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Sentencia T-725/16
VERACIDAD E IMPARCIALIDAD A QUE ESTAN SOMETIDOS MEDIOS DE COMUNICACION
La jurisprudencia constitucional ha reiterado que la actividad de los medios se encuentra sujeta a los límites de imparcialidad y veracidad de la información. Ante el incumplimiento de estos deberes y obligaciones, la protección de los afectados por las informaciones suministradas está dada por la rectificación en equidad, entendida como un derecho de obligatoria observancia por lo que no puede ser visto como una actuación de mera liberalidad o cortesía.
JUEZ CONSTITUCIONAL-Alcance de su función frente al ejercicio de actividades a través de Internet y el control de los cibermedios
La importancia de delimitar el alcance de los contenidos digitales se presenta, para algunos, porque la información que se encuentra en la red puede tener igual o mayor difusión que la de los medios de comunicación tradicionales (televisión, radio y prensa escrita), a lo que se suma la posibilidad de almacenar información, disponer y consultar la misma de manera ágil y permanente.
DERECHO AL BUEN NOMBRE-Orden a canal de televisión actualizar noticia, que se encuentra a disposición del público, para que, si desea mantenerla, se ponga en conocimiento de la audiencia lo que ha ocurrido hasta la actualidad
Referencia: Expediente T- 5.716.609
Acción de tutela interpuesta por Jairo Alberto Ríos Sáenz, actuando en calidad de representante legal de Storage and Parking SAS contra RCN Televisión SA
Magistrado Ponente:
AQUILES ARRIETA GÓMEZ (e)
Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Alberto Rojas Ríos, Luis Ernesto Vargas Silva y Aquiles Arrieta Gómez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la sentencia del 15 de julio de 2016, proferida por el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por Storage and Parking SAS contra RCN Televisión SA. El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección Número Ocho, mediante auto del 30 de agosto de 2016.[1]
I. ANTECEDENTES
Jairo Alberto Ríos Sáenz, actuando en calidad de representante legal de Storage and Parking SAS, presentó acción de tutela para solicitar la protección de los derechos fundamentales de petición, a la honra y al buen nombre de la sociedad a la que representa, presuntamente vulnerados por RCN Televisión SA, al no rectificar la información emitida en el noticiero del medio día del 12 de mayo de 2016, pese a la solicitud escrita que para tal efecto fue presentada ante la demandada el 2 de junio de la misma anualidad. A continuación, se exponen los hechos en los que se funda la acción de tutela y la solicitud planteada:
Hechos y solicitud
Ante el Juzgado Doce Civil Municipal de Oralidad de Bogotá se tramitó un proceso ejecutivo singular que involucró como parte demandada a Camperos y Camionetas SAS.[2] Dentro del trámite se decretó la retención del automóvil marca Mercedes Benz modelo 2012 de placas RMX-400[3] por lo que el 1º de diciembre de 2015 la Policía Metropolitana de Bogotá inmovilizó el vehículo y lo dejó en custodia en el parqueadero cuya razón social corresponde a Storage and Parking SAS.
El 2 de mayo de 2016 se dio por terminado el proceso pues había existido pago total de la obligación y de las costas y el día siguiente, a través de oficio Nro. 0303, se ordenó a la sociedad demandante hacer entrega del vehículo objeto de la medida cautelar[5]. Diez días después, el 12 de mayo de 2016, el noticiero del medio día del canal RCN puso en conocimiento de los televidentes una denuncia ciudadana que involucra al parqueadero Storage and Parking SAS. La noticia emitida durante un minuto y 21 segundos inicia con el titular “¡Denuncia RCN!” y se transcribe a continuación:
Presentador en el Set del noticiero: “Dueños de vehículos involucrados en procesos judiciales, denuncian que en parqueaderos a donde llevan sus carros estarían haciendo un… “cambiazo” por otros de valor inferior, uno de los afectados, por ejemplo, asegura que fue a reclamar su Mercedes Benz y le entregaron un Spark. Denuncia en noticias RCN.”
Voz en off: “El primero de diciembre a una de las denunciantes le embargaron su vehículo y, aunque solucionó el caso, se llevó una sorpresa cuando fue a reclamarlo.”
Denunciante 1: “Al parecer el carro que ellos tienen no es un Mercedes Benz sino es un Spark.”
Voz en off: “La situación empeoró cuando se enteró que empleados del parqueadero, al parecer, pusieron en venta su carro.”
Entrevistador: “A ustedes les estaban ofreciendo otro vehículo ¿Cuál vehículo?”
Entrevistada: “Un Mercedes Benz de placa RMX-400 color negro. En un valor de setenta y cinco millones de pesos ($75.000.000).”
Voz en off: “Otra persona denuncia que su carro también fue embargado pero que le han llegado foto comparendos que darían cuenta de que no está inmovilizando sino rodando.”
Denunciante 2: “El carro no está acá y luego nos llegan unos foto-comparendos, dos de hecho, que el carro se encuentra en Cali.”
Voz en off: “Mientras atendimos la denuncia, la empresa fue objeto de un allanamiento, según la funcionaria judicial, por aparentes irregularidades.”
Funcionaria judicial: “Con el representante legal, de este parqueadero. Él nos está dando la documentación y estamos tratando de localizar un rodante.”
Voz en off: “Los afectados pidieron al Consejo Superior de la Judicatura se apersone del caso y pida a las autoridades la investigación para saber qué pasó con sus carros.”
El 16 de mayo de 2016, el Juzgado Doce Civil Municipal de Oralidad de Bogotá recibió un memorial del representante legal del depósito judicial Royal Parking SAS[6] en el que pone en conocimiento del despacho que el vehículo de placas RMX-400 se encuentra en sus instalaciones desde el primero de diciembre del año anterior y que se debe ordenar el pago de las expensas que por su cuidado y custodia se han generado.
El 2 de junio de 2016, el representante legal de la sociedad demandante solicitó ante RCN Televisión SA y el noticiero de este canal que se explicara y aclarara la noticia emitida el 12 de mayo de 2016, en la que la propietaria del vehículo de placas RMX-400 marca Mercedes Benz (línea C200) y representante legal de Camperos y Camionetas SAS señaló ante las cámaras que se le iba a realizar un “cambiazo” de su automóvil por un Chevrolet Spark. En la petición se puso en conocimiento que el automotor del que se habló en la emisión nunca ingresó a las instalaciones de Storage and Parking SAS[8] y que debido a que no se corroboró la información por parte del noticiero se afectó el buen nombre de la compañía y se ocasionaron daños y perjuicios. Finalmente, en la solicitud se advierte que en la misma noticia se habló de un supuesto allanamiento cuando lo que se llevó a cabo fue una diligencia de un juzgado civil municipal, evento que sucede con frecuencia. El representante señala que puso en conocimiento de la SIJIN y del despacho en el que se surtió el proceso ejecutivo singular las irregularidades en la inmovilización del automóvil y que debido a la denuncia se han presentado altercados con algunos propietarios de los vehículos sobre los que pesan medidas cautelares que se encuentran inmovilizados en ese parqueadero.
