actividades artísticas, culturales, deportivas y recreativas en entornos comunitarios y de espacio público que potencien su desarrollo integral" se hacen en mayor parte solicitudes relacionadas con la diversificación de la oferta cultural y la necesidad de elevar el aporte de las empresas privadas al deporte. La educación física debe preparar a futuros deportistas de alto rendimiento, fomentando el proyecto de vida. En cuanto a la infraestructura, mencionan la ampliación de espacios deportivos y culturales, el impulsar clubes, escuelas deportivas y musicales. Respecto a la fase 2, los jóvenes se manifiestan en torno a los proyectos que identifican y algunos relacionan el buen término de estos, asociado al reconocimiento del deporte como disciplina. Plantean la necesidad de fortalecer los programas juveniles enfocadas en recreación y deporte, y también, como en la primera fase, hacen énfasis en la infraestructura deportiva actual y a la necesidad de hacer seguimiento al mantenimiento de escenarios deportivos.
De manera general, en torno al deporte existe también para los jóvenes una asociación a los temas educativos. Con respecto al pensum plantean que se debe revisar y generar espacios de educación horizontal en donde converjan diferentes actores como: JAC, medio ambiente, deporte, arte y cultura. Lo anterior, puede garantizar el cuidado y promover el uso de espacios deportivos, recreativos y culturales como Deporte para Todos. Consideran que se debe ampliar la cobertura de los programas dirigidos a ellos. Fue común en el nivel local, la solicitud de contar con espacios propios y adecuados para las juventudes del municipio y adecuar y mejorar la infraestructura deportiva de las instituciones educativas relacionadas al deporte, como la Casa de la Juventud. Consideran que las autoridades locales, en los municipios, deben promover los festivales deportivos y asegurar los recursos para priorizar la dotación de insumos (deportivos y culturales) a instituciones y comunidad. Debe haber recursos exclusivos para el mantenimiento de los festivales, con el fin de garantizar su sostenibilidad.
Frente a la séptima línea, "Estrategias para movilizar los determinantes sociales que afectan el desarrollo de la salud de los jóvenes" existe una demanda de mejorar la calidad y la cobertura en términos de la salud para que responda a las necesidades de los jóvenes, así como una preocupación recurrente por temas ambientales. Dan importancia a promover la economía verde. Consideran que debe atenderse como política el fenómeno del cambio climático y las crisis de inundaciones derivadas de este. Para los jóvenes es claro que debe actualizarse los POT para estabilizar la frontera agrícola. Las propuestas que mencionan en fase dos, son relativos a las medidas que garanticen una vida saludable, promoviendo la calidad y sostenimiento de los recursos humanos y físicos en materia de salud. Mencionan la necesidad de garantizar las adecuadas vías de acceso, y el fortalecimiento de los puestos actuales de salud, lo anterior sumado a la necesidad de diseñar y atender las políticas para la protección del medio ambiente, directamente relacionados con la prevención en materia de salud. Hacen mención a promover proyectos responsables para la protección del medio ambiente y a capacitar a comunidades sobre el manejo y transformación de residuos. También se hace necesario promover los viveros comunales para la reforestación con especies nativas.
La línea de acción "Fortalecer el acceso a una vivienda digna a la población joven" hace parte de las consideraciones de la población joven sobre mejorar su posibilidad de mejores condiciones de hábitat. En particular, los jóvenes mencionaron su posibilidad de desarrollar proyectos de vida independientes y cómo la obtención de vivienda propia podría materializar este objetivo. Si bien esta temática fue mencionada en algunas mesas, no obtuvo una frecuencia tan alta como otras problemáticas presentadas en este anexo. Las propuestas en fase dos se encaminaron hacia la obtención de créditos y facilidades que les permitan cumplir con su proyecto de calidad de vida.
El "Fortalecimiento de entornos protectores para mitigar el riesgo de vinculación de los adolescentes y jóvenes al delito", línea novena del CONPES, se hace evidente atender las dinámicas de violencia y sus afectaciones a los jóvenes, en sus comunidades y barrios. El consumo de sustancias psicoactivas es una preocupación que requiere de políticas efectivas. Es evidente el interés de los jóvenes por el deporte arte y cultura. Es importante aprovechar estos espacios y elaborar propuestas para fortalecer estos escenarios de una manera más incluyente. Hablan de la inexistencia de centros y espacios culturales de participación juvenil, especialmente en el área rural. Asocian la falta de oportunidades laborales, a la posible vinculación de los jóvenes grupos a ilegales. Sugieren programas sociales que fomenten el deporte y libre esparcimiento, el uso del tiempo libre.
