REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Primera de Revisión
SENTENCIA T-512 DE 2025
Referencia: expediente T-11.132.124
Asunto: acción de tutela instaurada por Julia en contra del Distrito de Malva - Secretaría Distrital de Educación de Malva
Tema: estabilidad laboral relativa – Servidores públicos nombrados en provisionalidad; prestaciones asociadas al accidente de trabajo y a la enfermedad laboral
Magistrada ponente: Natalia Ángel Cabo
Bogotá, D.C., doce (12) diciembre de dos mil veinticinco (2025)
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el magistrado Juan Carlos Cortés González y las magistradas Lina Marcela Escobar Martínez y Natalia Ángel Cabo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, así como en los artículos 32 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Esta providencia se dicta en el proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos en primera y segunda instancia por los juzgados 001 Penal Municipal con Función de Conocimiento y 002 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Malva, dentro de la acción de tutela promovida por Julia, a través de apoderada judicial, en contra del Distrito de Malva - Secretaría Distrital de Educación de esta ciudad.
Aclaración previa
En atención a que la presente sentencia contiene información de la historia clínica de la accionante, así como datos de una adolescente, la Corte Constitucional expedirá dos versiones de esta providencia, de conformidad con la Circular Interna No. 10 de 2022 de esta Corporación[1]. La primera versión, con los nombres reales de los involucrados, será la que se notificará a las partes. La segunda, anonimizada, será la versión para publicar en la página web.
Síntesis de la decisión
En esta ocasión, la Corte Constitucional protegió la estabilidad laboral relativa y el derecho a la salud de una mujer adulta mayor. En concreto, esta Corporación ordenó restablecer las garantías laborales y de salud de una persona de 67 años que cuida de su nieta adolescente y que fue desvinculada de su empleo provisional en la Secretaría Distrital de Educación de Malva. La accionante, además de asumir el cuidado de su nieta tras la privación de la libertad de su hijo por el homicidio de la madre de la niña, enfrenta afectaciones de salud derivadas de dos accidentes laborales. Su desvinculación se produjo con ocasión del ascenso de la persona titular del cargo y el nombramiento de alguien con derechos de carrera administrativa, lo cual, a su juicio, desconoció su situación de vulnerabilidad.
El caso llevó a la Corte a resolver dos cuestiones centrales. La primera, si la Secretaría de Educación vulneró los derechos a la estabilidad laboral relativa, al mínimo vital, al trabajo, a la seguridad social y al debido proceso de una servidora pública adulta mayor, cabeza de hogar y con afectaciones de salud recientes, al retirarla del cargo provisional que desempeñaba. La segunda, si las entidades del sistema de seguridad social vulneraron sus derechos a la salud, a la seguridad social y a la vida digna al no calificar el origen de sus patologías y al demorar la atención médica especializada ordenada por su médico tratante. Si bien la Corte concluyó que no era prepensionada, analizó con detenimiento sus condiciones personales, familiares y médicas.
La Corporación reiteró la jurisprudencia sobre el régimen de carrera administrativa como regla general de acceso al empleo público y la estabilidad laboral relativa de las personas nombradas en provisionalidad; la protección de las personas cabeza de hogar, y la estabilidad laboral relativa de las personas en una situación de debilidad manifiesta por razones de salud. Además, se refirió a las prestaciones y derechos asociados al accidente de trabajo y a la enfermedad laboral, así como al derecho fundamental al cuidado.
Luego de estudiar el caso, la Corte determinó que la Secretaría de Educación sí vulneró los derechos de la accionante. Señaló que ella contaba con estabilidad laboral relativa, tanto por su condición de cabeza de hogar -reconocida por la propia entidad- como por su situación de debilidad manifiesta derivada de las lesiones sufridas. Asimismo, advirtió que el acto administrativo mediante el cual se dispuso su retiro carecía de la motivación exigida por la jurisprudencia constitucional. La Corte también concluyó que la Administradora de Riesgos Laborales y la EPS (Entidad Promotora de Salud) incumplieron sus obligaciones al no adelantar la calificación del origen de sus patologías y permitir una demora de más de cinco meses en la programación de una cita con un especialista.
En consecuencia, la Corte ordenó que, en un plazo de quince días, la Alcaldía de Malva verificara, en coordinación con las entidades y dependencias del Distrito, la existencia de vacantes en cargos equivalentes o funcionalmente similares a los que desempeñaba la accionante antes de su desvinculación. Si tales vacantes existiesen, debería ofrecérsele la posibilidad de vinculación a la accionante; de lo contrario, debería priorizarse su nombramiento en provisionalidad. También, dispuso que el Distrito revisara los programas y proyectos dirigidos a personas cuidadoras y a adultas mayores para facilitar su inclusión, con el acompañamiento de la Defensoría Regional de Gris. Finalmente, ordenó a la EPS garantizar la atención especializada pendiente, calificar el origen de las patologías de la accionante e informarle los resultados, con el fin de asegurar la protección de sus derechos.
ANTECEDENTES
Hechos y pretensiones
La señora Julia, de 67 años, se desempeñó entre el 2 de diciembre de 2015 y el 16 de agosto de 2024 en el cargo de auxiliar de servicios generales Código 470, grado 01, en la Secretaría de Educación del Distrito de Malva. Su nombramiento en este cargo fue provisional[3] debido al nombramiento en encargo de la titular del cargo, Bertha, en una vacante provisional de mayor grado.
El 11 de marzo de 2022, la CNSC (Comisión Nacional del Servicio Civil) y la Alcaldía de Malva expidieron el Acuerdo 444, mediante el cual convocaron al proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva del Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Secretaría de Educación Distrital de Malva[5].
En el marco de ese proceso, la Secretaría de Educación del Distrito de Malva expidió la Circular número 100 del 25 de julio de 2023[6], mediante la cual solicitó al personal administrativo nombrado en provisionalidad los documentos necesarios para su caracterización.
Posteriormente, mediante la Circular AAA-555-2024 del 16 de agosto de 2024[7], la Secretaría Distrital de Educación de Malva comunicó la finalización del proceso de caracterización y ubicó a la señora Julia en la tipología 2. Esta tipología, de acuerdo con la circular indicada, corresponde a la de “padre o madre cabeza de familia”[8]. Sin embargo, la accionante la asoció a “personas con limitación física, mental, visual o auditiva” en la demanda.
Según la señora Julia, su clasificación se sustentó en dos accidentes laborales: el primero, ocurrido el 15 de marzo de 2022, le causó una contusión en su muñeca y su mano derecha. El segundo, del 4 de abril de 2024, le ocasionó una contusión en sus rodillas[10].
Mediante el Decreto 1203 del 12 de agosto de 2024, notificado el 16 de agosto del mismo año[11], la Secretaría de Educación de Malva dio por terminado el nombramiento en provisionalidad de la señora Julia como auxiliar de servicios generales que desempeñaba la accionante en la IE (Institución Educativa) Amarilla, con ocasión del ascenso de la señora Bertha[12]. La accionante señaló que la Secretaría no tuvo en cuenta su patología ni la condición de prepensionada que afirmó ostentar para emitir el acto administrativo.
De acuerdo con la accionante, la Secretaría Distrital de Educación de Malva realizó nombramientos en provisionalidad en el mismo cargo, tanto antes como después de su desvinculación.
La señora Julia afirmó que su salario era su único ingreso, con el que cubría sus necesidades básicas y las de su nieta, Mariana, de 15 años[13]. Además, señaló que, dada su edad, su situación de salud y la situación económica del país, no tenía la posibilidad de conseguir un empleo.
La señora Julia está a cargo del cuidado de su nieta, porque su hijo y padre de la adolescente, Raúl, se encuentra privado de la libertad[14] por el homicidio de su compañera permanente, Mónica, madre de Mariana.
Con base en los anteriores hechos, el 24 de diciembre de 2024, la señora Julia interpuso, mediante apoderada judicial, acción de tutela en contra del Distrito de Malva y la Secretaría de Educación Distrital de esta ciudad[15], con miras a proteger sus derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social, vida, salud, trabajo, debido proceso y dignidad humana. En particular, solicitó que se le ordenara a la entidad accionada que la reintegrara al cargo de auxiliar de servicios generales, Código 470, grado 01, o a otro de igual o superior categoría, y que le pagara los salarios dejados de percibir desde el 16 de agosto de 2024 y hasta el momento de su reintegro.
Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 26 de diciembre de 2024[16], el Juzgado 001 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Malva admitió la acción de tutela y vinculó a la CNSC, a la IE Amarilla y a la Dirección Administrativa de Talento Humano Distrital.
Respuestas de la entidad accionada y las entidades vinculadas
La Alcaldía de Malva manifestó que la acción de tutela era improcedente[17]. Esto, en primer lugar, ya que la accionante contaba con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, considerado por la entidad un mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz. Sostuvo que, en el trámite jurisdiccional, era posible solicitar medidas cautelares para proteger y garantizar el objeto del proceso, por lo que la tutela no cumplía con el requisito de subsidiariedad.
En segundo lugar[19], el Distrito sostuvo que no vulneró los derechos fundamentales de la señora Julia, dado que actuó conforme al ordenamiento jurídico aplicable. La Alcaldía señaló que se había cumplido la condición resolutoria explícita consistente en definir la situación administrativa del titular de la vacante y que la accionante no podía reclamar la estabilidad laboral reforzada indefinida[20]. Además, adujo que la tutelante no demostró las necesidades básicas o gastos mínimos a su cargo ni impedimento para trabajar en otra empresa privada que acreditaran una vulneración del derecho fundamental al mínimo vital.
Para soportar sus argumentos, el Distrito refirió y anexó un informe de la Secretaría Distrital de Educación de Malva[22], en el que se afirma que la señora Julia solicitó únicamente ser caracterizada como madre cabeza de familia (tipología número 2), condición que se acreditó. La entidad sostuvo que no le constaban los accidentes laborales de la accionante ni sus consecuencias, y que su desvinculación se realizó por causas legales[23], en virtud de los resultados del concurso de méritos[24]. Sobre este aspecto, la entidad precisó que el cargo de auxiliar de servicios generales en la IE Amarilla lo ocupa una persona elegible del concurso de méritos que escogió esa plaza[25], por lo que no contaba con vacantes. Afirmó que, de tenerlas, debía usar la lista de elegibles del concurso mencionado y, luego, aplicar el orden de prelación al personal administrativo nombrado en provisionalidad conforme a la caracterización realizada.
La Secretaría también indicó que la accionante conocía el carácter temporal de su vinculación, la cual se mantenía únicamente mientras se obtenían los resultados del concurso de méritos y persistiera el encargo de la señora Bertha. Precisó que los servidores públicos que ocupan en provisionalidad un cargo de carrera gozan de una estabilidad laboral relativa, que cede para proveer los cargos de personas de carrera[27].
Adicionalmente, la Secretaría de Educación Distrital se refirió a los artículos 27 y 29 de la Ley 909 de 2004, para indicar que la carrera administrativa tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para ello, el ingreso y la permanencia en los empleos se realizan con base en el mérito, mediante procesos de selección transparentes, objetivos, abiertos y equitativos. Agregó que el nombramiento en provisionalidad es excepcional y transitorio y tiene lugar cuando no hay empleados de carrera que cumplan con los requisitos para ser encargados y no exista lista de elegibles vigente para proveer la respectiva vacante[28].
La CNSC, la IE Amarilla y la Dirección Administrativa de Talento Humano Distrital guardaron silencio.
Decisiones judiciales objeto de revisión
Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 10 de enero de 2025[29], el Juzgado 001 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Malva declaró improcedente la acción de tutela. El juzgado advirtió que esta Corporación ha reconocido que existen diferentes acciones para garantizar y proteger los derechos fundamentales que podrían verse vulnerados o amenazados por manifestaciones de voluntad de la administración, como lo son la simple nulidad y la nulidad y restablecimiento del derecho, y en el marco de dichas acciones es posible solicitar medidas cautelares. No obstante, en el expediente no obraba presentación de ningún recurso en contra del Decreto 1203 del 12 de agosto de 2024, por medio del cual la Secretaría Distrital de Educación de Malva había resuelto dar por terminado el nombramiento provisional de la señora Julia. Además, consideró que en el caso no se demostraba la ocurrencia de un perjuicio irremediable que permitiera la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo transitorio.
A lo anterior, la autoridad judicial añadió que las accionadas le habían informado a la señora Julia del uso del listado de caracterización para la aplicación del retén social, luego de agotarse la lista de elegibles para el cargo, y habían procedido de conformidad.
El 28 de enero de 2025, Julia, mediante apoderada judicial, impugnó el fallo de primera instancia[30]. En su escrito señaló que el artículo 3° del Decreto 1203 de 2024 dispuso que contra dicho acto administrativo no procedía el recurso de reposición y que un proceso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo podría tardar más de tres años, lo cual pondría en riesgo su estabilidad y la de su familia, y vulneraría su salud y bienestar. Además de reiterar algunos de los fundamentos de la acción de tutela, la accionante se refirió a la posibilidad que tiene el juez de flexibilizar el análisis de procedibilidad en casos promovidos por sujetos de especial protección constitucional[31]. Finalmente, adujo que cuando el pago del salario se suspende por tiempo indefinido, se presume afectado el mínimo vital del trabajador y su familia, y corresponde al empleador demandado demostrar que el trabajador cuenta con otros recursos para cubrir sus necesidades básicas.
Sentencia de segunda instancia
Por medio de fallo del 26 de febrero de 2025, el Juzgado 002 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Malva confirmó la decisión de primera instancia[33]. Al respecto, señaló que la accionante podía acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para controvertir la legalidad de las decisiones objeto de reproche y solicitar la suspensión provisional de los actos administrativos. El juzgado indicó que la accionante no había acreditado una situación de debilidad manifiesta por motivos de salud[34] y proceder con la acción sería desnaturalizar su carácter subsidiario.
Trámite en sede de revisión
En sesión del 28 de agosto de 2025, la Sala de Selección de Tutelas Número Ocho de esta Corporación[35] escogió el expediente de referencia[36]. Este fue repartido a la suscrita magistrada el 12 de septiembre siguiente, para la sustanciación de su trámite y decisión.
Mediante autos del 8[38] y del 27 de octubre de 2025[39], la magistrada ordenó la práctica de pruebas, ofició a Colpensiones (Administradora Colombiana de Pensiones) y vinculó a Salud Total EPS y a la ARL (Administradora de Riesgos Laborales) Seguros de Vida Suramericana S.A.[40]. En respuesta a dichos autos, se obtuvo la siguiente información:
Tabla 1. Respuestas a los autos de pruebas
Seguros de Vida Suramericana S.A. guardó silencio[49].
CONSIDERACIONES
Competencia
La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Requisitos de procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución, es un mecanismo judicial preferente y sumario destinado a la protección inmediata de los derechos fundamentales, que procede ante la inexistencia de otros mecanismos de defensa judicial idóneos y efectivos o ante la necesidad de evitar un perjuicio irremediable. Como requisito fundamental para que la Corte estudie de fondo la acción de tutela presentada por la señora Julia en contra de la Alcaldía de Malva - Secretaría Distrital de Educación de Malva, es necesario estudiar previamente si se cumplen los requisitos de procedencia de esta acción, en atención a las pruebas aportadas dentro del trámite constitucional.
En primer lugar, se cumple el requisito de legitimación en la causa por activa[50], toda vez que la acción de tutela fue presentada por la señora Julia, titular de los derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social, vida, salud, trabajo, debido proceso y dignidad humana cuya protección se reclama, a través de apoderada judicial.