Así, solicita la protección de los derechos fundamentales de petición, a la honra y al buen nombre de la sociedad a la que representa y que se ordene a RCN Televisión SA que aclare la situación real del vehículo en cuestión y, de esta manera, se repare el daño causado con la emisión de la noticia.
Traslado y contestación de la demanda[9]
Respuesta de la Policía Metropolitana de Bogotá[10]
El Jefe de Asuntos Jurídicos de la Policía Metropolitana de Bogotá[11] solicitó la desvinculación del trámite pues la institución no guarda relación alguna con lo solicitado a RCN Televisión SA. Señaló que para el caso concreto se cumplieron las ordenes emitidas por una autoridad judicial al inmovilizar un vehículo y dejarlo a disposición de los parqueaderos autorizados por el Consejo Superior de la Judicatura para tal efecto. Sin perjuicio de lo anterior, manifestó que la Policía Metropolitana de Bogotá ha estado emitiendo órdenes y reiterando los procedimientos para la inmovilización de vehículos ante las quejas e irregularidades que se vienen presentando.
Respuesta de RCN Televisión SA[13]
El representante legal de RCN Televisión SA[14] aseguró que la solicitud de rectificación presentada por la sociedad accionante resulta extemporánea pues desconoció el término de 10 días estipulado en el artículo 30 de la Ley 182 de 1995. Precisó que, pese a que no se presentó la reclamación en el momento oportuno, la misma se respondió mediante comunicación del 30 de junio de 2016. Advirtió que la petición elevada por Storage and Parking SAS no procede pues la noticia tiene fundamento en una denuncia ciudadana hecha por las personas afectadas que aparecen en la misma. Adujo que dentro de la emisión no se hizo referencia alguna a la sociedad accionante ni se atribuyó responsabilidad por los hechos puestos en conocimiento. Finalmente, sostuvo que el equipo periodístico del canal procuró obtener la versión del parqueadero señalado, cosa que no fue posible por la negativa de los mismos a pronunciarse y que si la parte demandante considera que las afirmaciones hechas no corresponden a la verdad debe instaurar las acciones que para tal efecto existen y en contra de las personas que denunciaron los hechos.
Decisión que se revisa
El Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá en sentencia del 15 de julio de 2016 denegó la solicitud interpuesta por el representante legal de Storage and Parking SAS contra RCN Televisión SA. El juzgado señaló que la procedencia de la acción de tutela contra particulares está supeditada a que estos “presten o suministren un servicio público, cumplan una función pública, o que el accionante se encuentre en estado de subordinación o indefensión respecto del tutelado, o que éste con su conducta afecte grave y directamente un interés colectivo.” Advirtió que las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales pues el artículo 86 de la Constitución no hace una distinción entre naturales y jurídicas por lo que están legitimadas para solicitar la protección de sus derechos mediante acción de tutela.
Realizó un estudio con respecto a los derechos a la información y a la rectificación y resaltó que la libertad de opinión, prensa e información fue reconocida en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Universal de Derechos Civiles y Políticos. Añadió que en nuestro país se prohíbe la censura según lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política y que el derecho a la información no es absoluto pues tiene una doble dimensión responsabilidad-obligación y conlleva el derecho a recibir información veraz e imparcial.
Con respecto al derecho a la rectificación, indicó que constituye una obligación del medio de comunicación que divulgue información falsa, parcializada, inexacta, imprecisa o poco objetiva. Consideró que en virtud del artículo 30 de la Ley 182 de 1995, quien se vea afectado por un mensaje emitido en un programa de televisión puede solicitar la rectificación dentro de los 10 días hábiles siguientes a la transmisión y el medio de comunicación tiene 7 días para resolver la petición. De acuerdo a lo anterior, negó el amparo de los derechos en atención a que la sociedad demandante presentó la solicitud de rectificación de manera extemporánea.
Actuaciones surtidas en sede de revisión
Auto del 20 de octubre de 2016
Mediante Auto del 20 de octubre de 2016 se ordenó vincular al Juzgado Doce Civil Municipal de Oralidad de Bogotá para que en el término otorgado remitiera las providencias, oficios y memoriales que se encuentran dentro del expediente del proceso ejecutivo singular que involucró como parte demandada a Camperos y Camionetas SAS que expliquen las particularidades del caso y determinen cómo se llevó a cabo el proceso de inmovilización del vehículo de placas RMX-400 marca Mercedes Benz y el lugar en que se dejó en custodia el automotor. El mismo Auto ordenó la vinculación de Camperos y Camionetas SAS, para que la sociedad indicara cuál fue la información que puso en conocimiento del equipo periodístico del noticiero del Canal RCN y relatara lo ocurrido con el automóvil de placas RMX-400 marca Mercedes Benz.
La providencia dispuso la práctica de pruebas y, de esta manera, ordenó a RCN Televisión SA que indicara, a través de qué medio, había sido trasmitida la noticia a la que se hace mención en la acción de tutela, si la misma puede ser consultada actualmente en las páginas web de RCN o sus asociadas y que señalara cuál es el proceso que se surte ante solicitudes de rectificación presentadas frente a informaciones de prensa que se encuentran en su página web, en particular, que aclarara a partir de qué momento se cuenta el término para la caducidad de la solicitud de rectificación frente a estas noticias.
Finalmente, ordenó al representante legal de Storage and Parking SAS que expusiera de manera precisa y detallada cuáles son los perjuicios que sufrió la sociedad a raíz de la noticia presentada por el noticiero del Canal RCN y por qué se le puede adjudicar responsabilidad por el daño. Los documentos con las respuestas allegadas se remitieron al despacho sustanciador por la Secretaría General de la Corte Constitucional el 15 de noviembre de 2016.