En relación con los proyectos mencionados como entornos protectores, están relacionados con la promoción del deporte, arte y cultura. Plantean proyectos encaminados a diseñar estrategias para impulsar acciones culturales y recreativas, que incluyan la construcción y creación de salones culturales en barrios vulnerables. Realizar encuentros juveniles en torno a la prevención efectiva de estas actividades ilícitas que enfrentan los jóvenes en barrios vulnerables. Realizar también encuentros culturales de líderes, que promuevan liderazgos positivos y sean modelos en comunidades afectadas.
Respecto a la línea décima de acción general, "Desarrollar acciones para la incorporación del enfoque de juventud en la implementación del Acuerdo de paz" consideran que debe haber una intervención y regulación de autoridades públicas. Los jóvenes consideran que debe promoverse el restablecimiento de la confianza a las instituciones públicas, dentro de las cuales pueda plantearse una reforma a la Policía Nacional, que tenga un enfoque de DDHH (hacia comunidades, entidades, instituciones, beneficiarios) enmarcados en el Paro Nacional, los jóvenes expresaron su preocupación por las excesos atribuidos a la fuerza pública y los anuncios frente a las manifestaciones y a la judicialización por parte de las autoridades por lo que solicitan iniciativas de pedagogía en Derechos Humanos, garantías para el diálogo y garantías para ejercer el derecho a la protesta.
La onceava línea de acción general, "Diseñar los instrumentos de política y espacios interinstitucionales para impulsar acciones orientadas a la no discriminación de la juventud de los sectores sociales LGBTI y la garantía de sus derechos en los diferentes entornos." Surge la necesidad de elevar propuestas que en la fase dos le apuntaron a visibilizar a las diferentes poblaciones y sus acciones en territorio (afro, indígenas, LGTBIQ+, jóvenes rurales, con discapacidad) así como también se hace necesario diversificar el modelo pedagógico. Sugieren programas de prevención e intervención con las comunidades, con el fin de mitigar la estigmatización y prevenir la tolerancia a la violencia hacia este sector.
Respecto a la línea doceava de acción general, "Diseñar los instrumentos de política pública particulares para los jóvenes pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades NARP que apunten a la reducción de brechas desde los contextos culturales y territoriales propios de estas poblaciones" se encuentran los temas relacionados con el enfoque diferencial hacia los contextos culturales diversos como los indígenas, afrodescendientes y la garantía de sus derechos en términos de acceso a servicios en salud, educación, agua potable, saneamiento básico, infraestructura vial y alimentación. Como propuesta se debe propender por el fortalecimiento de las competencias técnicas para la presentación de propuestas e iniciativas locales y el reconocimiento fundamental de acceder a la educación básica, media y superior.
Frente a la línea treceava, "Participar en la formulación de instrumentos de política pública para los jóvenes en condición de discapacidad que apunten al ejercicio de sus derechos". Hay un llamado a garantizar el acceso a los jóvenes con diversidad funcional y proyectos encaminados a facilitar el derecho a la movilidad, por lo que es necesario consolidar equipos de veedurías con incidencia municipal y local.
Los temas relacionados en la línea catorce de acción general "Integración y ampliación de las orientaciones para el desarrollo integral de la juventud" apuntó hacia el fortalecimiento de las políticas públicas y divulgación de espacios existentes de participación de los jóvenes en el diseño de política. Manifestaron la necesidad de pedagogías para motivar la participación y conocer el alcance de estos espacios, así como las normas y el sustento jurídico. Existe una necesidad de los jóvenes de conocer y apropiar la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil. Proyectos como la Casa de la Juventud, fueron mencionados en la fase dos como espacios que cumplen con la característica de orientar el desarrollo integral, por lo que proponen invertir en el apoyo y financiamiento de estos escenarios municipales. Hay una necesidad de promover programas pedagógicos que optimicen la voz de los jóvenes en escenarios políticos de participación.
En relación con la línea de acción general quinceava, "Coordinación entre actores para la producción y consolidación de información". manifiestan que se deben implementar centros de innovación, el observatorio social y realizar investigación aplicada dirigida a los jóvenes. También consideran que se debe caracterizar a los jóvenes para potenciar la demanda y la oferta a nivel local.