En cuanto a la representación judicial, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el apoderado judicial debe ser profesional del derecho, habilitado con tarjeta profesional, y requiere poder especial para promover en nombre del poderdante la acción de tutela[51]. Como regla general, este poder debe identificar: (i) los datos del poderdante y del apoderado, (ii) la persona accionada, (iii) el acto o documento que causa el litigio y (iv) el derecho fundamental que se procura garantizar[52]. En todo caso, esta Corporación ha destacado que la legitimación en la causa por activa busca asegurar el acceso a la administración de justicia sin imponer barreras que excedan lo razonable[53]. En esa línea, ha resaltado los principios de eficacia, celeridad e informalidad que orientan el procedimiento de tutela[54], y ha fijado como regla que "cuando el titular de los derechos fundamentales exprese de manera inequívoca interés en la presentación de la acción de tutela en las actuaciones dentro del proceso, inclusive en sede de revisión, se tendrá por acreditado el requisito de legitimación en la causa por activa a pesar de que esta haya sido interpuesta originalmente por el apoderado general de una persona natural".
En el asunto bajo examen obra un poder especial otorgado el 16 de diciembre de 2024[56] por la señora Julia a la abogada, con tarjeta profesional vigente, Francia[57]. Esto, para presentar acción de tutela contra el Distrito de Malva y contra el secretario de Educación Distrital, "a fin de que se [l]e tutelen [su]s derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social, vida, salud, trabajo, debido proceso y dignidad humana de conformidad con los hechos de la tutela". En este sentido, el documento contiene los datos de la poderdante, de la apoderada y de la parte accionada, así como los derechos fundamentales que se procuran garantizar. No obstante, no especifica el acto o documento que causa el litigio al limitarse a “los hechos de la tutela”.
A pesar de no cumplir el documento aportado estrictamente con todos los requisitos jurisprudenciales, en el poder es clara la mención a la facultad para presentar la acción constitucional y el interés de la accionante en la acción de tutela que dio origen al proceso de la referencia fue confirmado en sede de revisión cuando la apoderada indicó que la señora Julia respondería de manera directa a los requerimientos de esta Corporación[58], tal como ocurrió[59]. Además, en el expediente consta certificación de Sintrenal para el pago a la poderdante de los honorarios "correspondientes a la acción de tutela a instaurar contra el Distrito [de Malva]– Secretaría de Educación Distrital para lograr el reintegro de la [señora Julia], por carecer la misma en estos momentos de los recursos económicos para la gestión".
Con base en lo anterior, y la edad de la señora Julia, la situación de salud en la que alegó estar y las responsabilidades de cuidado que asume, la Sala advierte que la demandante es una persona vulnerable que actuó de buena fe y con el convencimiento de que su apoderada adelantaría la acción de tutela para procurar su reintegro y así proteger sus derechos fundamentales al mínimo vital, la seguridad social, la vida, la salud, el trabajo, el debido proceso y la dignidad humana. De este modo, confió en su abogada, de quien se presume el conocimiento especializado. Para esta Corporación, entonces, la inadmisión de la acción implicaría una consecuencia desproporcionada y grave para la accionante, y atendería a una circunstancia de su representante judicial que no debe serle trasladada, máxime cuando no fue advertida en instancias[61].
En estos términos, en atención a los principios de celeridad, eficacia e informalidad, y a la voluntad de la demandante, la Sala de Revisión considera que la legitimación por activa se encuentra acreditada en el caso concreto.
En segundo lugar, se acredita el requisito de legitimación en la causa por pasiva[62]. La demanda se dirige contra la Alcaldía de Malva - Secretaría Distrital de Educación de Malva, entidad que presuntamente vulneró los derechos fundamentales invocados por la señora Julia al emitir el acto administrativo mediante el cual se terminó su nombramiento provisional. Además, en caso de que la tutela se resuelva a su favor, sería la autoridad encargada de cumplir las órdenes proferidas. Al respecto, se resalta que la Dirección Administrativa de Talento Humano Distrital, vinculada en primera instancia, pertenece a esta entidad territorial.
En este caso, también se acredita la legitimación en la causa por pasiva respecto de Salud Total EPS y Seguros de Vida Suramericana S.A., entidades vinculadas que podrían tener injerencia en la presunta vulneración de los derechos fundamentales. Esto, en tanto la accionante se encuentra afiliada, al menos desde el año 2022, a la EPS (Entidad Promotora de Salud) y se encontraba afiliada a la ARL mencionadas, de manera que son entidades que además de aportar información sobre su estado de salud, la cual es relevante para una decisión, tuvieron o pudieron tener a su cargo, en una primera oportunidad, la determinación de la PCL (pérdida de capacidad laboral) y calificación del grado de invalidez y el origen de las contingencias[63] que la accionante alegó que no se tuvieron en cuenta para terminar su nombramiento. Además, la EPS sería la entidad encargada de la programación de la cita[64] de ortopedia y de la radiografía que la accionante indicó que estaban pendientes hace más de tres meses. En ese orden, ambas entidades podrían ser objeto de las órdenes que eventualmente se dicten para proteger los derechos fundamentales de la actora de conformidad con los hechos alegados desde la presentación de la acción.
Por el contrario, la Corte no encuentra que, frente a la CNSC y la IE Amarilla, vinculadas en primera instancia, se cumpla el requisito de la legitimación en la causa por pasiva, pues estas no estaban a cargo de la emisión del acto administrativo por medio del cual se terminó su nombramiento provisional. Además, esta Corporación recuerda[65] que, aunque la CNSC tiene funciones relacionadas con las convocatorias a los concursos de méritos, los procesos de selección o el establecimiento de las listas de elegibles[66], y la institución corresponde al lugar donde la accionante realizaba sus labores, no se trata de entidades que cuenten con la facultad nominadora. De acuerdo con el Decreto 1083 de 2015[67], esta función recae en el alcalde, quien, en el caso en concreto, la delegó en el secretario de Educación Distrital[68]. En ese sentido, la Sala no identifica una conducta vulneradora que les sea atribuible ni un interés legítimo, por lo que se procederá con su desvinculación en el fallo de esta acción.
En tercer lugar, el requisito de inmediatez[69] también se acredita. Según los antecedentes del caso, la accionante fue notificada del acto administrativo mediante el cual se terminó su nombramiento provisional el 16 de agosto de 2024. Como la acción de tutela fue radicada el 24 de diciembre del mismo año, es decir, aproximadamente cuatro meses después de la ocurrencia de los hechos, la Corte considera que transcurrió un término razonable y proporcionado[70]. Además, en el caso en particular, la vulneración que alega la accionante permanece en el tiempo, pues continúa sin percibir ingresos tras su desvinculación, lo cual afecta, entre otras, su capacidad adquisitiva.
Finalmente, se cumple el requisito de subsidiariedad[72] en la medida en que, dadas las circunstancias del caso, no existen mecanismos ordinarios idóneos y eficaces para la protección de los derechos fundamentales invocados por la accionante. Si bien, en principio, la solicitud para el reintegro al cargo de un servidor público no procede la acción de tutela, porque no es el mecanismo idóneo para controvertir un acto administrativo, dada la presunción de legalidad que los reviste y las competencias asignadas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo[73], las condiciones en que se encuentra la accionante exigen recurrir al amparo para proteger sus derechos fundamentales y ameritan un estudio del requisito más flexible.
En efecto, la señora Julia, al momento de ser desvinculada del cargo en provisionalidad y hasta la fecha, ha tenido bajo su cuidado a su nieta, persona menor de 18 años; es una mujer, sujeto de especial protección constitucional por su condición de adulta mayor, pues tiene 67 años, lo cual como adujo dificulta su reinserción laboral[75]; alegó afectaciones a su salud derivadas de dos accidentes laborales -con dolencias persistentes, dificultades de movilidad y retrasos en la atención especializada[76]-, y los ingresos de su hogar son insuficientes para la cobertura de sus necesidades básicas[77]. Al respecto, aunque en sede de revisión afirmó que su hogar cuenta con los ingresos que su esposo devenga de labores de carpintería y $100.000 que aporta una de sus hijas, esta Sala observa que su esposo también es un adulto mayor y que, de la sumatoria de los ingresos, que no alcanzan un salario mínimo legal mensual vigente, dependen tres personas, ya que la señora Julia está desempleada hace más de un año. Además, de acuerdo con la caracterización del Sisbén (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales), incluso desde antes de la terminación del nombramiento provisional, la señora Julia y su esposo se encuentran clasificados en el grupo vulnerable[78] y su nieta, con actualización más reciente de datos, en el grupo de pobreza moderada[79]. La señora Julia, además, está afiliada al régimen subsidiado de salud como madre cabeza de familia.
Esta Corporación, en casos similares[81], ha indicado que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no es idóneo para conocer de lo pretendido, cuando la parte accionante, como ocurre en este caso, no cuestiona la legalidad de la resolución mediante la cual fue desvinculada ni alega alguna de las causales de nulidad establecidas en el artículo 137 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo)[82]. También ha señalado que el mecanismo judicial no es eficaz por su duración, de modo que, ante los impactos de la desvinculación, resultaría desproporcionado esperar el pronunciamiento del juez administrativo.
En consecuencia, la Sala Primera de Revisión encuentra acreditado el presupuesto de subsidiariedad, pues el mecanismo existente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no resulta eficaz para proteger los derechos de la accionante dadas sus condiciones de vulnerabilidad.
Sin perjuicio de lo anterior, la Corte precisa en este punto una cuestión relativa a la condición de prepensionada de la accionante. Aunque esta condición fue mencionada en la demanda, no se advierte que la señora Julia cumpla con dicha calidad, por lo que esta razón no justifica la falta de idoneidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho[84]. En efecto, para que la acción de tutela sea procedente en casos de personas prepensionadas, quien procura la protección debe estar próxima a cumplir los requisitos para acceder a una pensión de vejez al momento de la desvinculación, es decir, proyectar el acceso a dicha garantía en un plazo de tres años[85]. No obstante, de acuerdo con la información conocida en sede de revisión, la accionante contaba al momento de su desvinculación con 473,86 semanas cotizadas[86] y registro de aportes hasta enero de 2021. De manera que, aunque la señora Julia había cumplido la edad para pensionarse, situación por la que incluso en el año 2014 Colpensiones le reconoció una indemnización sustitutiva[87], requería de más de tres años de cotización para completar las 1300 semanas necesarias para acceder a una pensión de vejez en el año 2024.
Por las razones expuestas –a pesar de no encontrar acreditada la condición de prepensionada–, la Corte verifica que en este caso se satisfacen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, lo que habilita un pronunciamiento de fondo por parte del juez constitucional, que se desarrollará en los siguientes apartados.
Planteamiento del problema jurídico y metodología de la decisión
Una vez verificada la procedibilidad de la acción, esta Sala recuerda que, en aplicación de su facultad para proferir fallos extra y ultra petita, el juez de tutela puede, entre otras, no ceñirse a resolver las pretensiones tal como fueron formuladas en la demanda. Ello está en línea con el principio según el cual el juez conoce del derecho, siempre y cuando la decisión se fundamente en los hechos narrados y en las pruebas aportadas, recaudadas y valoradas[89]. A partir de ello y de lo expuesto en los antecedentes, la Corte ampliará el estudio de los derechos a la salud y a la seguridad social, invocados por la accionante, para analizar algunas prestaciones y derechos relacionados con las contingencias ocurridas en marzo de 2022 y abril de 2024, y su estado de salud actual. Además, siguiendo el desarrollo jurisprudencial sobre los derechos a la estabilidad laboral y a la calificación de la PCL, en vez de referirse de forma separada a los derechos a la vida y a la dignidad humana invocados también por la actora, se referirá al derecho fundamental a la vida digna.
Así, a esta Corporación le corresponde resolver los siguientes problemas jurídicos:
¿vulnera una entidad pública los derechos fundamentales a la estabilidad laboral relativa, a la seguridad social, al mínimo vital, al trabajo y al debido proceso cuando desvincula a una servidora adulta mayor, que ejerce el cuidado de su nieta adolescente y fue diagnosticada con una contusión de su muñeca y su mano, así como de sus rodillas, tras dos accidentes laborales, del cargo que ocupa en provisionalidad, por ascenso de la persona titular, y en su lugar nombra a una persona con derechos de carrera?
¿Vulnera una entidad del Sistema General de Seguridad Social los derechos a la salud, a la seguridad social y a la vida digna cuando (i) no adelanta el trámite de calificación del origen de una enfermedad y de la pérdida de capacidad laboral, e (ii) incurre en una demora en la programación de los servicios ordenados por el médico tratante?
Para resolver estos problemas jurídicos, la Corte Constitucional reiterará su jurisprudencia sobre: (i) el régimen de carrera administrativa como regla general de acceso al empleo público y la estabilidad laboral relativa de las personas nombradas en provisionalidad; (ii) la protección respecto de las personas cabeza de hogar, y (iii) la estabilidad laboral relativa de las personas en una situación de debilidad manifiesta por razones de salud. Además, se referirá a (iv) las prestaciones y derechos que pueden surgir de un accidente o una enfermedad laboral y al (v) derecho fundamental al cuidado. A partir de esas consideraciones, la Sala resolverá el caso concreto.
El régimen de carrera administrativa como regla general de acceso al empleo público y la estabilidad laboral relativa de los funcionarios nombrados en provisionalidad. Reiteración de jurisprudencia
El artículo 125 de la Constitución Política establece el régimen de carrera administrativa como el mecanismo general y preferente para la provisión de los empleos en los órganos y entidades del Estado[90]. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, esta disposición busca crear un mecanismo objetivo de acceso a los cargos públicos, en el que las condiciones de ingreso, ascenso, permanencia y retiro dependan del mérito, conforme a criterios reglados, y no de la discrecionalidad del nominador[91]. Se trata de un mecanismo que promueve la igualdad, la imparcialidad y los principios que orientan la función administrativa, pues busca que las personas mejor calificadas se vinculen al Estado en igualdad de oportunidades y bajo parámetros objetivos.
Aunque esta Corte ha reconocido la carrera administrativa basada en el mérito como principio constitucional[93] y ha señalado que una herramienta fundamental para concretarlo es la implementación de concursos públicos[94], también ha indicado que se admiten excepcionalmente los nombramientos provisionales de personas que no han superado concurso de méritos, con el propósito de que las entidades públicas garanticen la continuidad en la prestación de sus servicios[95]. Se trata de nombramientos en cargos con una naturaleza transitoria y cuya duración está sujeta a la selección de funcionarios a través de la evaluación de sus méritos[96]. De modo que las personas que superan las etapas del concurso público integran la lista de elegibles y, entre otras prerrogativas, adquieren un derecho subjetivo de ingreso al empleo público, que puede ser exigible ante la Administración frente a los funcionarios que hayan sido vinculados en provisionalidad.
Por esta razón, esta Corporación ha señalado que existen marcadas diferencias entre los funcionarios inscritos en carrera administrativa y los funcionarios públicos provisionales, en particular, en cuanto a las condiciones para su vinculación, su retiro y la estabilidad laboral que se les confiere a cada uno[98]. La estabilidad laboral constituye un principio mínimo fundamental de las relaciones laborales[99] y protege el derecho de los trabajadores a permanecer en sus empleos, salvo que exista una justa causa para su desvinculación[100]. De conformidad con este principio y los de igualdad, prohibición de la discriminación, solidaridad e integración social, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el derecho a la estabilidad laboral reforzada, que se concreta en la adopción de medidas especiales de protección para personas en situación de vulnerabilidad[101]. El grado de estabilidad laboral de los funcionarios públicos varía según la forma de vinculación.