Respuesta del Juzgado Doce Civil Municipal de Oralidad de Bogotá
En respuesta a los requerimientos efectuados, el Juzgado Doce Civil Municipal de Oralidad de Bogotá remitió el expediente original del proceso ejecutivo singular instaurado en contra de Camperos y Camionetas SAS.[15]
Realizado el análisis del expediente se puede extraer que mediante demanda ejecutiva singular presentada se solicitó librar mandamiento de pago por la suma de treinta millones de pesos ($30.000.000), correspondiente al valor de una letra de cambio y por los intereses moratorios causados.[16]
A causa de las solicitudes presentadas en la demanda, el juzgado de conocimiento decretó el embargo y posterior secuestro del vehículo de placas RMX-400 marca Mercedes Benz denunciado como propiedad de la sociedad demandada.[17] Con posterioridad, el Subteniente del Cuadrante 71 de la Policía Metropolitana de Bogotá presentó escrito en el Juzgado Doce Civil Municipal de Oralidad de Bogotá en el que señaló que el automotor objeto de la medida cautelar había sido inmovilizado y dejado en custodia en el parqueadero Storage and Parking SAS, presentando junto con su informe, fotocopias del acta de inventario Nro. 0669 con membrete del parqueadero mencionado, la tarjeta de propiedad y de un oficio del juzgado que adelantó el trámite.[18] A su vez, el juzgado dispuso dar por terminado el proceso por pago total de la obligación el 2 de mayo de 2016 y, en consecuencia, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares decretadas.
Debe resaltarse que dentro del proceso existe una fotocopia suministrada por el Subteniente del Cuadrante 71 de la Policía Metropolitana de Bogotá de un acta de inventario y disposición supuestamente emitida por Storage and Parking SAS en la que se individualiza el vehículo Mercedes Benz de placas RMX-400.[20] Más adelante, existe otra acta de inventario y puesta a disposición que se refiere al automotor en cuestión, fechada el 1 de diciembre de 2015, pero suscrita por Royal Parking SAS,[21] parqueadero que en documento aparte advirtió que el automóvil se encontraba en sus instalaciones.
Teniendo en cuenta el panorama descrito, el Juzgado Doce Civil Municipal de Oralidad de Bogotá compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría Delegada respectiva para que adelantaran las investigaciones correspondientes.[22] Finalmente, el Subteniente del Cuadrante 71 de la Policía Metropolitana de Bogotá, mediante memorial presentado reiteró lo plasmado en el informe en que manifestó que el automotor fue dejado en el parqueadero Storage and Parking SAS[23] No obstante, el juzgado de instancia solicitó a Royal Parking SAS hacer entrega del vehículo por medio del oficio Nro. 1277 del 29 de julio de 2016.
Respuesta de RCN Televisión SA
El representante legal de RCN Televisión SA respondió los requerimientos efectuados y señaló que la noticia a la que se hace referencia fue trasmitida el 12 de mayo de 2016 a través de la señal de televisión abierta y “puesta a disposición en la primera página (Home) del portal web de noticias RCN, durante el 12 de mayo de 2016”.[25] Por otro lado, advirtió que luego de que la noticia fue retirada de la primera página del web de Noticias RCN quedo “alojada en los servidores del portal, donde a través de los mecanismos de búsqueda incorporados en el portal o utilizando los buscadores como Yahoo o Google, se puede consultar en la actualidad”. Añadió que la noticia alojada en los servidores es la misma presentada el día de la emisión y que se encuentra en la web para permitir su consulta. Finalmente, sostuvo que las solicitudes de rectificación presentadas por informaciones de prensa que se encuentran en su página web se surten con base en el procedimiento que se encuentra consagrado en el artículo 30 de la Ley 182 de 1995. Sobre el plazo para elevar la solicitud indicó lo siguiente:
“[e]l término establecido para presentar la solicitud de rectificación en lo referente a las noticias que se publican en el home de la página web de Noticias RCN, se contabiliza a partir del momento en que la noticia se sube al portal (Puesta a disposición), que para el caso que nos ocupa, coincide con la fecha en la cual fue emitida a través de la televisión abierta, es decir, el 12 de mayo de 2016, por lo tanto, la solicitud de rectificación debió presentarse antes del 27 de mayo de 2016”.
Respuesta de Storage and Parking SAS
El representante legal de Storage and Parking SAS señaló dentro de su contestación que los noticieros de televisión no son las instancias adecuadas para hacer efectiva la entrega de vehículos desembargados, por lo que el comportamiento de RCN Televisión SA resulta ilegal y contrario a derecho. Recalcó que la denuncia realizada por el noticiero se aleja de la realidad y refiere un supuesto descuido en el tratamiento de la información y falta de diligencia por parte del medio de comunicación a la hora de contrarrestar las pruebas y testimonios que supuestamente hacen responsable a la compañía de parqueaderos. Estimó que la falsa noticia causó que “en el imaginario colectivo se encuentra la sociedad como gestora de cambiazos de automotores por aparatos de menor valor” y que la ocurrencia de daños y perjuicios es evidente pues no se ha comprobado que la empresa sea responsable de la acción acusada.
La sociedad que representa, alegó que no puede acarrear con el desprestigio y la desconfianza que produjo la emisión de la noticia, a lo que se suman los costos en que han tenido que incurrir, consistentes en los abogados y auxiliares jurídicos que contrataron para dar respuesta a las peticiones elevadas por los propietarios de los vehículos que se encuentran en sus instalaciones. Para terminar, se refirió a la solicitud de rectificación que, a su juicio, no es extemporánea y que el noticiero desea omitir su responsabilidad escudándose en que la información se sustenta de manera exclusiva en el dicho de los afectados.
Intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá
Juan Manuel Mattos Cabrera, Jefe de la Línea Investigativa de Automotores de la SIJIN-MEBOG, presentó escrito en el que solicitó la desvinculación del trámite de tutela por falta de legitimación en la causa por activa.
Respuesta de Camperos y Camionetas SAS
La representante legal de Camperos y Camionetas SAS[26] se pronunció con respecto a la entrega del automotor y aseguró que el procedimiento se llevó a cabo el 5 de agosto de 2016, luego de que se cancelaran nueve millones seiscientos sesenta y seis mil pesos ($9.666.000) por concepto de parqueadero. Sobre los hechos que fueron puestos a conocimiento de RCN Televisión SA la representante indicó que el día en que solicitaron la devolución del vehículo en cuestión, se acercaron al equipo periodístico del canal al que le hicieron entrega de una foto del automóvil que fue objeto de la medida cautelar. Añadió que debido a la emisión de la imagen en el noticiero el tenedor del automotor, que se encontraba en la ciudad de Medellín, llamó al medio de comunicación manifestando que haría entrega del mismo. Relató que el día siguiente Royal Parking SAS informó ante el Juzgado Doce Civil Municipal de Oralidad de Bogotá que el rodante se encontraba en sus instalaciones.