Finalmente, respecto la línea diez y seis de acciones generales del CONPES, "Fortalecimiento a la gobernanza institucional para el desarrollo integral y el ejercicio de la ciudadanía la población ¡oven", consideran que debe elevarse el presupuesto dirigido a la política de jóvenes. Consideran importante hacer veedurías en la implementación de los recursos destinados a programas para jóvenes a nivel local. También mencionan la falta de reconocimiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes para aportar al desarrollo de políticas públicas y ejercicios de planeación a nivel municipal. Hay solicitudes para las garantías del libre ejercicio de la ciudadanía de la población joven y hacen alusión a la seguridad de los líderes sociales, así como las garantías del derecho a la protesta durante el paro nacional ocurrido en el 2021. Los proyectos planteados por lo jóvenes en fase dos, como aporte al fortalecimiento institucional y desarrollo de la ciudadanía, se enfocaron en la necesidad de desarrollar espacios o instancias de participación, principalmente. En este
sentido hacen un llamado a activar e instaurar en todos los municipios del territorio nacional mesas de juventudes y espacios que promuevan la participación. Lo anterior, contempla la promoción y socialización del Estatuto de ciudadanía juvenil, así como se plantea revisar y ampliar Ley estatutaria, si es necesario, para fortalecer y garantizar asambleas juveniles y modernizar los mecanismos de participación con el fin de garantizar la efectividad de los mismos. Debe impulsarse el empoderamiento juvenil diverso para la participación en espacios de alta incidencia, y brindar y garantizar la participación de jóvenes rurales en diferentes espacios de decisión, de verificación de políticas sociales en municipios PDET, comisiones, comités municipales y departamentales.
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1. La noción multidimensional define la pobreza como la ausencia de oportunidades o de acceso a unos mínimos de capacidades necesarios para el desarrollo de cada persona En este sentido, las privaciones son las carencias que experimenta el hogar, donde se encuentran los jóvenes, en términos de salud, educación, empleo, vivienda y servicios públicos.
2. Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/2626.pdf.
3. Por la cual se crea la ley de la juventud y se dictan otras disposiciones.
4. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.
5. Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo.
6. Por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones.
7. La PNDSDR se fundamenta en el enfoque de derechos aplicado en la sexualidad y reproducción, enfoque de género, diferencial y de curso de vida.
8. Disponible: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3mlcos/3992.pdf.
9. En conjunto con la PNIA se aprobó la Línea de Política Pública para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y Proteger Integralmente al Adolescente trabajador; la Línea de Política Pública para la prevención y erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes; y la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familia.
10. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco), las competencias del Siglo XXI son: pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación y colaboración, creatividad e innovación, manejo adecuado de la información, conocimiento de medios, alfabetización o adquisición de conocimientos en TIC's, Adaptabilidad y flexibilidad, competencias sociales e interculturales, iniciativa y autonomía, productividad y rendición de cuentas, liderazgo y responsabilidad.
11. Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte.
12. Fue un espacio de participación ciudadana e innovación pública que abre el gobierno después de las manifestaciones que se dieron desde el 21 de noviembre de 2019. Se contó con tres mesas exclusivas para jóvenes, cada una con participación de cerca de 270 jóvenes de 20 departamentos del país. Se recibieron 1.266 propuestas que se clasificaron en 9 ejes temáticos: educación, empleo, emprendimiento, cultura y deporte, salud, inclusión social, paz y ruralidad, ambiente y sostenibilidad y participación política (disponible en https://www.conversacionnacional.gov.co/#agenda).
13. Para la identificación del árbol de problemas se realizaron 4 mesas técnicas con las plataformas juveniles lideradas por la Consejería Presidencial para la Juventud-Colombia Joven y con 3 mesas técnicas con juventudes rurales en el marco de la Mesa Nacional de Empleabilidad y Emprendimiento Juvenil Rural. Cada mesa técnica tuvo una participación de alrededor de 70 jóvenes y contó con la representación de 32 departamentos. Posteriormente, durante la publicación del primer borrador del documento en abril de 2021 se convocaron espacios de diálogo con los mismos actores en 5 mesas y se recibieron comentarios al borrador., En el mes de julio se realiza la publicación del segundo borrador del documento CONPES, sobre el cual se recibieron comentarios que contribuyeron a fortalecer la versión aprobada del documento-.