A los funcionarios que acceden a cargos públicos mediante concurso de méritos se les confiere una estabilidad laboral reforzada. Esto implica que su retiro del cargo debe atender a una causal prevista en la Constitución o la ley, como la calificación insatisfactoria en el desempeño del empleo o la violación del régimen disciplinario[103]. Por su parte, los funcionarios que desempeñan cargos en provisionalidad gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia, en virtud de la cual solo pueden ser desvinculados por causales legales, como la calificación de desempeño para esta modalidad de servidores, la comisión de faltas disciplinarias, la cesación de la situación que generó la vacancia o la provisión del cargo en propiedad por concurso de méritos[104]. Ello supone que, con miras a garantizar el principio de publicidad y el derecho fundamental al debido proceso, el acto administrativo de desvinculación esté motivado y contenga las razones de la decisión.
Por lo anterior, esta Corporación ha reconocido que los servidores nombrados mediante un concurso público de méritos tienen un mejor derecho que los nombrados en provisionalidad. Por ello, la terminación del vínculo de un funcionario en provisionalidad, para nombrar un funcionario seleccionado mediante concurso público de méritos, en principio, y siempre y cuando esté debidamente motivado, no desconoce los derechos de quienes accedieron al cargo de forma transitoria[106].
Sin perjuicio de lo expuesto, y con el propósito de armonizar mandatos constitucionales como la carrera administrativa basada en el mérito, los derechos de los funcionarios que acceden al empleo público por esta vía y la especial protección a personas en situación de vulnerabilidad, la Corte ha reconocido un trato preferencial para sujetos de especial protección constitucional que ocupan cargos en provisionalidad, como quienes son cabeza de familia[107], están próximos a pensionarse[108] o están en una situación de discapacidad o debilidad manifiesta por causa de una enfermedad[109]. Así, la jurisprudencia constitucional ha establecido las siguientes reglas:
El mérito es el criterio que prevalece para la asignación de empleos en la carrera administrativa.
El trato preferencial no implica un derecho a permanecer de forma indefinida en un cargo provisional. Su vinculación se prolonga hasta que los cargos sean provistos en propiedad mediante el sistema de carrera o su desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional.
La entidad nominadora debe adoptar medidas afirmativas para los sujetos de especial protección constitucional, consistentes en que sean los últimos en ser removidos de sus cargos y, en lo posible, vincularlos de manera provisional en cargos vacantes de la misma jerarquía o equivalencia de los que venían ocupando.
La vinculación provisional en un nuevo cargo vacante requiere que se demuestre alguna circunstancia que implique especial protección constitucional al momento de su desvinculación y en la época del posible nombramiento.
Si la vinculación a un nuevo cargo vacante no es posible por la existencia de una persona con mejor derecho al haber ganado un concurso público, la entidad nominadora debe hacer el nombramiento si se abren vacantes en el futuro[110].
Con base en lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha considerado viable exigir a las entidades públicas nominadoras que verifiquen, al momento de la desvinculación, que el funcionario a desvincular no sea un sujeto de especial protección que goza de estabilidad laboral intermedia o relativa[111]. Por la pertinencia para la solución del caso que se estudia, a continuación, se hará énfasis en dos de las condiciones amparadas por el derecho a la estabilidad laboral relativa: ser cabeza de hogar y la debilidad manifiesta por motivos de salud que dificultan sustancialmente el desempeño de funciones laborales.
La protección respecto de las personas cabeza de hogar. Reiteración de jurisprudencia
A partir de mandatos constitucionales, como los artículos 13, 42, 43, 44 y 93[112] de la Constitución Política[113], la legislación[114] y la jurisprudencia constitucional han desarrollado el concepto de mujer u hombre cabeza de hogar[115], para referirse a quienes, en su calidad de personas solteras o casadas, asumen de forma permanente la responsabilidad de hijos menores de edad u otras personas en incapacidad de trabajar, y no tienen otra forma de generar ingresos, ya sea por “ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente, o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar”[116]. Esto incluye, entre otros, a quienes, sin tener hijos propios, son responsables de otras personas allegadas que forman parte de su núcleo familiar o de hijos que se encuentran en incapacidad de trabajar, por ejemplo, en razón de sus estudios cuando son menores de 25 años. Las mujeres y hombres cabeza de hogar son quienes, entonces, asumen el sustento económico, social o afectivo de su núcleo familiar y, por tanto, las obligaciones de apoyo, cuidado y manutención del hogar.
A partir de la Sentencia SU-388 de 2005, esta Corporación ha señalado que, para que una persona pueda ser considerada mujer u hombre cabeza de hogar, en el marco de la protección especial que se les concede cuando están vinculados en provisionalidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:
(i) Que tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar.
(ii) Que esa responsabilidad sea de carácter permanente.
(iii) No sólo debe haber una ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que: (a) se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; o (b) no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, psíquica o mental o, como es obvio, la muerte.
(iv) Que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria para sostener el hogar[118].
Con relación a su estabilidad laboral, en línea con lo expuesto en el acápite anterior, esta Corte ha señalado que la entidad nominadora deberá tener en cuenta dos situaciones antes de proceder a la desvinculación. La primera, aplicable en caso de existir plazas vacantes para la provisión de empleos de carrera, exige que la entidad garantice la estabilidad laboral tanto del ganador del concurso como del servidor público cabeza de familia. La segunda, cuando no cuenta con margen de maniobra, exige a la entidad asegurarse de que las personas cabeza de hogar sean las últimas en ser desvinculadas de sus cargos[119].
Así, esta Corporación insiste en que, en caso de procederse con la desvinculación de una persona cabeza de familia, el acto administrativo de desvinculación no solo debe estar debidamente motivado[120], sino que, de ser fáctica y jurídicamente posible, la entidad nominadora debe vincularla en forma provisional en empleos vacantes de carrera o temporales, de igual o mayor jerarquía a los que ocupaba.
La estabilidad laboral relativa de las personas en situación de debilidad manifiesta por razones de salud. Reiteración de jurisprudencia
La existencia de una situación de debilidad manifiesta por razones de salud es otro de los supuestos en los que la Corte Constitucional ha identificado la necesidad de brindar una especial protección a las personas que son retiradas de un cargo que ocupaban en provisionalidad[122]. Para que esta protección proceda, el servidor a ser desvinculado debe estar en una situación de salud que “impide sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares” y la entidad nominadora debe conocer esa circunstancia al momento de ordenar el retiro[123]. Al respecto, esta Corte recuerda que la prueba de la situación de salud no exige la calificación de una discapacidad.
Con miras a proteger a estos sujetos de especial protección constitucional, esta Corporación ha determinado que, si la entidad nominadora no adopta acciones afirmativas dirigidas a su reubicación, es procedente ordenarle, en la medida de lo posible y ante la existencia de nuevas vacantes, el reintegro de los servidores. Adicionalmente, esta Corporación ha dispuesto que, cuando se identifique una afectación grave de salud y la persona deba dejar el cargo ocupado en provisionalidad por inexistencia de vacantes, el empleador deberá mantener su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, con miras a garantizar “la continuidad de los servicios médicos necesarios para el tratamiento de su enfermedad, hasta que los mismos finalicen o un nuevo empleador asuma tal obligación”[125].
Prestaciones y derechos asociados al accidente de trabajo y a la enfermedad laboral
En adición a lo anterior y dadas las secuelas para su salud que la accionante refirió a lo largo del proceso, es necesario resaltar que, en Colombia, el SGRL (Sistema General de Riesgos Laborales) busca prevenir, proteger y atender a los trabajadores frente a los efectos de dos riesgos: los accidentes y las enfermedades que surgen de su actividad laboral[126]. Mientras que el accidente de trabajo es definido como cualquier suceso repentino que sobreviene “por causa o con ocasión del trabajo, y [produce] en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte (…)”[127], la enfermedad laboral, es aquella “contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar (…)”[128]. La identificación de estas enfermedades se realiza, en general, mediante una tabla que el gobierno actualiza periódicamente.
El SGRL es un instrumento esencial para garantizar los derechos fundamentales a la seguridad social[130], así como a la salud, a la vida digna y al mínimo vital[131]. Como tal, este sistema fija las prestaciones asistenciales y económicas a las que pueden acceder los trabajadores ante un accidente o una enfermedad laboral. Las primeras se relacionan con la atención de la salud de los trabajadores y en general se trata de servicios que presta la EPS a la cual está afiliado el trabajador. Estos incluyen la asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica; los servicios de hospitalización; el suministro de medicamentos; los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento o las rehabilitaciones física y profesional. Las segundas prestaciones, las económicas, comprenden el subsidio por incapacidad temporal, la indemnización por incapacidad permanente parcial, la pensión de invalidez[132], la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario.
En el SGRL, para garantizar las prestaciones expuestas, es determinante el concepto de PCL, que es un derecho que tienen todos los afiliados al sistema[134]. Esta calificación, por un lado, permite establecer, mediante una valoración médica integral, cuál es y qué origen tiene la afectación de salud que generó la disminución de la capacidad laboral. Por otro lado, permite al afiliado acceder a prestaciones o indemnizaciones monetarias a cargo del Sistema General de Seguridad Social[135]. Por ejemplo, el acceso a la indemnización por incapacidad permanente parcial o la pensión de invalidez depende de ella.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, la calificación del grado de PCL y de su origen corresponde, en primera oportunidad, a Colpensiones, a las ARL, a las compañías de seguros que asuman el riesgo de PCL igual o superior al 50% y de muerte, y a las EPS[136]. El origen de la PCL, laboral o común, es relevante porque determina quiénes son los responsables de asumir las prestaciones derivadas de la disminución de la capacidad laboral. Así, si la PCL se origina en una enfermedad o accidente laboral, el llamado a asumir las prestaciones a las que hay derecho es el SGRL, a través de las ARL como entidades aseguradoras de los riesgos. De lo contrario, cuando la causa de la incapacidad es una enfermedad de origen común, responden por las prestaciones sociales los sistemas generales de pensiones y salud. En específico, corresponde a la EPS emitir un concepto de rehabilitación –favorable o desfavorable– antes de que el afiliado cumpla 120 días de incapacidad y remitirlo a la administradora de fondos de pensiones a la cual esté afiliado a más tardar el día 150 de incapacidad, para que esta proceda a calificar la PCL.
La jurisprudencia constitucional ha precisado que la calificación de PCL puede originarse tanto en una enfermedad o accidente laboral claramente identificado, como en patologías derivadas de la evolución posterior de esa enfermedad o accidente, o de cualquier otra situación de salud de origen común[138]. Además, que esta valoración no está sujeta a un término perentorio, pues la determinación depende de las condiciones de salud, el grado de evolución de la enfermedad o de la efectividad del proceso de recuperación o rehabilitación. Finalmente, la Corte ha indicado que esta calificación debe considerar las distintas circunstancias que pudieran haber incidido en el estado de salud del paciente.
En relación con lo anterior, y dada la importancia que las prestaciones asistenciales tienen en estos casos, esta Sala recuerda que la salud es un derecho fundamental autónomo y un servicio público esencial[140]. Como derecho exige que el Estado garantice el acceso efectivo, oportuno, continuo, integral y de calidad a los servicios y tecnologías en salud, sin discriminación[141]. En este sentido, principios como la oportunidad exigen que también el diagnóstico, que permite un adecuado tratamiento, se brinde a tiempo, de forma que solo las razones médicas justifican una demora[142]. Asimismo, la continuidad impide la interrupción de los servicios por razones administrativas o económicas.
Al respecto, esta Corporación incluso ha señalado que “las EPS tienen el deber constitucional y estatutario de remover las barreras administrativas que impiden el acceso a los servicios de salud”[144]. Por ende, cuando los usuarios demuestran que necesitan un tratamiento, no deben permanecer en incertidumbre por tiempo indefinido[145]. Esto cobra mayor relevancia cuando se trata de personas con especial protección constitucional, como los adultos mayores.
Además, específicamente con relación al proceso de calificación de PCL, esta Corte[147] ha señalado que cualquier interrupción en la atención en salud o en el trámite de calificación, ya sea por razones administrativas o por falta de coordinación entre entidades, constituye una barrera para el ejercicio de ambos derechos. En consecuencia, las entidades del Sistema General de Seguridad Social deben actuar de manera articulada y oportuna ante los efectos derivados de los riesgos laborales a los que se exponen sus afiliados, para garantizarles una protección efectiva de sus derechos.
El derecho fundamental al cuidado de las personas cuidadoras
Antes de pasar a la resolución del caso en concreto, y dada la situación de cuidadora en la que se encuentra la accionante, esta Corporación se referirá al derecho al cuidado. La Corte ha reconocido el derecho al cuidado como un derecho humano y fundamental en proceso de construcción[148], autónomo e innominado[149], que se fundamenta en principios constitucionales como la dignidad humana y la solidaridad[150], y cuya garantía adquiere especial relevancia en contextos de vulnerabilidad. Este derecho comprende tres dimensiones interrelacionadas: (i) el derecho a ser cuidado[151], (ii) el derecho a cuidar y (iii) el derecho al autocuidado.
La segunda de estas dimensiones supone que quien brinda cuidado lo haga en condiciones dignas, con pleno respeto a sus derechos humanos, de manera que se garantice su bienestar y la responsabilidad no sea desproporcionada. Por lo tanto, exige una responsabilidad compartida entre el Estado, la familia y los particulares, donde el primero debe garantizar progresivamente que las personas cuidadoras gocen de los mismos derechos que los demás trabajadores. Por ello, esta Corporación ha señalado que es una dimensión que supone una responsabilidad social, que se acentúa, entre otros, frente a niños, niñas y adolescentes. Por su parte, la tercera dimensión implica que cada persona pueda procurarse bienestar físico, biológico, espiritual, emocional, cultural y ecológico, contando con el tiempo y las condiciones necesarias para ello. En consecuencia, es importante que, entre otras, el Estado avance en garantizar que las mujeres cuidadoras y las personas mayores cuenten con las condiciones para autocuidarse[152].
Aunque se trata de un derecho en desarrollo, la Corte ha señalado un estándar mínimo de protección que contempla, entre otros aspectos, la conciliación entre la vida personal y las responsabilidades familiares, el acceso a los recursos necesarios para ejercer esta labor, la valoración social del cuidado y la adopción de políticas públicas con enfoques diferenciales y de género, en atención a que esta tarea ha recaído históricamente sobre las mujeres[153]. En la Sentencia T-199 de 2025, este Tribunal desarrolló cuatro niveles esenciales de este derecho: disponibilidad, accesibilidad, calidad y adecuación.
La accesibilidad, como su nombre lo indica, procura el acceso a los servicios de cuidado de todas las personas, en especial quienes están en condición de vulnerabilidad, y “supone el diseño e implementación de políticas públicas y programas específicos con una perspectiva diferencial, intercultural e interseccional, encaminados a eliminar múltiples formas de desigualdad y discriminación sobre las personas que reciben cuidados y sus cuidadores”[155] que permitan superar barreras como las económicas. En este sentido, la oferta de servicios de cuidado debe contemplar la asignación de recursos para reducir y redistribuir los trabajos de cuidado y proteger a quienes cuidan. En términos de asequibilidad, este nivel requiere que el Estado implemente medidas para facilitar los servicios de cuidado cuando estos sean necesarios para garantizar las condiciones de vida dignas y cuando quien los requiera y su núcleo familiar carezcan de recursos económicos suficientes para asumirlos.