Pronunciamiento sobre las pruebas de RCN Televisión SA
La subdirectora de Noticias RCN[27] consideró que las imputaciones hechas por el representante legal de la sociedad demandante son inaceptables. Explicó que Noticias RCN denunció los hechos que se presentaron frente a las instalaciones de Storage and Parking SAS en el marco del derecho constitucional a informar. El medio de comunicación dijo que realizó una investigación para determinar la veracidad de los hechos puestos a su conocimiento y recaudó pruebas que sirvieron de fundamento a la denuncia y que fueron aportadas debidamente en la contestación de tutela.[28] Sostuvo que el equipo periodístico trató de recopilar testimonios de funcionarios del parqueadero señalado sin que ello fuera posible y que, en virtud de la responsabilidad periodística, debe denunciar los hechos que afectan a la sociedad. Finalmente, estimó que los periodistas del noticiero obraron en debida forma sin que su actividad intente suplantar la actividad de la administración de justicia y aseguró que la estimación de perjuicios hecha por la parte accionante carece de soporte técnico y respaldo probatorio.
CONSIDERACIONES
“La libertad de prensa como es conocida de modo especial, consiste en el derecho fundamental para publicar y difundir las ideas por cualquier medio gráfico y es una de las características de todo régimen democrático puesto que propicia el pluralismo político e ideológico; su finalidad más trascendental es la de permitir que exista un espacio propicio para controlar los actos de los gobernantes y para indicar derroteros a los asociados, todo lo cual en principio le da a ella en el cuadro de regulaciones constitucionales una posición preferente ante los poderes públicos y ante otros derechos fundamentales autodisponibles”.[46]
Finalmente, consideró que el derecho antes reseñado no es absoluto y “debe respetar el núcleo esencial de los derechos de los demás” por lo que los medios de comunicación dentro de su actividad están sometidos a límites como la imparcialidad y la veracidad, aunque en este último evento no es exigida una certeza absoluta con respecto a la información suministrada.
“De otro lado, en el marco de la libertad de información, el Tribunal considera que existe un deber del periodista de constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en que fundamenta sus opiniones. Es decir, resulta válido reclamar equidad y diligencia en la confrontación de las fuentes y la búsqueda de información. Esto implica el derecho de las personas a no recibir una versión manipulada de los hechos. En consecuencia, los periodistas tienen el deber de tomar alguna distancia crítica respecto a sus fuentes y contrastarlas con otros datos relevantes”.[56]
“En este nuevo escenario tecnológico, en pleno desarrollo, los mandatos expresados en la Carta Política cobran un significado sustancial que demanda del juez constitucional la protección de los derechos reconocidos a todas las personas, pues se trata de garantías que también resultan aplicables en ese ámbito. En Internet puede haber una realidad virtual pero ello no significa que los derechos, en dicho contexto, también lo sean. Por el contrario, no son virtuales: se trata de garantías expresas por cuyo goce efectivo en el llamado 'ciberespacio' también debe velar el juez constitucional”.[59]
“La constante accesibilidad de la noticia hace que el deber de actualización a cargo de su autor se vuelva particularmente sensible, pues haber sido objeto de una publicación noticiosa cuya disponibilidad para terceros ha decaído con el paso del tiempo no entraña las mismas consecuencias desde una perspectiva de derechos fundamentales que el estar sujeto de forma ininterrumpida al escrutinio público debido a que dicha información puede ser conocida por todos en cualquier momento, pese a que no aparece completa porque informa parte de los hechos pero no su desenlace”[67].
“Internet es una herramienta de información y de comunicación que se distingue particularmente de la prensa escrita, principalmente en cuanto a su capacidad para almacenar y difundir información. Esta red electrónica, que comunica a millones de usuarios por todo el mundo, no está y posiblemente nunca estará sometida a las mismas reglas ni al mismo control que la prensa escrita, pues hace posible que la información sea accesible a millones de usuarios durante un tiempo indefinido. El riesgo de provocar daños en el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades, particularmente el derecho al respeto de la vida privada, que representa el contenido y las comunicaciones en Internet, es sin duda mayor que el que supone la prensa escrita y requiere de medidas que se adapten a su naturaleza variable y de constante desarrollo, a fin de garantizar de mejor manera la protección de los derechos en juego.”[72]
La decisión adoptada por el Tribunal de Justicia Europea partió del estudio de la aplicación territorial de la Directiva 95/46/CE sobre la protección de datos personales y la responsabilidad de los motores de búsqueda con respecto al tratamiento de esta información. Resaltó que la incompatibilidad del tratamiento de datos personales con la directiva citada “resulta no sólo de que los datos sean inexactos, sino en particular, de que sean inadecuados, no pertinentes y excesivos en relación con los fines del tratamiento, de que no estén actualizados o de que se conserven durante un período superior al necesario, a menos que se imponga su conservación por fines históricos, estadísticos o científicos”.[74] Por último, sobre la protección del derecho al olvido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que la posibilidad de solicitar el retiro de información vinculada a nombre de una persona por una lista de resultados se funda en los derechos del afectado que, en principio, prevalecen “no sólo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en acceder a la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona”. No obstante, dejó claro que existen circunstancias en las que el interesado no puede solicitar el retiro de la información a su nombre pues la misma es de interés público.
(i) Televisión. Inicialmente la solicitud interpuesta por el representante legal de la sociedad accionante se dirigió al noticiero del Canal RCN, para que explicara y aclarara la noticia emitida el 12 de mayo de 2016. Como ya quedó demostrado en el estudio de subsidiariedad, la súplica elevada resultó extemporánea pues superó el término legal establecido (art. 30, Ley 182 de 1995).
(ii) Internet. Sin perjuicio de ello, la noticia fue emitida y puesta a disposición en la primera página (Home) del portal web de Noticias RCN durante el 12 de mayo de 2016,[82] con posterioridad fue retirada de la primera página web y quedo “alojada en los servidores del portal, donde a través de los mecanismos de búsqueda incorporados en el portal o utilizando los buscadores como Yahoo o Google, se puede consultar en la actualidad”.
III. DECISIÓN
(i) El requisito de solicitar la rectificación de noticias que se encuentran alojadas en internet se cuenta desde el momento en que estás dejan de ser accesibles en la red, así se trate de una información inicialmente emitida en televisión. (ii) Se vulneran los derechos de las personas, naturales o jurídicas, cuando un medio de comunicación mantiene en sus plataformas alojadas en Internet y a disposición de sus usuarios, informaciones o noticias de manera indefinida, sin actualizar los contenidos en los eventos en los que las circunstancias fácticas se aclaran y precisan con posterioridad al momento de emisión o publicación, así la información se haya presentado originalmente por un medio de comunicación en una única emisión.