14. Líneas de Crédito ACCES, "Tú Eliges" y líneas de atención especiales. Para población con especial protección constitucional se han creado y fortalecido fondos poblacionales, entre ellos, el Fondo para la atención comunidades indígenas, el Fondo para Comunidades Negras, el Fondo para atención de la Población Rrom, el Fondo para la atención Población con Discapacidad, el Fondo para la atención Población Víctima del Conflicto.
15. Expedido por la Ley 1753 de 2015.
16. Por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación y se adoptan medidas para mitigar la deserción en el sector educativo provocada por el Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
17. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%c3%b3micos/3988.pdf.
18. Por medio del cual se modifica el Decreto 1130 de 1999 y se establecen los organismos y entidades que estarán a cargo de la implantación y desarrollo de los Programas de la Agenda de Conectividad, en especial, del Programa "Computadores para Educar" y se establecen otras disposiciones para los mismos efectos.
19. Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3975.pdf.
20. Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad
21. Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3968.pdf
22. Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/4001.pdf
23. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4023.pdf.
24. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4005.pdf.
25. Por el cual se modifica la estructura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "Cecilia de la Fuente de Lleras.
26. Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo.
27. Es una figura contractual especial contemplada por la legislación laboral colombiana que permite a las empresas y empleadores contratar estudiantes del SENA.
28. De fomento a la cultura del emprendimiento.
29. Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/173.pdf.
30. Creado mediante Resolución 347 de 2015 del Ministerio de Trabajo.
31. Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el ingreso de los jóvenes al servicio público
32. Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.
33. Referente a la adopción o modificación de las plantas de personal permanente o temporal de entidades estatales, el diez (10%) de los nuevos empleos, no deberá exigir experiencia profesional para el nivel profesional, con el fin de viabilizar la vinculación al servicio público de los jóvenes entre 18 y 28 años. También cuando se presenten vacancias definitivas en los empleos de carrera administrativa, los cuales se vayan a proveer transitoriamente a través de nombramiento provisional, se deberá dar prelación a los jóvenes entre 18 y 28 años, que cumplan con los requisitos para su desempeño, siempre y cuando se haya agotado el derecho preferencial de encargo. Elementos como el enfoque diferencial, el tiempo de práctica de los jóvenes dada la amplia gama de áreas de formación y el esquema de enseñanza dentro de cada Institución de Educación Superior (IES), hace que se complejice la ejecución de este programa.
34. Por medio de la cual se reconocen las prácticas laborales como experiencia profesional y/o relacionada y se dictan otras disposiciones.
35. El programa tiene por objeto promover la transición al mercado laboral de los jóvenes que finalizan su ciclo de formación post media, en los niveles normalista, técnico laboral, técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario pregrado, o de programas de formación profesional integral titulada del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, a través de incentivos para la realización de prácticas laborales en entidades del sector público.
36. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.
37. El seguimiento al trabajo adolescente se realiza en el módulo de trabajo infantil, de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE.
38. Disponible en https://www.dnp.gov.co/Crecimiento: Verde/Documents/Pol%C3%ADtica%20CONPES%203934/CONPES%203934%20-%20Pol%C3%ADtica%20de%20Crecimiento%20Verde.pdf.
39. Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Economicos/3918.pdf.
40. Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
41. Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.
42. La PNDSDR se fundamenta en el enfoque de derechos aplicado en la sexualidad y reproducción, enfoque de género, diferencial y de curso de vida.
43. La estrategia SSAAJ buscó impulsar los derechos sexuales y reproductivos en estos grupos poblacionales y generar mayor conocimiento en estas temáticas entre los jóvenes cobijados por la estrategia.
44. Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/147.pdf. Además de generar lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia y la promoción de proyecto de vida para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años; el documento avanzó en el fortalecimiento de la intersectorialidad para la oferta de servicios en educación sexual y en salud sexual y reproductiva, acordes con el proceso de desarrollo y la definición de proyectos de vida.
45. En el 2013 el Fondo de Población de las Naciones Unidas desarrolló una evaluación de resultados de la estrategia de servicios amigables. Posteriormente, en 2014 el DNP contrato una consultoría para la realización de una evaluación de procesos del Documento CONPES 147.