Con relación a los niños, niñas y adolescentes, y las personas que asumen su cuidado, esta Sala destaca, además, el reconocimiento de este derecho en instrumentos internacionales de derechos humanos[157] y en la Constitución Política[158]. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, recientemente, indicó que no todas las familias están en la misma capacidad o posibilidad de prestar el cuidado requerido por los niños, niñas y adolescentes en atención a su grado de desarrollo y, en virtud del principio de corresponsabilidad, destacó que la sociedad y el Estado deben concurrir para garantizar su protección, mediante políticas de cuidado. Ello, por ejemplo, incluye prestar la asistencia necesaria a los cuidadores para que puedan desempeñar su labor.
Así, la realización del derecho al cuidado exige un enfoque integral, solidario y diferencial. Además, demanda desarrollos progresivos para proteger a quien recibe cuidados y a quien los brinda.
Resolución del caso en concreto
A partir de los fundamentos fácticos, normativos y jurisprudenciales expuestos, esta Corporación advierte que la Secretaría Distrital de Educación de Malva vulneró los derechos a la estabilidad laboral relativa, a la seguridad social, al mínimo vital, al trabajo y al debido proceso de la señora Julia, quien ocupaba en provisionalidad el cargo de auxiliar de servicios generales, Código 470, grado 01, en la IE Amarilla. Asimismo, la ARL Seguros de Vida Suramericana S.A. y Salud Total EPS vulneraron los derechos a la seguridad social, a la salud y a la vida digna de la accionante, al demorar de forma injustificada la calificación del origen de las enfermedades de la accionante, y la programación de cita con un especialista en ortopedia y traumatología. Para soportar esta conclusión, y al no existir discusión sobre el carácter provisional del nombramiento de la accionante, la Sala resolverá, de forma separada, los problemas jurídicos. Respecto del primero, se referirá al reconocimiento que hizo la entidad accionada de la señora Julia como madre cabeza de familia; a la situación de salud de la accionante; a las acciones desplegadas por la Secretaría de Educación para proteger su estabilidad laboral relativa y a los remedios a adoptar frente a esta situación. Posteriormente, frente al segundo, analizará las actuaciones de las entidades del Sistema General de Seguridad Social vinculadas y las órdenes a impartir.
La señora Julia era merecedora de una estabilidad laboral relativa como mujer cabeza de hogar y persona en situación de debilidad manifiesta por razones de salud
En primer lugar, en lo que concierne a la calidad de mujer cabeza de hogar, durante el trámite de la acción de tutela y en sede de revisión quedó demostrado que la señora Julia es responsable de su nieta, menor de edad, de forma permanente. Esto, en particular, al considerar que la condena de su hijo y padre de la adolescente supera los 30 años de prisión, es decir, los años bajo los cuales los hijos se entienden en incapacidad de trabajar en razón de sus estudios.
Si bien de las pruebas que aportó la señora Julia en sede de revisión, la Sala advierte que la accionante cuenta con apoyo de su esposo, abuelo de la adolescente[160], y el aporte mensual de su hija de $100.000, para la manutención del hogar, en el que conviven, no es claro que otras labores de cuidado más allá de las responsabilidades económicas, como el cuidado o la dirección del hogar, sean compartidas[161]. Además, la deficiencia sustancial de ayuda de otros miembros del grupo familiar no exige una ausencia absoluta de apoyo, sino una insuficiencia relevante y comprobable[162]. Por ello, la existencia de contribuciones ocasionales o precarias – como las que provienen de una hija o de un adulto mayor con ingresos inestables– no desvirtúa la condición de la accionante, pues dichos ingresos no garantizan una fuente permanente ni suficiente de sostenimiento.
En cualquier caso, esta Sala resalta que la calidad de madre cabeza de familia fue reconocida por la entidad accionada en la caracterización de su personal nombrado en provisionalidad[163] y no es objeto de discusión. La accionante afirmó que hace aproximadamente ocho años asumió el cuidado de su nieta y desde entonces esta depende totalmente de ella[164]. Esta afirmación fue respaldada por una persona allegada a la actora[165] y no fue desvirtuada ni cuestionada en ningún momento del trámite. En este sentido, la Corte continuará el análisis considerando la calidad de sujeto de especial protección de la accionante como mujer cabeza de hogar.
En segundo lugar, respecto de la situación de salud que expuso la señora Julia, la Sala estima pertinente hacer un recuento de las valoraciones realizadas de conformidad con las historias clínicas allegadas a lo largo del proceso.
Tabla 2. Valoraciones previas a la desvinculación
| Fecha de atención | Diagnóstico | Observaciones |
| 15 de marzo de 2022[166] | Trauma en mano derecha, edema y dolor. Accidente laboral. Contusión de otras partes de la muñeca y de la mano. | Atención por urgencias. Clasificación - prioridad Triage: III. 8 horas de evolución. Incapacidad por 5 días. Accidente de trabajo de baja complejidad y sin calificación de pérdida de capacidad laboral[167]. |
| 14 de junio de 2022[168] | Dolor en miembro, hipertensión esencial (primaria) y diabetes mellitus, no especificada, sin mención de complicación. | Consulta por dolor y edema ocasional en la mano derecha. Se clasifica el dolor como leve y en el examen físico no se observa edema. Se recomendó seguir con ARL, aunque no se sospechó de enfermedad profesional. |
| 16 de diciembre de 2022[169] | Gonartrosis primaria, bilateral. | Se ordenó radiografía panorámica de miembros inferiores y radiografía de rodillas comparativas en posición vertical. |
| 22 de febrero de 2023[170] | Contusión de dedos de la mano sin daños en las uñas. Se concluye accidente laboral con trauma en la mano derecha. | Interconsulta. La accionante advirtió dolor en su mano derecha desde el accidente del 15 de marzo de 2022. Se encontró en buen estado general, aunque su mano derecha tenía abombamiento en la región metacarpiana de los dedos segundo y tercero, dolor al tacto en la región y cuando flexionaba y extendía todos los dedos. No se sospechó de enfermedad profesional, no se consideró población vulnerable y la caracterización del riesgo general de caídas fue bajo. Se solicitó nueva radiografía en mano y se ordenó medicación desinflamatoria por cinco días. |
| 1 de julio de 2023[171] | Traumatismo no especificado de la muñeca y de la mano. | La accionante consultó por los resultados de la placa de la mano del 12 de abril de 2023, pero no acudió con el reporte del examen, por lo cual se le explicó la importancia de reclamarlo. La accionante refirió no diligenciar ninguna cita de control con la ARL. Clasificación del dolor leve sin sospecha de enfermedad profesional. En el examen físico se encontraron buenas condiciones generales. Se advirtió dolor en la región dorsal de la mano derecha a la digitopresión y se prescribió ibuprofeno por 10 días. |
| 4 de abril de 2024[172] | Contusión de la rodilla. Accidente laboral. | Atención por urgencias. Clasificación - prioridad Triage: III. Se ordenó radiografía de las rodillas. No se apreciaron lesiones óseas traumáticas recientes ni alteración en relaciones articulares. Incapacidad por 7 días. Accidente de trabajo de baja complejidad y sin calificación de pérdida de capacidad laboral[173]. Entrega de medicamentos ambulatorios el 5 de abril. |
| 3 de mayo de 2024[174] | Poliartropatía inflamatoria. | La accionante consultó por dolor en la región dorsal de la mano derecha. En el examen físico no se observó edema, se señaló que la fuerza muscular y los reflejos estaban conservados, se advirtió el dolor en la extremidad superior derecha con disminución de la fuerza de agarre y un dolor no limitante en la región dorsal del pie derecho. Se especificó antecedente de trauma, aunque no se sospechó de enfermedad profesional. Se ordenaron RX (rayos X) de la mano derecha, exámenes de laboratorio (ácido úrico y proteína C reactiva) y acetaminofén. |
| 12 de agosto de 2024[175] | Dolor en articulación. | Consulta de control de los resultados de los RX de la mano del 18 de junio de 2024. Clasificación del dolor leve, sin sospecha de enfermedad profesional. En el examen físico no se encontró edema, se advirtieron la fuerza muscular y reflejos conservados, y un dolor en la región dorsal de la mano derecha. A partir de los RX se observaron fenómenos degenerativos leves que afectan las diferentes estructuras óseas analizadas[176]. En atención al dolor en región dorsal de la mano derecha, de predominio en base de dedos índice y medio, y la cronicidad del cuadro clínico, se remitió a un especialista en ortopedia y traumatología. |
Tabla 3. Valoraciones posteriores a la desvinculación
Con base en lo anterior, esta Corporación encuentra que la actora fue diagnosticada con contusiones en su muñeca y mano derechas, así como en sus rodillas. Por ello, tras su desvinculación, asistió a controles periódicos bajo protección de la ARL y fue medicada al menos hasta noviembre de 2024. Igualmente, desde diciembre del mismo año está afiliada al régimen subsidiado de salud[186] y, desde la ocurrencia de los accidentes, ha recibido algunas atenciones por parte de la EPS que incluyen especialistas, medicamentos y exámenes de RX. Si bien las atenciones brindadas por ambas entidades presentaron interrupciones desde la ocurrencia de los accidentes, y las incapacidades fueron temporales, esta Sala advierte que (i) la entidad accionada conoció de los mismos, y (ii) no se pronunció en la oportunidad debida respecto del conocimiento que la accionante alegó que esta tenía de su condición posterior a los sucesos, al ser evidente su vendaje, las invitaciones que recibía a capacitaciones dada su condición y el uso de instrumentos como manoplas o trapos para realizar su trabajo. En este sentido, y al observar que sus afirmaciones coinciden con dolencias puestas de presente al menos ante la EPS, estas se presumen ciertas conforme al artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
Adicionalmente, dada la necesidad de usar tanto su mano derecha como su pierna izquierda para desarrollar las labores como auxiliar de servicios generales, asociadas al mantenimiento y la limpieza del establecimiento educativo[187], esta Sala encuentra probado que la accionante vio afectado el desarrollo de sus labores en condiciones regulares ante la existencia de alteraciones en su estado de salud. De este modo, la actora gozaba de una estabilidad laboral relativa en el momento en el que fue desvinculada –cuando la notificaron el Decreto 1203 de 2024–, razón por la cual, para desvincularla del cargo provisional que ocupaba, era necesario que la entidad, según las reglas que ha desarrollado esta Corporación, evaluara su planta de personal para determinar si existían cargos vacantes de igual o mejor jerarquía al que ocupaba y en los cuales pudiera ser reubicada conforme a su experiencia.
La Secretaría Distrital de Educación de Malva vulneró los derechos a la estabilidad laboral relativa y al debido proceso de la señora Julia
Finalmente, en desarrollo del análisis relativo al primer problema jurídico, esta Corporación se refiere a las acciones desplegadas por la Secretaría de Educación para proteger la estabilidad laboral relativa de la señora Julia. Para iniciar, esta Sala resalta que, de los antecedentes se desprende que, a partir de la apertura del Proceso de Selección No. 0000 de 2022 relativo al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Secretaría de Educación del Distrito de Malva, la entidad buscó garantizar el principio del mérito en el sistema de carrera administrativa, lo cual es acorde con la Constitución como se explicó. Además, esta autoridad realizó un proceso de caracterización con miras a adoptar medidas afirmativas para los sujetos de especial protección constitucional.
En efecto, la Secretaría Distrital de Educación emitió la Circular 100 de 2023, mediante la cual requirió a su personal administrativo acreditar las circunstancias especiales y otorgó un término de dieciocho días para ello y de tres días para una eventual reclamación[188]. La señora Julia, conforme a lo dispuesto por la entidad, fue reconocida como madre cabeza de familia.
A pesar de lo anterior, la Sala observa con preocupación que, en la circular mencionada, la entidad dispuso que “los empleados públicos que se encuentren dentro de las tipologías señaladas anteriormente y no aporten la información solicitada, se entenderá que no están dentro de estas tipologías”[190]. Asimismo, estableció que una persona con limitación física o mental, perteneciente a la tipología de “persona con limitación física, mental, visual o auditiva”, sería quien acreditara con el respectivo dictamen de la EPS o la ARL una pérdida de capacidad laboral entre el 25% y el 50%[191]. Bajo estas exigencias, es evidente que la accionante no fue caracterizada por la entidad accionada como una persona con una limitación física, pues no cumplía con los restringidos medios de prueba dispuestos por la entidad para tal fin. Ello, no obstante, no exime a la entidad del deber de haber verificado la situación en la cual se encontraba la señora Julia, quien, como se señaló, sí cumplió con los requisitos jurisprudenciales para demostrar que estaba en una situación de debilidad manifiesta por razones de salud, ya que su condición afectaba su desempeño y la entidad nominadora conoció de ello.
Ahora bien, y a pesar del reconocimiento de la señora Julia como mujer cabeza de hogar, la Secretaría Distrital de Educación de Malva no demostró que hubiese agotado los mecanismos de protección que la jurisprudencia ha desarrollado para proteger a los servidores sujetos de especial protección cuando ocupan cargos en provisionalidad. Si bien el acto administrativo que ordenó el retiro de la accionante menciona una causal objetiva y aceptable para ello, en particular la cesación de la situación que generó la vacancia, ello no evidencia que la entidad hubiese realizado un análisis del estado de la planta de personal para el momento de la desvinculación, pues esta no indicó o descartó que existieran vacantes disponibles equivalentes o mejores al cargo que la accionante ocupaba y en las que pudiera ser reubicada.
Al respecto, el Decreto 1203 del 12 de agosto de 2024 únicamente menciona que, en virtud de los procesos de selección No. 2250 a 2315 de Entidades de Orden Territorial 2022, la señora Bertha, titular del cargo que ocupaba la accionante, había sido ascendida. En tanto el encargo de la señora Julia estaba condicionado al encargo de aquella, se cumplía con la condición resolutoria y se daba por terminado su nombramiento provisional[192]. Si bien en la motivación de la entidad se entiende aludido el Proceso de Selección No. 0001 de 2022, ello se limita al ascenso de la señora Bertha. En esta decisión la entidad no señala el nombramiento en el cargo de una persona que conformara la lista de elegibles ni refiere cómo verificó la posibilidad de reubicar a la señora Julia, quien demostró estar cobijada por factores especiales de protección. De hecho, la provisión del cargo que la accionante ocupaba parece haberse realizado hasta el 3 de septiembre de 2025, fecha del decreto de nombramiento en período de prueba del señor Iván, quien se posesionó el 9 de septiembre siguiente.
De lo anterior, esta Sala observa que el cargo ocupado por la accionante permaneció vacante durante casi un mes, entre la terminación de su nombramiento, el 16 de agosto de 2024[194], y la posesión del señor Iván[195], quien tenía derecho a acceder al cargo como ganador del concurso público de méritos. No obstante, la entidad accionada no demostró haber garantizado la estabilidad laboral relativa de la señora Julia ni haber verificado, en la medida de lo fáctica y jurídicamente posible, la viabilidad de mantenerla vinculada provisionalmente.
En efecto, pese a que se reiteró el requerimiento probatorio para que la Secretaría definiera la existencia de otras vacantes en provisionalidad que hubieran permitido adoptar medidas de protección, la entidad se limitó a remitir la lista de elegibles para proveer el cargo y algunas autorizaciones para ocupar las plazas, sin que de ello pudiera inferirse la diligencia con que debía actuar ni el análisis efectuado para ponderar la situación de la accionante frente a los demás servidores en igual condición. Esta omisión resulta especialmente relevante, dado que hasta el 5 de septiembre de 2025 la CNSC autorizó el uso de dicha lista para proveer doce vacantes del cargo de auxiliar de servicios generales, con personas que se encontraban en posiciones posteriores al señor Iván[196]. En consecuencia, no es claro cómo se definió el orden de desvinculación de los sujetos de especial protección constitucional ni si la accionante fue una de las últimas personas en ser retiradas.