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR el fallo proferido el 15 de julio de 2016 por el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá, que negó la acción de tutela interpuesta por Jairo Alberto Ríos Sáenz, actuando en calidad de representante legal de Storage and Parking SAS contra RCN Televisión SA. En su lugar, CONCEDER la tutela del derecho fundamental al buen nombre de la sociedad accionante.
SEGUNDO.- ORDENAR a RCN Televisión SA que dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la notificación de la presente sentencia, por conducto de su representante legal, realice las actividades de verificación de la información tendientes a actualizar la noticia que se encuentra alojada en los servidores y disponible para consulta de los usuarios que se refiere a Storage and Parking SAS, de manera que se informe lo que ha ocurrido desde el momento en que se emitió la información y, especialmente, lo acontecido con el vehículo Mercedes Benz de placas RMX-400 que ya fue entregado a su propietario por el parqueadero Royal Parking SAS. La información deberá estar actualizada antes de dos meses contados desde la notificación de la presente sentencia.
TERCERO.- LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las notificaciones a las partes –a través del Juez de tutela de instancia–, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (e)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente con permiso
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Sala de Selección Número Ocho de 2016, integrada por las magistradas María Victoria Calle Correa y Gloria Stella Ortiz Delgado.
[2] El proceso ejecutivo singular fue radicado bajo el número 1001400301220150035100.
[3] Auto del 2 de septiembre de 2015.
[4] Según consta en el documento expedido por el subintendente integrante del cuadrante 71 de la Policía metropolitana de Bogotá el 4 de diciembre de 2015, reverso del folio 31 del cuaderno principal del expediente.
[5] Reverso del folio 33 del cuaderno principal del expediente.
[6] Royal Parking SAS, sociedad diferente a la demandante (Storage and Parking SAS), realizó la entrega efectiva del automotor el 5 de agosto de 2016 según la respuesta de la representante legal de Camperos y Camionetas SAS. Folio 143 del cuaderno de Secretaría del expediente.
[7] Folio 4 del cuaderno principal del expediente.
[8] Como anexo al escrito de tutela, el accionante aportó fotocopia del documento suscrito por el representante legal del depósito judicial Royal Parking SAS en el que se pone en conocimiento del Juzgado Doce Civil Municipal de Oralidad de Bogotá que el vehículo de placas RMX-400 marca Mercedes Benz (línea C200), fue entregado por la Policía Nacional y puesto bajo su custodia el 1 de diciembre de 2015. Folio 4 del cuaderno principal del expediente.
[9] El Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá, mediante auto del 5 de julio de 2016, admitió la tutela, ordenó la notificación de rigor y libró comunicación a RCN Televisión SA para que en el término de un (1) día, contado a partir del recibo de la comunicación, rindiera informe detallado sobre los hechos alegados. A su vez, ordenó vincular a la Policía Nacional y otorgó un (1) día para que ejerciera su defensa.
[10] La respuesta de la Policía Metropolitana de Bogotá se presentó el 6 de julio de 2016
[11] Teniente Coronel, Hernán Alonso Meneses Gelves.
[12] Como anexo al escrito de contestación el Jefe de la Oficina Jurídica de la Policía Metropolitana de Bogotá aportó el oficio S-2016-103787/ MEBOG-ASJUR-38.10, expedido el 12 de junio de 2016, en el que se desarrolla un análisis sobre el procedimiento para adelantar la inmovilización de vehículos, se presenta una relación con los parqueaderos habilitados para remitir los automóviles inmovilizados y se emiten serie de pautas para llevar a cabo un procedimiento correcto. Folios 15-16 del cuaderno principal del expediente.
[13] La respuesta de RCN Televisión SA se presentó el 7 de julio de 2016.
[14] Juan Fernando Ujueta López.
[15] El Juzgado Doce Civil Municipal de Oralidad de Bogotá remitió el expediente original del proceso ejecutivo singular radicado bajo el número 1001400301220150035100, consta de tres cuadernos de 92, 53 y 15 folios. No obstante, el despacho sustanciador solo tomó copia de los documentos que explicaran la manera en que se llevó a cabo el proceso de inmovilización, entrega del vehículo de placas RMX-400 marca Mercedes Benz y el lugar en que se dejó en custodia el automotor.
[16] Folios 38-39 del cuaderno de Secretaría del expediente.
[17] Según consta en el auto del 8 de julio de 2015, reverso del folio 41 del cuaderno de Secretaría del expediente.
[18] Folios 92-94 del cuaderno de Secretaría del expediente.
[19] Reverso del folio 43 del cuaderno de Secretaría del expediente.
[20] Reverso del folio 92 del cuaderno de Secretaría del expediente.
[21] Reverso del folio 97 del cuaderno de Secretaría del expediente.
[22] Según consta en el informe de retención del vehículo elaborada por el el Juzgado Doce Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, folios 101-102 cuaderno de Secretaría del expediente.
[23] Folio 106 del cuaderno de Secretaría del expediente.
[24] Folio 109 del cuaderno de Secretaría del expediente.
[25] Folios 111-113 del cuaderno de Secretaría del expediente.
[26] Irene del Pilar Ortegón Valbuena.
[27] Soraya Yanine.
[28] Junto con la contestación de la acción de tutela RCN Televisión SA aportó: (i) Cd con copia de la noticia emitida el 12 de mayo de 2016, (ii) copia de la solicitud de rectificación presentada por el representante legal de la sociedad demandada, y (iii) copia del oficio Nro.-2015 del 4 de diciembre de 2015, firmado por el Subteniente del Cuadrante 71 de la Policía Metropolitana de Bogotá en el que pone en conocimiento del Juzgado Doce Civil Municipal de Oralidad de Bogotá la inmovilización del automóvil de placas RMX-400 marca Mercedes Benz, dejado en custodia de Storage and Parking SAS.
[29] La Corte Constitucional ha establecido que las personas naturales y jurídicas son titulares de derechos fundamentales cuya protección puede solicitarse mediante la interposición de la acción de tutela. Esta Corporación se ha pronunciado al respecto en las sentencias T-551 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo), SU182 de 1998 (MP Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo; SV Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa), T-903 de 2001, (MP Jaime Córdoba Triviño) y T-1066 de 2012 (MP Alexei Julio Estrada), entre otras.
[30] El artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 dispone una serie de hipótesis en que el amparo por vía de tutela procede frente a amenazas y afectaciones de derechos causadas por particulares, el numeral 9 del mencionado Decreto dispone que "[c]uando la solicitud sea para tutelar a quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela".