46. La política recoge la visión de la Ley 1438 de 2011.
47. Por medio de la cual se adaptan los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de la Atención para la Promoción y mantenimiento de la salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la población materno perinatal y se establecen las directrices para su operación.
48. Disponible: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3992.pdf.
49. Durante las mesas de trabajo con los jóvenes se hizo relevante la necesidad de generar intervenciones asociadas a la violencia y discriminación, así como en la creación de redes de apoyo comunitarias alternativas que incidan en la construcción de proyectos que generen valor a la vida de cada joven.
50. Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial (ICT) y se dictan otras disposiciones.
51. Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinados a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones.
52. Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de vivienda y hábitat.
53. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpe0s/Econ%C3%B3micos/4023.pdf.
54. Se logró capacitar a jueces, procuradores, defensores públicos y operadores de los servicios del SRPA.
55. Por el cual se crea el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SNCRPA) y se dictan otras disposiciones.
56. Ver diagnóstico del PND 2018-2022, Pacto III, Línea A, en particular, señala que existe un subregistro en las vulneraciones de derechos y un número amplio de niñas, niños y adolescentes en un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD), en el año 2011 estaban 32.536 y en el año 2017 46.339.
57. Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/4031.pdf.
58. Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4031.pdf.
59. Sentencia T-1096 de 2004, Sentencia T-152 de 2007, Sentencia T-622 de 2010, Sentencia T-314 de 2011, Sentencia T-909 de 2011, Sentencia T-492 de 2011, Sentencia T-314 de 2011, Sentencia T-077 2016 y Sentencia T-283 de 2016.
60. Sentencia T-804 de 2014, Sentencia T-478 de 2015 y Sentencia T-565 de 2013.
61. Sentencia de T-450A de 2013 y Sentencia SU-337 de 1999.
62. Sentencia T-476 de14, Sentencia T-099 de 2015 y Sentencia C-006 de 2016.
63. Por el cual se adiciona un capítulo al Título 4 a la Parte 4, del Libro 2, del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Interior, para adoptar la Política Pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y de personas con orientación sexual e identidad de género diversas.
64. Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.
65. Además de participación y organización ciudadana, la perspectiva multidimensional tiene en cuenta educación, salud, cultura, recreación y deportes, generación de ingresos y protección legal.
66. Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
68. Disponible en https://colaboracion.dnp.aov.co/CDT/Conpes/Económicos/4006.pdf.
69. Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones.
70. Por la cual se modifica la Ley Estatutaria 1622 de 2013 y se dictan otras disposiciones.
71. Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3955.pdf.
72. Existen múltiples acercamientos teóricos desde diferentes actores asociados a los modelos socio-ecológicos. Es de anotar que se retomó una definición general de este tipo de modelos asociado a lo descrito por uno de los autores más reconocidos en la temática.
73. En el país se han establecido los cursos de vida de primera infancia (0 a 5 años), infancia (6 a 11 años), adolescencia (12 a 18 años), juventud (14 a 26 años), adultez (27 a 59 años) y vejez (60 años o más).
74. Este enfoque transciende el enfoque diferencial el cual considera cada forma de discriminación de manera independiente.
75. Estas categorías son del estilo rural/urbano, formalidad/informalidad, entre otros.
76. La agencia se entiende como la habilidad que tienen las personas de perseguir aquellos objetivos en sus trayectos de vida que sean valiosos y se tengan razones para valorar. En términos generales, una persona con agencia es aquella que actúa y provoca cambios, por el contrario, una persona sin agencia es alguien que es oprimido, forzado o pasivo (Deneulin & Shahani, 2009).
77. La noción multidimensional define la pobreza como la ausencia de oportunidades o de acceso a unos mínimos de capacidades necesarios para el desarrollo de cada persona Fuente especificada no válida.. En este sentido, las privaciones son las carencias que experimenta el hogar, donde se encuentran los jóvenes, en términos de salud, educación, empleo, vivienda y servicios públicos.
78. Una persona se considera privada por empleo formal si pertenece a un hogar que tiene, al menos, un ocupado sin afiliación a pensiones.