Por lo expuesto, esta Corporación concluye que la Secretaría Distrital de Educación de Malva vulneró el derecho a la estabilidad laboral relativa de la accionante, y con ello sus derechos a la seguridad social, al mínimo vital y al trabajo. Igualmente, vulneró el derecho al debido proceso administrativo, dado que el decreto que declaró su retiro no cumplió con la carga de motivación que la Corte ha exigido en estos casos y que le permite a la persona retirada decidir con la suficiente información si acude o no a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Remedios constitucionales para proteger los derechos fundamentales a la estabilidad laboral relativa, a la seguridad social, al mínimo vital, al trabajo y al debido proceso
A pesar de las vulneraciones expuestas, y dada la posesión del ganador del concurso de méritos en el cargo que ocupaba la accionante, la Corte evidencia una tensión entre la protección de los derechos de esta y el respeto de la carrera administrativa y los resultados del concurso adelantado por la Secretaría Distrital de Educación. En este contexto, la Sala no podría acceder a la pretensión de la accionante de ordenar su reincorporación al mismo cargo que venía desempeñando o a uno de igual o mayor jerarquía, pues una decisión así vulneraría los derechos fundamentales del señor Iván y de los demás elegibles que se conocen para el cargo de auxiliar de servicios generales, e iría en contra de la jurisprudencia de este Tribunal.
Por tal motivo, corresponde a esta Corporación ordenar a la Secretaría Distrital de Educación de Malva que, de existir vacantes disponibles al momento de la notificación de la presente decisión judicial, o en caso de que existan vacantes futuras en provisionalidad, nombre a la señora Julia en un cargo equivalente al que ocupaba, hasta tanto sus cargos se provean en propiedad mediante el sistema de carrera o su desvinculación cumpla los requisitos legales y jurisprudenciales. Lo anterior, en atención a la especial protección constitucional al momento de su desvinculación –mujer cabeza de hogar y persona en situación de debilidad manifiesta por razones de salud–, que mantenga para la época del posible nombramiento.
Sin embargo, y pese a que la Secretaría no acreditó la existencia de plazas vacantes en las que pudiera la entidad vincular a la señora Julia –pues no se pueden contrastar las plazas ocupadas y las vacantes, o conocer los procesos de vinculación o desvinculación que se adelantan en la entidad–, la Corte observa una extensa lista de elegibles para el cargo de auxiliar de servicios generales, Código 470, Grado 1, que venía desempeñando la accionante[197]. Además, resalta que la señora Julia ya integra una lista de personas con prioridad para ser nombradas ante una eventual vacante, como madre cabeza de familia. De esta manera, el amparo mencionado podría ser inocuo en la práctica para garantizar sus derechos fundamentales.
En efecto, sin perjuicio de que la señora Julia pueda ascender en la lista a utilizar en estas eventualidades, existe una alta probabilidad de que, en caso de presentarse una vacante, esta deba ser provista por las personas que conforman las listas de elegibles y todavía no han sido nombradas. Bajo ese escenario, la protección brindada a la accionante, quien se encuentra en situación de especial vulnerabilidad, sería insuficiente.
En ese contexto, la Corte adoptará dos decisiones. Primero, ampliará la mencionada orden a la Alcaldía de Malva, entidad parte del proceso y con la personería jurídica bajo la que actúa la Secretaría Distrital de Educación de esta ciudad[198], para que verifique, de manera articulada con las dependencias y entidades distritales, la existencia de vacantes en cargos equivalentes o funcionalmente similares al que desempeñaba la señora Julia. De no existir vacantes disponibles al momento de la verificación, en la propia Secretaría de Educación, o en otras entidades o dependencias distritales, la Alcaldía deberá priorizar el nombramiento de la accionante en las vacantes futuras en provisionalidad que se generen en el Distrito, teniendo en cuenta su condición de madre cabeza de familia, su edad y su estado de salud, y deberá mantener actualizada la información sobre tales vacantes durante los seis (6) meses siguientes.
Segundo, en atención a la edad y a la calidad de cuidadora de la señora Julia, y a las dimensiones relativas a cuidar y al autocuidado del derecho fundamental al cuidado que fueron expuestas, la Corte también ordenará a la Alcaldía de Malva que, en el marco de sus competencias y en articulación con las entidades y dependencias que lo conforman, revise los programas, planes o proyectos dirigidos a personas cuidadoras o adultas mayores a los cuales la señora Julia podría vincularse. De ser viable, el Distrito deberá realizar las gestiones necesarias para facilitar su inclusión como persona a cargo de su nieta, quien hace parte de su núcleo familiar inmediato, debido a la privación de la libertad de su hijo. Esto, en coordinación con la Defensoría del Pueblo (regional Gris)[199], quien en su rol de Ministerio Público[200], acompañará a la accionante en este proceso.
En este punto, la Corte Constitucional encuentra oportuno instar a la entidad accionada para que, además, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo (regional Gris), implemente procesos de capacitación institucional dirigidos a los funcionarios responsables de la nominación, el retiro y la caracterización de su personal. Esto, con el fin de promover la adecuada aplicación de las reglas constitucionales que buscan proteger a los sujetos de especial protección constitucional que ocupan cargos en provisionalidad, de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.
Finalmente, y pese a haberse encontrado que al momento de la desvinculación la accionante era merecedora de una estabilidad laboral relativa por su condición de salud, la Corte no considera necesario ordenar que la entidad accionada asuma el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social. Esto, porque durante el trámite de revisión de la acción de tutela, se confirmó que la accionante está afiliada al régimen subsidiado, y se advirtió que, al menos entre su desvinculación y la afiliación a este régimen, su tratamiento médico no se interrumpió.
Por todo lo anterior, esta Corporación revocará la decisión de segunda instancia y tutelará los derechos a la estabilidad laboral relativa, a la seguridad social, al mínimo vital, al trabajo y al debido proceso de la señora Julia. En este sentido, ordenará a la entidad territorial accionada que reintegre a la accionante a un cargo de iguales o mejores condiciones, en la medida en que sea fáctica y jurídicamente posible, y a que, en coordinación con el Ministerio Público, oriente a la actora en la existencia de programas, planes, proyectos u otras acciones o medidas institucionales, en el Distrito, dirigidas a apoyar las labores de cuidado y las responsabilidades económicas de madres cabeza de familia y adultas mayores, a los que eventualmente podría acceder.
La EPS y la ARL vulneraron los derechos a la salud, a la vida digna y a la seguridad social de la accionante
Ahora bien, con relación al segundo problema jurídico, esta Corporación encuentra que las entidades del Sistema General de Seguridad Social amenazaron los derechos a la salud, a la seguridad social y a la vida digna de la señora Julia al omitir adelantar, tras más de dos años reconocidos de dolencias, la calificación del origen de sus enfermedades. Además, Salud Total EPS vulneró sus derechos al demorar la programación de su cita con el especialista en ortopedia y traumatología.
Con relación a la primera cuestión, aunque la Sala observa que los accidentes del 15 de marzo de 2022 y del 4 de abril de 2024 fueron calificados como accidentes de trabajo por la ARL[201], no ocurre lo mismo con los diagnósticos de salud que parecen estar relacionados con el accidente del 2022[202]. Al respecto, la Sala reitera la importancia de determinar el origen de las consecuencias de los accidentes, así como de las enfermedades que tenga un trabajador, para el acceso a ciertas prestaciones. Además, recuerda que el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral puede iniciar ante afectaciones de salud de origen común o que no hayan generado incapacidades médicas[203], y que la calificación de origen de las contingencias corresponde, entre otras entidades, tanto a las ARL como a las EPS.
En este orden, aunque en el expediente no obra una solicitud a la ARL o proceso para acceder a un dictamen de PCL, luego de que para los médicos tratantes ello aparentemente no fuera necesario[204], y las incapacidades por cada contingencia -mientras la accionante estuvo vinculada-, no superaron los siete días[205], existe una necesidad de calificar el origen de los diagnósticos dadas las afectaciones con las que permanece la accionante. Por ello, dado el transcurso de más de un año desde la última atención o solicitud que se conoce respecto de la ARL, la afiliación de la accionante al régimen subsidiado de salud[206] y el seguimiento más frecuente que ha existido a la evolución de la situación por parte de la EPS desde la ocurrencia del primer accidente, se le ordenará a esta entidad la calificación del origen de sus patologías.
La anterior determinación se realiza, además, al indicarse en la historia clínica remitida por esta entidad, de manera reiterada, que no existe sospecha de enfermedad profesional[207]. Esto, incluso cuando los profesionales de la salud refieren en diversas oportunidades, en dicho documento, el accidente laboral que afectó la mano y la muñeca de la actora[208]. Adicionalmente, al no encontrar la Sala que se haya atendido la recomendación realizada por el especialista en ortopedia y traumatología el 16 de agosto de 2024, con relación a la documentación de la lesión y la calificación de su origen[209]. Por ende, Salud Total EPS deberá autorizar y programar una cita médica con el área de medicina laboral y, posteriormente, continuar con el proceso conforme a la normatividad vigente.
Se resalta que la decisión de ordenar a la EPS que adelante el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral de la accionante no implica que la ARL Seguros de Vida Suramericana S.A. no haya amenazado los derechos de la actora, al concluir las atenciones y no calificar el origen del traumatismo de su muñeca y su mano, aunque las dolencias permanecieran altas. No obstante, de cara a la solución del caso concreto y por las razones expuestas, la Sala estima pertinente que la EPS adelante la calificación del origen. En cualquier caso y aunque la señora Julia está desvinculada del Sistema de Riesgos Profesionales, de ser calificadas sus patologías como profesionales y poderse imputar el origen de sus enfermedades al período en que estuvo cubierta[210], la ARL Suramericana Seguros de Vida S.A. será quien, ante una eventual prestación que se reconozca con ocasión del origen de sus afectaciones, deberá asumirlas. Ello, como última administradora de riesgos a la cual estuvo vinculada la señora Julia.
En cuanto a la segunda cuestión, esta Corte evidencia que, tal como lo señaló la accionante en sede de revisión, tiene una cita pendiente con un especialista en ortopedia y traumatología, la cual fue ordenada el 16 de junio de 2025 por su médico tratante[211]. No ocurre lo mismo respecto de la orden de una radiografía. A pesar del silencio de Salud Total EPS sobre este aspecto, no existe siquiera prueba sumaria de una prescripción o de la solicitud de la señora Julia de dicha programación a la EPS. En este sentido, solo es posible para la Sala acreditar una omisión por parte de la mencionada entidad frente a la cita con el especialista. Dado que la EPS vinculada no se pronunció sobre la afirmación de la señora Julia de una falta de convenio con alguna institución para esta atención, para la Corte es claro que no existe una justificación para la demora de la atención y Salud Total EPS vulneró los derechos a la salud, seguridad social y vida digna de la accionante.
En virtud de ello, esta Corporación le ordenará a la EPS que, de no haberlo realizado, proceda a programar y garantizar la atención de la señora Julia por parte del especialista en ortopedia y traumatología. El plazo de esta orden se cumplirá antes del término que se otorgará para la calificación del origen de las patologías de la accionante, con miras a contar con el criterio especializado sobre la evolución de la situación. Asimismo, esta Corte le advertirá a la EPS que, a futuro, se abstenga de incurrir en demoras similares debido a trámites administrativos. Esto, en especial, cuando se trata de garantizar el suministro de servicios a sujetos de especial protección constitucional, cuya atención prevalece.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
- REVOCAR el fallo de tutela proferido en segunda instancia por el Juzgado 002 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Malva el 26 de febrero de 2025, que a su vez confirmó el fallo proferido por el Juzgado 001 Penal Municipal con Función de Conocimiento de esta ciudad el 10 de enero de 2025. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la estabilidad laboral relativa, a la seguridad social, al mínimo vital, al trabajo, a la salud, a la vida digna y al debido proceso de la señora Julia.
- ORDENAR a la Alcaldía Distrital de Malva que, dentro del término de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente decisión y de manera articulada con las secretarías y dependencias del Distrito, verifique la existencia de vacantes en cargos equivalentes o funcionalmente similares al que desempeñaba la señora Julia antes de su desvinculación. En caso de existir vacantes disponibles, tanto en la Secretaría de Educación como en otras entidades o dependencias distritales, vincule a la señora Julia, si ella así lo desea, en un cargo de igual o mayor jerarquía, bajo nombramiento en provisionalidad. Si no existen vacantes disponibles al momento de la verificación, la Alcaldía deberá priorizar a la señora Julia en la provisión de las vacantes futuras en provisionalidad que se generen en el Distrito, teniendo en cuenta su condición de madre cabeza de familia, su edad y su estado de salud, y deberá mantener actualizada la información sobre tales vacantes durante los seis (6) meses siguientes a la mencionada verificación.
- ORDENAR a la Alcaldía Distrital de Malva que, en el marco de sus competencias y en articulación con las entidades y dependencias que conforman el Distrito, revise los programas, planes o proyectos dirigidos a personas cuidadoras o a personas adultas mayores a los cuales la señora Julia podría vincularse, y adelante las gestiones necesarias para facilitar su inclusión en ellos, de resultar viable conforme a los requisitos de cada programa. Asimismo, ORDENAR a la Defensoría Regional de Gris que acompañe a la accionante en este proceso, brindándole la asesoría y orientación necesarias para el acceso efectivo a dichos programas o medidas de apoyo.
- ORDENAR a Salud Total EPS que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a programar la cita con especialista en ortopedia y traumatología a la señora Julia, la cual deberá tener lugar en los quince (15) días calendario siguientes.
- ORDENAR a Salud Total EPS que, en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la cita con especialista en ortopedia y traumatología de la que trata el numeral anterior, califique el origen de las patologías de la señora Julia y le informe de sus resultados. Además, le brinde toda la orientación necesaria respecto de las posibles actuaciones que deberá adelantar para obtener la protección de sus derechos, en caso de ser pertinente.
- ADVERTIR a Salud Total EPS y Seguros de Vida Suramericana S.A. que, en el futuro, den estricto cumplimiento a los procedimientos establecidos para la calificación de las patologías que afectan a sus afiliados, así como a las atenciones en salud a su cargo, sin dilaciones injustificadas.
- DESVINCULAR a la CNSC (Comisión Nacional del Servicio Civil) y a la IE Amarilla, por las razones expuestas en esta providencia.
- Por Secretaría General de la Corte Constitucional, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ
Magistrada
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1] Esto, como lo indica la circular referida, en línea con lo dispuesto en los artículos 10º, literal a, de la Ley 1581 de 2012; 4, 5, 18, literales a y b, y 21 de la Ley 1712 de 2014; 24 de la Ley 1437 de 2011 y 61 del Reglamento Interno de la Corte (Acuerdo 01 de 2025).
[2] En este contexto, se sustituirá el nombre real de la demandante por el de Julia. El nombre de su hijo se sustituirá por el de Raúl, el de su nieta por el de Mariana, el de la madre de la adolescente por el de Mónica, el de su abogada por el de Francia, el de su amiga por Alicia y los nombres de las personas que ocupaban antes y después de ella el cargo de auxiliar de servicios generales por Bertha e Iván, respectivamente. Asimismo, se hará referencia a la entidad en la que trabajaba como la IE Amarilla en el municipio de Malva, departamento de Gris, y se anonimizarán los números de procesos y demás datos que permitan su identificación.
[3] Decreto 1603 de 2 de diciembre de 2015. Ver: expediente digital, archivo "05CONTESTACION.pdf", pp. 2, 16 y 20.