[31] Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1999 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), en la que esta Corporación realizó un análisis con respecto al alcance del artículo 86 de la Constitución, la providencia se refirió a la inexistencia de un término de caducidad en materia de tutela lo que abre la posibilidad de interponer la acción en cualquier tiempo. La Corte precisó que ello solo alude al aspecto procedimental atinente a la admisión del mecanismo, cosa que no obsta para que se exija que la presentación de la tutela se dé en un término razonable, lo que implica que el juez constitucional debe realizar un estudio particular para determinar si la acción se interpuso dentro de un plazo prudencial y adecuado, de manera que no se afecten derechos de terceros y se respete la naturaleza del amparo constitucional. Por su parte, en la sentencia T-219 de 2012 (MP Juan Carlos Henao), reiterada en la sentencia T-277 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa; SV Mauricio González Cuervo) la Sala de revisión estimó que la justificación para que la acción de tutela se presente dentro de un término razonable y proporcionado: (i) impide que el mecanismo sea utilizado por personas cuyo actuar ha sido negligente, (ii) previene que no se afecten derechos de terceros, y (iii) garantiza el respeto por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
[32] Corte Constitucional, sentencia T-311 de 1996 (MP José Gregorio Hernández Galindo) reiterada en la sentencia SU 772 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En la que este Tribunal analizó los artículos 86 de la Carta Política y 6 del Decreto 2591 de 1991 que señalan que la acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o cuando se utilice como un mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Dentro de la parte considerativa la providencia indicó que "un medio judicial únicamente excluye la acción de tutela cuando sirve en efecto y con suficiente aptitud a la salva-guarda del derecho fundamental invocado".
[33] Corte Constitucional, sentencia T-094 de 2000 (MP Álvaro Tafur Galvis). En esta providencia se decidió la acción de tutela interpuesta contra el programa Séptimo Día del Canal Caracol. Para la Sala el cumplimiento del requisito de la legitimación en la causa por pasiva estaba dado pues pese a la naturaleza privada de la persona jurídica demandada, el canal "está encargado de la prestación del servicio público de televisión".
[34] Sobre la necesidad de elevar la solicitud de rectificación al medio de comunicación previo a la presentación de la tutela se pueden consultar las siguientes sentencias: T-595 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-1682 de 2000 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-1202 de 2000 (MP Vladimiro Naranjo Mesa) y T-460 de 2005. (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[35] Corte Constitucional, T-512 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo) y T-066 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). En estas sentencias la Corte expuso que la solicitud de rectificación previa busca que el medio de comunicación tenga la oportunidad de corregir los efectos nocivos ante informaciones emitidas o publicadas, evitando así que la controversia llegue a un escenario procesal.
[36] Corte Constitucional, sentencia T-921 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[37] Corte Constitucional, sentencias T-611 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo) y T-036 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[38] Artículo 30 de la Ley 182 de 1995. Derecho a la rectificación. "El Estado garantiza el derecho a la rectificación, en virtud del cual, a toda persona natural o jurídica o grupo de personas se les consagra el derecho inmediato del mismo, cuando se vean afectadas públicamente en su buen nombre u otros derechos e intereses por informaciones que el afectado considere inexactas, injuriosas o falsas transmitidas en programas de televisión cuya divulgación pueda perjudicarlo. || Podrán ejercer o ejecutar el derecho a la rectificación el afectado o perjudicado o su representante legal si hubiera fallecido el afectado, sus herederos o los representantes de éstos, de conformidad con las siguientes normas: || 1. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la transmisión del programa donde se originó el mensaje motivo de la rectificación, salvo fuerza mayor, el afectado solicitará por escrito la rectificación ante el director o responsable del programa, para que se pronuncie al respecto; éste dispondrá de un término improrrogable de siete (7) días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud para hacer las rectificaciones a que hubiere lugar. El afectado elegirá la fecha para la rectificación en el mismo espacio y hora en que se realizó la transmisión del programa motivo de la rectificación. En la rectificación el Director o responsable del programa no podrá adicionar declaraciones ni comentarios ni otros temas que tengan que ver con el contenido de la rectificación. || 2. En caso de negativa a la solicitud de rectificación, o si el responsable del programa no resuelve dentro del término señalado en el numeral anterior, el medio tendrá la obligación de justificar su decisión dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a través de un escrito dirigido al afectado acompañado de la pruebas que respalden su información. Lo anterior sin perjuicio de las acciones judiciales a que pueda haber lugar. No obstante lo anterior, se garantizan el secreto profesional y la reserva de las fuentes de información previstas en la Ley 51 de 1975, artículo 11. || 3. Si recibida la solicitud de rectificación no se produjese pronunciamiento tanto del responsable de la información o director del programa controvertido, la solicitud se entenderá como aceptada, para efectos de cumplir con la rectificación. || 4. El derecho a la rectificación se garantizará en los programas en que se transmitan informaciones inexactas, injuriosas, o falsas, o que lesionan la honra, el buen nombre u otros derechos".
[39] Corte Constitucional, sentencia C-162 de 2000 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz; SV Antonio Barrera Carbonell, José Gregorio Hernández Galindo, Vladimiro Naranjo Mesa y Álvaro Tafur Galvis; SPV Eduardo Cifuentes Muñoz). En la providencia se resolvió la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 30 de la Ley 182 de 1995. Según el accionante, la facultad conferida a la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión de resolver las controversias suscitadas ante solicitudes de rectificación restringe el derecho a informar libremente pues el medio de comunicación se encuentra al arbitrio de la decisión del órgano administrativo. Asimismo, el actor mencionó que en los antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente se dejó constancia de una propuesta para crear un Tribunal de Información, Rectificación y Réplica, órgano que tendría como función dirimir los conflictos derivados de las posibles afectaciones del derecho a la información. Adicionalmente, sostuvo que la facultad conferida a la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión abre la puerta a la censura pues con el juicio de reproche realizado puede determinar "cuándo y cómo informa, qué opinión emite, qué acusaciones efectúa, qué hechos destaca y cuáles omite", por lo que considera que la competencia debe estar en cabeza de la rama judicial y no de un organismo de corte administrativo. Finalmente, advirtió que la norma demandada promueve un juicio que excluye la interposición de la acción de tutela, no cuenta con las garantías debidas, no define sus reglas procesales y presenta ambigüedad con respecto a los sujetos obligados.
[40] Corte Constitucional, sentencia T-546 de 2010 (MP Mauricio González Cuervo).
[41] El artículo 30 de la Ley 182 de 1995 implementó el marco en el que se desarrollan las solicitudes de rectificación de información y fijó un término de diez días para la presentación de dicha solicitud.