79. La ECV del DANE no dispone de información para los llamados antiguos territorios nacionales.
80. Tradicionalmente el analfabetismo se calcula para la población de 15 años en adelante.
81. Aplicadas a una muestra de 7.522 entre los 15 y 16 años.
82. Algunas de estas son consumo de SPA, delincuencia y violencia.
83. Algunas estrategias son: iniciativa "Bienestar en tu mente" en la Plataforma Colombia Aprende y Convocatorias del Fondo de Fomento de Educación Media del Ministerio de Educación, programa Jóvenes en acción del DPS Formación profesional del SENA, las Escuelas Taller del Ministerio de Cultura, Campamentos Juveniles del Ministerio del Deporte, TransFórmate del Ministerio del Trabajo, programa Alianzas Productivas para la vida de Ministerio de Agricultura, "Emprender Júnior" y "Red de Jóvenes empresarios" liderada por Innpulsa en articulación con Consejería de Presidencial para la Juventud, y Estrategia Sacúdete.
84. Se entiende como la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres. (Organización Internacional del Trabajo, 2012).
85. Se entiende por trabajo infantil toda actividad, remunerada o no, realizada en forma independiente o al servicio de otra persona, por NNA menores de 18 años y que resulten peligrosas por su naturaleza o condición (https://www.icbf.gov.co/programas-y-estrategias/proteccion/programas-especializados-y-otras-
estrategias/trabajo-infantil)
86. Regulado por el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, el Convenio 182 de la OIT suscrito por Colombia, y la resolución 1796 de 2018 del Ministerio del Trabajo.
87. La tasa de inactividad corresponde al porcentaje de la población en edad de trabajar que está inactiva
88. Este indicador mide la proporción de trabajadores que tiene la intención de mejorar sus ingresos dadas sus competencias personales, ha hecho gestiones para materializar esta aspiración y están dispuestos a efectuar este cambio laboral en caso de tener la oportunidad.
89. En Villavicencio, Meta, se implementó la primera experiencia del SENA para vincular, mediante procesos de formación dual a pequeñas y medianas empresas. Este proyecto contó con la participación de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ). El programa formó 19 aprendices en el programa Técnico en Operaciones Rurales con énfasis bilingüe, impactando población vulnerable en esta región (Ministerio del Trabajo, 2020).
90. Los números de la convocatoria 2002 pueden incrementar dado que no se ha terminado de asignar a la fecha
91. Encuesta Nacional de Calidad de Vida (2019) y Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (2017).
92. Dentro de las causales de rechazo de las propuestas se incluye que esta haya sido presentada por un menor de edad. Manual Programa Nacional de Estímulos Portafolio 2021
93. Los incentivos pueden ser en forma de becas, pasantías, premios nacionales, reconocimientos o residencias artísticas.
94. Campamentos juveniles, Estrategia Nacional de Recreación y Programa Nacional de Recreación.
95. El Programa Talentos Colombia apoya a con habilidades para la práctica deportiva y jóvenes potencial de alto rendimiento, a fin de garantizar el relevo generacional y el posicionamiento deportivo del país, mediante el apoyo en ciencias del deporte como equipos especializados de bioquímica, biomecánica, medicina del deporte, pruebas especializadas y morfología, herramientas estratégicas para la selección de los deportistas.
96. La ENSIN 2015 definió como tiempo excesivo frente a pantallas pasar 2 horas diarias o más de tiempo no relacionadas con tareas escolares frente a pantallas como TV, computador, juegos de video, tabletas o celular.
97. La recomendación para los adolescentes de 13 a 17 años corresponde a actividad física moderada a vigorosa durante 60 minutos diarios por 7 días a la semana. Para mayores de 18 años corresponde realizar actividad física moderada en tiempo libre por lo menos 150 minutos por 7 días o actividad física vigorosa al menos 75 minutos por 7 días o una combinación equivalente de las dos.
98. Son ejemplos de alimentos en paquetes papas, chitos, patacones, tocinetas. Estos se relacionan con consumo excesivo de sal, grasas saturadas, trans y azucares. El consumo de sodio está relacionado la presencia hipertensión y enfermedades cardiovasculares (Organización Panamericana de la Salud, 2017). El consumo de grasas saturadas y trans esta se relacionada con la presencia de sobrepeso, obesidad, algunos tipos de cáncer, hiperlipidemia, esta última relacionada como un factor de riesgo para sufrir enfermedades cardio cerebrales (Cabezas Z, Hernández T, & Vargas Z, 2016).