[4] Decreto 1602 del 2 de diciembre de 2015. Ver: expediente digital, archivos "01DEMANDA.pdf", p. 1 y "05CONTESTACION.pdf", pp. 2 y 20.
[5] Proceso de Selección Entidades de Orden Territorial No. 0001 de 2022. Ver: ibid., p. 1 y "05CONTESTACION.pdf", pp. 2, 16 y 20, respectivamente.
[6] Los términos establecidos en esta circular para la radicación de solicitudes fueron ampliados mediante la Circular 101 del 22 de agosto de 2023. Ver: expediente digital, archivo "01DEMANDA.pdf", pp. 12-18
[7] Expediente digital, archivo "01DEMANDA.pdf", pp. 19-28.
[8] En efecto, en la Circular AAA-555-2024 del 16 de agosto de 2024, la Secretaría de Educación indicó que, con ocasión de la Circular 024 del 21 de julio de 2023 del Ministerio de Educación, el ente territorial había ajustado el orden de prelación al parágrafo 2 del artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, "[p]or medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública". De acuerdo con este parágrafo, el orden es: "1. Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad. | 2. Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia. (...)". Ver: expediente digital, archivos "01DEMANDA.pdf", pp. 20 y 21, y "05CONTESTACION.pdf", pp. 2, 3 y 17.
[9] Expediente digital, archivo "01DEMANDA.pdf", p. 2.
[10] Expediente digital, archivos "01DEMANDA.pdf", pp. 35, 37 y 38; "Anexo secretaria Corte WhatsApp Scan 2025-10-16 at 12.35.01.pdf", pp. 17-19; "Anexo secretaria Corte expedienteel (1).pdf)" y "Anexo secretaria Corte expedienteel.pdf".
[11] Ibid., pp. 10 y 11.
[12] Mediante el Decreto 1202 del 12 de agosto de 2024, la Secretaría Distrital de Educación de Malva aceptó la renuncia al encargo que venía ejerciendo desde 2015 la señora Bertha y dio por terminado el encargo de Auxiliar Administrativo, ya que esta obtuvo el puesto mediante concurso de ascenso. Ver, también, el Decreto 1057 del 17 de julio de 2024, mediante el cual se nombró a la señora Bertha en el cargo de auxiliar administrativo. Ver: expediente digital, archivo "05CONTESTACION.pdf", pp. 30-33.
[13] Expediente digital, archivo "Anexo secretaria Corte WhatsApp Scan 2025-10-16 at 12.35.01.pdf", p. 22.
[14] El señor Raúl fue condenado a 416 meses de prisión el 4 de abril de 2013, por homicidio agravado en concurso con lesiones personales. Ver: expediente digital, archivo "01DEMANDA.pdf", pp. 39-42.
[15] Al respecto, esta Corporación resalta que el Distrito de Malva es la entidad con la personería jurídica bajo la cual actúa la Secretaría Distrital de Educación de esta ciudad, dependencia adscrita al Distrito. A su vez, la Alcaldía es el órgano ejecutivo mediante el cual el Distrito actúa, como una de las autoridades a cargo de su gobierno y administración. Por esta razón, en adelante, a lo largo de esta providencia, se hará referencia a estas entidades, con la precisión de que se trata del mismo sujeto jurídico. Ver: Ley 1617 de 2013, "[p]or la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales". Artículo 4; expediente digital, archivo "05CONTESTACION.pdf", p. 16, y "¿Cuáles son las dependencias que tiene la Alcaldía [de Malva]? nivel central y descentralizado", Alcaldía de Malva, 2025.
[16] Expediente digital, archivo "03AUTOADMITE.pdf".
[17] Expediente digital, archivo "05CONTESTACION.pdf".
[18] Al respecto, se refirió a los artículos 138, 230 numeral 3 y 233 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) y a las sentencias T-375 de 2018, T-236 de 2019 y T-063 de 2022 de esta Corporación. Ver: ibid., pp. 18-21.
[19] Ibid., pp. 20-23.
[20] Ibid., pp. 20-21. Sobre el particular, el distrito citó el artículo 125 de la Constitución Política y la Sentencia C-640 de 2012.
[21] Ibid., p. 22.
[22] Oficio del 27 de diciembre de 2024, que la Alcaldía recibió como respuesta al traslado del auto admisorio que le hizo a la Secretaría por motivos de competencia funcional. En este informe, la Secretaría solicitó la improcedencia o denegación de la acción de tutela. Ver: expediente digital, archivo "05CONTESTACION.pdf", pp. 1-13 y 18.
[23] Ibid., p. 5.
[24] Ibid., p. 2.
[25] Específicamente, el señor Iván, nombrado mediante Decreto No. 1368 del 03 de septiembre de 2024 y posesionado el 9 de septiembre de 2024. Ver: ibid., pp. 3, 4, 12, 25, 26, 27, 28 y 29.
[26] Al respecto, la Secretaría señaló que había acogido el orden establecido en el parágrafo 2 del Artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015. En este sentido, las categorías se establecieron como: I, enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad; II, acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia; III, ostentar la condición de prepensionados y IV, tener la condición de empleado amparado con fuero sindical. Ver: ibid., pp. 7, 20 y 21.
[27] Ibid., p. 5.
[28] Ibid., pp. 3, 4 y 6.
[29] Expediente digital, archivo "06SENTENCIA.pdf".
[30] Expediente digital, archivos "08SOLICITUDIMPUGNACION.pdf" y "09SOLICITUDIMPUGNACION.pdf".
[31] Al respecto, citó la Sentencia T-320 de 2024. Ver: expediente digital, archivo "09SOLICITUDIMPUGNACION.pdf", p. 2.
[32] Para ello, citó la Sentencia T-084 de 2007. Ver: ibid., p. 3.
[33] Expediente digital, archivo "02SENTENCIASEGUNDAINSTANCIA.pdf".
[34] Para ello, citó la Sentencia T-041 de 2019. Ver: ibid., p. 10.
[35] Conformada por el entonces magistrado José Fernando Reyes Cuartas y la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez.
[36] La Sala de Selección escogió el expediente de referencia para su revisión en virtud del criterio objetivo de posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y del criterio subjetivo de urgencia de proteger un derecho fundamental, de acuerdo con el artículo 51 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional.
[37] Expediente digital, archivo "Anexo secretaria Corte 03informe_de_reparto_Dra._Angel.pdf".
[38] Expediente digital, archivos "Anexo secretaria Corte 04Auto_de_pruebas_T-11.132.124_-_Nombres_reales.pdf" y "Anexo secretaria Corte 04Auto_de_pruebas_T-11.132.124_-_Anonimizado_Colpensiones.pdf".
[39] Expediente digital, archivo "Anexo secretaria Corte 07Auto_insiste_en_pruebas_T-11.132.124_2.pdf".
[40] En lo que respecta al Auto del 8 de octubre de 2025, la magistrada sustanciadora, en primer lugar, requirió de la señora Francia el poder especial otorgado por la señora Julia para la formulación de la acción de tutela que dio origen al proceso de la referencia. En segundo lugar, le solicitó a la accionante información sobre su participación en el proceso de caracterización de los funcionarios administrativos nombrados en provisionalidad en la Secretaría de Educación Distrital de Malva y el proceso para proveer empleos en vacancia definitiva de la planta de esta entidad. Asimismo, le requirió información sobre su situación de salud, laboral y socioeconómica, así como la de su familia. En tercer lugar, le solicitó a la Alcaldía de Malva - Secretaría Distrital de Educación de esta ciudad información sobre el proceso de caracterización, la forma en que se habían provisto las vacantes para el cargo de auxiliar de servicios generales o cargos similares y la composición de la planta de personal de la entidad. Además, le solicitó a la entidad territorial información sobre la existencia de programas, subsidios u otras medidas institucionales dirigidas a apoyar las labores de madres cabeza de familia. En cuarto lugar, requirió al Juzgado 001 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Malva la remisión de la totalidad de las pruebas documentales aportadas por la parte accionante y que obraban en el expediente. Por último, ofició a Colpensiones y le solicitó información sobre la afiliación pensional de la señora Julia. Por su parte, en el Auto del 27 de octubre de 2025, la magistrada sustanciadora insistió en la práctica de pruebas requeridas a la Alcaldía de Malva - Secretaría Distrital de Educación. Asimismo, le solicitó a la señora Julia precisar bajo cuál o cuáles tipologías solicitó ser caracterizada ante la Secretaría de Educación Distrital, en el marco de la Circular No. 100 del 25 de julio de 2023; explicar algunas afirmaciones relacionadas con su situación de salud y el conocimiento que de ello tenía la entidad accionada; discriminar los ingresos mensuales de su hogar; informar si había reclamado la suma correspondiente a la indemnización sustitutiva que Colpensiones le había reconocido y confirmar si su esposo era el abuelo de Mariana. Finalmente, la magistrada les corrió traslado a Salud Total EPS y a Seguros de Vida Suramericana S.A., y les requirió información sobre las atenciones brindadas a la accionante desde marzo de 2022, relacionada con los diagnósticos de contusión de la mano derecha, gonartrosis primaria o contusión de sus rodillas; el seguimiento a los accidentes laborales sufridos por la accionante y su eventual calificación de pérdida de capacidad laboral.
| Expediente digital, archivos "Anexo secretaria Corte 4.3Correo_ [Julia].pdf", "Anexo secretaria Corte RESPUESTAS [Julia] A CORTE CONSTITUCIONAL.pdf", "Anexo secretaria Corte WhatsApp Scan 2025-10-16 at 12.35.01.pdf", "Anexo secretaria Corte 7.1Correo_[Julia].pdf" y "Anexo secretaria Corte RESPUESTAS [Julia] A CORTE CONSTITUCIONAL.pdf". |
| La accionante también refirió que la entidad accionada le debía tres años de dotación en su segunda respuesta allegada en sede de revisión. No obstante, esta situación, como se observa más adelante en el planteamiento del problema jurídico, supera el objeto de esta acción de tutela. |
| Expediente digital, archivos "Anexo secretaria Corte 4.3Correo_ [Julia].pdf" y "Anexo secretaria Corte MEMORIAL APORTA PODER DE [Julia] PARA LA CC.pdf". |
| Expediente digital, archivos "Anexo secretaria Corte 4.5Correo_ Secretaria de Educación.pdf "Anexo secretaria Corte 7.2Correo_Alcaldía de [Malva].pdf", "Anexo secretaria Corte 2024RES-400.300.24-041055 (4).pdf", "Anexo secretaria Corte 2024RES-400.300.24-041055 (5).pdf", "Anexo secretaria Corte AUTORIZACION NUEVAS OPEC.pdf", "Anexo secretaria Corte expedienteel (1).pdf", "Anexo secretaria Corte expedienteel.pdf", "Anexo secretaria Corte OFICIO - PRUEBAS [Julia].pdf", "Anexo secretaria Corte LINK DE ARCHIVO PHOTO-2025-10-29-16-23-26.pdf", "Anexo secretaria Corte LINK DE ARCHIVO PHOTO-2025-10-29-16-26-38.pdf", "Anexo secretaria Corte LINK DE ARCHIVO PHOTO-2025-10-29-16-26-38 2.pdf", "Anexo secretaria Corte LINK DE ARCHIVO PHOTO-2025-10-29-16-26-38 3.pdf", "Anexo secretaria Corte CIRCULAR Nº 238.pdf", "Anexo secretaria Corte documentos [Raúl] (1) (1).pdf", "Anexo secretaria Corte Circular AMC-CIR-000286-2025 ? Estudio de las reclamaciones.pdf", "Anexo secretaria Corte [AAA-555-2024]-FINALIZACION-PROCESO-DE-CARACTERIZACION.pdf" y "Anexo secretaria Corte ACTA DE AUDIENCIA 26 SEPT (1).pdf". |
| En específico, los cargos de técnicos operativos "314-21" y "314-15", y celador "477-01". |
| Expediente digital, archivos "Anexo secretaria Corte 4.2Correo_ JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE [Malva].pdf" y "Anexo secretaria Corte MEMORIAL TUTELA - [Julia].pdf". |
| Expediente digital, archivos "Anexo secretaria Corte 4.4Correo_Colpensiones.pdf", "Anexo secretaria Corte 4.4Correo_Colpensiones.pdf", "Anexo secretaria Corte 2a6e627f-fc2b-4cee-b615-d1c3e09fb0f1.pdf", "Anexo secretaria Corte 53a814ec-fdee-436c-a3ee-ce4a16a3b7d4.pdf", "Anexo secretaria Corte 9b43ebac-cd5d-4d57-a019-1034dd81d51e.pdf", "Anexo secretaria Corte b2edfdc8-45cf-4f3e-91dd-0d3d30e822d3.pdf", "Anexo secretaria Corte d3feb7a6-b1b3-4832-85b8-ccdea6031a30.pdf", "Anexo secretaria Corte b4605f12-ebf4-4244-92e8-a516066f235f.pdf", "Anexo secretaria Corte f0a55e17-8d68-43d5-a696-8cef1ecd185a.pdf", "Anexo secretaria Corte 51c6dcfa-4472-414c-b16b-9ad05f3ba9c0.pdf" y "Anexo secretaria Corte a42b31c3-6c54-4f25-9a0d-7ae3de532dd8.pdf". |
| Expediente digital, archivos "Anexo secretaria Corte 7.3Correo_SALUD TOTAL EPS.pdf", "Anexo secretaria Corte CAMARA DE COMERCIO SUCURSAL CUNDINAMARCA 2025 940875530.pdf", "Anexo secretaria Corte [Julia] - REVISION CORTE CONSTITUCIONAL- DESCORRE TRASLADO.pdf", "Anexo secretaria Corte HC 2022-2025 DE ATENCION POR DX ESPECIFICOS - [Julia].pdf" y "Anexo secretaria Corte Otros (16).pdf". |
[49] Expediente digital, archivo "Anexo secretaria Corte INFORME DE CUMPLIMIENTO AUTO DE PRUEBAS T-11132124.pdf".
[50] De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 5 y 10 del Decreto 2591 de 1991, todas las personas pueden interponer, directamente o a través de un representante, acción de tutela ante los jueces para lograr la protección de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y, excepcionalmente, por particulares.
[51] Corte Constitucional, sentencias T-202 de 2022, SU-388 de 2022, T-340 de 2023 y T-015 de 2025, entre otras.
[53] Corte Constitucional, Sentencia T-340 de 2023.
[54] Corte Constitucional, sentencias T-202 de 2022 y T-015 de 2025, entre otras.
[55] Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2022.
[56] Documento reenviado ante la solicitud que hizo esta Corporación del poder con la especificación del acto que causaba la tutela. Ver: expediente digital, archivos "01DEMANDA.pdf", p. 8 y "Anexo secretaria Corte MEMORIAL APORTA PODER DE [Julia] PARA LA CC.pdf".
[57] De conformidad con la consulta realizada el 23 de octubre de 2025 del aplicativo SIRNA del Consejo Superior de la Judicatura.
[58] Expediente digital, archivo "Anexo secretaria Corte MEMORIAL APORTA PODER DE [Julia] PARA LA CC.pdf".
[59] Expediente digital, archivos "Anexo secretaria Corte 4.3Correo_ [Julia].pdf" y "Anexo secretaria Corte 7.1Correo_[Julia].pdf".
[60] Expediente digital, archivos "Anexo secretaria Corte MEMORIAL TUTELA - [Julia].pdf", p. 4.
[61] Ver, entre otros casos donde se ha considerado procedente la acción de tutela a pesar de no cumplir los poderes judiciales con todos los requisitos fijados en la jurisprudencia constitucional: Corte Constitucional, sentencias T-202 de 2022 y T-340 de 2023.