[42] El despacho sustanciador realizó búsquedas en la página web del canal el 28 de septiembre de 2016 y el 3 de noviembre de la misma anualidad, constató que la noticia se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/denuncian-cambiazos-carros-parqueaderos-procesos-judiciales
[43] Aunque el representante legal de Storage and Parking SAS también solicitó la protección del derecho a la honra, la jurisprudencia de esta Corporación sostiene en las sentencias T-275 de 1995 (MP Antonio Barrera Carbonell), T-472 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-317 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) que las personas jurídicas no son titulares de este derecho. Por su parte, en las sentencias C-392 de 2002 (MP Álvaro Tafur Galvis), C-489 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil; AV Manuel José Cepeda Espinosa) y T-277 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa; SV Mauricio González Cuervo) la Corte Constitucional reconoció que el derecho a la honra está íntimamente ligado a la dignidad humana por lo que no se predica directamente respecto de las personas jurídicas. Ahora bien, la Corte en la providencia T-396 de 1993 advirtió que "[e]l derecho a la honra de la persona jurídica puede existir como el reconocimiento a los actos virtuosos de sus miembros en el obrar colectivo y solidario" y en la sentencia C-452 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva, AV Alberto Rojas Ríos) esta Corporación resaltó que tratándose de personas jurídicas el derecho a la honra tiene un ámbito restringido con relación al de los particulares.
[44] Artículo 20. Constitución Política de 1991. "Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura".
[45] Corte Constitucional, sentencia T-609 de 1992 (MP Fabio Morón Díaz).
[46] Corte Constitucional, sentencia T-609 de 1992 (MP Fabio Morón Díaz).
[47] Corte Constitucional, sentencia T-332 de 1993 (MP José Gregorio Hernández Galindo).
[48] Corte Constitucional, sentencia T-074 de 1995 (MP José Gregorio Hernández Galindo).
[49] Corte Constitucional, sentencia T-472 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[50] Corte Constitucional, sentencia T-066 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[51] En tanto las cartas internacionales y regionales de derechos son criterios de interpretación de los derechos constitucionales fundamentales (interpretación 'de conformidad con', según el artículo 93 de la Constitución), puede decirse que constituyen parte del 'código genético' del orden jurídico vigente.
[52] Corte IDH, Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 66. En esta oportunidad, la Corte Interamericana analizó el caso en el que mediante una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile que confirmó la providencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, se impidió la exhibición de la película "La Última Tentación de Cristo". La Corte declaró que el Estado demandado violó el derecho a la libertad de pensamiento y expresión por lo que ordenó la modificación del ordenamiento jurídico interno con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de la película.
[53] Corte IDH, Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005, Serie C Nro. 135, párr. 79. La Corte Interamericana examinó el caso del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne (asesor técnico de las Fuerzas Armadas) quien fue condenado por el delito de desacato ante la publicación del libro titulado "Ética y Servicios de Inteligencia" en el que se "abordaba aspectos relacionados con la inteligencia militar y la necesidad de adecuarla a ciertos parámetros éticos". Dentro de las consideraciones la Corte Interamericana se refirió, entre otras cosas, al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión así como a la posibilidad de restringirlo. Finalmente, declaró que el Estado violó los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión, a la propiedad privada, a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la libertad personal en perjuicio del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne.
[54] Corte IDH, Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 57. La Corte Interamericana estudió el caso de Eduardo Kimel (periodista, escritor e investigador histórico) quien fue condenado a un año de prisión y a multa de veinte mil pesos por el delito de calumnia luego de escribir un libro que analizaba el asesinato de varios religiosos ocurrido en la dictadura militar en Argentina. En esta oportunidad, la Corte se refirió a la libertad de pensamiento y de expresión, aceptó el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado y, entre otras cosas, determinó que el Estado debía dejar sin efectos la condena penal impuesta, eliminar el nombre del señor Kimel de los registros públicos en los que apareciera con antecedentes penales y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad.
[55] Corte IDH, Caso Tristán Donoso Vs Panamá. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr.114. En el caso mencionado, la Corte Interamericana analizó el caso del abogado Santander Tristán Donoso quien se vio afectado por la divulgación de una de sus conversaciones telefónicas por parte del entonces Procurador General de la Nación de Panamá y por el proceso penal que se llevó a cabo en su contra como represalia a las denuncias que realizó. La Corte Interamericana declaró que el Estado violó los derechos a la vida privada, al honor y reputación, a la libertad de expresión y a las garantías judiciales en perjuicio del señor Santander Tristán Donoso.
[56] Corte IDH, Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 79.
[57] La encuesta nacional calidad de vida-2015 puede consultarse en: www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-calidad-de-vida-ecv-2015.
[58] Corte Constitucional, sentencia C-1147 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa; AV Manuel José Cepeda Espinosa) en la que la Corte estudió la acción de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 91 de la Ley 633 de 2000 que se transcribe a continuación: Artículo 91. Todas las páginas web y los sitios de internet de origen colombiano que operan en el internet y cuya actividad económica sea de carácter comercial, financiera o de prestación de servicios, deberán inscribirse en el registro mercantil y suministrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la información de transacciones económicas en los términos que esta entidad lo requiera. (Apartes resaltados declarados inexequibles por la sentencia C-1147 de 2001).
[59] Corte Constitucional, sentencia C-1147 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa; AV Manuel José Cepeda Espinosa).
[60] Corte Constitucional, sentencia T-713 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa; SV Mauricio González Cuervo).
[61] Corte Constitucional, sentencia T-260 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[62] Estudios sobre la privacidad de los datos personales y la seguridad de la información en las redes sociales on line. Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. Agencia Española de Protección de Datos.
[63] Corte Constitucional, sentencia T-040 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Alexei Julio Estrada). En esta providencia se estudió la acción de amparo interpuesta contra un periódico de circulación nacional y Google Colombia Ltda. Según el accionante al digitar su nombre en el buscador apareció el artículo titulado "Los Hombres de la mafia en los Llanos" en el que se le señalaba como miembro de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes. El actor precisó que la información contenida en el artículo se presentó pues en el año 1993 una aeronave fue interceptada por la Fuerza Aérea Colombiana y tuvo aterrizar en una pista ubicada en una finca que él había arrendado junto con otra persona. Afirmó que se llevó a cabo una investigación en su contra que terminó en el año 2003 debido a que operó el fenómeno de la prescripción y, para terminar, señaló que el artículo en que se le implica de actividades al margen de la ley data del 10 de junio de 1997 y que no daba cuenta de lo que ocurrió con posterioridad por lo que era necesario que se eliminara cualquier registro que existiera al respecto. La Sala resolvió conceder el amparo de los derechos del accionante y ordenó que se mantuviera la nota aclaratoria realizada por el medio escrito en la que señalaba que se había declarado la cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal, ordenó modificar el título de la noticia para que no indujera a error, cambiar una frase al final del documento e incluir un relato corto de los motivos por los que se había incluido el nombre del actor en la publicación.