99. Ver los problemas asociados con el consumo de estos alimentos en el Plan Nacional de Desarrollo 20182022, en Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos sanos
100. La disfunción familiar busca mostrar como perciben los miembros el nivel de funcionamiento de la unidad familiar, entre las que se encuentran el análisis del área de adaptación, vida en común, crecimiento, afecto y resolución.
101. Dentro del modelo ecológico establecido por la OMS, la estructura de la sociedad corresponde al medioambiente en el que se desarrolla un ser humano y el cual se establecen y normalizan conductas, en este caso alienta o inhibe la presencia de violencia (Organización Mundial de la Salud, 2019).
102. El 100 % de las personas entre 12 a 17 años presentan al menos 1 síntoma depresivo o de ansiedad, y el 80,2 % de las personas entre 18 a 44 años presentan entre 1 a 3 síntomas de depresión (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015).
103. Dentro de las mayores solicitudes realizadas por los jóvenes corresponde a la intervención para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas.
104. Entre 2006 y 2018 aumentó 2,3 puntos la tasa de mortalidad por suicidio para población entre 15 a 34 años.
105. Se refiere a la capacidad de los jóvenes en la toma de decisiones asociado a sus derechos sexuales y reproductivos (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014).
106. Esto implica que existen mujeres que no utilizan un método anticonceptivo y se encuentra sexualmente activas, pero a la vez, no desean quedar en embarazo.
107. En las mesas desarrolladas con los jóvenes se expresó la necesidad de transcender la visión de sexualidad desde la planificación familiar a un enfoque de derechos que incluya temáticas asociadas al conocimiento y manejo de relaciones, valores y derechos de la sexualidad, igualdad, violencias, conductas sexuales y toma de decisiones, entre otros.
108. Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal y se establecen las directrices para su operación.
109. Si bien en 2020 se introdujo una actualización de la metodología para medir el déficit habitacional en Colombia, dicha metodología no es replicable hacia atrás. Por esto, estas estimaciones son realizadas de acuerdo con la metodología anterior con el fin de permitir la comparabilidad de las cifras.
110. Según la Política Nacional de Infancia y Adolescencia, el entorno institucional "es un escenario que promueve el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes que transitan por momentos vitales particulares que deben ser abordados por instituciones que atiendan eventos de salud, situaciones de vulneración de derechos, dependencia funcional, social, económica o psicológica, entre otros". Quienes viven en estos espacios están institucionalizados.
111. Como se señaló en los antecedentes, los defensores de familia del ICBF y los comisarios de familia de las entidades territoriales son quienes pueden adelantar dichas medidas.
112. De un universo de 68.979 niños, niñas y jóvenes.
113. Siempre se propende que el proceso de adopción se dé para el grupo familiar
114. Se entiende que los entornos protectores son la familia, la escuela, la comunidad, entre otros entornos en los que se relaciona el joven y adolescente,
115. Es aquel en el cual se garantiza un desarrollo integral, se utiliza plenamente las potencialidades y capacidades y se realiza en el marco de la legalidad.
116. Según cifras del ICBF, en la vigencia 2020, para las modalidades no privativas, los 3 principales delitos correspondieron a: (i) hurto calificado (27,5 %); (ii) tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (18 %) y; (iv) violencia intrafamiliar (13,1 %); en contraposición, en medidas privativas los 3 delitos principales fueron: (i) hurto calificado (36,5 %); (ii) homicidio agravado (22,5 %) y, (iii) fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (11,5 %).
117. Siguiendo la línea de política pública de prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados y GDO, aprobado en el marco de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el uso, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (CIPRUNNA), se entiende por uso de niños, niñas o adolescentes como aquellas prácticas o comportamientos de quienes promuevan, induzcan, faciliten, financien, colaboren o participen en que los niños, niñas y adolescentes participen en cualquier actividad ilegal de los grupos armados organizados o grupos delictivos organizados; recurriendo a cualquier forma de violencia, amenaza, coerción o engaño, que conlleve a la vulneración o falta de garantía de sus derechos, con el propósito de obtener provecho económico o cualquier otro beneficio. El Código Penal en su artículo 188 D tipifica esta conducta como el delito de "uso de menores de edad".
118. Desde el ámbito penal se ha entendido que la instrumentalización afecta la autonomía individual de los menores de edad.