[62] De conformidad con el artículo 86 constitucional y los artículos 5, 13 y 42 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede dirigirse contra cualquier autoridad pública, que con su acción u omisión amenace o vulnere los derechos fundamentales del accionante o el que esté llamado a solventar las pretensiones. Asimismo, la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público, como la salud; aquellos en ejercicio de funciones públicas; aquellos cuya conducta afecta grave y directamente el interés colectivo y, respecto de quienes, el solicitante se halla en estado de subordinación o indefensión.
[63] Ley 100 de 1993, "[p]or la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones". Artículo 41.
[64] Ley 100 de 1993, "[p]or la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones". Artículos 156 y 178; Ley 1122 de 2007, "[p]or la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones". Artículo 14. Ver también:
[65] Corte Constitucional, Sentencia T-318 de 2025.
[66] Ley 909 de 2004, "[p]or la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones". Artículos 11, 12, 30 y 31.
[67] Artículos 2.2.5.1 a 2.2.5.1.5.
[68] Decreto 2222 de 26 de febrero de 2009, modificado mediante Decreto No.3333 de 28 de enero de 2022, Ver: expediente digital, archivos "01DEMANDA.pdf", p. 10, y "05CONTESTACION.pdf", pp. 26 y 30.
[69] Este requisito exige que la acción se interponga de manera oportuna, dentro de un término prudente y razonable, contado desde la ocurrencia del hecho o los hechos que se invoca(n) como vulneración o amenaza al derecho fundamental. Para identificar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre los hechos y la interposición de la tutela, se debe analizar de manera especial si las afectaciones a los derechos son continuas y actuales, así como las circunstancias particulares de cada caso. Ver, entre otras: Corte Constitucional, sentencias SU-419 de 2024, SU-016 de 2021 y T-011 de 2025.
[70] En casos similares, como la Sentencia T-122 de 2025 relativa a la desvinculación de un cargo provisional de una madre cabeza de familia y la presentación de la acción de tutela superados cuatro meses, la Corte también consideró procedente la acción.
[71] De forma similar, ver, por ejemplo: Corte Constitucional, Sentencia T-052 de 2023.
[72] Este requisito se refiere a la inexistencia de mecanismos judiciales ordinarios que sean idóneos y eficaces para proteger los derechos en el caso particular o para evitar perjuicios irremediables. Este requisito debe estudiarse de manera más amplia en casos de sujetos de especial protección como niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad, madre o padre cabeza de familia y adultos mayores. Ver: artículos 86 de la Constitución Política y 6 del Decreto 2591 de 1991. Asimismo, y entre otras decisiones de la Corte Constitucional, las sentencias SU-016 de 2021, T-005 de 2023, SU-419 de 2024 y T-011 y SU-274 de 2025.
[73] Ver, entre otras: Corte Constitucional, sentencias SU-691 de 2017 y T-356 de 2024.
[74] Ver, entre otras: Corte Constitucional, sentencias SU-075 de 2018, T-063 de 2022 y T-311 y 318 de 2025.
[75] Ver, por ejemplo: Corte Constitucional, sentencias T-052 de 2023, T-374 de 2024 y T-398 de 2025.
[76] Situaciones que se verificaron en su historia clínica. Ver: Expediente digital, archivos "01DEMANDA.pdf", pp. 29-38; "Anexo secretaria Corte expedienteel.pdf"; "Anexo secretaria Corte expedienteel (1).pdf"; "Anexo secretaria Corte WhatsApp Scan 2025-10-16 at 12.35.01.pdf", pp. 10-21 y 23 y "Anexo secretaria Corte HC 2022-2025 DE ATENCION POR DX ESPECIFICOS - [Julia].pdf".
[77] Ver, por ejemplo: Corte Constitucional, sentencias T-227 de 2024 y T-398 de 2025.
[78] De acuerdo con los registros consultados el 27 de octubre y el 4 de noviembre de 2025, ambos están clasificados en el grupo C5, con encuesta y actualización de los ciudadanos del 25 de noviembre de 2020, y última actualización vía registros administrativos en el caso de la accionante del 25 de noviembre de 2023.
[79] Según el registro consultado el 27 de octubre de 2025, la adolescente está clasificada en el grupo B2, con encuesta del 12 de diciembre de 2019, y últimas actualizaciones de la ciudadana y vía registros administrativos del 4 y 5 de septiembre de 2024.
[80] De conformidad con el Registro Único de Afiliados del Sistema Integral de Información de la Protección Social, con fecha de corte 24 de octubre de 2025.
[81] Ver, por ejemplo, la Sentencia T-052 de 2023, en la que una adulta mayor solicitó su reintegro sin solución de continuidad en el puesto de trabajo que desempeñaba o en uno superior, así como el pago de los aportes, las acreencias laborales y los salarios dejados de percibir, al considerar que se había finalizado su vínculo laboral sin tener en cuenta su condición de prepensionada. Asimismo, las sentencias T-061 y T-122 de 2025, relativas a la desvinculación de mujeres cabeza de familia de los cargos provisionales que ocupaban para vincular a una funcionaria con derechos de carrera administrativa.
[82] Según este artículo, la nulidad de los actos administrativos procede "(...) cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. (...) Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos: | 1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero. | 2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público. | 3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico. | 4. Cuando la ley lo consagre expresamente. (...)".
[83] Ver, entre otras: Corte Constitucional, sentencias T-052 de 2023, T-313 de 2024 y T-061de 2025.
[84] Sobre la idoneidad de este medio en casos de personas prepensionadas, dado el plazo relativamente inminente para acceder a una pensión de vejez, ver, entre otras: Corte Constitucional, Sentencia SU-003 de 2018, reiterada en las sentencias T-424 de 2024 y T-024 de 2025.
[85] Corte Constitucional, sentencias SU-003 de 2018, T-055 de 2020, T-374 y T-421 de 2024, T-318 y T-398 de 2025, entre otras.
[86] Expediente digital, archivos "Anexo secretaria Corte b4605f12-ebf4-4244-92e8-a516066f235f.pdf", "Anexo secretaria Corte f0a55e17-8d68-43d5-a696-8cef1ecd185a.pdf" y "Anexo secretaria Corte RESPUESTAS [Julia] A CORTE CONSTITUCIONAL.pdf".
[87] En ese entonces, 55 años en el caso de las mujeres, la cual aumentó a 57 años en dicho año, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003.
[88] Al respecto, se destacan dos cuestiones. La primera, una diferencia de más de 800 semanas que corresponden a más de 15 años de aportes. En este sentido, no es dable afirmar que las semanas necesarias para tener la calidad de prepensionada las hubiera podido completar la accionante únicamente con los aportes realizados entre febrero de 2021 y agosto de 2024, aportes que, al revisar la Consulta de Procesos Nacional Unificada, se advierte que son objeto de otra acción constitucional (radicado 00). La segunda cuestión se refiere a una precisión de las semanas exigidas para acceder a la pensión específicamente en el año 2024, ya que, esta Corporación, en la Sentencia C-197 de 2023, declaró la inexequibilidad diferida del inciso 2° del numeral 2° del artículo 9° de la Ley 797 de 2003, que modificó el inciso 2° del numeral 2° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y el apartado final del inciso 5° del artículo 10 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, en relación con sus efectos para las mujeres, y dio un lapso al Congreso hasta el 31 de diciembre de 2025, para adoptar un régimen de causación del derecho a la pensión de vejez en el que se considere integralmente el enfoque de género y, especialmente, la condición de las mujeres cabeza de familia. De no hacerlo, el 1° de enero de 2026, "el número de semanas mínimas de cotización que se exija a las mujeres para obtener la pensión de vejez en el régimen de prima media se disminuirá en 50 semanas y, a partir del 1° de enero de 2027, se disminuirá en 25 semanas cada año hasta llegar a 1000 semanas".
[89] Corte Constitucional, sentencias SU-150 de 2021, T-498 de 2024 y T-199 de 2025, entre otras.
[90] Corte Constitucional, sentencias C-553 de 2010, C-046 de 2018, T-063 de 2022 y T-061 de 2025, entre otras.
[91] Corte Constitucional, sentencias T-063 de 2022 y T-061 de 2025, entre otras.
[92] Corte Constitucional, sentencias C-102 de 2022, T-313, 421 y T-424 de 2024, T-061 y T-318 de 2025, entre otras.
[93] Corte Constitucional, sentencias C-563 de 2000, C-588 de 2009, T-313 de 2024 y T-061 y T-318 de 2025, entre otras.
[94] Corte Constitucional, sentencias C-102 de 2022 y T-424 de 2024, entre otras.
[95] Corte Constitucional, sentencias C-102 de 2022, T-313 de 2024 y T-061 de 2025, entre otras.
[96] Corte Constitucional, sentencias T-313 de 2024 y T-061 de 2025, entre otras.
[97] Corte Constitucional, sentencias T-373 de 2017, T-424 de 2024, T-061 y T-325 de 2025, entre otras.
[98] Corte Constitucional, sentencias T-373 de 2017, T-313 de 2024, T-318 de 2025, entre otras.
[99] Constitución Política. Artículo 53.
[100] Corte Constitucional, sentencias T-443 de 2022, T-313 de 2024 y T-061 de 2025, entre otras.
[101] Corte Constitucional, Sentencia T-443 de 2022 y T-313 y T-421 de 2024, entre otras.
[102] Ibid.
[103] Constitución Política. Artículo 125; Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2014 y T-061 de 2025, entre otras.
[104] Corte Constitucional, sentencias T-313, 421 y 424 de 2024 y T-061 de 2025, entre otras.
[105] Corte Constitucional, sentencias T-373 de 2017, T-096 de 2018, T-464 de 2019, C-102 y T-443 de 2022 y T-061, T-089 y T-318 de 2025, entre otras.
[106] Corte Constitucional, sentencias SU-917 de 2010, SU-691 de 2017, T-443 de 2022, T-313 de 2024, T-061 de 2025, entre otras.
[107] Ver: fundamentos jurídicos 51 a 54 de esta providencia.
[108] Corte Constitucional, sentencias T-253 de 2023 y T-246 de 2022.
[109] Corte Constitucional, sentencias T-342 de 2021, T-421 y T-424 de 2024, T-064 de 2025, entre otras.
[110] Corte Constitucional, Sentencia T-313 de 2024, reiterada en las sentencias T-061 y T-064 de 2025.
[111] Ver, por ejemplo: Corte Constitucional, sentencias T-443 de 2022, T-061 y T-064 de 2025.
[112] Ya que la protección a las madres cabeza de familia también se sustenta en instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada mediante la Ley 51 de 1981, como lo han reconocido sentencias como la T-064 de 2024.
[113] Corte Constitucional, sentencias SU-691 de 2017, T-266 y T-313 de 2024 y T-061 de 2025, entre otras.
[114] Ley 82 de 1993, "[p]or la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia". Artículo 2; Ley 790 de 2002. Artículo 12.
[115] Corte Constitucional, sentencias C-964 y C-1039 de 2003, C-044 de 2004, SU-388 de 2005, entre otras.
[116] Ley 82 de 1993. Artículo 2.
[117] Corte Constitucional, sentencias T-388 de 2020, T-266 de 2024 y T-061 de 2025, entre otras.
[118] Corte Constitucional, Sentencia T-313 de 2024. Ver, además, entre otras: Corte Constitucional, Sentencia T-266 de 2024.
[119] Corte Constitucional, sentencia SU-691 de 2017 y T-061 de 2025.
[120] Corte Constitucional, Sentencia T-003 de 2018.
[121] Corte Constitucional, Sentencia T-061 de 2025.
[122] Corte Constitucional, Sentencia T-318 de 2025.
[123] Corte Constitucional, Sentencia T-318 de 2025. Sobre estos requisitos y sin desconocer los distintos medios de prueba, esta Corporación, en casos esencialmente de estabilidad laboral reforzada y no relativa, se ha referido a eventos que permiten acreditarlos. Así, por ejemplo, con relación a la condición de salud que impide significativamente el normal desempeño laboral, ha indicado que esto se acredita cuando en el examen médico de retiro se advierte sobre la enfermedad o al momento del despido existen recomendaciones médicas o se presentó incapacidad médica durante días antes del mismo; hubo incapacidad médica de varios días vigente al momento de la terminación de la relación laboral; se presenta el diagnóstico de una enfermedad y el consecuente tratamiento médico o hay un diagnóstico médico de una enfermedad causada por un accidente de trabajo, efectuado durante el último mes del despido, que genera consecuentes incapacidades médicas anteriores a la fecha de terminación de la vinculación, y la calificación de PCL (pérdida de capacidad laboral) tiene lugar antes del despido. Por el contrario, la Corte ha considerado que la condición no se acredita cuando no se demuestra la relación entre el despido y las afecciones en salud, y la PCL es de 0%, o no se presenta incapacidad médica durante el último año de trabajo, y solo asistencia a controles por un antecedente médico, pero no a un tratamiento médico en sentido estricto. Asimismo, respecto de los eventos que acreditan el conocimiento por parte del empleador, la jurisprudencia constitucional ha contemplado, entre otros: los síntomas notorios de la enfermedad; el trámite de incapacidades y posteriores permisos para asistir a citas médicas o el cumplimiento de recomendaciones de medicina laboral; la ocurrencia de un accidente de trabajo durante los últimos meses de la relación, que le generó una serie de incapacidades y la calificación de un porcentaje de PCL antes de la terminación del contrato o indicios que evidencian que, durante la ejecución del contrato, el trabajador tuvo que acudir en bastantes oportunidades al médico, presentó incapacidades médicas y en la tutela afirma que le informó de su condición de salud al empleador. En cambio, se descarta el conocimiento cuando ninguna de las partes prueba su argumentación, la enfermedad se presenta en una fecha posterior a la terminación del contrato, el diagnóstico médico se da después del despido o a pesar de la asistencia a citas médicas durante la vigencia de la relación, no se presentó incapacidad o recomendaciones laborales como consecuencia de dichas citas médicas. Ver: Corte Constitucional, sentencias T-434 de 2020 y SU-087 de 2022 reiteradas en las sentencias SU-061 y T-094 de 2023; SU-213, SU-304 y T-227 y de 2024; T-311, T-329 y T-334 de 2025, entre otras.
[124] Ver, entre otras: Corte Constitucional, Sentencia T-227 de 2024.
[125] Ver, entre otras: Corte Constitucional, Sentencia T-096 de 2018, reiterada en la Sentencia T-424 de 2024. Ver también: Sentencia T-421 de 2024 reiterada en las sentencias SU-111 y T-064, T-318 de 2025.
[126] Ver: Ley 1562 de 2012, "[p]or la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional". Artículo 1; Decreto Ley 1295 de 1994, "[p]or el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales". Artículo 8; Corte Constitucional, sentencias C-277 de 2021, reiterada en la C-447 de 2022 y T-459 de 2021.
[127] Ley 1562 de 2012, "[p]or la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional". Artículo 3.
[128] Ibid. Artículo 4.
[129] Actualmente corresponde al Decreto 1477 de 2014, "[p]or el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales".
[130] Ver, entre otras: Constitución Política. Artículo 48; Corte Constitucional, sentencias C-240 de 2020 y T-459 de 2021.
[131] Ver, entre otras: Corte Constitucional, sentencias T-046 y T-170 de 2024, y T-334 de 2025.
[132] De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, una persona inválida es quien "por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral".
[133] Decreto Ley 1295 de 1994. Artículos 2, 5 y 7; Ley 100 de 1993. Artículo 254.