[64] Corte Constitucional, sentencia T-040 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Alexei Julio Estrada).
[65] Corte Constitucional, sentencia T-277 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa; SV Mauricio González Cuervo). La providencia de la referencia revisó la tutela interpuesta por una mujer quien aseguró que mientras trabajaba en una agencia de viajes vendió tiquetes a un comprador que resultó vinculado con una red dedicada a la trata de personas. La accionante precisó que la Fiscalía la vinculó a la investigación y que un periódico de circulación nacional presentó la noticia, que además se encontraba disponible en su página web, sin informar que había operado la prescripción de la investigación. Por su parte, el medio de comunicación impreso advirtió que la petente no controvirtió la veracidad de la información y que no era procedente eliminar información cuando los hechos que dieron lugar a la publicación habían sido modificados ya que en esos eventos procedía la aclaración o la precisión. En este caso, el análisis de la situación particular se hacía imperioso ya que el medio de comunicación había desatendido la solicitud de la accionante encaminada a eliminar el contenido que la señalaba del delito de tráfico de personas, por lo que el punto central para el desarrollo del problema jurídico fue el atinente al derecho a la libertad de expresión en internet. En esta oportunidad, la Sala confirmó parcialmente la sentencia objeto de revisión y ordenó al medio de comunicación que actualizara la información publicada en la página web relacionada con la accionante y que utilizara las herramientas técnicas necesarias para neutralizar el acceso a la información con la simple digitación del nombre de la peticionaria. Para arribar a tal conclusión la Sala determinó que el medio de comunicación no endilgó responsabilidad alguna a los indiciados dado que se limitó a hacer un recuento de los hechos y actuaciones penales surtidas al momento. No obstante, consideró que la información puesta a conocimiento de los lectores (disponible en internet de manera permanente) estaba incompleta pues se dejó de lado la presunción de inocencia y el hecho que la solicitante no fue vencida en juicio.
[66] Corte Constitucional, sentencia T-277 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa; SV Mauricio González Cuervo).
[67] Corte Constitucional, sentencia T-277 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa; SV Mauricio González Cuervo).
[68] Corte Constitucional, sentencia T-050 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[69] Corte Constitucional, sentencia T-050 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[70] Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Cuarta), asunto Times Newpapers Ltd -núms. 1 y 2- contra Reino Unido. Sentencia del 10 de marzo de 2009, párr. 45.
[71] Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Quinta), asunto Consejo editorial de Pravoye Delo y Shekel contra Ucrania. Sentencia del 5 Mayo de 2011, párr. 63.|
[72] Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Quinta), asunto Consejo editorial de Pravoye Delo y Shekel contra Ucrania. Sentencia del 5 Mayo de 2011, párr. 63. La traducción de la sentencia fue realizada por el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2013 (no es vinculante ya que los idiomas oficiales son el inglés y el francés) y puede descargarse desde la base de datos de jurisprudencia HUDOC del Tribunal Europeo de Derechos Humanos http://hudoc.echr.coe.int.
[73] Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Gran Sala, Asunto C-131 de 2012, Sentencia del 13 de mayo de 2014. Se resalta que aunque la decisión emanada por este Tribunal Europeo no es vinculante, se trae a colación para poner de presente la forma en que otros sistemas jurídicos han resuelto los problemas que surgen por la vulneración de derechos en escenarios digitales y virtuales.
[74] Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Gran Sala, Asunto C-131 de 2012, Sentencia del 13 de mayo de 2014, párrafo 92.
[75] Sala de lo Civil del Tribunal Superior de España (Pleno), Sentencia número 545/2015 del 15 de octubre de 2015, Ponente: Rafael Sarazá Jimena.
[76] El catedrático Juan Carlos Gavara de Cara ha indicado con respecto al problema de regulación de los cibermedios lo siguiente: "El uso de internet abre un número ilimitado de opciones y posibilidades de crear medios e implica una internacionalidad como habitad natural que dificulta extraordinariamente su regulación a través de los ordenamientos internos de los Estados". Gavara de Cara, J. C. (2014): "Problemática jurídica y posibilidades de control de los medios de comunicación digitales". El control de los cibermedios, páginas 21-22. Editorial Bosch.
[77] Gestor o responsable de comunidades virtuales, digitales, en línea o de internet.
[78] Los denominados "social editor managers" están encargados, entre otras cosas, de moderar comentarios o foros y de realizar estrategias para generar la participación de usuarios en plataformas utilizadas para la difusión de contenidos.
[79] Gavara de Cara, J. C. (2014): "Problemática jurídica y posibilidades de control de los medios de comunicación digitales". El control de los cibermedios, páginas 31-35. Editorial Bosch.
[80] Sobre este aspecto el catedrático Juan Carlos Orenes Ruiz ha indicado que "Las informaciones sobre una persona que, hasta hace unos años, tenían una difusión limitada y que poco a poco caían en el olvido ahora pueden ser localizadas de forma inmediata persiguiendo a las personas durante toda su vida por mucho que el interesado pretenda borrar su huella. Así la relevancia pública de una información que, en un momento dado, dota de prevalencia a la libertad de información sobre otros derechos, puede dejar de existir trascurrido un cierto tiempo". Orenes Ruiz, J.C. (2014): "Juicios paralelos y prensa digital". El control de los cibermedios, página 102. Editorial Bosch.
[81] La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el derecho al olvido como una de las facetas del derecho al habeas data. Sobre el particular la sentencia T-551 de 1994 (MP José Gregorio Hernández Galindo) señaló lo siguiente: "las sanciones o informaciones negativas acerca de una persona no tienen vocación de perennidad y, en consecuencia después de algún tiempo tales personas son titulares de un verdadero derecho al olvido". También pueden consultarse las siguientes sentencias: T-592 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-699 de 2014 MP Mauricio González Cuervo) y T-277 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa; SV Mauricio González Cuervo).
[82] Tal como lo informó el representante legal de RCN Televisión SA dentro de su respuesta al auto proferido por el despacho sustanciador.
[83] Folio 111 del cuaderno de Secretaría del expediente.
[84] Folios 18-21 del cuaderno principal del expediente.
[85] Como sucedería en los casos en que, con suficiente sustento, lo solicite un interesado o afectado con la información y exista nuevos hechos relevantes sobre el tema tratado.
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