119. Con apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, el ICBF realizó en el 2019 un ejercicio de caracterización de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal a nivel nacional, con el propósito de identificar particularidades de la población sobre factores individuales, familiares, experiencias personales, percepciones y conocimiento de los adolescentes y jóvenes que cumplen sanciones en las diferentes modalidades. Se encuestaron 1.288 adolescentes y jóvenes, incluyendo hombres y mujeres con edades entre 14 y 30 años.
120. El ordenamiento jurídico colombiano establece diferentes mecanismos y procedimientos que buscan proteger integralmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes, atendiendo la condición de sujetos de especial protección constitucional. El proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD) de los niños, niñas y adolescentes, es uno de estos mecanismos cuyo propósito es restaurar los derechos que han sido vulnerados, amenazados o inobservados y garantizar la no repetición de eventos que afecten el goce de sus derechos.
121. Para este módulo de preguntas la muestra consistió en 701 adolescentes y jóvenes.
122. Con corte al 10 de junio de 2021
123. El índice de privación escolar combina el número de años de escolaridad con la tasa de alfabetismo.
124. Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercico de los derechos de las personas con discapacidad
125. Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social
126. Esta escala busca identificar el grado de dificultad que tienen personas en la población en una serie de dominios considerados básicos para poder participar plenamente en la sociedad: ver, oír, caminar, recordar o concentrarse, cuidado personal y comunicación.
127. Ley estatutaria 1622 de 2013, por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones.
128. Dentro de la disciplina de la psicología positiva, la construcción de proyectos de vida significativa ocurre cuando las personas se sienten conectadas con algo más grande que ellas mismas (Seligman, Steen, Park, & Christopher, 2005). Así, una vida significativa suele relacionarse cuando las personas pueden desarrollar su capacidad de agencia al crear y transformar su propia experiencia de proyecto de vida.
129. Ley Estatutaria 1885 de 2018 y por la cual se modifica la Ley Estatutaria 1622 de 2013
130. Entendidas como desagregaciones al interior de la población joven, que, entre otros grupos, incluye población con auto reconocimiento étnico, población rural, y grupos de edades simples.
131. Algunas encuestas se realizan cada 5 años, otras tienen una periodicidad anual.
132. Herramienta de consulta que organiza y categoriza la información de la totalidad de las Instancias Reglamentadas de Participación Ciudadana (IRPC) vigentes en Colombia.
133. La Ley Estatutaria 1622 de 2013 Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones carecía de orientaciones claras para realizar el procedimiento electoral, no definió detalladamente la composición de los consejos de juventudes ni las curules que se repartirían, tampoco determinó con claridad las responsabilidades de las entidades públicas involucradas en la convocatoria de la elección, ni incluyo reglas que orientaran la consolidación del censo electoral (Garzón Torres, 2018).
134. La meta del acceso con gratuidad en el valor de la matrícula, correspondiente a la acción 1.14 del PAS, la cual llega a cerca de 700.000 estudiantes beneficiarios para cada vigencia, integra en su cumplimiento la estrategia de esquema de gratuidad gradual en el acceso a educación superior pública (referenciada en la acción 1.12 del PAS).
135. De acuerdo con los anuncios realizados por el Presidente de la República, como un objetivo de política pública, se realizarán las gestiones necesarias para convertir la matrícula cero en una política de estado. Esto permitirá brindar en adelante más condiciones y oportunidades para el acceso y la permanencia en la educación superior pública a los jóvenes del país (Ministerio de Educación Nacional, 2021).
136. Se estima que con los recursos previstos para 2021 y 2022 se cubrirá este número de jóvenes que representan aproximadamente el 50 % de la población joven desempleada.
137. Mediante convocatorias públicas, el Programa Nacional de Estímulos apoya iniciativas de artistas, creadores, investigadores, emprendedores, gestores culturales colombianos, personas jurídicas y grupos constituidos de todo el país, mediante el acceso a incentivos económicos: premios, reconocimientos y becas.
138. Esta acción estaría condicionada a factores como: comportamientos de mercado, sostenibilidad financiera de la entidad, recursos de apalancamiento, así como la evaluación de efectividad del programa.
139. Las competencias del Siglo 21 son el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación y la colaboración, la creatividad e innovación, el manejo adecuado de la información, el conocimiento de medios, la alfabetización o adquisición de conocimientos en TICs, la adaptabilidad y flexibilidad, las competencias sociales e interculturales, la iniciativa y autonomía, la productividad y rendición de cuentas, el liderazgo y la responsabilidad Fuente especificada no válida.