[134] Ver, entre otras: Corte Constitucional, sentencias T-427 de 2018, T-250 de 2022 y T-170 de 2024.
[135] Ver, entre otras: Corte Constitucional, sentencias T-250 de 2022 y T-378 de 2023.
[136] Como lo señaló esta Corporación en la Sentencia T-170 de 2024 Si bien estas disposiciones se encuentran en el apartado de la ley que regula lo relacionado con la pensión por PCL igual o superior al 50% de origen común, lo allí regulado también aplica a la calificación de PCL de origen laboral por disposición del artículo 250 de la misma ley.
[137] Esto, sujeto a plazos que responden a la favorabilidad del concepto de rehabilitación. Ver: Ley 100 de 1993. Artículo 41; Ley 776 de 2002, "[p]or la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales". Artículo 1; Decreto 1477 de 2014. Artículo 4; Corte Constitucional, sentencias T-046 de 2024 y T-325 y 334 de 2025, entre otras.
[138] Ver, entre otras: Corte Constitucional, sentencias T-341 de 2013, T-250 de 2022 y T-170 de 2024.
[139] Ibid. Ver, además: Corte constitucional, Sentencia T-250 de 2022.
[140] Ver, entre otras: Ley 1751 de 2015, "[p]or medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones", y Corte Constitucional, sentencias SU-239 de 2024, T-760 de 2008, T-389 de 2022 y T-016 de 2025. Ver también, Constitución Política, artículo 49 e instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12.1, y el Protocolo Adicional de San Salvador, artículo 10.
[141] Ley 1751 de 2015, "[p]or medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones". Artículos 6 y 8. Ver, también: Corte Constitucional, sentencias SU-508 de 2020, T-264 de 2023, T-184 y 377 de 2024, T-016 de 2025, entre otras. En sentencias como la T-017 de 2021, esta Corporación señaló que "la interrupción arbitraria del servicio de salud es contraria al derecho fundamental a la salud, al derecho a la vida en condiciones dignas, a la seguridad social, a la igualdad y a la dignidad humana".
[142] Ver, entre otras: sentencias T-573 de 2023 y T-351 y T-377 de 2024, T-343 de 2025.
[143] Corte Constitucional, sentencias T-1198 de 2003, T-412 de 2014, T-417 de 2017, T-334 y T-343 de 2025, entre otras.
[144] Ver: Sentencia SU-124 de 2018, reiterada en Sentencia T-510 de 2024.
[145] Corte Constitucional, sentencias T-573 de 2023 y T-349 de 2024, T-343 de 2025, entre otras.
[146] Ver, entre otras: Corte Constitucional, sentencias T-377 y T-510 de 2024, T-343 de 2025, entre otras. En todo caso, se precisa que la jurisprudencia constitucional distingue entre "un adulto mayor" y "persona de la tercera edad". La primera se entiende como aquella persona de 60 años o "menor de 60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen". La segunda se refiere a una persona que haya superado la esperanza de vida en el país. Así, mientras que toda persona de la tercera edad es un adulto mayor, no todo adulto mayor es una persona de la tercera edad. Ver, entre otras: Corte Constitucional, sentencias T-013 de 2020, T-184 de 2024 y T-016, T-319 y T-343 de 2025.
[147] Corte Constitucional, Sentencia T-334 de 2025.
[148] Corte Constitucional, sentencias T-583 de 2023 y T-011 y T-319 de 2025, entre otras. Véase también la construcción jurisprudencial de este derecho desarrollada en la Sentencia C-400 de 2024.
[149] Ver, entre otras: Corte Constitucional, Sentencia SU-367 y T-435 de 2025.
[150] Ver, entre otras: Corte Constitucional, Sentencia T-319 de 2025.
[151] Sobre esta dimensión, ver, entre otras: Corte Constitucional, Sentencia C-400 de 2024.
[152] Corte Constitucional, sentencias T-447 y T-583 de 2023, C-400 de 2024 y T-011 de 2025 y T-419 de 2025. Ver también: Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Contenido y el alcance del Derecho al Cuidado y su interrelación con otros derechos (Interpretación y alcance de los artículos 1.1, 2, 4, 17, 19, 24, 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 34 y 45 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos; I, II, VI, XI, XII, XIV, XV, XVI, XXX y XXXV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 7, 8 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer; 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 y 18 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 6, 9, 12 y 19 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad). Opinión Consultiva OC-31/25 de 12 de junio de 2025. Serie A No. 31, párr. 114-118 y 240.
[153] Corte Constitucional, sentencia C-400 de 2024, T-011 y T-319 de 2025.
[154] De acuerdo con esta providencia, el primero de estos niveles supone "garantizar que las personas, en especial aquellas en situación de vulnerabilidad, tengan acceso efectivo a una oferta básica para satisfacer sus necesidades de cuidado". El segundo, que los servicios de cuidado sean accesibles para todas las personas, sin discriminación. El tercero implica que estos servicios "cumplan con estándares apropiados y adecuados de atención para asegurar condiciones dignas y seguras para las personas cuidadas y sus cuidadores". Por último, el cuarto exige que el cuidado se ajuste a las necesidades físicas, emocionales y sociales de sus receptores mediante enfoques diferenciales y servicios flexibles. Además, que en su prestación se garanticen condiciones justas, dignas y sostenibles. Ver: Corte Constitucional, Sentencia T-199 de 2025.
[155] Corte Constitucional, Sentencia 319 de 2025 que referencia la Sentencia T-199 de 2025.
[156] Por ejemplo, a través de políticas como subsidios, programas de asistencia social o transferencias monetarias no condicionadas. Ver: Corte Constitucional, Sentencia T-199 de 2025.
[157] Ver, por ejemplo: Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 25; Convención sobre los Derechos del Niño. Artículos 3, 7 y 18, y Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 19. Ver también: Organización Internacional del Trabajo. Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares y Recomendación 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981, y Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación General Nº 27 sobre las mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos, 16 de diciembre de 2010.
[158] Artículo 44.
[159] Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Contenido y el alcance del Derecho al Cuidado y su interrelación con otros derechos (Interpretación y alcance de los artículos 1.1, 2, 4, 17, 19, 24, 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 34 y 45 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos; I, II, VI, XI, XII, XIV, XV, XVI, XXX y XXXV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 7, 8 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer; 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 y 18 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 6, 9, 12 y 19 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad). Opinión Consultiva OC-31/25 de 12 de junio de 2025. Serie A No. 31, párr. 178 y 204.
[160] Expediente digital, archivo "Anexo secretaria Corte RESPUESTAS [Julia] A CORTE CONSTITUCIONAL.pdf", p. 2.
[161] Corte Constitucional, Sentencia T-061 de 2025.
[162] Al respecto, esta Corporación ha acreditado la condición de mujer y hombre de familia cuando, por ejemplo, su cónyuge presenta quebrantos de salud y no trabaja, y a pesar de recibir apoyos de su núcleo familiar, estos no son suficientes para asegurar la satisfacción de las necesidades básicas. También ha acreditado esta condición cuando el hijo de quien reclama la protección recibe un porcentaje de la pensión de sobrevivientes que tampoco satisface las necesidades básicas. Ver: Corte Constitucional, sentencias T-343 de 2023 y T-064 de 2025.
[163] Expediente digital, archivo "05CONTESTACION.pdf", pp. 3 y 21.
[164] Expediente digital, archivo "Anexo secretaria Corte RESPUESTAS [Julia] A CORTE CONSTITUCIONAL.pdf".
[165] La señora Alicia, en declaración extraprocesal del 19 de diciembre de 2024. Al respecto, se recuerda que esta Corporación ha reconocido que, el juez constitucional puede evaluar las declaraciones extraprocesales de los solicitantes y personas allegadas, así como manifestaciones dentro del proceso de tutela. Ver: expediente digital, archivo "Anexo secretaria Corte MEMORIAL TUTELA - [Julia].pdf", pp. 2 y 3, y Corte Constitucional, Sentencia T-226 de 2024.
| Expediente digital, archivo "Anexo secretaria Corte WhatsApp Scan 2025-10-16 at 12.35.01.pdf", pp. 17-19. |
| Expediente digital, archivo "Anexo secretaria Corte expedienteel (1).pdf". |
| Hay un aparente reporte adicional de este accidente laboral del 28 de junio de 2022. Ver: expediente digital, archivo "Anexo secretaria Corte WhatsApp Scan 2025-10-16 at 12.35.01.pdf", pp. 12-16, y "Anexo secretaria Corte HC 2022-2025 DE ATENCION POR DX ESPECIFICOS - [Julia].pdf", pp. 5-10. |
| Expediente digital, archivo "Anexo secretaria Corte WhatsApp Scan 2025-10-16 at 12.35.01.pdf", p. 21. |
| Expediente digital, archivo "Anexo secretaria Corte WhatsApp Scan 2025-10-16 at 12.35.01.pdf", pp. 10-11, y "Anexo secretaria Corte HC 2022-2025 DE ATENCION POR DX ESPECIFICOS - [Julia].pdf", pp. 1-5. |
| Ibid., pp. 15-20. |
| Expediente digital, archivo "01DEMANDA.pdf", pp. 35-38. |
| Expediente digital, archivo "Anexo secretaria Corte expedienteel.pdf". |
| Expediente digital, archivo "Anexo secretaria Corte HC 2022-2025 DE ATENCION POR DX ESPECIFICOS - [Julia].pdf", pp. 11-15. |
| Expediente digital, archivo "Anexo secretaria Corte HC 2022-2025 DE ATENCION POR DX ESPECIFICOS - [Julia].pdf", pp. 33-37. |
| Esto se reitera en la valoración del 16 de agosto de 2024, y el 9 de abril y 16 de junio de 2025. |
| Expediente digital, archivos "01DEMANDA.pdf", p. 34, y "Anexo secretaria Corte HC 2022-2025 DE ATENCION POR DX ESPECIFICOS - [Julia].pdf", pp. 30-33. |
| Expediente digital, archivos "01DEMANDA.pdf", pp. 32-33, y "Anexo secretaria Corte expedienteel.pdf". |
| Expediente digital, archivo "Anexo secretaria Corte expedienteel.pdf". |
| Expediente digital, archivos "01DEMANDA.pdf", pp. 31, y "Anexo secretaria Corte expedienteel.pdf". |
| Expediente digital, archivos "01DEMANDA.pdf", p. 30, y "Anexo secretaria Corte expedienteel.pdf". |
| Expediente digital, archivo "Anexo secretaria Corte WhatsApp Scan 2025-10-16 at 12.35.01.pdf", p. 23. |
| Expediente digital, archivo "01DEMANDA.pdf", p. 29. |
| Expediente digital, archivo "Anexo secretaria Corte HC 2022-2025 DE ATENCION POR DX ESPECIFICOS - [Julia].pdf", pp. 26-30. |
| Ibid., pp. 21-26. |
[186] Según el Registro Único de Afiliados del Sistema Integral de Información de la Protección Social, con fecha de corte 24 de octubre de 2025. Ver también: expediente digital, archivo "Anexo secretaria Corte [Julia] - REVISION CORTE CONSTITUCIONAL- DESCORRE TRASLADO.pdf", p. 2.
[187] Estas labores se relacionan, por ejemplo, en las funciones esenciales a desempeñar por el señor Iván. Ver: expediente digital, archivo "05CONTESTACION.pdf", p. 28.
[188] El término inicial fue de ocho días y este fue ampliado por diez días más mediante la Circular No. 101 de 2023. Expediente digital, archivo "01DEMANDA.pdf", p. 15 y 17.
[189] Mediante la Circular AAA-555-2024 del 16 de agosto de 2024. Ver: expediente digital, archivos "01DEMANDA.pdf", pp. 19-28, y "Anexo secretaria Corte [AAA-555-2024]-FINALIZACION-PROCESO-DE-CARACTERIZACION.pdf".
[190] Ibid., p. 16.
[191] Ibid., pp. 13 y 14.
[192] Expediente digital, archivo "01DEMANDA.pdf", pp. 10-11.
[193] Expediente digital, archivo "05CONTESTACION.pdf", pp. 25-29.
[194] Expediente digital, archivo "01DEMANDA.pdf", pp. 10-11.
[195] Aunque la accionante afirmó la existencia de dos personas en un cargo igual al que desempeñaba en provisionalidad, luego de su desvinculación, dicha afirmación no contó con ningún soporte y la Secretaría de Educación señaló en su respuesta que no era cierto, pues el auxiliar de servicios generales había sido nombrado en virtud del concurso de méritos. Ver: expediente digital, archivos "01DEMANDA.pdf", p. 2 y "05CONTESTACION.pdf", p. 2.
[196] Expediente digital, archivo "Anexo secretaria Corte AUTORIZACION NUEVAS OPEC.pdf".
[197] Al 5 de septiembre de 2025, al menos 74 elegibles estaban a la espera de la provisión del cargo. Ver: expediente digital, archivos "Anexo secretaria Corte 2024RES-400.300.24-041055 (4).pdf" y "Anexo secretaria Corte AUTORIZACION NUEVAS OPEC.pdf".
[198] Expediente digital, archivo "05CONTESTACION.pdf", p. 16.
[199] Según lo estableció la Corte en el Auto 228 de 2019, "[l]as salas de revisión de la Corte Constitucional y los jueces de tutela pueden disponer que entidades públicas no demandadas o vinculadas al proceso de tutela adelanten actuaciones 'en coordinación' con entidades o autoridades sí integradas al proceso, o con organismos oficiales a cargo de la satisfacción de un derecho fundamental". Además, en la Sentencia SU-111 de 2020 señaló que "no es necesario vincular al proceso de tutela a las autoridades que tienen dentro de su deber legal y constitucional cumplir la obligación que en dicho trámite se les impone".
[200] Constitución Política. Artículo 282.
[201] Expediente digital, archivos "Anexo secretaria Corte expedienteel (1).pdf)" y "Anexo secretaria Corte expedienteel.pdf".
[202] Diagnósticos que, además, guardan relación con enfermedades clasificadas por grupos o categorías y requieren de la calificación de la enfermedad como de origen laboral para que la ARL reconozca las prestaciones, como lo son el dolor articular, la sinovitis y tenosinovitis, la sinovitis crepitante crónica de la mano y del puño, o el síndrome del túnel carpiano. Ver: Decreto 1477 de 2014. Artículo 4.
[203] Ver, entre otras: Corte Constitucional, sentencias T-250 de 2022, T-378 de 2023.
[204] Expediente digital, archivos "Anexo secretaria Corte expedienteel (1).pdf" y "Anexo secretaria Corte expedienteel.pdf".
[205] Expediente digital, archivos "01DEMANDA.pdf", pp. 29-38, y "Anexo secretaria Corte WhatsApp Scan 2025-10-16 at 12.35.01.pdf", pp., 17-20 y 23; "Anexo secretaria Corte OFICIO - PRUEBAS [Julia].pdf", "Anexo secretaria Corte expedienteel (1).pdf", "Anexo secretaria Corte expedienteel.pdf".
[206] Ver, entre otras: Corte Constitucional, sentencias T-402 de 2022 y T-378 de 2023.
[207] Expediente digital, archivo "Anexo secretaria Corte HC 2022-2025 DE ATENCION POR DX ESPECIFICOS - [Julia].pdf", pp. 1, 6, 11, 16, 26, 31 y 33.
[208] Ibid., pp. 1, 5, 6, 9 y 26.
[209] Ibid., p. 32.
[210] Ley 776 de 2002. Artículo 1, parágrafo 2.
[211] Expediente digital, archivo "Anexo secretaria Corte HC 2022-2025 DE ATENCION POR DX ESPECIFICOS - [Julia].pdf", p. 25.0
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